La administración del priísta Miguel Alonso Reyes tiene desvíos de recursos públicos por más de 4 mil millones de pesos en las cuentas revisadas de 2011 a 2014. Los daños al erario afectan los sectores de educación, salud y seguridad, principalmente. A ello, se suma la deuda que alcanza los 92 puntos porcentuales, respecto de las participaciones federales entregadas a la entidad.
El estado que volvió a manos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), después de las gubernaturas de 12 años de perredismo, tiene a la mitad de su población en situación de pobreza, condición social que ha expulsado a su población en busca de mejores condiciones de vida.
De acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública desde el primer año de la administración de Alonso Reyes no se han solventado irregularidades por 2 mil 375 millones 3 mil pesos; en tanto que en la fiscalización más reciente (de 2014) fue de 1 mil 428 millones 6 mil pesos. Además, registra 455 millones correspondientes a “procedimientos resarcitorios” y 18.4 millones más en denuncias penales.
La legisladora priísta Claudia Anaya Mota asegura que la administración de Alonso Reyes “todavía está en tiempo de solventar y aclarar lo solicitado en la última fiscalización. Esta administración está concluyendo bien”.
No obstante la opinión de la correligionaria del gobernador, el informe indica que se emitieron 1 mil 6 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria. También se encuentra dentro de las principales entidades mencionadas con más pliegos de observaciones: Jalisco con 96; Ciudad de México con 80; Zacatecas con 74; San Luis Potosí 68, y Michoacán con 66.
Diputada federal por Zacatecas, Anaya Mota comenta que “estamos en un proceso en donde se está creando todo el andamiaje del Sistema Nacional Anticorrupción y es bien importante que los estados vayan también entendiendo esta dinámica y el ejercicio del gasto público.
“Las cosas no van a ser como antes, en donde se entrega el dinero y no hay responsabilidad directa en el ejercicio del mismo. El presupuesto nunca pierde el carácter de público, por eso es importante que todos los funcionarios que lo manejan tengan una responsabilidad directa de hacer un buen uso de él. Es válido que la ley les diera posibilidad de aclarar, resarcir el recurso, pero lo más importante es que se cumplan los procedimientos que marca”, comenta.
Fernando Galván Martínez, diputado perredista por Zacatecas en la Cámara de Diputados, critica la administración saliente y dice que el “gobernador es puro glamour, no tiene visión política. Alonso Reyes va a pasar a la historia como uno de los más corruptos en Zacatecas”.
Ante las observaciones del máximo órgano de fiscalización, el legislador dice que “las auditorías las tenemos que reforzar; además de que estoy haciendo un llamamiento a otros diputados para hacer una denuncia por enriquecimiento ilícito. También es necesario que las instituciones cumplan y castiguen a los delincuentes y corruptos. El dinero es del pueblo no de los políticos, es para gobernar y que haya desarrollo”.
De la realización de 19 auditorías al gobierno del estado, se desprende que el daño patrimonial que más afecta al erario rebasa los 206 millones de pesos e impacta en los Recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo.
Y es que durante 2014, la Tesorería de la Federación transfirió a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas 444 millones 68 mil 900 pesos, de los cuales 206 millones 75 mil 900 pesos –que incluyen los rendimientos financieros generados por 3 millones 648 mil 900 pesos, no fueron devengados por la Secretaría de Educación de Zacatecas al 31 de diciembre de 2014–, ni reintegrados a la Tesorería de la Federación.
Otra auditoría, Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, revela que la Secretaría de Educación del Estado del Zacatecas realizó pagos con recursos del fondo en bonos, estímulos y compensaciones por un importe bruto anual de 73 millones 542 mil 300 pesos en convenios estatales celebrados entre el gobierno del estado y la sección 34 y 58 del Sindical Nacional de Trabajadores de la Educación, conceptos no autorizados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y no financiables con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.
Algunos de los conceptos por los que se entregaron los recursos son: ajuste del fideicomiso, bono de 3 días más 2 días, bono anual, bono quincena adicional día del maestro, bono único de 5 días, bono de organización del ciclo escolar, servicio de carrera administrativa, asignación por actividades culturales, compensación a sustitutos de profesores, y otros.
El rezago educativo zacatecano es del 21.6 por ciento, según el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2016, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Las irregularidades en el estado no pararon en la Secretaría de Educación; también en la de Salud la auditoría ha requerido que se aclare por qué no fueron devengados 107 millones 835 mil 289 de pesos, correspondientes al Seguro Popular. En la auditoría financiera 14-A-32000-02-1546 también se destaca que el gobierno de Alonso Reyes debe aclarar por qué se le pagaron 884 mil 27 pesos a siete servidores públicos que “carecen de la documentación que acredite el perfil de la plaza bajo la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2014”.
Mientras esto ocurre con las finanzas destinadas a la salud en la entidad, el 63.4 por ciento de la población carece de acceso a la seguridad social y otro 4.9 por ciento no tiene servicios de salud, muestra el informe de la Sedesol.
El gobierno zacatecano también tendrá que aclarar y proporcionar la documentación que acredite el ejercicio y aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2014 y sus rendimientos financieros, por 55 millones 849 mil 587 pesos, a los objetivos del fondo de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal.
Por este motivo, la Auditoría ha promovido que se inicie el procedimiento administrativo correspondiente “por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no ejercieron los recursos del fondo durante el ejercicio para el cual estaban destinados; irregularidad que fue denunciada a la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas por el personal auditor, mediante el oficio número DARFT”A1″/113/2015 de fecha 17 de julio de 2015”.
La deuda pública que enfrenta el estado ha crecido significativamente en este sexenio, poco más de 40 puntos porcentuales, indica la Evaluación de la Fiscalización Superior al gasto Federalizado, elaborada por la Unidad de Evaluación y Control de Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, en la Cámara de Diputados.
El documento indica que al cierre del cuarto trimestre de 2015, el saldo de las Obligaciones Financieras del Estado de Zacatecas asciende a 7 mil 609 millones 400 mil pesos, con lo cual se ubicó como la décimo sexta entidad más endeudada del país; representa el 92.7 por ciento de las participaciones federales pagadas a la entidad y significa el 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Alonso Reyes recibió la administración zacatecana de la perredista Amalia García (en enero de 2011), con una deuda de 3 mil 708 millones 500 mil pesos, que significaba el 56 por ciento de las aportaciones federales y el 2.2 por ciento del PIB. En cuatro años, la deuda creció en 3 mil 900 millones 900 mil pesos; es decir, más del ciento por ciento y casi el doble del PIB.
Respecto a la deuda del estado, Fernando Galván Martínez, diputado perredista por Zacatecas en la Cámara de Diputados, dice que al gobernador Miguel Alonso “se le pasó la mano. Lo endeudó como para que no lo paguemos los zacatecanos en unos 25 años, no se ve obra pública, desarrollo, no se apoyó a los productores, el turismo está muy gris y la delincuencia está en un estado crítico”.
Para la diputada zacatecana Claudia Anaya, “la deuda pública de Zacatecas se encuentra dentro del margen permitido, en el marco de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que marca muy bien los parámetros que le permitirán en lo sucesivo a estados y municipios endeudarse o no. Zacatecas, bajo ese concepto de semaforización no estaría en código rojo; sino en un marco amarillo, dentro del rango permitido, no estamos sobre endeudados”.
Érika Ramírez
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