Archivos secretos y oportunismos legislativos

Meses antes de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, 11 de octubre de 2009, personajes como Alejandro Muñoz Resendiz se prestaron a ser el instrumento mediante el cual el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa buscó desaparecer al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), con el fin de que los planes oficiales de privatizar al sector eléctrico no encontraran resistencia alguna.

Como tal propósito no fue alcanzado, se echó a andar otra estrategia para tratar de minar el movimiento de resistencia que decidió dar la lucha por la defensa de los derechos de miles de electricistas y por la dignidad misma de la organización emblemática del sindicalismo independiente y de las causas sociales del país.

Echando mano de otros tantos esbirros, el gobierno de Calderón y después el de Enrique Peña Nieto trataron de impulsar un movimiento espurio para que quienes corrieron a liquidarse en 2009, exigieran desde fuera la desaparición del SME y la venta de sus bienes.

Y así como en su momento se les dio puntual respuesta con la fuerza de la convicción ideológica y la unidad sindical, en el sentido de que el patrimonio smeita no es propiedad de nadie y pertenece a las futuras generaciones de electricistas, ahora de nueva cuenta se les notifica que sus intentos por desestabilizar al SME van a fracasar. No es casual que este tipo de disidencias alentadas por los gobiernos en turno aparezcan en tiempos de elecciones internas.

Valga recordarles que ni el Estado, con toda su fuerza de represión, pudo detener un movimiento que luchó con dignidad hasta alcanzar la victoria, menos podrán hacerlo ahora quienes desde las curules muestran no solo un marcado oportunismo sino una falta absoluta de originalidad en sus propuestas.

Hace unos días los medios dieron cuenta de una petición hecha en el Congreso por dos diputadas de Morena que plantearon un punto de acuerdo para desclasificar los documentos reservados por el gobierno de Calderón Hinojosa en torno a la extinción de Luz y Fuerza y el ilegal decreto que justificó la represión y el atropello en contra de 44 mil electricistas que de un día a otro se quedaron sin empleo.

Las legisladoras omitieron decir que tal propuesta se presentó meses atrás en el Poder Legislativo por los miembros del Comité Central del SME, quienes el 29 de octubre de 2018 dirigieron tal petición a las Juntas de Coordinación Política de la LXIV Legislatura en las cámaras de Diputados y Senadores.

En la primera, la misiva fue dirigida al presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, y al legislador Manuel Rodríguez González, presidente de la Comisión de Energía; en la Cámara Alta, al presidente de la Comisión del Trabajo, Napoleón Gómez Urrutia; al presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, y a la entonces senadora Norma Rocío Nahle, nombrada meses después como secretaria de Energía.

En el documento se argumentó que el gobierno de Calderón buscó por todos los medios dejar sin pruebas, para su defensa jurídica, al SME, al determinar la reserva de valiosa información por 12 años, con el fin de que no saliera a la luz pública la documentación de diversas dependencias implicadas en el ilegal proceso de extinción de la empresa pública. Por tal motivo, el SME solicitó al Senado la desclasificación de estos archivos a fin de restaurar los derechos humanos y laborales de los trabajadores electricistas, despojados en un simulado golpe de estado de su fuente de trabajo y su contratación colectiva.

En la petición al Congreso, el SME hizo hincapié es que esta desclasificación de los archivos reservados por Calderón –guardados bajo siete llaves cual si se tratase de un secreto de Estado o de información que pusiera en riesgo la seguridad nacional–, no bastaba para reconstruir al atrofiado Estado de Derecho.

“Es necesario revisar y poner a debate público la actuación de la SCJN que convalidó el ilegal decreto y revirtió el amparo que le daba la victoria jurídica al SME”, se ponderó a los legisladores, advirtiendo desde entonces: “Al margen del oportunismo de individuos y grupos ajenos a nuestro sindicato que, en nueve años no actuaron jurídica ni políticamente a favor de los electricistas, les solicitamos formalmente, a nombre de nuestra organización:

“La desclasificación de los documentos reservados por Felipe Calderón de la extinción de LyFC, probatoria de la ilegalidad del decreto de extinción y evidencia de la desaseada actuación de la administración pública federal en el proceso de extinción de este organismo público.

“La revisión de la actuación dolosa del Poder Judicial de la Federación que le dio legitimidad constitucional al ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza y nos privó de la sustitución patronal de la Comisión Federal de Electricidad”.

Y como tercer punto se planteó a los legisladores de Morena: “En tanto el conflicto con el SME no está concluido, a consecuencia del incumplimiento de los acuerdos por el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, se hace procedente reclamar la sustitución patronal en CFE y el pago de los pasivos laborales referidos por el propio decreto de extinción a favor de los trabajadores de LyFC”.

Es vital que millones de mexicanos conozcan la verdad histórica sobre uno de los más graves atropellos cometidos contra la clase trabajadora, porque además de enfrentar una brutal represión, el SME debió luchar en contra de un bloqueo absoluto de la información oficial que contenía las pruebas para su defensa jurídica, aún sin las cuales logró que en septiembre de 2012, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo emitiera una sentencia en contra del laudo de la JFCA y obligara a la CFE a asumir la sustitución patronal.

Como una de las peores vesanias de la Suprema Corte, sus ministros revocaron el fallo del Colegiado en enero de 2013 bajo uno de los más absurdos argumentos jurídicos, en el sentido de que los organismos descentralizados no formaban parte directa del Poder Ejecutivo.

Pero también es de suma importancia que la opinión pública se entere de quiénes son estos personajes que en todos estos años de lucha nunca estuvieron al lado de los miles de guerreros y guerreras del SME que dieron la batalla al Estado para luchar por sus empleos y brindar un porvenir a sus familias, defendiendo la permanencia y el futuro de su organización.

En quienes hicieron posible la victoria smeita, se decantaron los fundamentos ideológicos e históricos de la organización centenaria del sindicalismo mexicano que una vez más con su voto libre, directo y secreto, sabrán defender con la fuerza de la democracia interna a la autonomía del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Cabe preguntar a quienes desde San Lázaro buscan ganar notoriedad con la propuesta del SME de desclasificar los expedientes ocultados por Calderón, porqué no presentan una iniciativa de ley para que el Ejecutivo decrete la creación de un nuevo organismo público descentralizado que atienda a la zona centro del país y recupere el empleo para todos los electricistas despedidos, haciendo válidos su derecho de antigüedad y su contrato colectivo.

¿Qué les hace falta? Su partido tiene la mayoría en las dos cámaras y por tratarse de una ley y no de una reforma constitucional, bastaría con el 50 por ciento de los votos para sacarla adelante. Ojalá sean congruentes y asuman su responsabilidad legislativa antes que buscar los reflectores en un oportunismo que resulta ofensivo para aquellos que con su lucha y dignidad demostraron que pese a todos los artilugios del Estado, se pueden alcanzar victorias cuando existen la unidad y convicción inquebrantables.

Martín Esparza*

*Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas

[OPINIÓN CONTRALÍNEA] [ARTÍCULO] [S] [D]