Delincuencia organizada y narcotráfico constituyen un ente económico cuyo crecimiento desmedido e influencia en los procesos políticos ha sido inevitable y sus redes han penetrado las estructuras del gobierno, las instituciones del Estado y representan una amenaza para la elección presidencial de 2018.
Expertos en seguridad nacional y doctores en ciencia política alertan sobre la amenaza y vulnerabilidades que penden sobre el proceso electoral del próximo año en nuestro país, en el que incluso está en riesgo la elección del presidente de la República.
Aida Torres Chávez señala que existe una permanente presencia del crimen organizado y del narcotráfico dentro de la estructura del Estado: territorio, población y gobierno. “No en balde, el tema lleva años siendo el más relevante para la agenda de seguridad de las dos últimas administraciones”, acota.
La catedrática del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México (IIEAM) destaca que si bien el crimen organizado jamás buscará desaparecer o sustituir al Estado, su actividad ha llevado a los grupos a asumir gradualmente funciones de gobierno, para generar el ambiente idóneo en sus actividades o porque realmente deseen ser considerados como un ente político con poder.
En un escenario que configura a México como un “narco Estado” y frente a la falta de alternativas políticas y de solución a los problemas sociales, el proceso electoral de julio enfrenta graves riesgos para la seguridad nacional por la penetración del crimen organizado, advierte el doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Emilio Vizarretea Rosales.
“Estamos frente a un narco Estado porque la delincuencia organizada entró en una faceta en la que se involucró con la sociedad, autoridades locales, estatales y federales, lo cual ha generado un grado de violencia que ha escalado y provocado un conflicto entre los narcos, la sociedad y el gobierno”, subraya.
En entrevista, señala que esta situación conduce a reconocer que el señalamiento de narco Estado cobre una dimensión efectiva, porque “no se trata de un Estado fallido ni débil, sino de que una parte del Estado se inclina hacia intereses delincuenciales que socavan la fuerza social y provocan que en cada proceso electoral obliguen a valorar el peso de la delincuencia organizada”.
Nelson Arteaga Botello, doctor en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), discrepa con su homólogo de la UNAM al indicar en entrevista que no se puede hablar de un narco Estado en sentido estricto. “Implicaría que el Estado ha perdido autonomía para ejercer las funciones de sus órganos y normas”.
Lo que sucede, dice, es que existen poderes y ámbitos de gobierno que han establecido vínculos con bandas criminales que operan en ámbitos específicos y localizados y con objetivos territoriales distintos a mediano y largo plazo, lo cual no permite la cooptación total del Estado y de sus instituciones.
En su análisis Perspectivas de la influencia de la delincuencia organizada en la próxima elección presidencial (septiembre 2017), Aidé Torres Chávez puntualiza que si bien el nivel de involucramiento del crimen organizado es más perceptible en estados y municipios, hay un alto riesgo de que influya en la elección presidencial.
La especialista del Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav) estima que “no habría manera de que los cárteles tuvieran éxito en sus negocios de no contar con el apoyo de autoridades y funcionarios”.
Explica que la transición democrática rompió la sinergia que sostenía la delincuencia organizada con la estructura política y resultó en la descoordinación de diferentes niveles de gobierno en el ámbito de la seguridad.
Fue entonces, asegura, que la delincuencia organizada centró su fuerza en el establecimiento de alianzas y vínculos en todos los niveles político, militar y empresarial, con un alto componente de corrupción y se infiltró en espacios públicos al grado de asumir toda una estructura de gobierno.
En la última década –explica Torres Chávez-, diversos ejemplos ilustran cómo la delincuencia organizada presiona candidatos para que se alineen a sus intereses, compra autoridades, funcionarios, secretarías de gobierno, presidentes municipales y gobernadores.
Señala que Enrique Peña Nieto, al aumentar en un 50 por ciento la presencia de las Fuerzas Armadas en la lucha anticrimen en comparación con el sexenio anterior y mantener la dinámica de las detenciones de su antecesor para golpear a los cárteles, solo provocó un incremento desmedido de homicidios en el país. (Cuadro 1).
Y el 26 septiembre de 2014, con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, se generó la segunda gran crisis del presidente –la otra fue la revelación de la Casa Blanca de su esposa Angélica Rivera– y representó un punto de quiebre en su gobierno.
Aidé Torres considera que ante el proceso electoral de 2018, se enfrentan diversos temas de alto riesgo con potencial para afectar la realización de las elecciones, como la vulnerabilidad del Estado frente al crimen organizado, los vínculos políticos del narcotráfico y la infiltración de sus redes en los procesos electorales.
Al respecto, el profesor e investigador de la Flacso, Nelson Arteaga, considera que es complicado predecir cómo serían los vínculos del crimen organizado con algunos círculos políticos, ya que ha sido a posteriori cuando se observa este fenómeno, cuando hay ejecuciones de municipales o diputados.
“Es una relación compleja, y precisamente hacia el 2018 vamos a encontrar presiones de las organizaciones criminales hacia algunos políticos para verse beneficiados, y vencer la resistencia de algunos candidatos mediante actos de violencia”, señala.
Quizás uno de los peligros en las elecciones del 2018 es que no necesariamente los candidatos presidenciales tengan vínculo directo con el narcotráfico, sino de los grupos que están detrás de los aspirantes, proporcionándoles recursos económicos o apoyo político, enfatiza el catedrático.
Por eso, sostiene que es difícil que el país se convierta en un narco Estado. Lo que hay, dice, son ciertos espacios políticos donde podría haber fisuras en los que la delincuencia organizada se incruste y genere violencia y atentados contra de los candidatos (como en Colombia, donde incluso fue asesinado un candidato presidencial).
“La afectación a las instituciones y al Estado de derecho es indudable, permea de diversas maneras y tiene varias vertientes, ya que la actuación del narcotráfico conlleva un trasfondo político que busca manipular a la opinión pública y la percepción que se tiene de ellos”, señala por su parte la académica del IIEAM, Aidé Torres Chávez.
Apunta que son numerosos casos que demuestran el involucramiento de integrantes de la clase política con grupos del crimen organizado, en una especie de “narcopolítica”. Y cita varios ejemplos.
Édgar Valdez Villareal «La Barbie», lugarteniente del cártel de los Beltrán Leyva, publicó en 2005 desplegados dirigidos al presidente Vicente Fox, al secretario de Defensa, al procurador, gobernadores y candidatos a la presidencia de la República de 2006, a los que advirtió de la peligrosidad de Los Zetas y les pidió aplicar el estado de derecho sobre ellos, cosa que no hizo Felipe Calderón.
En noviembre de 2012, Villarreal difundió una carta en la que afirmó que el presidente Felipe Calderón le propuso unirse a un pacto que pretendía realizar con diversos líderes del narcotráfico y al haberse negado inició una persecución política en su contra.
Servando Gómez Martínez «La Tuta», líder de Los Caballeros Templarios y en su momento de la Familia Michoacana, acostumbró grabar sus encuentros con políticos, empresarios y periodistas, y en agosto de 2009 pidió diálogo con las autoridades federales para «hacer bien las cosas».
El michoacanazo es uno de los casos más emblemáticos en el alcance de la corrupción en sus estructuras de gobierno, subraya Torres Chávez. El 26 de mayo de 2009 fueron detenidos por la Procuraduría General de la República 38 funcionarios estatales y municipales del Partido de la Revolución Democrática acusados de tener relación con integrantes de La Familia Michoacana.
“Fue el primer gran golpe contra la narcopolítica en la historia del país, pero 16 meses después todos los implicados fueron liberados por falta de pruebas, a pesar de las investigaciones por parte de la Policía Federal, las denuncias ciudadanas y los testimonios de testigos protegidos”.
Para 2014 –continúa la analista-, ya en el gobierno de Peña Nieto, la crisis en Michoacán aún se mantenía, pero el nuevo escándalo vino del círculo cercano del entonces gobernador Fausto Vallejo, emanado del Partido Revolucionario Institucional. En julio, Los Caballeros Templarios divulgaron una grabación de la reunión del hijo del mandatario, Rodrigo Vallejo Mora, con Servando Gómez. Y Jesús Reyna, quien reemplazó a Fauso Vallejo, fue detenido por vínculos con la delincuencia organizada.
Otro ejemplo de narcopolítica, dice Aidé Torres, fue el del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y exlíder nacional de PRI (el mismo partido que llevó a la Presidencia de la República Peña Nieto), acusado de desviar 50 mil millones de pesos del erario. Fue detenido en enero de 2016 en España por lavado de dinero, cohecho y organización criminal, pero fue liberado al acreditar la procedencia de 200 mil euros.
Moreira tenía relación con Juan Manuel Muñoz Luévano «El Mono», operador de Los Zetas en Europa y aprehendido en España como parte de una investigación de la red de financiamiento de Los Zetas en el exterior. Está vinculado con el proceso contra Rolando González Treviño, exintegrante del mismo cártel, acusado de manejar cuentas del gobierno de Coahuila. Al declararse culpable ante la justicia de Estados Unidos, González acusó a Moreira de ser responsable de desvío de fondos que supuestamente se utilizaron para la campaña de Enrique Peña Nieto.
El 20 de julio del 2017, en un operativo de la Marina, fue abatido Felipe de Jesús Pérez Luna «El Ojos», líder del Cártel de Tláhuac, lo cual rompió con la burbuja de seguridad que se creía tenía la capital del país y de la que presumía el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera.
La criminalidad ha agredido a aspirantes a puestos de elección popular y los más afectados han sido los postulantes a presidentes municipales (más de 100 asesinados en los últimos años), regidores y diputados, recapitula la catedrática del Cesnav.
El fenómeno criminal no sólo amenaza a las fuerzas de seguridad del Estado, tiene impacto directo en la población civil que se ha visto amenazada, amedrentada y ha sido víctima de «daños colaterales», con su secuela de civiles muertos en enfrentamientos, fosas clandestinas, secuestros, desaparecidos y desplazados.
El proceso electoral de julio de 2018 enfrenta graves riesgos, incluso para la seguridad nacional, debido a la penetración de los miembros del crimen organizado en las estructuras políticas y de gobierno, insiste el politólogo de la UNAM, Emilio Vizarretea Rosales
“No solo es un tema de candidatos o de partidos políticos, sino de seguridad nacional, porque el incremento de la violencia afecta la estabilidad y la participación democrática de los ciudadanos”, subraya.
Coincide con la catedrática Aidé Torres en que la delincuencia organizada genera situaciones de “narco elecciones que derivan en una narco política en los procesos electorales, en el que la inseguridad, violencia, inestabilidad y pobreza colocan a la población en un clima de indefensión social, política y jurídica”.
Por ejemplo, apunta el catedrático, los candidatos y los partidos que tienen vínculos con el narcotráfico ponen en entredicho la seguridad de elecciones municipales y de gobernadores, incluso podría reproducirse un efecto en cascada que volvería insostenible cualquier política pública.
Añade que la respuesta de la sociedad en algunos estados frente a la actuación y crisis de las fuerzas políticas, es la búsqueda de salidas en las candidaturas independientes, las cuales, sin embargo “perdieron la sinergia que traían con los grupos sociales, sobre todo con los jóvenes, ante el desconcierto de falta de respuestas inmediatas a problemas sociales que requieren atención y continuidad”.
Vizarretea Rosales indica que con los candidatos independientes –85 de ellos registrados ante el Instituto Nacional Electoral para la elección presidencial- se diluye la fuerza política de la sociedad y se desorganiza, porque generan la disolución del voto y desagregación de la participación ciudadana, en un contexto en el que las fuerzas minoritarias (partidos políticos) pero organizadas mantienen el control del poder.
Es decir, abundan los independientes y dividen a los distintos grupos sociales que podrían articularse, y quién resulta beneficiada es la delincuencia organizada porque controla a la comunidad, a los gobiernos y se reproduce.
El doctor Nelson Arteaga argumenta que el proceso de recomposición política que vive el país permite que distintas personalidades busquen nuevas formas de participación, lo cual atrae a la sociedad hacia la figura de los candidatos independientes.
“Eso habla de que la vitalidad política en el país y los partidos políticos no se han agotado, han registrado un papel central en el Congreso de la Unión, donde juegan un peso central, y cualquier candidato independiente que llegue va a tener que negociar con los partidos”, apunta.
Hay estados con presencia de grupos criminales históricamente: Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, Jalisco y que por su actuación y capacidad de generar violencia y muerte se han colocado en el escenario mediático en el país.
Este escenario nos hace ver que tienen una presencia territorial y que tratan de influir de manera indirecta en las elecciones, lo cual no significa necesariamente que estén coludidos con los candidatos, sino que podrían influir para sus intereses sin necesidad de establecer un vínculo.
El caso de los gobernadores es ilustrativo, la presión de los medios ha hecho evidente actos de corrupción y puesto en duda su integridad que los ha colocado como posibles responsables de actos y vínculos con el crimen organizado, y desfalco a las arcas estatales.
Y es que con Peña Nieto no ha habido cambio alguno, salvo en algunos actores e instituciones, pero la forma de operar el aparato político está intacto, con todo y alternancia política, donde convive el autoritarismo gubernamental y otras instancias democráticas y en esa simetría es donde se está construyendo esta particular forma de hacer política en el país, concluye el catedrático de la Flacso, Nelson Arteaga.
Gobernadores sujetos a proceso penal o de extradición
Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, del PRI, extraditado el 17 de julio por Guatemala, preso en el Reclusorio Norte, sujeto a un proceso federal por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo (PRI), capturado por la Interpol el 4 de junio en Panamá, se encuentra preso en ese país. Está solicitado por México por lavado de dinero, peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública.
Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas (PRI), detenido en abril en Florencia, Italia, se encuentra preso en la cárcel de Sollicciano. El 21 de septiembre la Corte de Casación concedió su extradición, acusado en Estados Unidos de delincuencia organizada, lavado de dinero, narcotráfico y fraude bancario, y en México por delitos contra la salud.
César Duarte, exgobernador de Chihuahua (PRI), del 28 de marzo a la fecha se han librado 10 órdenes de aprehensión en su contra por peculado. Pese a que lleva más de medio año prófugo de la justicia y de que se ha girado la ficha roja en su contra, la PGR no ha solicitado a EU la orden de detención.
Andrés Granier, exgobernador de Tabasco (PRI), preso en el Reclusorio Oriente desde junio de 2013 y en julio trasladado a la Torre Médica del Penal de Tepepan, enfrenta tres juicios por defraudación fiscal y uno por peculado.
Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora (PAN), en noviembre de 2016 fue aprehendido y está preso en el Reclusorio Oriente por delitos de lavado de dinero, defraudación fiscal y delincuencia organizada.Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit (PRI), el 17 de abril un colectivo denominado Comisión de la Verdad, presentó ante la PGR una denuncia en su contra por peculado y enriquecimiento ilícito. El 2 de junio pasado la Seido atrajo la carpeta de investigación iniciada, pero no ha sido citado a declarar.
Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas (2005-2010), fue detenido el 6 de octubre por la Procuraduría General de Justicia del Estado, en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra por los delitos de peculado y lavado de dinero.
José Réyez
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De acuerdo con el derecho de réplica, Contralínea reproduce textualmente la respuesta del político Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, enviada como respuesta al trabajo “Crimen organizado amenaza la elección presidencial de 2018”:
SEÑOR DIRECTOR
CONTRALÍNEA
19 de octubre de 2017
En su edición de 18 de octubre publican un artículo titulado Crimen organizado amenaza la elección presidencial 2018 en el que me mencionan en los siguientes términos:
“Otro ejemplo de narcopolítica, dice Aidé Torres, fue el del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y exlíder nacional de PRI (el mismo partido que llevó a la Presidencia de la República Peña Nieto), acusado de desviar 50 mil millones de pesos del erario. Fue detenido en enero de 2016 en España por lavado de dinero, cohecho y organización criminal, pero fue liberado al acreditar la procedencia de 200 mil euros.
Moreira tenía relación con Juan Manuel Muñoz Luévano «El Mono», operador de Los Zetas en Europa y aprehendido en España como parte de una investigación de la red de financiamiento de Los Zetas en el exterior. Está vinculado con el proceso contra Rolando González Treviño, exintegrante del mismo cártel, acusado de manejar cuentas del gobierno de Coahuila. Al declararse culpable ante la justicia de Estados Unidos, González acusó a Moreira de ser responsable de desvío de fondos que supuestamente se utilizaron para la campaña de Enrique Peña Nieto.
Tales afirmaciones son absolutamente falsas. Sobre mí no pesa acusación alguno. Su artículo es sesgado al no indicar a renglón seguido que el juez español ordenó, tras escuchar los argumentos de acusación y defensa, mi puesta en libertad inmediata al considerar la ausencia de relación con delito alguno. Posteriormente acordó el archivo de la causa que ratificó por unanimidad un tribunal compuesto por tres magistrados de la Audiencia Nacional principal instancia judicial española, encargada de temas complejos como terrorismo o corrupción.
En cuanto al resto de difamaciones que incluyen me remito a la reciente sentencia 447/2017 de la sección número 16 de la Audiencia Provincial de Barcelona que ha obligado a rectificar al diario Cronica Global, de El Español, medio que ha tenido que publicar tal dictamen en estos términos por orden judicial: «El Sr. Humberto Moreira no tiene relación con el ciudadano mexicano D. Juan Manuel Muñoz Luevano, conocido como el “Mono Muñoz”. Tampoco tiene relación con el cártel de los Zetas ni ninguna otra organización criminal. Así consta en dos Autos del Juzgado Central de Instrucción nº1, de 22 de enero de 2016 y de 9 de febrero de 2016, dictados por el Juez titular que instruye el caso, en los que se declara que “no hay acto alguno que denote la comisión o siquiera preparación de ilícito alguno” y se acuerda el sobreseimiento y archivo de la causa respecto del Sr. Humberto Moreira, por entender que “no consta dato alguno en orden a la pertenencia de una organización criminal “».
Espero les quede claro que no tengo relación alguna con tales personas ni Muñoz Luévano, ni Gonzalez Treviño. Son estas mentiras que he tenido que contestar reiteradamente y que no dude llevaré a los tribunales dado que no puedo confiar en su profesionalidad para contrastar tales barbaridades, las diga quien las diga.
Atentamente
Humberto Moreira.
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