Jorge Petinaud Martínez/Prensa Latina
Moscú, Rusia. La expresión latina “para las calendas griegas” (algo que nunca se cumplirá) parece la selección de Ucrania para aplicar los acuerdos pacificadores firmados en Minsk el 12 de febrero de 2015.
A más de 1 año de la rúbrica del documento de 13 puntos en la capital de Belarús por el representante de los gobernantes de Kiev y de las insurgentes Repúblicas Populares de Donetsk (RPD) y de Luganks (RPL), las autoridades llegadas al poder después del golpe de Estado del 22 de febrero de 2014 insisten en diversos pretextos para eludir el cumplimiento de sus compromisos.
Ni siquiera porque los entendimientos en busca de una salida política para el conflicto fueron sellados con el visto bueno de los líderes de Alemania, Francia, Rusia y Ucrania, quienes asumieron el control del país mediante la ruptura del orden constitucional cumplen lo pactado.
El expresidente y representante ucraniano en las pláticas, Leonid Kuchma, fue el protagonista del más reciente desplante, el 17 de febrero, tras una reunión del Grupo de Contacto en Minsk.
[blockquote pull=”right” align=”left” attributed_to=”” attributed_to_url=”{{attributed_to_url}}”]Text Goes Los acuerdos de Minsk incluyen un alto el fuego inmediato y completo en Donbass y la retirada del armamento pesado de la zona de enfrentamientos”[/blockquote]
¿Cómo podemos asegurar la celebración de las elecciones locales en el Donbass (Sureste de Ucrania), la reconstrucción de la infraestructura, la mejora de la situación socioeconómica, si los ataques y enfrentamientos ocurren constantemente?, preguntó ante la prensa sin hacer referencia a las agrupaciones ultranacionalistas al servicio de Kiev que asedian las zonas rebeldes.
Otro pretexto resaltado por Kuchma fue que la Misión Especial de Monitoreo de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) nunca ha tenido acceso completo a los territorios controlados por los rebeldes, incluida la frontera con Rusia.
Sin embargo, la propia OSCE denunció de manera reiterada en las últimas semanas los tiroteos de tropas ucranianas contra sus patrullas de observadores en la RPD y la RPL, pese a que viajaban en vehículos identificados con el logotipo de ese organismo internacional.
Por su parte, el presidente ucraniano, Petro Poroshenko, pretextó reiteradamente en fechas recientes falta de seguridad en Donbass para justificar el incumplimiento hasta la fecha de la etapa política prevista en los acuerdos pacificadores.
Insiste Poroshenko en que continúan los fuertes bombardeos que impiden a los inspectores de la OSCE cumplir sobre el terreno su misión de vigilancia del cumplimiento del cese el fuego, situación de la que culpa a Rusia.
Sobre esta base, el titular ucraniano al igual que Kuchma, sostiene que sólo se podrá hablar de las elecciones en Donbass o de las enmiendas a la Constitución de Ucrania una vez que se haya producido el alto el fuego y Kiev haya recuperado el control sobre la frontera estatal con Rusia.
Los compromisos de Minsk incluyen un alto el fuego inmediato y completo en zonas concretas del Donbass, retirada del armamento pesado de la zona de enfrentamientos y control y seguimiento por parte de la OSCE.
Kiev debe brindar, además, garantías de restaurar las relaciones socioeconómicas con los territorios insurgentes y podrá tomar el control total sobre la frontera ruso-ucraniana.
El décimo punto prevé la retirada de todas las fuerzas extranjeras de Ucrania, cuyo incumplimiento promulgó el propio Poroshenko al firmar el documento número 716-VIII adoptado el 6 de octubre de 2015 por el Parlamento unicameral, que proporciona a los nacidos fuera del país la capacidad legal para firmar contrato de servicio en el Ejército y otras formaciones castrenses.
La mayor presencia de extranjeros en las Fuerzas Armadas y otras formaciones marciales disminuye la necesidad del llamado al servicio militar durante la movilización por un periodo especial de los ciudadanos de Ucrania, escribió el servicio de prensa de Poroshenko.
Otros puntos clave incumplidos de los acuerdos de Minsk son la reforma constitucional en Ucrania y la celebración de elecciones locales en las regiones de Donetsk y Lugansk.
El último acuerdo pactado establece la supervisión de los puntos de los acuerdos de Minsk por parte del Grupo de Contacto.
Mientras los gobernantes ucranianos programan para las calendas griegas todos estos puntos de Minsk-2 y otros compromisos pactados con sus patrocinadores estadunidenses y de la Unión Europea como la instrumentación de leyes anticorrupción, Occidente culpa a Rusia de estos incumplimientos para justificar la aplicación de sanciones económicas contra Moscú.
El presidente Vladimir Putin aseguró el 17 de febrero que carece de sentido asociar el levantamiento de las sanciones contra Rusia con los acuerdos conocidos como Minsk-2 porque Ucrania incumple los compromisos firmados el 12 de febrero de 2015 en Belarús.
Al referirse a las pláticas sostenidas aquí con el primer ministro húngaro, Víktor Orban, el líder ruso hizo notar que esas represalias son una responsabilidad de la Unión Europea (UE), que las impuso unilateralmente.
No depende de nosotros cuándo la UE eliminará las sanciones, precisó el mandatario.
Hemos escuchado y escuchamos hoy, añadió, que la suspensión de las sanciones depende de la instrumentación de los acuerdos de Minsk por las partes en conflicto, que fueron acompañados en el formato de Normandía por Rusia, Francia y Alemania.
Sin embargo, subrayó, me parece que cualquier observador objetivo ve ahora que la pelota está en el terreno de las autoridades ucranianas. Primero y ante todo, ellos deben cumplir las condiciones de los acuerdos de Minsk.
El jefe del Kremlin recordó que el asunto clave es el arreglo político, crear primero condiciones políticas mediante la introducción de enmiendas a la Constitución de Ucrania, lo cual está explícitamente reflejado en el texto de los entendimientos de Minsk.
Claramente dice que antes del final de 2015, Ucrania tenía que realizar cambios a su Constitución y, como podemos ver, esto no fue realizado, recordó el mandatario.
Putin hizo notar que existen otros problemas irresueltos que obstruyen la instrumentación de los compromisos de Minsk. Fue enfático al advertir que eso depende no sólo de Moscú, sino, primero que todo, “de los socios de Kiev”.
Esperamos que ellos venzan los turbulentos procesos políticos, expresó Putin, y que los sectores que en Ucrania buscan la solución de estos problemas puedan encontrar fuerza y respaldo para conducir este proceso hasta el fin.
No tiene sentido asociar el levantamiento de las sanciones de la Unión Europea contra Rusia con la instrumentación de los acuerdos de Minsk ahora, porque, repito, la pelota no está en el terreno de Rusia, insistió el jefe del Kremlin.
Sin embargo, concluyó el líder del Estado eurasiático, nos sentimos cómodos y confiados en que más temprano que tarde ocurrirá la normalización de los nexos entre Rusia y la Unión Europea.
Recientes renuncias de ministros neoliberales ante la presión de oligarcas ucranianos reacios a abrir el control de los recursos nacionales al capital extranjero y deserciones en la coalición mayoritaria evidenciaron una crisis solapada por la guerra en el Donbass y constituyen nuevos obstáculos para la instrumentación de Minsk-2.
El caso más relevante es el del titular de Economía y Comercio, el lituano nacionalizado ucraniano Aivaras Abromavicius, quien ante la prensa denunció los obstáculos que encuentra en altos cargos de la coalición gobernante para impulsar las reformas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los monopolios trasnacionales.
Al opinar sobre este asunto, la norteamericana Elizabeth Pond, autora de varios libros sobre la Unión Soviética, Alemania y la Unión Europea, consideró que con la renuncia de Abromavicius el enfrentamiento entre reformistas y oligarcas se produjo “antes de lo esperado”.
La también periodista y bloguera dijo a la agencia de noticias ucraniana UNIAN que Kiev enfrenta la difícil disyuntiva de diluirse en las guerras entre oligarcas o, pese a todo, realizar las reformas prometidas a quienes patrocinaron el golpe de Estado del 22 de febrero de 2014.
En su criterio, los clanes oligárquicos en conflicto tanto dentro del gobierno como fuera del Ejecutivo, últimamente comenzaron a tranquilizarse por la relativa tregua de los combates en el Donbass (Sureste del país) y decidieron que pueden retornar a su acostumbrada beligerancia en busca de las esferas de influencia.
Pond reconoció el carácter positivo del frágil armisticio entre las tropas de Kiev y los milicianos, pues permite al país concentrarse en avanzar en las reformas exigidas por el FMI, pero advirtió sobre una influencia negativa vinculada con los magnates, quienes pueden volver a su acostumbrado enfrentamiento por el control de la economía.
En tanto, el presidente de la Suprema Rada (Parlamento unicamaral de Ucrania), Volodymyr Groisman, admitió que la reciente renuncia de cuatro ministros de la esfera económica por voluntad propia marca la entrada del país en una grave crisis política.
Junto a Abromavicius, dimitieron Andrei Pivovarskiy (Infraestructura), Aleksey Pavlenko (Política Agraria) y Yuriy Stets (Política de Información), aunque los últimos tres retiraron la renuncia tras una reunión extraordinaria del gabinete de ministros. Según Groisman, los representantes de los partidos políticos junto con el mandatario Petro Poroshenko deben hacer todos los esfuerzos para estabilizar la situación, y personalmente prometió celebrar consultas con las diferentes fracciones parlamentarias para resolver este problema.
Agregó el jefe de la Suprema Rada que en virtud de los reiterados problemas en el acuerdo de la coalición mayoritaria, es necesario actualizar el acuerdo de esa alianza y renovar el gobierno. Instó a no pensar en “apellidos” sino en designar a personas capaces de resolver los problemas que el país espera, y en tal sentido llamó a los políticos a tener madurez.
Comentó que la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (ONAU) debe evaluar rápidamente la denuncia de Abromavicius sobre la presión del primer vicejefe de la facción Bloque de Petro Poroshenko, Ígor Kononenko. Si no se prueba alguna acusación relacionada con Kononenko, al menos se debe exigir responsabilidad, subrayó Groisman.
[blockquote pull=”right” align=”left” attributed_to=”” attributed_to_url=”{{attributed_to_url}}”]El gobierno de Estados Unidos y las trasnacionales pueden proporcionar a Ucrania las mejores tecnologías e inversiones si aprueba las reformas”[/blockquote]
Por su parte, Poroshenko informó en Facebook que habló con Abromavicius para que continúe al frente de la cartera de Economía y Comercio. Señaló que de su parte el apoyo a las reformas del titular de Economía está garantizado también en lo adelante.
Respecto a Kononenko, uno de los hombres fuertes en el partido que lleva su nombre, Poroshenko dijo que se dirigió a la ONAU para facilitar la investigación.
Al presentar su renuncia en rueda de prensa, Abromavicius sostuvo que ni él ni su equipo desean ser “cubierta para la flagrante corrupción, marionetas controladas por aquellos” que quieren establecer el control sobre los fondos estatales. Uno de esos nombres es el de Ígor Kononenko, precisó el denunciante. Una advertencia desde Washington envió a Kiev a través de una teleconferencia la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, quien expresó “preocupación” por la situación en Ucrania respecto a la denuncia de Abromavicius y a los préstamos pendientes del organismo internacional, promotor de las privatizaciones neoliberales.
“Si las acusaciones que hizo al anunciar su dimisión son fidedignas, entonces es obviamente una señal de que las medidas de lucha contra la corrupción, por las que ha abogado firmemente el gobierno, aún no funcionan, y es necesario lograr un mayor progreso en esta área”, concluyó la jefa del FMI.
El propio presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, confirmó el 17 de febrero último la gravedad de la crisis política del país con la petición de renuncia del gobierno en pleno y del fiscal general, Víctor Shokin. Se perdió el momento para la renovación parcial del Gabinete de Ministros, es necesario un reinicio completo, sentenció en un mensaje citado por la agencia de noticias Ukrinform.
Añadió el millonario devenido jefe de Estado que el Ejecutivo hizo mucho para salvar el país, estabilizar la situación económica e iniciar las reformas, pero la sociedad determinó que hay más errores que logros y se negó a confiar en los ministros.
En términos médicos, Poroshenko subrayó que para restablecer la confianza ahora es insuficiente “la terapia” y se necesita “la cirugía”, por lo cual reiteró que es necesario “un reinicio” completo del gobierno. Dejó a la decisión del primer ministro Arsenii Ysteniuk la opción que tomará, al sugerir que ahora “el Primer Ministro todavía puede elegir la mejor manera para aplicar esta demanda”.
Sin embargo, en un intento por salvar la todavía mayoritaria pero divida coalición parlamentaria, insistió en que el reformateo total del Ejecutivo debe basarse en la actual alianza del Bloque de Petro Poroshenko (autodenominado ahora Solidaridad), el Frente Popular, de Yatseniuk, Autoayuda y Patria, de Yulia Timoshenko.
Al respecto, hizo un llamado por separado al Frente Popular con el argumento de que en la coalición se trabaja “no por los puestos, sino por el bien de los principios. Al menos, a la gente le dijeron precisamente así, ¿no es verdad?”, expresó.
En relación con la posible disolución de la Rada Suprema, el mandatario aclaró que no es un deber, sino solamente un derecho del estadista, y recalcó que solo lo utilizará como último recurso. Indicó que Ucrania no tiene reservas de tiempo para en menos de un bienio sumergirse por cuarta vez en una campaña electoral, incluso en condiciones de la guerra que lleva a cabo Kiev contra la población del Donbass (sureste del país). Dijo Poroshenko que el tema de “la restauración de la confianza tiene que ser resuelto dentro de las paredes del Parlamento”.
Otro reconocimiento del fracaso de la política de quienes llegaron al poder después del golpe de estado del 22 de febrero de 2014 fue el llamado expresado ese mismo día por el gobernante al fiscal general, Víktor Shokin, a que “escriba la carta de renuncia”. Según Poroshenko, “la Fiscalía General, por desgracia, no pudo ganar la confianza de la sociedad. Y es por eso que la renuncia del Fiscal General está en la agenda”.
En Estados Unidos, el periódico Washington Post se sumó en un editorial a las críticas contra la corrupción imperante en Ucrania en lo que denominó “capitalismo oligárquico” que echó raíces en ese país tras la disolución de la Unión Soviética. El diario resaltó que la dimisión del ministro de Desarrollo Económico y Comercio, Aivaras Abromavicius, es una nueva advertencia a los líderes ucranianos de que el país debe ser liberado de la “corrupción crónica y la descomposición oligárquica”.
La jefa del partido Batkivschyna (Patria), Yulia Tymoshenko, confirmó en este contexto que su fracción abandona la coalición parlamentaria mayoritaria en Ucrania, tras la votación fallida de una moción de desconfianza contra el gobierno encabezado por Yatseniuk.
El director del Instituto ucraniano de Estrategias Globales, Vadim Karasev, opinó que el fallo en la votación de desconfianza contra el Ejecutivo ratificó la ausencia factual de la coalición en el Parlamento, lo cual era sabido desde hace bastante tiempo.
La votación demostró que la coalición de facto no existe, ya que el gobierno se mantuvo gracias a los votos del Bloque Opositor, de los grupos Renacimiento y Voluntad del Pueblo y de algunos diputados independientes, opinó.
Razonó el experto citado por Interfax-Ukraina que esas fuerzas políticas son grupos de diputados y legisladores vinculados con grandes empresarios ucranianos, como Ígor Kolomoyskiy y Rinat Ajmetov. Subrayó Karasev que el gobierno en su labor sucesiva estará obligado a llegar a acuerdos con distintos grupos en el parlamento, y si en materia de política exterior estará orientado hacia sus socios en la coalición jurídica, desde el punto de vista económico se apoyará en un compromiso más amplio dentro de la cámara legislativa, incluido el Bloque Opositor.
Añade el analista que la alianza se mantiene de jure pues en caso de su ruptura oficial, habría que conformar una nueva mayoría y surgiría el problema de quién lo haría, o habría que celebrar elecciones parlamentarias anticipadas. “Y como los jugadores políticos fundamentales, a saber el Bloque Poroshenko (BPP) y el Frente Popular (de Yatseniuk), no desean hoy dichas elecciones anticipadas, entonces la coalición sobrevivirá jurídicamente, pero de facto no existe”, reafirmó Karasev.
El parlamento dijo al gobierno y al primer ministro que ellos son unos perdedores y la valoración de su trabajo es insatisfactoria, remarcó el director del Instituto, sin embargo, aclaró que el Ejecutivo permanecerá por lo menos hasta septiembre, cuando en el próximo periodo de sesiones se pueda plantear nuevamente un voto de desconfianza.
La moción necesitaba el respaldo de 226 diputados y solo alcanzó 194, pues el BPP aportó 39 menos de los que se esperaban, Samopomich sumó 25 de 26 posibles; el grupo Renacimiento no tributó ninguno de 23, el Partido Radical 15 de 21, Voluntad del Pueblo, 6 de 20 y Patria 15 de 19. De los legisladores independientes, se ausentaron de la votación sus 23 representantes y los 35 del denominado Bloque Opositor.
Como resultado de esta crisis dentro del legislativo, el partido Samopomich se retiró también de la coalición mayoritaria, según una declaración de su servicio de prensa.
“Los líderes del Partido Samopomich han decidido reconocer imposible la presencia del partido Samopomich en la unión con las fuerzas políticas que se convirtieron en los participantes de la revuelta oligárquica en el parlamento, y dejar de participar en la coalición parlamentaria”, dice la nota.
Agrega el escrito que esta agrupación política decidió iniciar la creación de una plataforma para unir a los entornos periciales y sociales a nivel nacional y regional, “con el fin de coordinar las posiciones conjuntas con respecto a la Constitución de Ucrania, el desarrollo económico y el aumento del bienestar humano, las reformas en los sectores clave y la elaboración del plan de acción para lograr estos objetivos”.
Samopomich amenazó, por último, con iniciar modificaciones de la ley de Ucrania “Sobre las Elecciones”, con miras a los próximos comicios legislativos basados en listas electorales abiertas.
Ante la evidente crisis política del orden establecido tras el golpe de Estado del 22 de febrero de 2014, los mentores occidentales de los nuevos gobernantes reaccionaron de inmediato con declaraciones y llamados a continuar las privatizaciones y los recortes sociales.
En un comentario a Ukrinform, la portavoz de la Comisión Europea, Maja Kocijancic, instó a las autoridades ucranianas a demostrar más acción para resistir la influencia de los oligarcas sobre la estructura política y emprender acciones más efectivas contra los monopolios. Igualmente, llamó a acelerar la privatización de las empresas estatales con el supuesto objetivo de “garantizar una gestión más eficaz”, a mejorar el autogobierno local, y avanzar en la reforma de la administración pública, incluido los servicios fiscal y tributario.
Geoffrey Pyatt, embajador de Estados Unidos en Kiev, en tanto, señaló que el complejo militar-industrial estadunidense y otras empresas pueden proporcionar a Ucrania las mejores tecnologías e inversiones “a condición de las reformas correspondientes”. Están dispuestos a asumir los riesgos de negocio, pero no riesgos impredecibles, advirtió, si las reformas que Washington demanda ocurren. Ucrania tiene un gran potencial industrial que puede ser realizado a condición de las reformas, la lucha contra la corrupción y el logro de los estándares europeos, concluyó el representante de Estados Unidos en Kiev.
Por su parte, el jefe de la legación diplomática de la Unión Europea ante Kiev, Jan Tombinski, dijo que ese bloque integracionista “espera la consolidación del parlamento y el gobierno en torno a las reformas” para continuar brindando ayuda a Ucrania.
Todo este contexto de inestabilidad política y económica constituyen barreras adicionales para la instrumentación de los acuerdos de Minsk, que aguardan por las calendas griegas.
Jorge Petinaud Martínez/Prensa Latina
[INVESTIGACIÓN]
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