El Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) mandata al Consejo Universitario para que, a más tardar en 2 años a partir de la publicación de este ordenamiento, elabore el Estatuto del Personal Académico, el Estatuto del Estudiante Universitario y el Estatuto del Personal Administrativo.
Han trascurrido más de 4 años desde la expedición del Estatuto General Orgánico y más de 13 desde que la UACM inició operaciones, pero la Universidad carece de este cuerpo normativo, elemental para el funcionamiento de cualquier institución de educación superior.
Derivado de este vacío, la joven institución ha sorteado problemas de diversa índole: laborales, organizativos y de derechos y obligaciones de los integrantes de la comunidad universitaria, refiere Javier Gutiérrez Marmolejo, secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (SUTUACM).
Por ello, el también profesor-investigador considera que uno de los principales retos de la gestión de Vicente Hugo Aboites Aguilar, quien desde mayo pasado se desempeña como rector, es justamente la construcción normativa de la Universidad.
Explica que para subsanar esta carencia, la UACM ha emitido una serie de circulares y normas encaminadas a la resolución de situaciones específicas de los procedimientos cotidianos. No obstante, dice, esta legislación tiene una jerarquía menor.
Consultado respecto del porqué de la demora en la expedición de estos estatutos, el antropólogo de formación alude a una diversidad de causas. En primer lugar, responde a un problema de origen pues, a diferencia de otras universidades que nacen con reglas de operación preestablecidas, la UACM fue concebida al “cuarto para las 12” con apenas “los cimientos” mínimos de funcionamiento.
Ya durante sus primeros años, en la gestión de Manuel Pérez Rocha, la prioridad fue “el crecimiento la Universidad y no tanto el fortalecimiento de su vida orgánica”. Posteriormente, en el rectorado de Esther Orozco, la institución educativa libró un importante y prolongado conflicto que trajo consigo el “estancamiento” de diversos procesos académicos y administrativos.
Para el representante sindical, el hecho de que esta institución no cuente aún con los instrumentos específicos que regulen su vida académica y administrativa responde también a la inexperiencia de los trabajadores de la UACM, incluidos los dirigentes sindicales, en el diseño de este tipo de normativas.
—¿El Sindicato ha elaborado sus propias propuestas de estatutos? –se le pregunta.
—Nosotros vamos a revisar los estatutos una vez que se hagan públicos para evitar que se viole el Contrato Colectivo de Trabajo. Entendemos que es el Consejo Universitario el que los va a discutir y, en su caso, aprobar. Nosotros somos muy respetuosos del trabajo del máximo órgano de gobierno; sin embargo, en lo que nos toca, vamos a vigilar estos estatutos.
Cuauhtémoc Santos Jiménez, secretario técnico de la Comisión de Organización del Tercer Consejo Universitario, constituido en octubre de 2012, confirma que es prioridad de la comunidad que representa –administrativos, técnicos y manuales– la reestructuración administrativa de la UACM. El consejero sustenta su dicho en los resultados del proceso de auscultación que fue realizada entre la comunidad universitaria previo a la elección del actual rector.
Al respecto, dice, el Congreso General Universitario –instancia en la que la comunidad discute y elabora propuestas relacionadas con la política y los planes generales de desarrollo de la Universidad– ha registrado avances. Destaca la Iniciativa de Adiciones y Reforma al Estatuto General Orgánico en materia de Estructura Académica y Administrativa de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, fechada el 9 de agosto de 2012.
Ésta y otras propuestas encaminadas a la construcción del Estatuto del Personal Académico y del Estatuto del Personal Administrativo se encuentra en manos de la Comisión Temporal para la Organización del Congreso General Universitario y de la Comisión de Asuntos Legislativos, mismas que deberán presentarlas al pleno del Consejo Universitario, precisa Santos Jiménez.
Aunque el máximo órgano de gobierno de la UACM no ha fijado fecha para tal discusión, el trabajador administrativo confía en que la tercera legislatura, que llegará a su fin en noviembre próximo, presentará avances en la materia.
De acuerdo con lo que establece el Estatuto General Orgánico y la Ley de la UACM, el Estatuto del Personal Académico, el Estatuto del Personal Administrativo y el Estatuto del Estudiante Universitario definirían los derechos y obligaciones de la comunidad universitaria, y las consecuencias del incumplimiento de sus responsabilidades y de la violación a los principios de convivencia en paz y de trato respetuoso. El Estatuto del Personal Académico reglamentaría, además, los procedimientos de ingreso, permanencia y separación de los docentes, así como sus cambios de adscripción.
Diseñar un manual de puestos, aprobar un nuevo tabulador, lograr la integración salarial, otorgar mayor peso a la prima de antigüedad y fortalecer las comisiones mixtas son, a decir de Javier Gutiérrez Marmolejo, secretario General del SUTUACM, los principales pendientes de la Universidad en materia laboral.
El integrante de la Academia de Promoción de la Salud de la UACM destaca la necesidad de crear un manual de puestos en el que se especifiquen las tareas que debe desempeñar cada trabajador. Y es que, dice, el no contar con este instrumento ha dificultado la elaboración de lineamientos para el ingreso, permanencia y promociones.
La siguiente tarea recae en la emisión de un nuevo tabulador, ya que el actual tiene “muchos problemas”, entre ellos: que tiene pocos niveles; que las diferencias salariales entre algunos niveles son bastante amplios; y, lo peor, que hay trabajadores que desempañan la misma función pero que perciben salarios distintos, hecho que ha provocado una serie de demandas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Con el objetivo de contar con un manual de puestos y un tabulador adecuados, el SUTUACM firmó un convenio con el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, quien, con base en una detallada investigación, presentará propuestas de ambos instrumentos. El propósito de la representación sindical es concluir estos trabajos a más tardar en septiembre próximo para que el presupuesto de 2015 tome en consideración los gastos derivados de las nuevas reglas.
Legado de la “estructura burocrática” del Gobierno del Distrito Federal, la UACM no reporta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) el salario total que perciben sus trabajadores, salvo los del nivel más bajo. Los efectos negativos de esta política se ven reflejados en el monto de las jubilaciones y prestaciones –calculado a partir del salario reportado y no del real– a las que tiene acceso el personal que labora en la UACM.
Derivado de lo anterior, la integración salarial resulta prioritaria a los ojos del SUTUACM, que calcula una inversión de 35 millones de pesos para tal fin. “Nosotros pensamos que si construimos junto con la administración un plan para pagar estos 35 millones de pesos, que se incluyan en una partida especial del presupuesto y se dividan en 5 años, podemos lograrlo”, comenta Gutiérrez Marmolejo.
Respecto de la prima de antigüedad, el profesor universitario refiere que aunque ésta se encuentra normada en la Ley Federal del Trabajo, al interior de la UACM “todavía no tiene el peso suficiente”. Así, por ejemplo, no tiene ningún impacto salarial y no es un criterio “tan reconocido por la administración” en cuanto a los procesos de promoción.
Las comisiones mixtas, contempladas en el Capítulo X del Contrato Colectivo de Trabajo, son los órganos paritarios en los que los representantes de la Universidad y del Sindicato deciden sobre la materia laboral y verifican el cumplimiento de las disposiciones contractuales. No obstante su importancia, el personal que acompañó a Enrique Dussel en los puestos de confianza mostró “desdén” hacia dichas comisiones, según refiere el secretario general del sindicato de la UACM: nula seriedad para construir una agenda en común, incumplimiento de acuerdos, falta a las citas programadas, detalla.
Es así que el quinto pendiente en el ámbito laboral es, para la actual representación sindical, el fortalecimiento de este espacio de relación bilateral, lo que debe partir de la construcción de sus reglamentos.
A finales de abril pasado, la UACM resolvió el despido de José Enrique González Ruiz, entonces académico de esta casa de estudios. El excoordinador del posgrado de derechos humanos fue acusado de hostigamiento y acoso sexual y laboral por dos de sus colegas.
Aunque la resolución final recayó en la Junta Aclaratoria –contemplada en la Cláusula 28 del Contrato Colectivo de Trabajo–, el doctor en ciencias políticas fue procesado primero por la “Instancia Universitaria”, misma que ha intervenido en dos casos similares.
Se trata de una figura inexistente en la legislación universitaria, lo que le ha acarreado profundos cuestionamientos. González Ruiz y quienes se han inconformado con su despido señalan que se trata de un tribunal exprofeso impuesto de forma “arbitraria” y que el abogado general carece de facultades para crear una instancia de este tipo.
Federico Anaya Gallardo, encargado del Despacho del Abogado General, sostiene, en contraparte, que la creación de la Instancia Universitaria responde a la actitud “proactiva” y al “cuestionamiento ético” de la Universidad en el sentido de hacer algo más que acompañar a las presuntas víctimas a la “siguiente ventanilla”, que es el Ministerio Público.
En entrevista con Contralínea señala que aunque la Instancia Universitaria no está contemplada en el orden normativo universitario, la institución está facultada y obligada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a investigar los hechos en materia de violencia, así como a evaluar las acciones y mecanismos de atención y protección pertinentes.
Aun así, Anaya Gallardo coincide en la necesidad de que la Universidad defina y norme sus propios procedimientos para el tratamiento y resolución de los conflictos entre sus miembros. Es el Consejo Universitario, dice, quien deberá sistematizar la experiencia para “dar, ahora sí, un proceso más reglado a lo que las leyes generales, como la Ley General de Víctimas y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, nos están diciendo”.
Al respecto, el Estatuto General Orgánico, expedido el 12 de febrero de 2010, instruye al Consejo Universitario a aprobar en un plazo no mayor de 6 meses a partir de la entrada en vigor de éste, la normatividad relativa a la conformación, atribuciones y funcionamiento de la Defensoría de los Derechos Universitarios que, como su nombre lo indica, estaría a cargo de la emisión y seguimiento de las recomendaciones relativas a la violación de los derechos universitarios.
Sin acotar un límite de tiempo, el mismo instrumento delega al Consejo Universitario la facultad de emitir un catálogo de normas de convivencia, cuya vigilancia recaería en la Comisión de Mediación y Conciliación del Consejo Universitario.
El mandato del Estatuto General Orgánico, sin embargo, no ha sido satisfecho. Aunque la Universidad cuenta con una Comisión de Mediación y Conciliación al interior de su Consejo, no tiene una Defensoría de los Derechos Universitarios ni un catálogo de normas de convivencia.
¿Qué debe hacer la Universidad Autónoma de la Ciudad de México frente a los conflictos entre sus miembros? ¿Qué hace cuándo sus integrantes se agreden o violentan? ¿Cómo procede cuando alguno de sus miembros interpone una denuncia ante las instancias universitarias? ¿Cuál es la concepción de justicia de la Universidad? ¿Deben existir tribunales internos?
Es un reto de la comunidad de la UACM, institución caracterizada por sus formas horizontales de gobierno, responder en colectivo a estas interrogantes.
Vicente Hugo Aboites Aguilar, rector de esta casa de estudios, da cuenta de la complejidad del debate. En entrevista con Contralínea, refiere que, por un lado, se encuentran quienes consideran que la UACM debe fungir únicamente como protectora y no juzgadora y, así, limitarse a acompañar a las supuestas víctimas del delito a presentar su denuncia ante el Ministerio Público lo que, de facto, descartaría la posibilidad de justicia al interior de la Universidad.
Otra corriente de pensamiento, más cercana al mandato del Estatuto General Orgánico, apunta a la construcción de normas de convivencia, defensorías y/o comisiones de mediación, mismas que, inevitablemente, tenderían hacia la emisión de juicios.
Ambas posiciones se oponen, sin embargo, a la constitución de una figura punitiva, como es el Tribunal Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En dicho tribunal las posibilidades de salir absuelto se reducen casi a cero, además de que se le acusa de castigar la disidencia y organización política (Contralínea 341).
Anaya Gallardo refiere los avances que la Universidad ha registrado en el tema. Comenta que en 2012, integrantes de la comunidad universitaria discutieron y elaboraron un borrador de normas de convivencia.
En el mismo año, la Comisión de Asuntos Legislativos del Consejo Universitario preparó una propuesta que contempla la construcción de una defensoría, de un área de investigación de quiebres a la norma universitaria y, en última instancia, cuando no es posible la coincidencia y el arreglo, de una especie de tribunal.
Más recientemente el Círculo de Estudios de Género del plantel San Lorenzo Tezonco ideó un protocolo de atención para dar acompañamiento y protección a las víctimas de violencia de género, hostigamiento y acoso sexual, mismo que ya ha aplicado para algunos casos.
A través del acuerdo UACM/CU-3/EX-11/043/14, el pleno del Tercer Consejo Universitario expresó su más enérgico rechazo a todas las formas de violencia entre miembros de la comunidad universitaria. En el documento fechado el 26 de junio de 2014, se lee: “El Consejo Universitario entiende que construir una política general en la materia es una tarea ingente y que sólo se logrará paulatina y participativamente; no obstante deberá deliberar en lo inmediato en torno a cuál es la manera de avanzar para acercarse al objetivo de contar con una política general en la materia”.
Cuauhtémoc Santos Jiménez, consejero administrativo, precisa que las comisiones de Asuntos Legislativos y de Mediación y Conciliación del Consejo Universitario trabajan en la elaboración de protocolos de prevención y actuación para casos de violencia.
El mayor propósito de Hugo Aboites, rector para el periodo 2014-2018, es el fortalecimiento de la UACM. Para ello ha trazado una ruta que va desde la construcción de un plantel universitario en Milpa Alta hasta la conclusión de la normatividad faltante (Contralínea 392).
Javier Gutiérrez, secretario General del SUTUACM, se muestra optimista. Considera que a 16 meses de la destitución de Esther Orozco Orozco –quien fue revocada de su cargo de rectora por violar la legislación universitaria y los acuerdo del Consejo Universitario–, la comunidad está a la altura del reto que implica fortalecer y consolidar el proyecto UACM, y la llegada a la Rectoría universitaria de un personaje “atípico en el escenario nacional: un defensor del proyecto de educación pública ante el embate neoliberal”.
—¿Cómo percibió el recibimiento del nuevo rector? ¿Hay voces disidentes a su gestión? –se le pregunta.
—Considero que la expectativa, más que a la figura del propio rector, es al equipo de trabajo, porque lo que sucedió durante el rectorado de Enrique Dussel fue una aceptación amplia y, después, algunas decepciones en cuanto a su equipo de trabajo.
“Hoy en día hay académicos, administrativos y estudiantes que ven con escepticismo a Hugo Aboites no tanto por él, pues coincide mucho con el proyecto UACM, sino por la incertidumbre de quién será su equipo de trabajo.”
Desde que asumió el cargo de rector, Hugo Aboites ha realizado tres nombramientos: Micaela Rosalinda Cruz Monje, coordinadora Académica; Eduardo Alva Quintero, coordinador de Planeación; y Maribel Albíter Escobar, coordinadora de Certificación. Refiere que aún están pendientes tres o cuatro más, entre ellos los encargados de Espacio Estudiantil y de la Coordinación de Servicios Administrativos.
Aboites comenta que, aunque podría hacer alrededor de 50 nuevas designaciones (a excepción del abogado, del contralor y del coordinador de Comunicación, cuyo nombramiento corresponde al Consejo Universitario), todo lo que ha funcionado lo va a dejar intacto, porque “no tumbar a todo el mundo es parte del proceso de estabilidad y fortalecimiento”.
A decir de Ramón Islas Hernández –consejero que se abstuvo de voto durante la sesión de Consejo Universitario que eligió al nuevo rector por considerar que los profesores, bajo el discurso de que “Aboites era el que traía el presupuesto”, conminaron a sus alumnos a votar por él–, la UACM tiene un “serio problema con los externos” pues aunque “vengan con muy buena intención”, como fue el caso de Enrique Dussel, “terminan siendo devorados por los grupos internos”.
El estudiante de posgrado celebra el compromiso y las ganas de trabajar de Hugo Aboites, pero le advierte que hay grupos enquistados en la Universidad, en puestos clave, que pretenden desmantelar el proyecto además de obtener beneficios particulares como cotos de poder.
Por eso, le sugiere cambiar a todas las personas que ostentan puestos directivos si lo que quiere es fortalecer a la institución. De lo contario, dice, los grupos existentes no le dejarán hacer. “Nosotros, en el Consejo Universitario, consensamos acuerdos que, sin embargo, se pierden en la manera en que bajan, en cómo y quiénes los operan”, comenta.
Islas Hernández considera que, aunque la UACM es fuerte (su comunidad es consciente, crítica y protectora del proyecto), está siendo alcanzada por problemáticas sociales como la corrupción y las prácticas de poder.
La preocupación de Azalea Marrufo Díaz, estudiante de la maestría en derechos humanos, es la siguiente: que aunque la trayectoria de Hugo Aboites es incuestionable, lo mismo que su plan de trabajo, él llega a la UACM solo, es decir, “los grupos que ostentan el poder y la toma de decisiones en la Universidad no cambian”.
Frente a este contexto, puntualiza la joven, la posibilidad de fortalecer y consolidar el proyecto UACM es aún incierta. Incierto también que Hugo Aboites pueda consumar “el proyecto educativo del que siempre ha hablado”: crítico, humanista, popular, gratuito…
Para la también integrante de la Asamblea de Estudiantes del Posgrado de Derechos Humanos –misma que se ha movilizado por la reinstalación del profesor José Enrique González Ruiz– es un hecho que durante la gestión de Enrique Dussel se detuvieron muchos procesos, como la construcción normativa, la apertura de la carrera de derecho y del doctorado en derechos humanos. Éste sería otro de los riesgos de conservar al equipo de trabajo que acompañó al rector saliente.
Marrufo Díaz, pide a Hugo Aboites tener mucha claridad respecto de cómo operan las personas que fungen en puestos de poder. Asimismo, le solicita pugnar por la construcción de una legislación que transparente las acciones de todas las personas con cargos directivos: que rindan cuentas ante el rector, ante el Consejo Universitario y ante la comunidad.
De acuerdo con Cuauhtémoc Santos, secretario técnico de la Comisión de Organización del Tercer Consejo Universitario, el fortalecimiento institucional sólo será posible con planeación y gestión, por lo que el “Plan de Desarrollo Institucional es prioritario” para poder alcanzar este objetivo.
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