La construcción del Acueducto Independencia –impulsada por el gobierno sonorense y la Conagua, y que implica más de 3 mil 900 millones de pesos– no ha garantizado las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad, revela la Auditoría Superior de la Federación. Además, la asignación de los contratos se hizo sin la participación de testigos sociales que avalaran la transparencia de las licitaciones. Ante el desacato en el que ha incurrido el gobierno de Padrés Elías de varias órdenes judiciales, que exigían detener los trabajos, el caso será juzgado por la Suprema Corte
Los 3 mil 900 millones de pesos que se invertirán en el Acueducto Independencia podrían constituir un daño patrimonial contra las finanzas públicas de Sonora y del país, advierte Javier Castelo Parada, exsenador del Partido Acción Nacional (PAN).
Su afirmación se deriva de las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la obra, en su más reciente informe de resultados. Y es que el máximo órgano de fiscalización señala que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno de Sonora –encabezado por el panista Guillermo Padrés Elías– no cumplieron las disposiciones normativas aplicables respecto del procedimiento de licitación y adjudicación del Proyecto Integral para el Diseño y Construcción del
Acueducto Independencia.
Se trata de la licitación 55201001-001-10 por un monto de 2 mil 834 millones 202 mil 900 pesos, que equivale al 72.6 por ciento del monto total que se destinará a la que se considera la obra hidráulica más importante de ese estado.
Al fiscalizar la licitación, los auditores federales determinaron que la contratación de la obra no se ajustó a un proceso que garantizara las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.
Además, en la auditoría de inversiones físicas 10-0-16B00-04-1078, la ASF indica que el Fondo de Operación de Obras Sonora Sí –encargado local de la ejecución de la obra– incurrió en diversas omisiones durante el proceso de licitación. Una de ellas fue que incluyó en las bases requisitos que “limitaron la competencia y libre concurrencia de los participantes”.
Otra anomalía fue que ninguno de los licitantes cumplió con la experiencia y capacidad técnica previstas en las bases de la licitación. Para los auditores federales, la evaluación de las propuestas y adjudicación del contrato fueron deficientes y, como resultado se adjudicó, al licitante que ocupó el cuarto lugar, se incluyó un criterio relativo a la evaluación del proyecto fuera de la normativa aplicable.
De acuerdo con el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010, la Comisión Nacional del Agua “omitió solicitar a la Secretaría de la Función Pública la designación de un testigo social 20 días hábiles antes de la publicación de la convocatoria e informar que los trabajos se efectuarían con recursos federales y estatales”.
Esto provocó que los procedimientos de licitación se realizaran sin un testigo social, alfil en el combate a la corrupción, pues tiene la función de proponer acciones que igualen las condiciones de los licitantes, la calidad y el precio de las contrataciones; así como promover acciones de eficiencia, eficacia, imparcialidad, transparencia.
Las ganadoras fueron Mezquite Construcciones; Terracerías Construcciones y Vías Férreas; Constructora Miramar; Inmobiliaria Carlos Alberto; Tecnoasfaltos y Terracerías; Proyectos y Consultoría del Desierto; Gluyas Construcciones; Constructora Trax; La Azteca Construcciones y Urbanizaciones; Grupo Krene; Afel Constructores; Desarrollos Tecnológicos del Noroeste; CSI Ingenieros México; Acuícola del Desierto; y Proyectos y Supervisión JH Romero.
“Es vergonzoso para quienes somos militantes del PAN, lo que se desprende del proceso de licitación. Huele a corrupción porque las observaciones no se han aclarado. Esto puede convertirse en un daño patrimonial”, indica el político Castelo Parada, opositor a la obra.
Las irregularidades detectadas por la ASF no acaban ahí. En su calidad de promotora del proyecto, la Conagua no remitió a la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el dictamen de evaluación de costo-beneficio del proyecto por lo menos 20 días hábiles antes del inicio del procedimiento de contratación.
Suprema Corte atrae el caso
Desde sus primeros pasos, la polémica construcción del Acueducto Independencia ha sido impugnada ante instancias judiciales por la comunidad yaqui, una de las tribus indígenas más importantes del Norte del país. En 2011, la jueza 8 de Distrito del municipio de Cajeme, María del Rosario Alcántar Trujillo, ordenó la suspensión de la obra que aún sigue en curso. Ante el desacato, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya atrajo el caso. Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó al gobernador sonorense a evitar un conflicto social y detener la obra.
In-lak-ech (tú eres otro yo) es la frase con la que recibe la
comunidad yaqui a todo aquel que pretende entrar a los terrenos de esta nación indígena, que desde 2011 impugna en tribunales, junto con los agroindustriales de la zona, para detener la construcción del Acueducto Independencia. El caso fue atraído por la SCJN, el pasado 13 de agosto.
Además, existe la orden judicial para detener la obra que costará más de 3 mil 900 millones de pesos al erario. El proyecto contempla recorrer 152 kilómetros de tierras sonorenses y podría afectar a los agricultores del Valle del Yaqui, así como a uno de los pueblos indígenas más combativos en el Norte del país, conformada por más de 32 mil personas.
Dicho proyecto consiste en la construcción de un acueducto que desde la presa Plutarco Elías Calles o El Novillo –ubicada al Oriente de la ciudad de Hermosillo– transportará el vital líquido hasta su descarga en la presa Abelardo L Rodríguez, con una trayectoria de 152.4 kilómetros, de los cuales 45.4 desembocan por bombeo y 107 por gravedad; y cuenta con los siguientes elementos: obra de toma, rebombeos, acueducto, dos plantas potabilizadoras y obras complementarias para la recepción y distribución del agua.
El amparo y la SCJN
Las autoridades tradicionales yaquis advierten que los funcionarios del estado han pretendido dividir a la tribu mediante diversos ofrecimientos. Tomás Rojo Valencia, segundo gobernador de Vícam, explica en entrevista que la tribu tiene un acuerdo con la sociedad de los siete municipios del Valle del Yaqui para defender el agua para todo el Sur de Sonora.
“El gobierno del estado no cesa en subestimar a nuestro pueblo, aunque con ello tengan que desacatar lo que dice la Constitución. El problema en nuestra comunidad es que los funcionarios intentan aprovecharse de la ignorancia de nuestra gente, hay quienes ni siquiera hablan español”, acusa el líder indígena.
Esta comunidad interpuso ante instancias legales un amparo para que se detuviera la obra del Acueducto, misma que fue resuelta el 4 de noviembre pasado. “Nuestra demanda de amparo a la justicia federal fue aceptada en sus términos y luego que debimos invertir mucho tiempo y recursos para nuestro pueblo celebramos con gusto”.
“Cuando en el documento legal aparece: ‘la justicia de la Unión protege a la tribu yaqui en contra de las autoridades responsables de los actos reclamados’ –dice el representante y líder de la tribu– hubo alegría en nuestros rostros y esperanza en nuestros corazones. Vemos una posibilidad de que nuestra nación no desaparezca y con ello se trunque el futuro de nuestros hijos, herederos de nuestras tradiciones milenarias”.
Y es que la jueza 8 de Distrito del municipio de Cajeme, María del Rosario Alcántar Trujillo, ordenó dejar sin efecto la licitación para la construcción del Acueducto Independencia.
Alcántar Trujillo dio vista al agente del Ministerio Público federal, “para que haga valer lo que a su representación corresponda”, e inicie una averiguación previa contra las autoridades.
“Con esta orden judicial se obligó a las autoridades del estado a detener las obras del Acueducto Independencia, anunciadas el 6 de octubre de 2010. Dos meses después, el gobernador Guillermo Padrés inauguró los trabajos de construcción, que trasvasará anualmente 75 millones de metros cúbicos de agua desde el Sur de la entidad a la capital sonorense” (
Contralínea 240).
Castelo Parada dice que el pasado 13 de agosto fue informado de que la Suprema Corte había atraído el caso: “Me llamó el magistrado Arturo Pueblita Pelisio, secretario de la presidencia [de la SCJN], para decirme que el máximo tribunal había decidido ejercer sus facultades sobre el caso”.
CNDH exhorta a Padrés a suspender la obra
La CNDH, a cargo de Raúl Plascencia Villanueva, emitió la recomendación 37/ 2012, a través de la cual exhorta al gobernador Guillermo Padrés a suspender la construcción del Acueducto Independencia.
El ombudsman nacional pidió que se instruya a los funcionarios que instrumentan el Fondo de Operación de Obras Sonora Sí, para que se lleve a cabo la suspensión provisional de las obras relacionadas con la licitación y desarrollo del proyecto.
Además, el organismo autónomo insta a que se giren instrucciones para crear mecanismos eficaces “para que el agua se trate como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico”. Con esto, el gobierno de Padrés Elías deberá privilegiar el diálogo y el respeto a los derechos humanos.
La CNDH también pidió al gobernador colaborar ampliamente con la institución “en el trámite de la queja que se promueve ante la Secretaría de la Contraloría General del estado de Sonora en contra de los servidores públicos que intervinieron en los hechos, y se remitan a este organismo nacional las evidencias que le sean requeridas, así como las constancias que acrediten su cumplimiento”.
Yaquis en conflicto histórico: INAH
En la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este organismo reproduce el informe del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) donde se explican los “conflictos” históricos por los que ha atravesado la tribu yaqui.
Mediante el oficio 034551, del 28 de mayo pasado, el INAH informó al organismo que dicha tribu ha vivido a lo largo de su historia en los márgenes del Río Yaqui. La misma que se divide en los pueblos: Cócorit, Bácum, Tórim, Vícam, Pótam, Ráhum, Huírivis y Belem, situados en los municipios de Cajeme, Bácum y Guaymas.
El INAH detalló que “uno de los problemas que han enfrentado los integrantes de la tribu yaqui es el acceso al agua; el cual en las últimas décadas se ha incrementado, debido a que el caudal de agua del río del mismo nombre es bajo, y la mayoría de sus escurrimientos son utilizados para surtir de agua a otras ciudades, así como en la agroindustria y en lo que se conoce como el Valle del Yaqui…”.
El Instituto destacó que el Río Yaqui es fundamental en la “ritualidad y cosmovisión” de la tribu, pues “es el principal elemento productivo del grupo. Es parte de los mitos de creación y símbolo en el llamado huya ania (el mundo del monte), lugar mítico en el que deambulan seres benignos y malignos que le dan sentido a la normatividad de ese grupo étnico”.
Semarnat vulnera derechos indígenas: CNDH
El 19 de abril de 2011, autoridades tradicionales del pueblo de Vícam solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, el cual fue resuelto por el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán Sinaloa.
El 4 de mayo de 2012, el juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar otorgó el amparo y protección a los integrantes de la tribu yaqui, para que el director general de Impacto y Riesgo Ambiental adscrito a la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dejara insubsistente la resolución en materia de impacto ambiental (emitida el 23 de febrero de 2011), que autoriza la construcción del proyecto Acueducto Independencia, a fin de que se otorgue a la comunidad indígena la garantía de audiencia previa.
Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el hecho de que la Semarnat haya omitido salvaguardar el derecho de audiencia y consulta del pueblo yaqui, además de vulnerar un aspecto de elemental sentido procesal y de importancia constitucional, constituyó una trasgresión al derecho al debido proceso.
Remite a la sentencia del caso Pueblo Saramaka vs Surinam, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señala que “en los casos de planes de desarrollo de gran escala que pudieran tener mayor impacto en los territorios indígenas, el Estado tiene no sólo el deber de consultar con la comunidad, sino también debe obtener el consentimiento previo, libre e informado de conformidad con sus costumbres y tradiciones”.
Eduardo Flores, integrante del movimiento ciudadano por el agua que agrupa 22 mil usuarios de la sociedad del distrito de riego del Valle del Yaqui, dice que es increíble que se siga construyendo una obra sin estudio de impacto ambiental. Con seis juicios de amparo y un desacato por parte del gobierno estatal, y que el gobierno federal avale una ilegalidad, es un mensaje social muy peligroso. “Confiamos en que la Corte atraiga los demás casos que impugnamos y que sean favorables a la población”.
Fuente: Contralínea 301 / Septiembre de 2012
