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El gobierno de Andrés Manuel López Obrador llega a la mitad de su periodo y ya puede presumir un nuevo rostro del Estado mexicano. Incompleta la transformación aún y con largo trecho por recorrer, pero las bases de su proyecto se han asentado. Especialistas en ciencia política, economía y geopolítica consultados por Contralínea coinciden en que el logro más visible es haberle devuelto al Estado mexicano su “función social”.
Por separado, señalan que ahora el Estado mexicano tutela una mejor distribución del ingreso, la justicia económica y social y la procuración –para toda la población– de derechos básicos, como la alimentación, la salud y la educación. Pero reconocen que el neoliberalismo sigue vigente y los grupos de interés no han sido desplazados totalmente de las estructuras del sistema político mexicano.
Para algunos, es un asunto de tiempo, pues 3 años no pueden sustituir casi 40 años de neoliberalismo. Para otros, se trata de una imposibilidad ante la sujeción económica que ejerce Estados Unidos y a que el obradorismo tampoco tiene como propósito emprender una trasformación más radical, a semejanza de la impulsada por gobiernos de América del Sur a principios de siglo.
Todos señalan, sin embargo, que con la continuidad de las actuales políticas México podrá crecer a tasas del 6.6 por ciento en los próximos años, similares a las del periodo llamado Milagro Mexicano (1940-1970), y muy por encima del raquítico 2 por ciento del periodo formalmente neoliberal (1982-2018).
A mitad del sexenio, el gobierno de López Obrador consumó 55 reformas constitucionales, a leyes federales y a leyes secundarias. En número son inferiores a las concretadas por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en sus respectivas primeras mitades de periodo, pero son de otro calado, explican. Otorgan más derechos económicos, políticos y sociales y ordenan una planificación estratégica de la economía.
Otras resultan polémicas, como la de creación de la Guardia Nacional como nueva Fuerza Armada y las que otorgan más facultades en seguridad pública y en aspectos económicos a las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).
Y otras han quedado pendientes, entre ellas de carácter fiscal, financiero y económico que deberían consolidar una mejor distribución del ingreso, que paguen más impuestos los que más riqueza concentran y se regulen, entre otros, los servicios de la banca privada. Una más ha quedado rezagada y, al parecer, en confrontación con la “cuarta transformación”, o 4T, del país: la de derechos y cultura indígenas, que recuperaría los Acuerdos de San Andrés y reconocería la autonomía de los pueblos, tribus y naciones originarias para decidir sobre sus territorios y recursos.
La primera mitad del sexenio de López Obrador estuvo atravesada por varios procesos, observa Aníbal García Fernández, investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag). Dos de ellos de carácter internacional: la pandemia de Covid-19 y la crisis internacional del capitalismo que viene profundizándose desde 2008.
En la parte nacional, López Obrador goza de legitimidad social. Según las encuestas, cuenta una aprobación superior al 60 por ciento, algo que a la mitad de los sexenios anteriores ningún presidente había tenido, observa el académico. Sí hay un desgaste, como ha reconocido el propio presidente, pero sigue contando con legitimidad social.
Adscrito al Observatorio Lawfare del Celag, García Fernández señala que son evidentes los cambios con respecto de las administraciones anteriores. Se han concretado reformas de carácter social que intentan darle otro cariz y otra perspectiva al Estado mexicano: en materia de hidrocarburos, electricidad, para el combate a la corrupción, para transformar la Fiscalía General de la República (FGR) y leyes secundarias para favorecer la democracia participativa, con figuras como la consulta ciudadana y la revocación del mandato.
Además, en materia de contención de la violencia, se creó la Guardia Nacional y está desplegándose en el territorio nacional con sus propios cuarteles. “Pero no basta para detener esta espiral de violencia que viene desde [Felipe] Calderón [2006-2012]”. Se avanza pero falta todavía bastante. Se ha criticado el proceso de militarización, “pero no se puede eliminar de un plumazo que los militares se encarguen de la seguridad pública en tanto no haya una policía preparada y con capacidad de despliegue nacional”.
Georgette Ramírez Kuri, investigadora invitada en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), señala que el gobierno de López Obrador, a 3 años de iniciado, regresó la función social al Estado mexicano. Considera que, en términos generales, es esa la gran diferencia con los anteriores gobiernos neoliberales “que robaron a las clases trabajadoras”.
Tal despojo se ejecutó en los sexenios pasados a través de una sistemática reducción de los salarios y el recorte al gasto público. Todo, en detrimento del acceso de la mayoría de la sociedad mexicana a la vivienda, salud, educación.
Maestra y doctorante en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ramírez Kuri observa que el Estado comienza a hacerse cargo de nueva cuenta de la economía y de la redistribución de la riqueza.
El doctor en economía y maestro en ciencias económicas Ernesto Bravo Benítez está de acuerdo en que lo que más ha caracterizado al gobierno de López Obrador ha sido “la parte social”. Señala que “los programas de atención a los grupos marginados han sido el eje rector en unión con principios de austeridad fiscal”.
A este respecto, celebra los esfuerzos en la redistribución del ingreso pero recomienda ser “más proactivos en la parte económica más allá de los grandes proyectos de inversión que este gobierno está impulsando”. Por ello, en la segunda mitad del sexenio se debe aprovechar la oportunidad “de apuntalar económicamente a sectores que históricamente han estado desatendidos” y en los que se debe invertir no sólo con programas sociales sino con infraestructura.
“Es necesario redoblar el esfuerzo, más allá de los programas; también es necesario crear puertos, infraestructura carretera y aeroportuaria; y no concentrar todo el esfuerzo en los estados del sur y del sureste, pues se debe atender también la parte centro y la parte noroeste del país, que también falta equiparla de manera importante”.
El investigador en estudios hacendarios y del sector público del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM advierte que el neoliberalismo en México no ha terminado, pues se impuso durante una etapa de casi 4 décadas. Esta forma de concebir el proceso económico se institucionalizó y, por ello, es complejo cambiarlo en una sola administración. El gobierno de López Obrador ya ha impulsado cambios importantes, pero sigue incrustado en áreas del quehacer económico, señala.
“La nueva administración va a medio camino y se va a llevar todavía lo que resta del sexenio para modificar inercias institucionales y pasar a una etapa post-neoliberal de impulso al desarrollo económico del país.”
La determinación política de transformar al Estado se observa con claridad en los sectores estratégicos de México, como el energético y el de infraestructura, considera Ramírez Kuri.
Con estudios de geografía crítica en la Universidad de Sao Paulo y de geopolítica en la Universidad Estatal de Río de Janeiro (de Brasil ambas instituciones), señala que el gobierno actual ha dado giros claros con respecto de lo que se hizo en los gobiernos anteriores. Ejemplifica con los esfuerzos por fortalecer las empresas estatales que, reconoce, son muy pocas luego de casi 4 décadas de neoliberalismo.
La reforma energética y la política aplicada por el obradorismo en 3 años son diametralmente opuestas a las seguidas entre 1982 y 2018. Mientras que en los sexenios pasados estaba encaminada a desmantelar Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ahora se trata de fortalecerlas.
Explica que el petróleo y la electricidad son dos rubros estratégicos para cualquier economía del mundo y observa que el gobierno de la 4T “sí ha implementado una serie de decisiones políticas encaminadas a que estas empresas tengan un mejor posicionamiento dentro del mercado y puedan tener mayor competencia en el mercado internacional, por ejemplo”.
Claro, señala, faltan muchas reformas y cambios “y sería deseable que se profundizaran algunos de los que se empezaron ya a trazar. En 3 años de gobierno no puedes tirar 3 décadas de avance neoliberal.”
Considera que, en sentido contrario a lo que dice la oposición sobre que este gobierno improvisa, “yo veo todo lo contrario”. Explica que bajo el neoliberalismo no se planificaba, “más bien se dejaba pasar”. El gobierno era de lo más laxo con tal de no afectar los intereses de los grandes capitalistas. Ahora hay una serie de estrategias en las que basa sus acciones y sus decisiones de política en los diferentes ámbitos: político, geopolítico, económico y social.
“Sí veo que se están tratando de articular estas dimensiones lo mejor posible; hay muchísimos especialistas que están ocupando cargos. Contrario a lo que dice la oposición, la cuarta transformación no está centralizada en una figura. Sí hay gente muy capaz que está puesta estratégicamente en cada una de las secretarías, en cada uno de los niveles de gobierno.”
Reconoce, sin embargo, que sigue habiendo muchos errores al interior del gobierno. Hay personas que provienen de otros partidos políticos y, por lo tanto, mantienen otras prácticas, otras formas de hacer política. “Pero eso me parece que está cambiando y tiene que seguir cambiando”.
La planeación estratégica también se refleja “en la complejidad de los proyectos de infraestructura para la integración territorial, en los programas para fortalecer las empresas estatales, en la reestructuración al interior de las Fuerzas Armadas. Se puede ver que al menos hay un cambio en la intención y objetivos. Que esos proyectos logren concretarse, ese es otro problema”.
Georgette Ramírez Kuri agrega que uno de los grandes esfuerzos es la captación de ingresos fiscales; por ello ha logrado una recuperación millonaria que regresa al erario y que se redistribuye entre la sociedad mexicana.
También hay esfuerzos muy importantes para regularizar los salarios, observa. Es una política integral que busca incrementar de manera sostenida el salario mínimo por encima de la inflación y regularizar la subcontratación u outsourcing. Al mismo tiempo, hay esfuerzos por regularizar los empleos y por incrementarlos para dinamizar el mercado interno.
Lo anterior va de la mano con la promoción de los derechos laborales y el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores, como el derecho a la vivienda. Ramírez Kuri ejemplifica con los créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) que, con bajas tasas de interés, se busca que nuevamente el acceso a las viviendas por parte de las clases trabajadoras sea mayor.
Por su parte, el experto en economía financiera Ernesto Bravo Benítez destaca que en materia económica “hay cambios importantes” en 3 años de gobierno. Explica que alcanzan no sólo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la de Economía, sino al propio Banco de México (Banxico) a pesar de ser un organismo autónomo de la administración pública federal. Cita como ejemplo que el actual gobernador, Alejandro Díaz de León, haya estado de acuerdo en utilizar el recurso del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el manejo de la deuda. “Esta actitud de quién gobierna un ente autónomo tan importante como el Banco de México no se hubiera entendido en un contexto anterior.”
A esto se suman medidas como la de la autonomía para la FGR, la transparencia que en la administración pública federal y una firme política tributaria desde el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la SHCP para captar recursos de los grandes contribuyentes que durante muchos años fueron consentidos fiscalmente. Además, la incorporación ˝eficiente” de las Fuerzas Armadas no sólo a labores de seguridad sino aquellas que tienen un impacto económico.
Especialista en geopolítica latinoamericana, Gerogette Ramírez observa que la diplomacia mexicana dejó de ser un medio de los funcionarios para seguir enriqueciéndose. Hoy se ve más claramente apegada a la Doctrina Estrada y dejó de favorecer intereses extranjeros en México o intereses de determinados mexicanos en el extranjero.
El papel que está desempeñando ahora la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) es “muy relevante” en varios sentidos. Primero, porque retoma el multilateralismo. Es decir, “a pesar de nuestra vecindad con Estados Unidos, a pesar de tener un 80 por ciento de actividad comercial con ese país y del problema que existe en las fronteras norte y sur por el flujo migratorio desde Centroamérica, sí se ha podido marcar una serie de límites a Estados Unidos”.
Observa “una fuerte intención” por parte del gobierno mexicano de acordar una agenda bilateral en común. México ahora está poniendo sobre la mesa cuáles son sus intereses y a partir de ellos negociar con Estados Unidos. “Y ver cuáles son los intereses que tienen en común ambos países para, entonces, acordar una agenda”.
La nueva relación se construye también con el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá (Tmec), pues México pugnó siempre por el aspecto laboral, es decir, “defender los derechos laborales de los trabajadores mexicanos; ése había sido un tema ríspido en esas negociaciones”.
Otro aspecto a destacarse de la negociación económica México-Estados Unidos es el relanzamiento del Diálogo Económico de Alto Nivel. Tal instrumento había estado suspendido algunos años y nada se hacía para equilibrar en la relación las asimetrías y la desigualdad que existe entre países como México, Estados Unidos y Canadá.
Ramírez Kuri explica que el nuevo papel de México es benéfico para los tres países en su conjunto. “Me parece que se reconfigura en sí misma la región de América del Norte porque México se reposiciona. Ya no va a ser una relación a partir de una desigualdad salarial, en cuanto a políticas o en cuanto a subsidios. México está buscando un tratado que sea mucho más equitativo en ese sentido”.
Este reposicionamiento político y económico de México en el concierto internacional se vio reflejado en la adquisición de las vacunas contra la Covid-19. La pandemia vino a mostrar claramente la multilateralidad que México ha impulsado en su política de relaciones exteriores. Por ello ha logrado tener un portafolio de vacunas extenso.
“Existen ahora nueve vacunas autorizadas para aplicarse en el país, y el origen de estas vacunas es diverso, es decir, son de origen chino, ruso, de la India, de Reino Unido y también de Estados Unidos”, destaca Ramírez Kuri. Explica que el programa de la vacuna transfronteriza es también resultado de la política social que está llevando a cabo el gobierno de México actualmente.
Sin embargo, México camina en zona minada, advierte Aníbal García Fernández. Estados Unidos cuenta con muchos mecanismos para presionar a México en el momento en que considere que ha rebasado la “independencia” que puede tolerar.
Experto en relaciones de Estados Unidos con América Latina, García Fernández observa que es una realidad que México hace funciones de contención de los migrantes. Es una medida que se tuvo que aceptar precisamente por las presiones de Estados Unidos.
En este rubro, señala, hay una política de continuidad con los gobiernos anteriores de parar a los migrantes. Sigue este proceso de ser, para Estados Unidos, una especie de primer filtro de migrantes de varias partes del mundo. “Esto va seguir y puede hacer crisis a nivel nacional y bilateral con Estados Unidos”.
Otro aspecto de tensión con Estados Unidos es la política energética que ha desarrollado el actual gobierno mexicano. Varios think tanks y cabilderos de petroleras estadunidenses protestan por la política mexicana de fortalecimiento de Pemex y la CFE. Pero el gobierno de López Obrador busca reducir la dependencia que tiene el país de las gasolinas extranjeras, explica García Fernández. Por ello la construcción de la refinería de Dos Bocas y el fortalecimiento de las seis refinerías que ya tiene el país y el impulso de la petroquímica.
El doctor Ernesto Bravo, catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM, señala que el neoliberalismo seguirá dominando amplios márgenes de la economía mientras no haya controles al sector financiero. Explica que este sector sigue teniendo injerencia en decisiones económicas importantes. Por ejemplo, señala el investigador, “siguen siendo muy altas las tasas de interés y los gastos administrativos que a los cuentahabientes o deudores cargan”. Falta aún una regulación a este sector que sigue obteniendo beneficios que en ninguna otra parte obtiene. Es un sector altamente oligopolizado”.
Además, propone bajar la banca de desarrollo al primer piso, junto con la posibilidad de, una vez tomada esta decisión, hacer uso de al menos una tercera parte de las reservas internacionales para financiamiento de proyectos productivos. Asimismo, considera necesario establecer tanto el impuesto Tobin como el impuesto Buffet.
El primero, para gravar la entrada, salida o ambas, de inversión de cartera. “Ésta es una forma de controlar la balanza de capitales por la parte fiscal”. El segundo, un impuesto especial para el 1 por ciento más rico de la población. “No es posible que los más ricos de este país paguen una tasa de ISR [Impuesto Sobre la Renta] personal de máximo el 35 por ciento, cuando un trabajador con ingresos de 30 a 40 mil pesos ya está cercano a esta tasa”.
Además, señala Bravo Benítez, México tiene dejar de concentrarse casi exclusiva en el Tmec, en el contexto externo, y replantear el federalismo fiscal, en el interno. Se debe “convocar en serio a los estados y los municipios, hacer un esfuerzo”, para que no dependan sus ingresos en el 90 por ciento de la federación, en el caso de los estados, y del 75 por ciento en el de los municipios. “Que sean autónomos desde el punto de vista tributario les da más libertad para que con más información puedan ellos impulsar sus propios programas de desarrollo, más allá de lo que la federación pueda dictarles”.
El maestro Aníbal García Fernández coincide en que vienen 3 años de retos importantes para la 4T. En materia de reformas, falta la de la Guardia Nacional. Si bien se aprobó la que le dio origen a esta nueva Fuerza Armada, ahora va por la consolidación de su carácter militar. El otro reto es el de la reforma fiscal. Va a generar mucha oposición, advierte García Fernández, sobre todo de los grupos económicos que van a estar pugnando por la defensa de sus intereses. Estos grupos están enquistados en las estructuras del Estado porque constitucionalizaron sus intereses económicos. La reforma fiscal permitiría sustentar las bases de un proceso de transformación.
Observa que la realización de esta reforma va a depender de la correlación de fuerzas que haya y del apoyo social que mantenga el gobierno federal. Si no tiene apoyo social, no podrá hacerlo.
Explica que si no hay apoyo social, el gobierno difícilmente se va a radicalizar. “Y no estamos hablando de una radicalización como la de gobiernos progresistas de América del Sur. Hablamos de por lo menos hacer que las grandes empresas paguen impuestos; hacer que las pequeñas y medianas tengan más oportunidades de crecer ante grupos oligopólicos y monopólicos nacionales y trasnacionales. En el fondo, es sentar las bases que permitan al país un desarrollo endógeno, que es algo que perdió México desde 1982”.
Georgette Ramírez Kuri considera que la 4T ya hizo su mayor número de reformas del sexenio. El mejor escenario para las reformas era el de la primera mitad, los primeros 3 años, cuando contaba con mejores condiciones y una ventaja más amplia en el Poder Legislativo. Estas reformas se hicieron en los sectores que más preocupan al proyecto encabezado por López Obrador.
Advierte un periodo más conflictivo que la primera mitad. Y, considera, hace falta una “autocrítica” del actual gobierno ante la pérdida de espacios en el Poder Legislativo.
Los riesgos que observa para la segunda mitad están encabezados por la relación con Estados Unidos, sobre todo en el tema comercial. Hasta ahora ambos gobiernos han sido cautelosos y han podido hacer prevalecer las coincidencias. Pero “en muchas cuestiones no van a coincidir; por más que estén tratando de negociar una agenda en común, bilateral, cada país tiene sus propios intereses y, por ejemplo, en la cuestión energética son intereses contrarios”.
Otra probable fuente de conflictos en la segunda mitad del gobierno es el sistema judicial, advierte Ramírez Kuri. Lo anterior, porque es una instancia a la que está recurriendo la oposición como su campo de acción, al que no tener más incidencia de la que quisieran en el Ejecutivo y el Legislativo. “Justo el poder Judicial es un poder que no es elegido por voto popular, lo cual hace que no tenga transparencia, que la rendición de cuentas sea muy difícil”. Y los intereses creados últimamente están defendiendo su autonomía, pero a conveniencia de ellos mismos.
“La oposición no tiene una base social de la cual el actual gobierno deba preocuparse, pero sí llama mucho la atención que no hayan aceptado una sesión extraordinaria para discutir la revocación de mandato. Es paradójico porque la oposición sí quiere la salida de López Obrador, pero no legal, pareciera que no quieren una salida que sea legítima o que sea votada por la gente y, sobre todo, el precedente que deja la revocación de mandato. Parece que la oposición se inclina por vías golpistas, a lo mejor no un golpe militar, pero sí un golpe judicial”.
En la agenda bilateral con Estados Unidos hay dos temas que coinciden en las preocupaciones de los dos países: la migración y el narcotráfico. México ha propuesto un cambio en el combate a estos dos problemas y Estados Unidos ha tenido que ceder. Inclusive ahora el gobierno de Biden presenta como propia la propuesta de México de enfrentar las causas de la migración y no sólo llenar las fronteras de militares. Con ello, y aunque no lo hace abiertamente, Estados Unidos, ha tenido que aceptar parte de su responsabilidad para solucionar estos problemas.
Al mismo tiempo, el gobierno mexicano descentraliza el narcotráfico como problema, observa Georgette Ramírez. Porque no sólo es el tráfico de drogas, es todo lo que implica: tráfico de armas, de personas, de vehículos, de combustibles robados, es decir, el problema se tiene que abordar como toda una economía que se ha generado por el narcotráfico.
“Una propuesta como la de aplicar el programa Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro sí es justo darle la vuelta” a soluciones que privilegiaban el uso de la fuerza y que tenían escasos resultados. “Ahora se trata de solucionar problemas por la vía pacífica y ya no por la vía militar”.
“En la parte positiva veo que va a ser un periodo en el que se concreten muchos proyectos, sobre todo proyectos de infraestructura, y sí se va a notar ese cambio en cosas materiales.”
México vive conflictos eco y socioterritoriales de larga data, señala el latinoamericanista Aníbal García Fernández. Hay una continuidad, respecto de algunos proyectos, que están generando conflictos sociales. En primer lugar, el del Tren Transístmico que buscaron construir los presidentes Carlos Salinas, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto. Muchos grupos se han opuesto porque implica partir el país a la mitad, observa. Lo que no se debe perder de vista es el carácter geopolítico del proyecto. “Ese interés lo tiene Estados Unidos desde, por lo menos, el Siglo XIX”.
Tiene una connotación geopolítica y económica, explica. Estados Unidos y sus grandes refinerías están tratando de pasar por ahí una gran cantidad de refinados y productos petroquímicos. El otro aspecto es la migración, pues implica interponer una frontera que no es física, pero que es de la acumulación de riqueza que sirva para la contención migratoria.
El otro asunto, a decir de García Fernández, es el del Tren Maya. Es más conflictivo porque se enfrenta a otra configuración histórica y territorial del país. Desde 1994, luego del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se construyeron “numerosos y grandes procesos organizativos”, como los Caracoles. “Le va a explotar este tema al presidente; no creo que sea algo tan sencillo como aplicar ese tipo de consultas que fueron criticadas” por no respetar el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo signado por México. “Va ser algo que va a tener que enfrentar”.
Para López Obrador, explica, el Tren Maya es una manera de buscar el desarrollo de esa región del país que tiene los índices de pobreza más altos. Advierte que el proyecto de Andrés Manuel no es anticapitalista. Sí es distinto al neoliberal y plantea cortar este proceso de desgarre forzado del país.
Señala que los gobiernos neoliberales implantaron tres patrones territoriales de organización económica distinta: el del Norte, el del Bajío y la parte Centro y el del Sur. Este último, totalmente desligado de la economía nacional en algunos aspectos como el de la agricultura y el del sector manufacturero.
A este respecto, “no hay que perder de vista que México está profundamente ligado a Estados Unidos. Entonces cada decisión debe tener en cuenta que va a haber repercusiones” en la relación bilateral y en cada uno de los países.
“Y el proyecto del Tren Transístmico y el Tren Maya son parte de esto. El margen de acción que tiene el presidente se reduce bastante. El actual gobierno mexicano está costantemente probando la posibilidad de poder conducirse por fuera de los márgenes del neoliberalismo y el Tratado de Libre Comercio, pero no hay mucho margen.”
Agrega el Tmec, antes Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es una camisa de fuerza para el gobierno de López Obrador. En términos generales no puede salirse de ese margen de acción porque sería ponerse contra los intereses imperialistas de Estados Unidos y tampoco es estratégico hacerlo. Hay que tener en mente que este tipo de temas no están por fuera de la lógica de la política estadunidense.
El segundo trienio será de crecimiento económico, luego de la crisis mundial generada por la pandemia de Covid-19, asegura el maestro en ciencias económicas y doctor en economía Ernesto Bravo Benítez. “Ya maduran en el corto plazo grandes proyectos de producción y de inversión” que consolidará a México como una plataforma logística de exportaciones atractiva para los cuatro puntos cardinales.
“México está llamado a ser un centro logístico internacional; la Ruta de la Seda también va a pasar por México en la parte marítima y es algo que ya está más que visualizado, de tal manera que si la actual administración es capaz, sobre todo con estos cambios que se hicieron en la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, de articular la política monetaria, fiscal y cambiaria en una dirección de fortalecimiento productivo, el país se va a recuperar.”
Confía en que la recuperación de la economía mexicana será muy por encima de la registrada durante los 38 años de neoliberalismo. No sería “para nada suficiente” si el crecimiento fuera del 2 por ciento, como en todo ese periodo. “La apuesta, tratando de leer directamente tanto los documentos básicos que guían la política económica del gobierno como entrelíneas, apunta a una recuperación de tasas de crecimiento de entre 4 o 4.5 puntos porcentuales del PIB”.
Advierte que tales tasas promedio anual pasan por fortalecer el Estado de derecho, en donde la certidumbre de las inversiones sea mayor. En ese sentido, podría llegar a recuperar las tasas históricas previas al neoliberalismo, “en dónde por más de 50 años fue del 6.5 por ciento el crecimiento real. Estamos haciendo referencia a lo que sirvió este en este país durante el famoso Milagro Económico; lo podemos recuperar sin lugar a dudas”.
Señala que durante todo el periodo neoliberal el crecimiento económico del 2 por ciento no sólo es raquítico. Explica que si se considerara la expulsión de 12 millones de connacionales al exterior, incluso no se habría registrado crecimiento alguno. “Si ellos se hubieran quedado en el país, con esta tasa de crecimiento el PIB per cápita hubiera sido 0.0. Esa válvula de escape finalmente significó para algunas familias mexicanas poder salir adelante”.
Considera que lo que viene para México “es una etapa muy interesante” en donde se están generando las condiciones que se le negaron al país por mucho tiempo. “México ya empieza a ser reconocido. Las condiciones están puestas para que, haciendo bien las cosas, México se consolide. Necesitamos por supuesto invertir mucho más en ciencia, tecnología e innovación. Esa es la piedra angular, junto con las medidas que comentábamos, que va a catapultar a este país”.
En el ámbito de la política interna, observa Aníbal García Fernández, los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) van a seguir en su alianza que han sustendado desde 2012. Ahora su campo de acción intentan extenderlo a organismos internacionales. Al menos llevan seis visitas al extranjero con este fin. La última vez fueron a la Organización de los Estados Americanos (OEA), pero también se reunieron con el Wilson Center.
“Este think tank no es menor. Es de los que han hecho cabildeo importante para aprobar todas las reformas constitucionales de Peña Nieto y anteriores. Panistas, priístas y perredistas están buscando la forma de generar alianzas y encontrar espacios en el centro de poder de Estados Unidos, que saben que podrían ponerle un alto a Andrés Manuel. Si hay algo que recorra la historia de México es el fantasma de Estados Unidos.”
García Fernández considera que estos grupos políticos están buscando en Estados Unidos la legitimidad que no tienen en México. Pero tampoco cuentan liderazgo, cohesión, bases ni organización. Lo único que les queda es el golpeteo económico y mediático y la búsqueda de aliados en organismos internacionales.
Pero que no tengan legitmidad no significa que no tengan poder, aclara. “El pocer económico no está por fuera del poder político. Van juntos. Se van determinando [estos grupos] unos a otros. Sí han sido medianamente desplazados del Estado y no encuentran facilidades en el gobierno actual como las tuvieron antes”.
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