El salario de quienes imparten cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha perdido poder de manera sostenida. Para el caso de los profesores de asignatura, quienes representan el 58 por ciento del total de la planta docente de esa casa de estudios, el deterioro acumulado en los últimos 37 años es de más del 70 por ciento.
El fenómeno ha sido documentado por quienes integran el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM. Los especialistas concluyen que de 1977 a 2014, el poder de compra de los profesores de asignatura ha perdido el 71.48 por ciento de su valor para la categoría A, y el 72.77 para la B.
Dicha pérdida resulta lamentable, a decir de los especialistas, sobre todo porque los profesores de asignatura –contratados por horas y no por jornada laboral como los profesores de carrera– son el motor de la UNAM. Ellos y ellas, al representar la mayoría de la planta docente, son garantes de las funciones sustantivas de esa casa de estudios, la más grande del país y de América Latina; pero los ingresos que perciben no se corresponden con la magnitud de su encomienda.
Aunque la pérdida del poder adquisitivo alcanza al grueso de profesionistas que imparten cátedra en la máxima casa de estudios del país, el grado de deterioro varía según el nivel y la categoría en que se desempeñan. Los profesores de asignatura, quienes según las estadísticas de la Dirección General de Asuntos del Personal suman 22 mil 557 de un total de 39 mil 147, son los más afectados. Su salario base sólo conserva la tercera parte del poder de compra que tenía hace 37 años. Esto significa que su sueldo tendría que crecer en más de 700 por ciento para poder igualar el poder de compra que tenía en 1977.
Durante el mismo periodo, los ingresos de otros trabajadores académicos también se han visto mermados. Es el caso, por ejemplo, de los profesores asociados de tiempo completo cuyo salario ha perdido el 67 por ciento de su poder de compra; el de los profesores titulares de tiempo completo, con el 64; y el de los profesores asociados de medio tiempo, con el 34 por ciento.
El 29 de enero pasado, a través de un comunicado, la Universidad dio a conocer el acuerdo que alcanzó con la dirigencia de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM (AAPAUNAM) en el marco de la revisión salarial y contractual de 2015: un incremento de 3.4 por ciento directo al tabulador docente, mismo que estará vigente del 1 de febrero del presente año al 31 de enero de 2016.
El aumento salarial pactado es menor que el de 2014, que fue de 3.5 por ciento. Además, es el segundo menor en los últimos 14 años, luego del 3.3 por ciento logrado en 2005.
En general, la tendencia del incremento salarial durante los últimos 14 años es a la baja. Así lo dejan ver los datos extraídos de la Memoria UNAM, publicación que reúne los informes de todas las entidades universitarias respecto de las actividades realizadas más relevantes. En 2000, la institución y la representación sindical convinieron aumentar en 12 por ciento los ingresos de la planta docente. Para 2001 el incremento fue de 10.5 por ciento; y apenas 1 año después, de 5.25 por ciento.
El mismo día que la UNAM difundió el acuerdo con el AAPAUNAM, una representación de profesores (entre ellos, de la Facultad de Economía; de la Escuela Nacional Preparatoria, plantel 5; y del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Oriente) acudió a la Rectoría universitaria para entregar una carta a José Narro Robles, rector de esa casa de estudios.
En el escrito, los académicos solicitan el cumplimiento de cuatro demandas, dos de ellas relacionadas con su paga: que, como un paliativo mínimo de la pérdida del poder adquisitivo de sus ingresos, se establezca como salario tabular a la categoría inicial de un profesor o investigador de carrera la cantidad de 26 mil 571 pesos mensuales, misma que en la actualidad asciende a 16 mil 660 pesos; además, un incremento salarial del ciento por ciento para los profesores de asignatura, quienes perciben 77.9 pesos por hora de clase impartida, de tal manera que éste sea de 155.8 pesos.
Al respecto, señalan que los bajos salarios que perciben, así como las “precarias” condiciones en que desempeñan su labor no se corresponden con los avances que la institución publicita sobre la creación de nuevas instalaciones, la modernización de la infraestructura existente y la consolidación de su presencia nacional e internacional. De la misma forma, apuntan que es una “vergüenza” que una universidad tan prestigiada, como es la UNAM, tenga esos salarios y, aunado a ello, se niegue a instrumentar un programa sustancial de mejora de las condiciones de trabajo para su personal docente.
Un programa de retiro digno para los académicos de carrera y asignatura y un programa de profesionalización y estabilidad que garantice una plaza de tiempo completo por profesor son las otras dos peticiones que los trabajadores docentes esbozan en su documento.
Al cierre de esta edición, las autoridades universitarias no habían dado respuesta a estos planteamientos ni emitido postura pública al respecto. Tampoco respondieron a la solicitud de entrevista hecha por este semanario para efectos del presente trabajo, y cuya gestión se realizó a través de Juan Sánchez Brito, director de Enlace y Relaciones Públicas de la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM.
En entrevista telefónica, Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano, secretaria General de la AAPAUNAM –organización gremial que desde 1975 ostenta la titularidad del Contrato Colectivo de los académicos–, asegura desconocer el contenido del documento entregado a la Rectoría universitaria a finales de enero pasado, por algunos académicos.
Sin embargo, al escuchar las demandas planteadas por este grupo de profesores, manifiesta, sin titubeo, que no son realistas, es decir, que resultan inalcanzables debido al contexto. En cambio, indica, “nosotros no damos falsas expectativas al académico. Trabajamos en cuestiones realistas”.
Respecto, por ejemplo, de la petición de un programa de retiro digno para los académicos de carrera y asignatura, refiere que la institución ya cuenta con un programa en la materia.
—¿Se trata de un programa de retiro digno, tal como lo plantean estos académicos?
—Ningún retiro es digno –responde.
La química de formación reconoce estar consciente de la pérdida del poder de compra que han experimentado los bolsillos de los académicos universitarios de forma constante durante las últimas décadas, problemática que se ha intentado resarcir, dice, a través de los programas de estímulos a la productividad.
No obstante, enfatiza en que el deterioro salarial no es exclusivo de este sector, sino que afecta al conjunto de la clase trabajadora del país. Aun así, asegura que la agrupación gremial que dirige trabaja en un programa de recuperación salarial con estrategias viables. Consultada respecto de la fecha de emisión de dicho programa, responde que no tiene una bola de cristal para saberlo, pero que es posible que sea antes de concluir el primer trimestre del año en curso.
En alusión al grupo de académicos que dirigió a la Rectoría universitaria este pliego de demandas, comenta: “Ellos nos han rechazado; han negado nuestra existencia; dicen que no los representamos; además de que lo único que hacen es golpearnos”.
A principios de la década de 1980, el gasto público, incluido el educativo, se redujo considerablemente como consecuencia de la crisis económica que estalló en el país en 1982. Entonces decreció también la partida presupuestal destinada a la UNAM, misma que fue absorbida fundamentalmente a través de la reducción de los salarios de los trabajadores universitarios. Es así que entre 1982 y 1988 el presupuesto para esa casa de estudios se redujo en 36 por ciento en términos reales, mientras que los salarios disminuyeron entre 40 y 43 por ciento.
Ya para 1989, el gasto educativo se incrementó y con ello el presupuesto destinado a la UNAM, que para 1990 fue 5.4 por ciento mayor que el de 1988. No obstante, el “castigo” hacia los ingresos de los académicos no cesó, al grado de que ahora son inferiores a los de 1988.
El panorama arriba descrito fue expuesto por Luis Lozano Arredondo, director del CAM, durante en el foro Impacto de la Crisis Petrolera en la Economía Nacional y las Condiciones Laborales del Personal Universitario, celebrado el 29 de enero de 2015 en Ciudad Universitaria. De acuerdo con el especialista, las políticas económicas, educativas y salariales impuestas por los gobiernos en turno han devenido en esta realidad –la de la pérdida del poder de compra–, que golpea el nivel de vida de las familias mexicanas. Influye también, a su consideración, el hecho de que la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM no representa en realidad los intereses de los trabajadores académicos, lo que genera debilidad en las negociaciones salariales.
Lozano Arredondo enfatiza en la política de reducción salarial –topes salariales invariablemente inferiores a la inflación– anclada al proyecto de modernización educativa que se ha enquistado en las universidades públicas del país. Asimismo, en la profundización de la diferenciación salarial entre el personal académico e investigadores que opera en la UNAM a partir de 1990, con la incorporación de los programas de estímulos a la productividad y a la formación académica. Respecto de esta última, comenta, el objetivo es el impulso del proceso de modernización educativa en el sector universitario a través del desarrollo de la competitividad, la excelencia académica y la retención de cerebros.
El investigador universitario puntualiza que aunque el desplome del salario real de los últimos decenios ha afectado a todos los sectores asalariados del país, se ha mostrado más agudo con aquellos con los que la política gubernamental tiene un alto grado de determinación, tal es el caso de los salarios mínimos generales y los salarios de las universidades públicas.
Flor Goche, @flor_contra
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