105 normalistas rurales de Tiripetío denunciados penalmente

La primera normal rural de América Latina llega a los 100 años de intensa vida académica, estudiantil, política… y con 105 procesos judiciales vigentes contra igual número de estudiantes. Aureoles Conejo, al frente del Poder Ejecutivo de Michoacán, aliado con empresarios prominentes de la entidad, dejó un lastre de alumnos criminalizados, torturados, con lesiones físicas permanentes y bajo libertad condicionada. Los muchachos no se arredran: Tiri, en su centenario, es uno de los pilares del normalismo rural y de la FECSM

Tiripetío, Michoacán. De los 65 muchachos, 52 presentaban heridas sangrantes. Uno corría peligro de perder el ojo izquierdo. Luego de la refriega y detención, todos fueron obligados a pasar en medio de dos filas de policías que descargaron su odio sobre ellos a patadas, macanazos y pedradas. El escarmiento ocurrió al interior de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán.

Fueron apilados unos sobre otros, con las piernas abiertas, en cuatro líneas. Así se les obligó a permanecer por 4 horas. Al menor movimiento recibían macanazos o descargas eléctricas.

“Yo estaba en la fila 2. Me quedaba enfrente un compañero al que se le cayó su zapato, porque ya no tenía circulación sanguínea en el pie. Un policía se acercó, le pegó y se lo puso.”

El uniformado le advirtió al muchacho que si se le volvía a caer el calzado, se lo pondría a patadas.

“Al compañero se le volvió a caer su zapato. Lo voltee a ver y él volteó a verme. Su cara era de miedo. La mirada que reflejaba era de terror. Se acerca el mismo uniformado y le dice de manera muy tranquila: ‘Te dije, te dije, que si se te caía otra vez, te lo iba a poner a patadas…

“Y sí… Así fue…”

Eber es uno de los 65 normalistas detenidos el 18 de noviembre de 2020, cuando realizaban un boteo –una colecta de dinero– en la caseta de Zitácuaro, Michoacán. Debe detener su narración porque la voz se le quiebra.

El Centro de Derechos Humanos José Revueltas –organización que ha acompañado y documentado la defensa de los estudiantes– informa que entonces se les imputaron los delitos de robo de uso, lesiones y ataques a las vías de comunicación.

Los alumnos se movilizaban porque, con el pretexto de la pandemia, el gobernador Silvano Aureoles Conejo (2015-2021) ordenó retener el presupuesto de la normal que ya había entregado, incluso por adelantado, el gobierno federal. La intensidad de las movilizaciones había avanzado, pues los alumnos contaban 6 meses de no recibir los insumos para el comedor ni las becas alimenticias. Literalmente, tenían hambre.

El enojo de los estudiantes se alimentaba día con día porque eran públicos los señalamientos del gobierno federal de que no debía nada al gobierno de Aureoles Conejo. El propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó en dos de sus conferencias de prensa matutinas que su administración había entregado todos los recursos que correspondían a la entidad michoacana de los Ramos 28 y 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación.  Tales rubros incluían el presupuesto educativo y, específicamente el de las dos normales de Tiripetío y Cherán, esta última de carácter indígena pero con los cinco ejes del normalismo rural: académico, político, productivo, cultural y deportivo.

La falta de recursos durante 6 meses había hecho transitar a los alumnos por todas las fases que marca la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) cuando es necesario movilizarse. La primera, de difusión, había quedado atrás hacía varios meses.

“Estábamos en fase radical para que nos liberen el recurso del comedor. Estamos hablando de 6 meses en los que no recibimos un peso de las tres comidas diarias. Fueron 6 meses en los que Tiripetío se mantuvo de pie como pudo. Por qué ese afán de retener el presupuesto”, cuestiona Carlos.

En ese tiempo los estudiantes de Tiri subsistieron con la solidaridad de las demás escuelas normales rurales hermanadas en la FECSM, organizaciones sociales de Michoacán y de varios estados del país y de las comunidades de la Meseta Purépecha.

La Policía del Estado arremetió contra los estudiantes y lo que vino fue un enfrentamiento de varias horas. Los alumnos buscaban atención médica a los heridos cuando fueron interceptados y llevados a la Fiscalía de estado, donde ocurrieron las torturas narradas por Éber.

Ya bajo el nuevo gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, el 19 de febrero de 2022 se celebró una audiencia judicial en la que se dictó la suspensión condicional del proceso contra los alumnos. El Centro de Derechos Humanos José Revueltas informa que tal suspensión se acordó bajo la condición de que los normalistas se reporten cada mes durante medio año y continúen con sus estudios. De cumplirse estas disposiciones, se concluirían los procesos penales.

Sin embargo, no es el único caso. Otro hecho de represión con resultados de criminalización de la protesta ocurrió el 27 de mayo de 2020. Luego del enfrentamiento, las autoridades eligieron al azar a siete de los alumnos detenidos para castigar las movilizaciones.

Por el bloqueo de las vías del tren cercanas a la normal, que los estudiantes había realizado como medida de protesta, se les acusó a estos siete de ataque a las vías generales de comunicación. También, de posesión de armas prohibidas, daño en las cosas y lesiones.

Los siete fueron encontrados “culpables” y sentenciados mediante proceso abreviado que llevó el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad.

Cuatro estudiantes fueron sentenciados a penas de 1 año con 3 meses de prisión. Y a 1 año con 15 días de cárcel a los otros tres. Además, a todos se les impuso una multa que se podrá sustituir por 83 jornadas de trabajo a favor de la comunidad y se les condenó al “pago de la reparación del daño”.

En estos momentos cumplen la sentencia en libertad porque se les conmutó por otra multa y más trabajo a favor de la comunidad. Pero tienen suspendidos sus derechos civiles y políticos. Les preocupa a estos alumnos que, gracias a esta sentencia, ya cuenten con antecedentes penales, cuando uno de los requisitos para obtener trabajo como profesor es el no contar con este tipo de antecedentes.

La representación jurídica de los alumnos, informa el Centro de Derechos Humanos José Revueltas, se encuentra en diálogo con las autoridades administrativas y judiciales para la sustitución de penas y el otorgamiento de beneficios.

Además, existen aproximadamente 33 carpetas de investigación y causas penales contra normalistas rurales de Tiripetío y de Cherán. Destacan la causa penal 118/2021 por el delito de robo, en la que se está pidiendo que el estudiante acusado pague 154 mil pesos por concepto de reparación del daño, y la causa penal 136/2021, por el supuesto delito de robo de uso, por el que se exige una reparación del daño de 57 mil pesos.

Fue el modus operandi de Aureoles para tratar de someter a la normal y, finalmente, colgarse la medalla frente al empresariado de haber sido el gobernador que logró cerrar la normal. Ante cualquier reclamo de justicia y protesta, el gobierno respondía con la apertura de carpetas de investigación.

Además de la Fiscalía, un grupo de empresas insisten –hasta la fecha– en criminalizar a los estudiantes. Se trata de la Red de Autopistas de Occidente SAPIB de CV; Aero Supply Cargo, SA de CV, Servicio de Mensajería; Bachoco; Pepsi; Cadena Comercial Oxxo, SA de CV.

“Ese sexenio marcó a la normal más que cualquier otro. Reflejó desde un principio su ausencia de compromiso con la educación”, señala Rogelio, integrante del Comité Estudiantil de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga.

“Esta cacería de normales es ya es una tarea encomendada a cada gobernante –reflexiona–. Porque, como bien sabemos, las Normales Rurales no ocupamos un lugar con ellos en la mesa, porque no pensamos igual.”

Una decena de murales se elaboran en los muros de esta Normal. Serán inaugurados en la ceremonia y fiesta que las 17 normales de la FECSM, las comunidades purépechas del Consejo Supremo Indígena de Michoacán y organizaciones campesinas y obreras de todo el país preparan para el domingo 22.

Las actividades en la semana previa no cesan: ensayos de los grupos de danza y música, conferencias sobre la educación en México, el normalismo y las luchas sociales. Mientras, decenas de mujeres y hombres crean murales con motivos políticos: allá, el andar firme de trabajadores de hoz y martillo; acá la estrella roja y los rostros de Carlos Marx, Federico Engels; más allá, Emiliano Zapata con campesinos e indígenas armados.

La Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga se inauguró originalmente en Tacámbaro el 22 de mayo de 1922. Luego de dos reubicaciones, en 1949 se instaló de manera definitiva en Tiripetío

Estas escuelas constituyeron el proyecto educativo más acabado de la Revolución Mexicana. En una sociedad mayoritariamente campesina, sirvieron de modelo para educar a las poblaciones de América Latina. Inspiraron la fundación de otras normales rurales en regiones de Perú y Bolivia.

Los observaban como un modelo a seguir, explica Tanalís Padilla, doctora en Historia Latinoamericana por la Universidad de California en San Diego. La profesora-investigadora de Historia en el Massachusetts Institute of Technology agrega eran parte de un esfuerzo por llevar la educación a lugares remotos rurales de los países, en “un intento por dar a la población una identidad nacional, y sentir orgullo de esa identidad nacional”.

Autora de Unintended Lessons of Revolution: Student Teachers and Political Radicalism in Twentieth-Century Mexico (Duke University Press), sobre el normalismo rural mexicano, señala que, “sin la necesidad de romantizar, se puede decir categóricamente que sí, que las normales rurales han tenido un papel importantísimo dentro de la educación en México”.

Señala que han sido fundamentales para la formación de una identidad nacional, así como figuras de gran conciencia social. “No son instituciones perfectas. Las normales rurales, como cualquier institución que contiene seres humanos, van a tener sus imperfecciones y sobre todo si están presentes dos de sus características: si sufren de precariedad como ha sucedido y si están en constante asedio. Pero, eso no les quita que hayan sido absolutamente fundamentales en el sistema de educación mexicano”.

También saluda que los normalistas rurales se asuman marxistas leninistas, pues es la herramienta que se han dado para entender que la pobreza no es un designio de Dios, sino del despojo que una clase social sobre otra. Y que eso se puede cambiar.

“Cuando veo a las normales rurales, me impresiona cómo después de 100 años han logrado mantenerlas y mantener la crítica. Por ejemplo, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) no se dejó coaptar, como lo hicieron la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la CNC [Confederación Nacional Campesina]. Estas instituciones que  también vienen del cardenismo, de la época revolucionaria terminaron siendo apéndices del Estado. Y la FECSM no, eso es muy impresionante.”

Zósimo Camacho, texto, y Carlos Sánchez, fotos / Enviados