A normalistas rurales les siguen violentando sus derechos: defensor Martínez

FOTO: JAVIER ALVARADO

La desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no es un hecho aislado: a los normalistas rurales les siguen violentando sus derechos humanos, señala el defensor Alejandro Martínez. Como ejemplo, cita entre otros casos el de las tres alumnas de la Normal Rural de Teteles, Puebla, recientemente expulsadas por hacer actividad y ejercer sus derechos políticos

La agresión en contra de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 –que derivó en la desaparición forzada de los 43 jóvenes y el asesinato de seis personas– no se circunscribió a un hecho aislado o espontáneo. Históricamente, a los estudiantes de ese modelo educativo se les ha atacado y estigmatizado, y se  les siguen violando sus derechos, señala en entrevista Alejandro Martínez  integrante del Centro de Derechos Humanos José Revueltas.

“En la actualidad, los normalistas rurales siguen siendo violentados en sus derechos a nivel colectivo y personal. De hecho, los mismos estudiantes de Ayotzinapa han sido detenidos en incidentes posteriores a 2014; no sólo detenidos arbitrariamente, sino también torturados. Por ejemplo, es el caso del 1 de junio de 2021, cuando acompañaron a las mujeres de la Normal Rural de Teteles, Puebla, y se manifestaron junto con otras delegaciones, otras escuelas normales rurales, por la solución a su pliego  petitorio de esa Normal Rural de Puebla, y fueron detenidos 43 personas, en una desafortunada coincidencia, entre ellos dos choferes de camiones que los que iban transportando al lugar, cinco estudiantes de Ayotzinapa –uno de ellos sí fue claramente torturado y todavía es estudiante de la normal rural–, y también estudiantes mujeres y hombres de otras normales rurales sufrieron malos tratos por parte del gobierno de Puebla, encabezado por el gobernador morenista Miguel Barbosa Huerta”.

El defensor de los derechos humanos expone otros ejemplos de actos de represión recientes contra alumnos y alumnas de las 16 Escuelas Normales Rurales que existen en el México, todos ellos integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. A inicios de julio pasado, indica, fueron expulsadas tres estudiantes de la Normal Rural de Teteles, Puebla, que eran parte del Consejo Estudiantil, por hacer actividad y ejercer sus derechos políticos.

Alejandro Martínez señala que detrás de estas represiones hay políticos que ocupan o han ocupado cargos públicos relevantes. Al respecto, recuerda que el exprocurador general de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam –actualmente preso bajo acusaciones de tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia en el caso Ayotzinapa–, “fue parte del gobierno de Hidalgo y en su momento también reprimió a normalistas rurales en la década de 1990”. El priísta gobernó Hidalgo del 1 de abril de 1993 al 28 de octubre de 1998.

Otro caso que cita es el del perredista Ángel Aguirre Rivero, que en 2014 era gobernador de Guerrero, y quien previamente a la llamada noche de Iguala –como gobernador interino– ya había reprimido a la Normal Rural de Ayotzinapa.

El integrante del Centro de Derechos Humanos José Revueltas destaca el caso del exsecretario de Gobernación de Peña Nieto, el priísta Miguel Ángel Osorio Chong, de quien acusa: “también es uno de los responsables por ser titular de esta dependencia que se dedica a hacer el espionaje  político, el seguimiento de todos los movimientos sociales del país. Recordemos que Osorio Chong también tuvo que ver con la desaparición o cierre o receso como se le ha dicho de la Escuela Rural del Mexe”. El 6 de julio de 2008, dicha escuela fue cerrada durante el gobierno de Osorio Chong.

Alejandro Martínez subraya que este problema está vigente y que ocurre incluso en algunos gobiernos estatales que se reivindican en el acuerdo de la cuarta transformación. Éstos, señala, siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos.

Agrega que en el caso de Michoacán ha habido incidentes relacionados con movilizaciones estudiantiles, “como el accidente automovilístico en el cual un estudiante de la Normal Rural de Tiripetío quedó en estado de coma”. Fue el 25 de julio de 2022 cuando el chofer de un autobús de pasajeros atropelló al estudiante en la carretera Morelia-Pátzcuaro, luego de que los alumnos pidieran apoyo económico en ese tramo. Tras ese hecho, el chofer se dio a la fuga y los jóvenes incendiaron el camión.

Otro ejemplo que pone el activista es el ocurrido el año pasado cuando 95 estudiantes de la Normal Rural de Mactumactzá, Chiapas, fueron detenidos. Los hechos ocurrieron el 21 de mayo de 2021 durante una protesta estudiantil: 74 mujeres y 21 hombres fueron encarcelados.

Al respecto, observa que “sólo hasta que ya son incidentes graves de confrontación física o detenciones, o como en el caso del estudiante de Michoacán que casi pierde la vida, las autoridades federales vuelven a poner atención, pero no es necesario llegar a eso sino que se puede tener una política de prevención y de garantizar los recursos suficientes a las normales rurales y a la protección a sus derechos”.

En ese contexto, añade que “los ataques al normalismo han continuado y en el caso de la Normal Rural de Teteles incluso se buscaba desaparecerla. “De hecho, el gobierno de Puebla, el gobernador en concreto a través de los directivos de la escuela tenían  proyectados para agosto [pasado] desaparecer el internado, incluso ya lo habían avisado a algunas estudiantes;  y gracias a la defensa que estamos llevando en el Centro de Derechos Humanos José Revueltas se ha impedido que prosperen estos ataques, estas acciones jurídicas”.

El defensor de derechos humanos agrega que “ya se abrió una carpeta de investigación en contra del director del plantel, Antonio García Ordóñez, y los dos subdirectores, porque parece que algunas autoridades esperan a que haya otro incidente similar al de 2014 para poder volver a poner el foco. De ahí la trascendencia del informe de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa para que haya garantías de no repetición y reparación integral”.

Al respecto, añade que la reparación podría implicar desde la disculpa pública, hasta el hecho de que “se reivindique la memoria de todas las Normales Rurales, no sólo de Ayotzinapa si no de todas las que integran la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, y que haya garantías de no repetición, que se busquen acciones concretas para que se eviten otros incidentes”.

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