Ayotzinapa, herida abierta y deuda pendiente

El caso de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa está estancado y ha permanecido así desde que la investigación tocó al Ejército, acusa el señor Mario González, padre del joven normalista César Manuel González, desaparecido el 26 de septiembre de 2014. A una década del crimen de Estado, padres y madres se dicen decepcionados porque en el sexenio de López Obrador sus hijos no fueron encontrados y tampoco se desveló la verdad; acusan que quienes conducen la investigación actualmente lo hacen con sesgo para favorecer a la Sedena. También observan que las líneas de investigación no han alcanzado al expresidente Peña Nieto, a quien consideran parte del entramado que intencionalmente ocultó la verdad, manipuló las escenas y obstaculizó las indagatorias. No obstante, mantendrán diálogo con la doctora Sheinbaum para continuar la búsqueda de sus muchachos el próximo sexenio

Ayotzinapa significa injusticia, impunidad y corrupción. A 10 años de uno de los crímenes más atroces en la historia reciente del país, aún se desconoce el paradero de los 43 jóvenes normalistas, desaparecidos forzadamente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la noche del 26 de septiembre de 2014. Mientras los días avanzan, la verdad parece cada vez más lejana para los padres y madres, quienes señalan la deuda pendiente que aún tiene el Estado mexicano con las víctimas.

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) para localizar a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, la investigación se ha enfrentado a un entramado de irregularidades que han complicado aún más el caso: desde la manipulación de las escenas del crimen en las primeras horas posteriores a la desaparición y toda la construcción de la mal llamada “verdad histórica”, hasta la desaparición material de testigos clave, el pacto de silencio, la liberación de más de 80 presuntos implicados y la fuga de Tomás Zerón –actor clave en el caso–, son parte de la retahíla de obstáculos.

Aunado a lo anterior, los familiares de los normalistas rurales señalan que la falta de acceso a las 800 fojas supuestamente en poder del Ejército también ha frenado los avances. Ello, porque sospechan que en esos documentos podría haber información clave sobre el paradero de los jóvenes. Con enojo, algunos denuncian lo difícil que se ha vuelto su lucha debido a la manipulación de pruebas que se dio durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

“Hay que recordarlo, hay que saber que el gobierno de Enrique Peña Nieto manipuló todas las investigaciones, movió toda la gente que estuvieron operando esa noche, todo cambiaron, todo movieron los documentos. En vez de que de verdad buscaran a nuestros hijos, no los buscaron porque empezaron a encubrirse entre ellos mismos. Por eso estamos a casi 10 años sin alcanzar la verdad, sin alcanzar la justicia”, acusa en entrevista para Contralínea la señora Cristina Bautista, madre del joven Benjamín Ascencio Bautista.

A diferencia de lo que ocurrió en el sexenio pasado –cuando el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, pidió a los familiares resignarse y pasar la página–, el gobierno de López Obrador declaró que la desaparición de los 43 estudiantes fue un crimen de Estado, porque involucró a funcionarios de los tres órdenes de gobierno y del Poder Judicial (pues jueces y magistrados han contribuido a la impunidad al liberar a presuntos implicados en los hechos).

En el tema de las responsabilidades, incluso se ha señalado al expresidente, porque habría asistido a la “junta de autoridades” donde se habría construido la llamada “verdad histórica”, que ocultó de forma deliberada hechos que podrían llevar a conocer el destino de los normalistas.

Además de Peña Nieto, en esa reunión también participaron el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el exsecretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos; el exsecretario de la Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz; el exprocurador Jesús Murillo Karam;  el exjefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño Mayer; el exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Eugenio Ímaz Gisper; el exencargado del despacho de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Jorge Hugo Ruiz Reynaud; y el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón Lucio.

Ello, de acuerdo con la información que reveló el entonces subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, durante la presentación del Segundo informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj). A pesar de esos señalamientos, los exfuncionarios aún no han sido vinculados a proceso.

Para el diputado sobreviviente de Ayotzinapa, Manuel Vázquez Arellano, el problema es mucho más grande de lo que en un inicio se dimensionó. “No sólo se trata de una buena voluntad política de un gobernante. No basta eso. Creo que entonces estamos ante un problema de impunidad mucho más complejo, que ya no sólo está en el Ejecutivo federal o la Fiscalía General de la República, está en el resto de instituciones. Hay toda una lógica, hay una inercia de funcionamiento de las viejas instituciones, y aunque hay un cambio en el país político, económico, social, esto no alcanza todavía como para remover”.

Al respecto, el legislador dice a Contralínea que si bien con la transición cambiaron muchos funcionarios arriba, “abajo sigue el aparato burocrático intacto. Muchas personas le deben sus cargos a antiguos funcionarios, a antiguos políticos. En la Fiscalía pasó o pasa mucho: muchos de los fiscales que se encargaban de investigar el caso le debían su cargo, su puesto ahí, su plaza incluso, su carrera judicial y política […] a antiguos funcionarios. Entonces, cuando le debes tu carrera a alguien, pues tu lealtad está con ese alguien, no con el país, no con la institución, no con la verdad, ni la justicia”.

En este sentido, el maestro Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), explicó –en marzo pasado– a esta revista que 88 personas vinculadas al caso quedaron en libertad porque supuestamente fueron torturadas; sin embargo, estas acciones más allá de beneficiar a las víctimas, han terminado complicando las investigaciones para descubrir el paradero de los jóvenes.

Herida abierta

Para los padres y madres de los 43 normalistas rurales, recordar todo este entramado de colusiones, irregularidades y malas prácticas gubernamentales es revivir los innumerables obstáculos, agresiones e intimidaciones que sufrieron, como intento para forzarlos a abandonar su lucha por la verdad y la justicia.

A 10 años de la desaparición, reconocen que sí hubo avances con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero señalan que éstos no son suficientes ni tampoco son los que merecen por haber confiado en él. “Nuestras peticiones son verdad y justicia. A ver qué pasó ese 26 de septiembre. O sea, no es que dejemos en la línea de investigación a los culpables, también tienen que pagar su ataque cobarde, merecen un castigo ejemplar. […] Creo que falló en sus promesas el presidente. A nosotros nos mintió gravemente”, expresa a este semanario Mario González, padre del joven normalista César Manuel González.

Consultado por separado, Clemente Rodríguez, padre de Cristian Rodríguez, destaca la presunta participación del Ejército y denuncia la corrupción en el Poder Judicial de la Federación. Acusa a los militares de haber estado involucrados y de poseer información clave que podría revelar la verdad, mientras que expresa su indignación hacia los jueces que liberaron a personas implicadas en el caso.

“No hemos logrado de alguna manera avanzar sobre los expedientes que hacen falta; de esos faltan muchos para dar primero con el paradero de los normalistas y para poderlo lograr se necesita eso: todas las comunicaciones que hay y que los tienen los militares. Falta la comunicación de los infiltrados y qué es lo que les estaban reportando a sus superiores; falta la investigación de las cámaras de seguridad, o sea, todo el monitoreo, los celulares que en ese momento estaban activos, y precisamente viene un mensaje donde un grupo criminal estaba mandando un mensaje a cierto militar de alto rango, y de donde esos mensajes, ahí se habla de que estaba recibiendo cierta cantidad en dólares, o sea falta como todo este reporte.

“Sabemos o hemos visto que cuando alguien cae en la cárcel, a la semana, los jueces los liberan. Sabemos que hay corrupción dentro de Ministerios Públicos. Sabemos que hay jueces corruptos que se venden por dinero, como por ejemplo la jueza de Toluca [Raquel Ivette Duarte Cedillo] que liberó a un militar [el exsargento Segundo de Infantería Ezequiel Carrera Rifas]”.

De igual manera, el señor Clemente Rodríguez señala al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. “Ahí tenemos a Gertz Manero. Hemos tenido la reunión y no ha hecho como un reporte de la investigación, al contrario, ha entorpecido la investigación. Si hablamos de Fiscalía, dentro también de la Fiscalía hay de diferentes partidos”.

Las opiniones de los padres se diversifican a medida que avanzan cada una de las entrevistas. Mientras que unos sienten que esta administración desvaneció parte de sus esperanzas de encontrar a sus hijos, otros reconocen los esfuerzos titánicos del gobierno de López Obrador por esclarecer el caso. Señalan que el verdadero problema radica en cómo los funcionarios cercanos a Enrique Peña Nieto intentaron ocultar la verdad: la colusión entre el gobierno municipal de Iguala y la organización criminal Guerreros Unidos.

“Este gobierno hizo el esfuerzo de esclarecer el caso Ayotzinapa y sigue haciendo las búsquedas, porque abrió una página donde pide a la ciudadanía que dé información para llegar al paradero de nuestros hijos. […] El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha buscado, ha llegado la información, todo en búsqueda de campo. Entonces han encontrado muchos restos, pero es para otras familias. Esos restos que les han dado una digna sepultura. Y así pues como madres y padres de los 43 todavía no tenemos los resultados”, explica la madre del joven Benjamín Ascencio Bautista, la señora Cristina Bautista.

El caso de los 43 de Ayotzinapa cumple una década, lo que para las familias significa sentimientos encontrados: combate, lucha, penuria, cansancio, ira, esperanza, dolor, sufrimiento, mucho sufrimiento. “Como madre de Benjamín, tengo la esperanza de que alguien, aunque sea en el último día, nos diga si los vieron a nuestros hijos o a dónde los dejaron, porque no es justo: son 10 años de sufrimiento, 10 años sin poder dormir tranquilos, lejos de nuestros demás hijos, de nuestras familias, y eso no es justo que nos sigan haciendo sufrir como madres y padres de los 43”.

A seis días de que concluya la actual administración, los padres de los 43 depositan sus esperanzas en el futuro gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para que logre dar con el paradero de los normalistas de la escuela Raúl Isidro Burgos, debido a que han expresado su intención de establecer diálogo y mesas de trabajo con la presidenta electa.

“Nosotros lo que esperamos es que ella que es mamá y tiene un hijo, ojalá que toque la sensibilidad, esa es la idea que tenemos, que sea más sensible y más que nada porque ya no podemos darle más tiempo”, señala Mario González.

Otros también desean el regreso de los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); pero, absolutamente todos desean volver a ver a sus hijos:

Abel García Hernández, Abelardo Vázquez Penitén, Adán Abraján De la Cruz, Alexander Mora Venancio, Antonio Santana Maestro, Benjamín Ascencio Bautista, Bernardo Flores Alcaraz, Carlos Iván Ramírez Villarreal, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, César Manuel González Hernández, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, Christian Tomás Colón Gárnica, Cutberto Ortiz Ramos, Doriam González Parral, Emiliano Alen Gaspar de la Cruz, Everardo Rodríguez Bello, Felipe Arnulfo Rosa, Giovanni Galindez Guerrero, Israel Caballero Sánchez, Israel Jacinto Lugardo, Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, Jonás Trujillo González, Jorge Álvarez Nava, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Jorge Antonio Tizapa Legideño, Jorge Luis González Parral, José Ángel Campos Cantor, José Ángel Navarrete González, José Eduardo Bartolo Tlatempa, José Luis Luna Torres, Jhosivani Guerrero de la Cruz, Julio César López Potoltzin, Leonel Castro Abarca, Luis Ángel Abarca Carrillo, Luis Ángel Francisco Arzola, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, Marcial Pablo Baranda, Marco Antonio Gómez Molina, Martin Getsemany Sánchez García, Mauricio Ortega Valerio, Miguel Ángel Hernández Martínez, Miguel Ángel Mendoza Zacarías, Saúl Bruno García. “¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!”