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Sao Paulo, Brasil. Lula ganó la elección. Conquistar o construir el poder es de las más arduas y difíciles tareas, sobre todo, con un Congreso, cuya mayoría es de opositores y oportunistas, donde impera el fisiologismo.
La misma base que lo eligió está fracturada. Partidos que debían estar juntos, como el Partido Socialista Brasileño (PSB) y el Partido Democrático Trabalhista (PDT), se han adherido a un bloque constituido por el presidente de la Cámara, Artur Lira, quien, con esto, acumula mucho poder.
Los partidos PDT (con 17 diputados) de Carlos Lupi y PSB (14) de Carlos Siqueira apoyaron el frente que eligió a Lula, pero ahora están junto con Artur Lira, presidente de la Cámara, el cual ha formado un súper bloque de 175 diputados. Esto consolida el poder de quién, en la legislatura pasada, presidió una dictadura de mayoría fisiológica. Integran, también, el Progressistas (PP) de Lira con 49; União Brasil (União), 59; Solidariedade, 5; Avante, 4; Cidadanía y PSDN (Federados).
Es la reacción de Lira a la formación del bloque de 142 diputados durante el mes pasado, el cual está conformado por el Movimiento Democrático Brasileiro (MDB), 42; PSD, 42; Republicanos, 42; Podemos, 12, y Partido Social Cristão (PSC), 4.
Fuera de los bloques están el Partido Liberal (PL) de Bolsonaro con 99 diputados; la Federación Brasil de la Esperanza, 81; Partido dos Trabalhadores (PT), 68; Partido Comunista do Brasil (PCdoB), 7, y Partido Verde (PV), 6.
En la realidad, la sociedad está fracturada por un intenso y prolongado trabajo de alienación; promovido por el neoliberalismo en el sistema comunicacional, cultural y educacional. Situación agravada en los últimos seis años –gobiernos Temer y Bolsonaro– por el uso intensivo de técnicas de guerra psicológica.
Como consecuencia, el Estado está también fracturado; impregnado no sólo por la presencia de militares en puestos de administración, sino también, por la ideología de caserna: derrotar al enemigo; no convivencia ni diálogo con el divergente. Estas últimas reglas son fundamentales de la democracia.
En las huestes bolsonaristas están los que antes de la captura del poder por los militares en 2018 votaban por Lula y aún por otros partidos, los cuales están de vuelta a la racionalidad y abandonan a los execrables.
La oposición está más activa que nunca y el sector radical perdió el sentido. “Radical” no es el término correcto; pues el comportamiento de los legisladores muestra total falta de decoro sin el menor respeto a la solemnidad del cargo de representar al pueblo y legislar. Casi todos los días, convocan a algún ministro para esclarecimientos en las Comisiones especializadas.
El 11 de abril durante la comparecencia del blanco preferencial de los radicales, el ministro de Justicia Flávio Dino, a la Comisión de Seguridad Pública, algunos parlamentarios proporcionaron un espectáculo de malas palabras y preguntas insensatas. Antes, a fines de marzo, ya había sido convocado por la Comisión de Constitución y Justicia.
Hasta ahora, la Comisión de Ética ignora esa falta de decoro que es un motivo para la pérdida del mandato. En la relación de ministros para ser convocados, están Silvio Almeida de Derechos Humanos; Luis Marinho, Trabajo; Renán Filho, Transporte; Camilo Santana, Educación; Nísia Trindade, Salud, y Sonia Guajajara, Pueblos Indígenas.
Hay muchos aciertos en la gestión de la presidencia de la República en estos poco más de 100 primeros días de gobierno. Uno fue la creación del Ministerio de los Pueblos Indígenas. Considerando que habían encontrado tierra arrasada, los avances son muy significativos, concentrados, obviamente, en las cuestiones de emergencias como la cuestión indígena, desmonte, salud y educación, reforma fiscal o las relaciones exteriores entre otras.
En Relaciones Exteriores, el protagónico es Lula desde antes de la toma de posesión. El mundo lo ve como un líder entre los abanderados por un nuevo orden. Ha ganado portada de la revista Times. Solamente en Brasil, los medios no lo reconocen y no lo respetan.
Involucrarse en un nuevo orden multilateral –fundado en la cooperación y desarrollo–, incitar al abandono del dólar como moneda de referencia, concertar con China –el mayor socio comercial– y el intercambio con monedas nacionales fueron medidas que lo ponen, sin duda, como un prócer (player como dicen) en el escenario global.
Buena pregunta hizo el presidente Lula en la inauguración del banco de los Brics, presidida por la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff: ¿Por qué las transacciones tienen que hacerse en dólar? Respondió que eso se va acabar. De facto, Estados Unidos implementó su moneda después de ocupar Europa al fin de la Segunda Guerra Mundial y mantener más de 800 bases militares en el mundo. Es decir, impuso la moneda por las armas.
Si el país fuera soberano –con control sobre la producción y exportación; además de economía planificada– esa directriz sería de aplicación inmediata. Como no lo es, va a sufrir resistencia de los sectores del agronegocio y exportación estadounidenses o subordinados a sus intereses.
Éste y la minería de exportación están en manos de grandes conglomerados empresariales, cuya patria son las bolsas de valores. Depende de la voluntad de ellos negociar en dólares o yuanes. Un país sin soberanía es más vulnerable, no tiene el control sobre los centros de decisión ni sobre la política monetaria y fiscal –ni siquiera logra bajar los intereses–.
¿Cómo reaccionarán los militares de estado mayor que integran el Comando Sur? Una de las más violentas contradicciones del actual gobierno es tener las fuerzas armadas y otras instituciones estratégicas sometidas a Estados Unidos. Para los estadounidenses, el abandono del dólar afectará a los ciudadanos. Entonces, se espera que reaccionen.
También ocurre que, en la práctica, la economía está dolarizada. Cierta élite empresarial y estatal piensa en dólares; acostumbra a pagar y cobrar en dólares. ¿Cómo reaccionarán los mayores exportadores? ¿Cómo reaccionarán Cargill, Shell, Bunge, Louis Dreyfus, Souza Cruz (lease British American Tobacco), la misma Vale y la Petrobras?
En el comercio exterior, hay un factor que juega a favor de la propuesta. En 2022, el agronegocio ha exportado 159 mil 100 millones dólares; 32 por ciento más que en el año anterior y 47 por ciento del total. Para China fue 32 por ciento; Unión Europea, 16 por ciento, y Estados Unidos, 6.6 por ciento. Siguen en orden de volumen de compra Irán, Japón, Tailandia y Corea del Sur.
Se ve que Estados Unidos pesa poco en la Balanza Comercial y puede ser sustituido, como hizo Rusia en respuesta al bloqueo impuesto por Washington y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). La conquista de nuevos mercados en el Medio Oriente, en Asia y África –aún en Europa– carente todo; principalmente energía y comida.
Lula pretende formar una agrupación de países neutros para mediar en la guerra de la OTAN contra Rusia que está acabando con Ucrania. Es acertado. No quiere, como no debe, entrar en ningún enfrentamiento armado. Menos aún en una que, más que una Tercera Guerra Mundial, se configura como continuación de la Segunda.
El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, se ha tardado para soltar el denominado “marco fiscal”, exigido por los fundamentalistas neoliberales fiscalistas. Pero acertó. No soy quién lo dice; es el propio FMI. El 13 de abril, e “impresionado” con la propuesta del ministro, Nigel Chalk, director adjunto do FMI, dijo que el marco fiscal es consciente de las necesidades brasileñas.
El sector de Justicia también está actuando bien; a pesar de ser uno de los principales blancos de ataque de la oposición; tanto en el área del Ejecutivo
–haciendo un infierno la vida del ministro Flávio Dino de Justicia– como los ataques a la Suprema Corte de Justicia.
Extrema estupidez de ciertos elementos bolsonaristas que incomodó nada menos que al diputado pastor Marco Feliciano, fundamentalista neopentecostal, quien llamó la atención de los legisladores por la falta de decoro con que interrogaron el ministro y pidió comportamiento civilizado y ético de la oposición.
En la Operación Lesa Patria del 8 de enero, la Justicia mandó la Policía Federal a investigar e interrogar a 89 oficiales de las fuerzas armadas por su involucramiento en los tumultos y atentados a bienes públicos. En verdad lo que hubo fue una intentona de golpe de estado para impedir la toma de posesión del presidente electo.
Hay que recordar que, durante la campaña de 2018, los generales decían que no admitirían la victoria de Lula; que, en el caso de que ganase, no tomaría posesión del cargo. Era una intención planeada. No fue preciso en 2019 porque ganaron; lo intentaron ahora porque perdieron. Nada ha sido de improviso.
Quedó evidente con el comportamiento de los comandantes, tanto de unidades regionales como el comando general. Entre los investigados, están el general Carlos José Russo Assunção Penteado, quien fue el segundo del GS en la gestión anterior; el general Heleno, uno de los jefes de la conspiración “Comando Militar do Planalto”; general Gustavo Henrique Dutra de Medeiros, y general Carlos Feitosa Rodriguez de la Secretaría de Seguridad y Coordinación Presidencial.
El actual comandante del Ejército, el general Tomás Miguel Miné Ribeiro, dice que inició el proceso de despolitización en los cuarteles; a ver sí funciona. Despolitizar es recuperar el papel institucional de la fuerza, volver a los cuarteles y obedecer al comandante en jefe que es el presidente de la República. Despolitizar es desvincularse de Estados Unidos; factor de desestabilización en el mundo.
Aún con relación a la intentona de 8 de enero, Lula ha dado instrucciones para no contratar empresas que participaron de los disturbios. Falta, sin embargo, investigar y procesar a los dueños de empresas que han financiado y estimulado las manifestaciones en Brasil con la intención explícita de impedir la toma de posesión del presidente electo.
El problema es que el Poder Judicial no sólo es lento, sino también, indulgente con el statu quo liberal. Pero, vamos a apostar a que está entrando en los ejes, tratando de establecer la seguridad jurídica necesaria y, de esa manera, los implicados en los actos anticonstitucionales serán investigados, procesados, juzgados y condenados. De lo contrario, esa gente seguirá conspirando y tumultuando el ambiente político; impidiendo que Lula gobierne tranquilo.
Hay mucho caso errado que la Justicia debe arreglar. Quizás la más importante sea el Lava Jato, fruto de una conspiración orquestada en Estados Unidos. Un artículo en la revista Carta Capital (12/04/23, páginas 36/37) cita un estudio de la GO Consultoría, el cual constata que el impacto del Lava Jato en el PIB es de 3.4 por ciento; es decir, aproximadamente 190 mil millones de reales –equivalente al PIB de Uruguay– y con el pretexto de pretender recuperar 10 mil millones de reales “en el combate a la corrupción”.
Le sigue un texto citando el Departamento Intersindical de Estudios Socio Económico (Dieese) en colaboración con la Central Única de Trabajadores (CUT). En éste, se estiman que la Operación Lava Jato es responsable por la extinción de 4 millones 400 mil puestos de trabajo; la mayor parte de alta calificación técnica ¿Cuánto cuesta reponer esa mano de obra especializada?
Gran obstáculo para la consolidación de la democracia ha sido la inseguridad jurídica; principalmente, en las dos últimas décadas. No se puede ignorar que los hechos, los cuales trastornaron el ambiente político han transcurrido con connivencia del Poder Judicial. La deposición de la presidenta Dilma Rousseff y la Operación Lava Jato son algunos ejemplos; junto con la farsa electoral de 2018 para mantener Lula prisionero, sin culpa formalizada, al ser el candidato que tenía mayor chance de ganar la elección.
Los tiempos son otros, la coyuntura es otra; aún la geopolítica mundial es otra. Las instituciones tienden a moldearse a las nuevas circunstancias, sin embargo, la correlación de fuerzas no cambia mucho. El componente político es, por demás, conservador; no hay sentimiento patrio. Está poco preocupado con la soberanía.
La oposición sigue dictando sus pautas; es decir, da temas a unos medios que no tienen remedio. Insisten en ser voceros del capital financiero y en defender los intereses de Estados Unidos; entendido como modelo de la civilización occidental y cristiana. Se alinean con el 10 por ciento de la humanidad en decadencia y crisis permanente. El gobierno de Lula está todavía perdiendo la batalla mediática ¿Hay forma de invertir ese juego?
Ciertamente la hay. Empieza por no asumir lo que dicta la oposición y enfatizar en las propias pautas. Contraponer la avalancha mediática con el empleo masivo de los presupuestos de comunicación y publicidad en medios propios y de terceros como los alternativas.
Hay que crear un sistema de comunicación que contemple televisión, radio y agencia de noticias estatales. Crear medios públicos, federales, estatales y municipales. Regular las radios que actúan al servicio de religiones o mezquinos intereses de grupos. La concesión de ondas de radio o televisoras tienen que exigir la prestación de servicio público.
Pero no basta. La tarea educativa “desfascistizante” tiene que involucrar a toda la gente de índole democrática. Hay que ser transversal en todas las instituciones del Estado e inducir a las entidades de la sociedad civil a hacer lo mismo.
Quiénes se dicen de izquierda tienen doble responsabilidad. Hay que elevar al máximo el esfuerzo en el trabajo de base. La gente movilizada durante la campaña electoral de 2018 no puede bajar la guardia. Hay que estar comprometido de llevar la verdad a las masas; la orden es conquistar los corazones con ella. Hay campo fértil para eso. La imagen del gobierno junto a la ciudadania es buena, incluso sin esa percepción; no hay que olvidar que el pueblo no lee.
Un sondeo de Inteligencia en Pesquisa y Consultoría Estratégica (Ipec) de marzo muestra que el promedio óptimo para Lula está en 41 por ciento en el Sur y Sureste y 53 por ciento en el Nordeste. Cada uno de esos encuestados tiene que asumirse como transmisor de la verdad; llevada por la militancia y por los empeñados en la construcción de un mundo mejor, libre de hegemonías con respeto a la soberanía e independencia.
Es preciso actuar con creatividad. Volver a instituir los consejos de gestión municipal; presupuesto participativo, comunidades de salud, educación, seguridad y cultura. Hay que tener una coordinación con los movimientos y organizaciones sociales. Como ha dicho Frei Betto en un artículo para Diálogos do Sul: “líder sindical es para trabajar en la base, estar con el trabajador, no participando de gobiernos o cualquier otra atribución”. Ocupar al líder popular para otra función lo anula.
La urgencia mayor está en la liberación nacional. Liberar la propia mente para recuperar la soberanía nacional.
Paulo Cannabrava Filho/Prensa Latina*
*Periodista, escritor, editor de la revista virtual multimedia Diálogos do Sul
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