“Lejos de resultar beneficiadas, las víctimas terminaron siendo rehenes de malas decisiones políticas al interior de la Comisión Ejecutiva y de su interpretación de la ley”, advierte Nancy López, directora del área de Defensa de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
A pesar del enorme presupuesto con que ha contado, la CEAV ha sido omisa en atender a las miles de víctimas de violación a sus derechos humanos. Basta señalar los más de 20 mil casos de desaparecidos que hay en México para medir la magnitud del problema, advierte la especialista.
Entre finales de 2014 y enero de 2016, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la CEAV contó con un presupuesto de 1 mil 536 millones de pesos, pero sólo usó el 3 por ciento. Ese recurso se destinó a la reparación integral de víctimas de violencia (94 por ciento), para las víctimas del caso Ayotzinapa –los 43 normalistas rurales desaparecidos en septiembre de 2014– y otras personas desaparecidas (2 por ciento), y para gastos funerarios, médicos y de alimentación (2.6 por ciento), de acuerdo con un informe de la institución al que tuvo acceso Contralínea.
Para julio de 2016, la CEAV contaba con 1 mil 28.2 millones de pesos para medidas de Ayuda Inmediata a Víctimas y Compensación como parte de la Reparación del Daño. Sin embargo, gastó sólo 33 millones de pesos, de los cuales destinó 1.1 millones al pago de honorarios a fiduciaria; 0.6 millones a reembolso de gastos funerarios y de alimentación a víctimas; 29.7 millones por reparación integral a víctimas directas e indirectas y 1.5 millones en el Fondo de Emergencias para pago de ayudas por el caso Ayotzinapa.
La cifra contrasta con el número de víctimas atendidas, ya que, a marzo de 2016, de las 7 mil 640 personas que solicitaron ser consideradas como víctimas directas e indirectas, sólo 3 mil 875 obtuvieron respuesta y fueron admitidas en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi). Pero aun estando en dicho padrón no se garantiza dicho apoyo, ya que sólo el 3.5 por ciento de los registrados pudieron acceder a los recursos del fondo.
Por ejemplo, entre enero de 2015 y el 30 de noviembre de 2016 en el rubro de atención a víctimas por delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos por autoridades del gobierno federal, sólo se ejercieron recursos por 137.7 millones de pesos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, en beneficio de 579 víctimas, de las cuales 330 son hombres y 249 mujeres.
La abogada Nancy López dice que a pesar de contar con un presupuesto considerable, la CEAV no sabe cómo utilizarlo, como consecuencia de la pésima administración de los funcionarios que han estado a cargo de la institución. “Resaltan en los últimos años los escándalos entre los comisionados que formaban parte de la CEAV que carecían de formación en derechos humanos que les permitiera tomar decisiones acordes a las necesidades de las víctimas”.
Queda patente también en la CEAV el subejercicio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, el escaso personal asignado para la asesoría jurídica, la falta de capacitación y los bajos salarios que éstos devengan, subraya.
Hasta septiembre de 2016, había 3 mil 34 víctimas registradas ante la CEAV, de las que el 88 por ciento eran consideradas como víctimas de delitos y el 12 por ciento son por violaciones a derechos humanos. Se encuentran pendientes de registro 2 mil 717 víctimas, debido a las dificultades que enfrentan las personas para comprobar su condición de víctima ante la institución.
Adicionalmente, la CEAV sólo cuenta con 21 asesores jurídicos para las 32 entidades federativas, lo cual resulta completamente desproporcional con el número de víctimas que acuden a la misma para la defensa y protección de sus derechos.
Las cifras revelan que la Comisión ha sido rebasada por la realidad del país, pues tan sólo basta señalar los más de 20 mil casos de desapariciones que hay en México, y que la mayoría no han sido resueltos, ya que se requiere del involucramiento de todas las instituciones públicas que tienen que asumir su responsabilidad frente a la atención de las víctimas, considera la abogada Nancy López.
Se trata de un fenómeno de los más difíciles de resolver en materia de derechos humanos, agrega, si se suma la cifra indeterminada de casos de tortura que hay en el país evidenciada por la PGR y las fiscalías locales. “Estamos hablando que hay miles de personas que necesitan atención urgente”.
Explica que la asesoría jurídica que ofrece a las víctimas la CEAV está rebasada, no hay claridad de cómo se vincula con otras instituciones federales que tendrían que adoptar una visión de atención de manera transversal e integral, para buscar acuerdos –por ejemplo con el sector salud–, que permita que haya una atención inmediata a la víctima que solicita atención médica como consecuencia de un hecho delictivo.
“Han llegado muchas víctimas a la Comisión de muchos estados y la burocratización de los procesos ha hecho que estas no puedan beneficiarse con los derechos que otorga la Ley General de Víctimas, ya desde el primer acercamiento hay una serie de documentos y requisitos que tienen que cubrir y que no necesariamente son sensibles y sencillos de atender por parte de las víctimas”, subraya.
Señala que la CEAV ha sido omisa y no hay logrado ofrecer una solución a las víctimas más allá de pedirles que exijan a los gobiernos en sus estados de procedencia que generen un sistema de atención a víctimas. “Es muy limitada esta visión de atención a víctimas agraviadas por instituciones federales, que es un problema generalizado en el país, y las personas no pueden quedar supeditadas a que haya voluntad política en los estados para ser atendidos”.
Sobre todo porque los victimarios son personas que laboran en la Sedena, la Marina, PGR, PFP, instituciones encargadas de la prevención del delito o autoridades involucradas en seguridad pública aun cuando no les corresponde esta tarea como la Sedena y la Marina, que han sido ampliamente señaladas en recomendaciones por violaciones a derechos humanos por la CNDH.
Nancy López destaca que a las víctimas la CEAV les pide documentación que no tienen, ante lo cual la institución tendría que asumir su papel como abogado defensor y obtener la información que requiere, sin embargo la carga de recuperación de documentos y de probar de la víctima recae en la propia víctima, antes de que la CEAV sea en gran asesor para resolver los problemas para que las víctimas puedan acceder a la reparación integral.
La CMPDYPDH ha representado a víctimas ante la CEAV y ha comprobado lo engorroso que resulta llevar un proceso que lleva mucho tiempo, sólo para contar con el número ante el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), para lo cual pueden transcurrir hasta 6 meses sin que logren tener contacto con la institución. Peor aún, si la víctima requiere de atención médica urgente debe esperar a que cuente con su número en el Renavi para ser atendida.
Las personas que ingresan al Renavi, dice la abogada, generalmente observan deficiencia de capacitación y sensibilización de los funcionarios públicos, lo cual culmina en hechos revictimizantes. Se observan procedimientos ineficaces, complicados, lentos, discrecionales y burocráticos, que obstaculizan el reconocimiento de su calidad de víctimas, así como su acceso al reembolso de los gastos más inmediatos.
A más de 3 años de aprobarse la Ley General de Víctimas, el Estado no ha logrado asumir su responsabilidad frente a las miles de víctimas de delito y de violaciones de derechos humanos. Agraviados y organizaciones de la sociedad civil que se han acercado a la CEAV, han identificado falta de voluntad política del Estado, tanto a nivel federal como en los estados, para cumplir con los derechos de las víctimas consagrados en la ley.
Resalta la dificultad para las víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos para ingresar al Renavi, al condicionarles su ingreso a la presentación de una denuncia penal o la emisión de una recomendación por parte de una comisión de derechos humanos, lo cual en muchos casos acentúa la situación de vulnerabilidad de las víctimas.
Víctimas y familiares, así como organizaciones defensores de los derechos humanos y de la sociedad civil identificaron serias deficiencias en los procedimientos para el reembolso de viáticos, traslados, gastos funerarios, repatriación de restos, medidas de alojamiento y alimentación, atención médica y psicológica de emergencia, medidas de protección, así como de asesoría jurídica, previstas en la Ley General de Víctimas.
Veinte organizaciones de derechos humanos y 12 colectivos de familiares de víctimas de 16 estados del país participaron en el encuentro Derechos de las víctimas en México (agosto 2016), concluyeron que a más de tres años de aprobarse la Ley General de Víctimas, el Estado no ha logrado asumir su responsabilidad frente a las miles de personas víctimas de delito y de violaciones de derechos humanos.
Entre las organizaciones participantes figuran Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México; Comité de Familiares de Personas Detenidas, Desaparecidas en México ¡Alzando Voces!; Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos; Familias de Acapulco en Busca de sus familiares; Familiares en Búsqueda; Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos; Por amor por ellos; Los otros desaparecidos de Iguala; Red Eslabones por los Derechos Humanos; Solecito de Veracruz.
En el encuentro, en el que participaron más de 120 expertos y víctimas directas e indirectas quedó patente la falta de voluntad política del gobierno federal y de los estados, para cumplir con los derechos de las víctimas consagrados en la Ley, dice Juan Carlos Gutiérrez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
Los expertos subrayaron la dificultad para las víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos de ingresar al Renavi, al condicionarles su ingreso a la presentación de una denuncia penal o a la emisión de una recomendación por parte de una comisión de derechos humanos, lo cual acentúa la situación de vulnerabilidad.
Así como la carencia de un enfoque diferencial para la atención de víctimas migrantes, mujeres, niñas, niños, adolescentes o de pueblos o comunidades indígenas y lo más grave, que las disposiciones reglamentarias a la Ley condicionen la atención y reparación integral de las víctimas, y que los procedimientos burocráticos incidan en el desistimiento de las víctimas de su búsqueda de verdad y justicia, agravándose la impunidad.
Juan Carlos Gutiérrez enumera algunas de las demandas y propuestas de los participantes en el conversatorio, que exigieron fueran incluidas en las reformas a la Ley general de Víctimas, aprobadas por el Congreso el 3 de enero de 2017: Garantizar la independencia de la CEAV como órgano descentralizado a fin de que los funcionarios no se asuman al servicio de la Secretaría de Gobernación, sino de las víctimas;
Asegurar procedimientos ágiles para el reconocimiento de la calidad de víctimas en el Renavi, independientemente si la persona solicitante haya interpuesto una denuncia penal, o si proviene o no de una entidad federativa. Asegurar la atención inmediata a víctimas en situación de riesgo, aun cuando no estén registradas en el Renavi.
Incluir procedimientos especializados en la atención de grupos de población en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad. Reconocer a las víctimas de desplazamiento interno forzado como personas que se han visto obligadas a huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos.
Impulsar un programa de formación psicosocial para quienes atienden a las víctimas, dirigido a funcionarios de la CEAV, PGR, CNDH, y sus homólogos en los estados con mecanismos de seguimiento para garantizar la calidad de la atención y evitar las frecuentes formas de victimización secundaria en estos procesos, concluye Juan Carlos Gutiérrez.
“Hay una omisión por parte de los estados de asumir su responsabilidad en la defensoría de las víctimas de delitos que establece la ley general, de tal suerte que sólo hay 15 entidades que cuentan con leyes de víctimas, significa que la mitad del país deja en total indefensión a las víctimas que acuden a la CEAV, donde les dicen que no pueden ser atendidos sino por los estados o alguna institución local, lo cual es un absurdo”, señala por su parte Nancy López.
Luego de las reformas a la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2017, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián publicó en el Diario oficial de la Federación la convocatoria para la designación del Comisionado Ejecutivo de la CEAV, dirigida a “los colectivos de las víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializados en la materia”.
Es bueno que hay habido reformas a la ley en la materia y pareciera que el sistema va a ser más sencillo para destrabar decisiones burocráticas con las que se topaban las víctimas para recibir no sólo reparación sino atención de primer contacto, dice la abogada Nancy López, pero arguye que la CEAV tiene que repensarse y reanalizarse desde las bases, es decir, “desde la forma en que le está prestando atención a víctimas de reparaciones y también para que alcance atención de primer contacto”.
Existe una enorme experiencia en materia de atención a víctimas entre las organizaciones de la sociedad civil que debían de servir para nutrir la labor de la Comisión Ejecutiva, lo que se necesita es funcionarios comprometidos, con visión de atención victimal, con perspectiva de derechos humanos y que tengan claro que construyan una institución con base en las víctimas, lo cual ya deberían de tener más que diagnosticada a más de tres años de su creación, destaca.
Respecto a la designación del comisionado ejecutivo de la CEAV, la abogada dice que es un proceso en el que las organizaciones de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos han estado involucrados, para determinar cómo debe funcionar la CEAV, “pero también vemos que ha habido poca apertura a grupos de familiares de víctimas que tienen necesidades y reclamos muy específicos y que han tenido que manifestarse frente a la sede de la institución para hacerse escuchar”.
“Es claro que la CEAV no puede funcionar sin el respaldo de las organizaciones de la sociedad civil con grupos de víctimas que tienen necesidades específicas que requieren ser atendidas en el marco de la Ley, que establece que sólo puede atender a víctimas reconocidas como tales por la CNDH o como víctimas del delito por la Procuraduría General de la República.
“Quien encabece la CEAV debe ser una persona sensible, con conocimiento de derechos humanos y capacidad de dirigir una institución compleja, con una enorme carga de trabajo, de tal suerte que urge que concluya el proceso de elección para que pueda empezar el proceso de restructuración e iniciar los trabajos que fueron detenidos por las modificaciones a la Ley General de Victimas”, considera la abogada Nancy López.
De acuerdo con un reporte de El Universal del 2 de febrero, entre las propuestas para la designación del nuevo Comisionado Ejecutivo de la CEAV, se encuentran funcionarios de la CNDH, Segob, Indesol y de la propia Cavi, entre los que menciona a Jaime Rochin (Cavi); María de los Ángeles Fromow (PGR); Rubén Vasconcelos Méndez, actual encargado de la CE; Julieta Morales Sánchez, directora del Centro Nacional de Derechos Humanos; María Antonio González del Castillo, de Indesol; y Patricia Colchero Aragonés, de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob.
José Réyez
[SOCIEDAD]
Contralínea 527 / del 19 al 25 de Febrero 2017
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