Tercera parte. Además de su cuestionable trayectoria en las instituciones de espionaje político e ilegal, el abogado Alejandro Alegre Rabiela –director general de Emisión y cajero principal del Banco de México (Banxico) y exdirector del ya extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional– también tiene una historia de negligencias en el banco central, que han significado daños patrimoniales multimillonarios –como el sobrecosto de 595.9 millones de pesos en la construcción de la nueva fábrica compelmentaria de billetes –, o que pueden implicar riesgos de robos.
Uno de esos casos quedó documentado en la auditoría interna del Banxico GATIE-17-19, destinada a fiscalizar parte de las funciones de su Dirección General de Emisión, así como de tres áreas subalternas: la Dirección de Administración de Emisión, la Gerencia de Gestión y la Oficina de Casa de Moneda y Costos.
Al respecto, los auditores revisaron las funciones que establece en su artículo 4 la Ley del Banco de México, acerca de su competencia para ordenarle a la Casa de Moneda de México (CMM) la acuñación [producción] de monedas metálicas, para el periodo de 2014 a 2019. El riesgo que encontraron se relaciona con la falta de control en torno al uso y posterior destrucción de los herramentales (punzones maestros o primordiales, matrices, troqueles y modelos de plastilina) que se usan para grabar las monedas, lo que podría haber significado robos al estilo de la serie La casa de papel, de Netflix.
Y es que no controlar la destrucción de esas herramientas puede derivar en una producción paralela de monedas que circulen con facilidad en la economía nacional, por ser réplicas exactas de las originales y no tener ningún elemento que las identifique como falsas.
Aunque su eliminación busca evitar pérdidas, extravíos, mal uso e incluso que terceros acuñen las monedas por su propia cuenta, la auditoría interna encontró que el Banco de México no contaba con elementos “para verificar el cumplimiento de la destrucción periódica de los herramentales”, ni había solicitado “la entrega o destrucción de los modelos de plastilina”.
Otra irregularidad detectada fue que existía una variación considerable en las cantidades de troqueles supuestamente destruidos por la CMM, para lo cual el Banxico no tenía elementos para saber si eso era razonable o no. Además se indentificó un error en la cifra de troqueles destruidos en un acta y la falta de visto bueno de la Contraloría de la Casa de Moneda en un reporte integrante de otra acta.
Por lo menos en esos 5 años fiscalizados (2014-2019), el Banco de México no había ejercido sus facultades de inspección y supervisión respecto de la formulación de invetarios de moneda, ni tampoco acerca del proceso de fabricación y acuñación de las monedas metálicas. El área competente para ello era precisamente la Dirección General de Emisión, a través de la Gerencia de Gestión.
El informe de resultados de la auditoría interna indica que estas funciones también están establecidas en un contrato firmado por el Banxico y la Casa de Moneda, el 22 de noviembre de 1996, en el cual esta última institución no sólo se obliga a suministrar al banco central las monedas metálicas en las cantidades y conforme a las características, especificaciones, términos y condiciones que se establecieran en las órdenes de acuñación trimestrales, sino también a destruir los herramentales cuando así se le ordenara. El contrato establece que dicha destrucción “se llevará a cabo en forma periódica, a más tardar dentro de los 12 meses siguientes en que dio la instrucción el Banco de México”.
De acuerdo con la cláusula 10 del contrato, los punzones maestros o primordiales, matrices, troqueles y modelos de plastilina son propiedad del banco central. Por ello, la CMM sólo los conservará en calidad de depósito por un plazo no mayor de 5 años, en los lugares que designe y sin cargo alguno para el banco, obligándose a entregarlos individualmente dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha en que éste se los solicite mediante comunicación escrita. Una vez entregados en la Ciudad de México, el Banxico está obligado a extender un recibo en el cual asentará que libera a la Casa de Moneda de toda responsabilidad “por una eventual pérdida, extravío o mal uso que de ellos pudiera darse”.
A pesar de que la ruta para el uso y destrucción de las herramientas era muy clara, la Dirección General de Emisión –que encabeza precisamente el abogado Alegre Rabiela, exdirector del Cisen– omitió procesos y pasos que vulneraron la seguridad interna del Banco de México en materia de manejo de monedas metálicas.
Al respecto, la auditoría revela casos preocupantes. Por ejemplo, el ocurrido el 23 de marzo de 2018, cuando la institución autónoma solicitó a la Casa de Moneda de México –oficio Ref. M91-039/2018– el envío del punzón maestro del reverso de la moneda de 20 pesos conmemorativa del quincuagésimo aniversario del Plan DNIII-E, pero ésta lo devolvió un año y medio después: hasta el 1 de agosto de 2019. Ello, pese a que el convenio establece un plazo de 20 días hábiles.
Otra anomalía detectada es que el banco central no tiene un estricto control de lo que recibía: en el periodo de 2018 y 2019, emitió dos recibos correspondientes a los punzones enviados por la CMM, de los cuales en uno sólo se reporta el movimiento de las herramientas que fueron recibidas en paquete sellado, pero no se especifica el tipo ni la cantidad de herramental que se recibió, lo que imposibilita saber si era todo o sólo una parte. En este último escenario, el órgano autónomo no tendría conocimiento del destino final de las piezas estratégicas faltantes.
Al respecto, el área que encabeza Alegre Rabiela justificó sus fallas con el argumento de que, el 13 de febrero de 2017, el Banxico firmó un convenio modificatorio con la Casa de Moneda, el cual establece que las órdenes sólo serán para la destrucción de los punzones maestros o primordiales, mientras que las demás herramientas (incluidos los modelos de plastilina) se eliminarán cuando acabe su vida útil.
Para averiguar más acerca de este proceso, la Unidad de Auditoría interna solicitó a la Oficina de Casa de Moneda y Costos –dependiente de la Dirección General de Emisión– que precisara: ¿con qué elementos o controles cuenta para saber en qué momento concluye la vida útil de las herramientas, a fin de que se verifique el cumplimiento de la destrucción periódica? A lo que el jefe de dicha Oficina –Gerardo Romero Monroy– respondió: “el banco no cuenta con la información de la fecha de cuando la entidad elabora un herramental y lo da de alta, y tampoco con la fecha de cuando lo da de baja, por la razón que sea”. Es decir, hasta 2019 no existía ningún control para saber si se destruyen o no las herramientas.
Las negligencias no paran ahí. El informe de resultados, del cual Alegre Rabiela recibió copia el 9 de enero de 2020, descubre que –hasta la fecha de cierre de la auditoría– la Oficina de Casa de Moneda y Costos no había solicitado la destrucción de modelos de plastilina, bajo el pretexto de que éstos “sirven para iniciar con la elaboración de los punzones maestros, por lo que es material que no se elabora varias veces”.
Sin embargo, los auditores refutaron al subordinado del exdirector del Cisen: “dado que en 2018 y 2019 se recibieron dos punzones correspondientes al reverso de la moneda de 20 pesos conmemorativa del quincuagésimo aniversario del Plan DNIII-E, y al reverso de la moneda de 20 pesos conmemorativa del quincuagésimo aniversario del Plan Marina, respectivamente, también se debió solicitar la entrega o evidencia de destrucción de los modelos de plastilina, toda vez que es a partir de éstos que se elaboran dichos punzones”.
Llama la atención que en estas ediciones especiales no se cuide el uso y destrucción de esos herramentales, cuando se sabe que el lapso en que se deben acuñar las monedas conmemorativas es muy corto y sólo por ciertos montos, pues no son de metales que circulen siempre en la economía nacional.
Otra irregularidad derivada de las omisiones del banco central tiene que ver con la supuesta destrucción de troqueles a discresión de la Casa de Moneda de México, pues lo hizo sin la supervisión de los funcionarios del Banxico. Acerca de ello, la auditoría identificó una variación considerable en las cantidades que reportó: en 2016, 3 mil 520 troqueles destruidos; en 2017, sólo 596; y en 2018, 17 mil 714; mientras que en el primer trimestre de 2019, cero.
Al respecto, los auditores internos preguntaron a la Oficina de Casa de Moneda y Costos de la Dirección General de Emisión: ¿a qué se debe dicha variación? ¿Se considera razonable? ¿Se tiene una estimación aproximada de la vida útil de un troquel? A lo que el jefe de dicha área y subordinado de Alegre Rabiela respondió: “derivado de la información que la CMM entrega conforme al convenio M91.020/2017 del 13 de febrero de 2017, se desconoce el por qué de la variación de un año respecto del otro; además, para la razonabilidad nos faltaría más información para ello, que no se consideró dentro del convenio de referencia, sino atender únicamente las observaciones de la auditoría anterior. No se cuenta con información que permita saber la vida útil de un troquel”. Es decir, nuevamente el Banxico no supo si el manejo de la herramienta es correcto o no.
Otras irregularidades detectadas por la auditoría tienen que ver con “errores” en registros que podrían significar extravíos de las herramientas. “Se detectó que el acta de fecha 21 de octubre de 2016 contiene un error en el registro de la cantidad de troqueles destruidos (478), toda vez que no corresponde con los reportes de control de borrado de herramental y el movimiento interno de herramental, anexos a la misma, cuyo importe es de 487 troqueles”. El faltante en este caso fue de nueve troqueles.
Además, se descubrió que “el reporte de control de herramental integrado en el acta del 31 de marzo de 2017 no cuenta con la firma del visto bueno de la Contraloría Interna de Casa de Moneda”, y que “en el cuerpo de las actas revisadas se hace referencia a la ‘cancelación’ y no a la ‘destrucción’ de troqueles, como lo señala el convenio”.
El informe interno revela que otra vulnerabilidad en los procesos tuvo que ver con la supuesta destrucción de “rebatidos” (que son las monedas con defectos de fabricación y que no cumplen con las características estipuladas en la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos). Al respecto, indica que la Casa de Moneda se obliga a prestar al Banco de México, sin cargo alguno para éste, los servicios consistentes en la inutilización o destrucción del rebatido.
Para ello se pueden aplicar los siguientes procedimientos: “inutilizarlo por medio de un proceso mecánico de deformación, de tal manera que en forma permanente se alteren las características de las piezas, en especial de las figuras acuñadas [denominación, símbolo]; inutilizario por medio de la separación de su núcleo y arillo; o destruirlo, ya sea por el proceso de fundición o por cualquier método químico, mecánico o metalúrgico que garantice su inutilización”.
Para verificar que la destrucción o inutilización sí se haga, los procesos deberán realizarse “en presencia de las personas que el Banxico designe”, luego de que la CMM notifique al banco central la disponibilidad del rebatido y la fecha propuesta (a más tardar dentro de los 30 días hábiles bancarios siguientes a la fecha de conclusión del trimestre correspondiente), y el banco responda a los 3 días hábiles sí le conviene la fecha propuesta o la cambia.
Lo que encontraron los auditores es que la Dirección General de Emisión no respondía en el tiempo estipulado: de un total de 16 notificaciones enviadas por la CMM entre 2015 y el primer trimestre de 2019, en 11 de ellas hubo desface de 1 a 68 días.
Además, aunque el convenio entre ambas instituciones establece que el reporte de cierre trimestral debe mencionar el número de piezas por denominación entregadas al Banxico, el rebatido, las monedas no suministradas y el herramental, los datos correspondientes al número de piezas por denominación entregadas y las monedas no suministradas no son incluidos en dichos reportes. Esto imposibilita al banco central saber si es correcto o no el número que se reporta como producido, como entregado y desechado por defectos.
Para los auditores, es importante contar con esa información para poder verificar correctamente la destrucción. Como ejemplo, cita que la cantidad de monedas defectuosas (482 mil 647) registradas en el tercer reporte de cierre trimestral de 2018 no coincidió con el número registrado en el acta del 7 de noviembre de 2018 (495 mil 623). Al respecto, asegura que el rebatido destruido fue de 495 mil 623 piezas. Por tanto, el faltante que por un supuesto “error” no se registró es de 12 mil 976 monedas, sin que quede claro su destino.
Otra anomalía que se documenta en la misma auditoría GATIE-17/19 se refiere a la supervisión de los inventarios de moneda. La vulnerabilidad detectada fue la “ausencia de controles”, pues “el Banco de México, por lo menos en los últimos 5 años [2014-2019], no ha ejercido sus facultades respecto de la formulación de inventarios de moneda metálica en la CMM”.
Apunta que la relevancia de que el banco central ejerza esta facultad “radica en que, a través de la formulación de inventarios de moneda metálica se puede validar la información registrada en el sistema del Banxico respecto de las existencias, el control y contenido de los contenedores en el Almacén de Moneda Metálica en la Casa de Moneda, y de esta manera tener una mayor probabilidad de de detectar algún evento, en su caso, de sustracción [robo] o de la deficiencia en los controles de custodia de moneda metálica en CMM”.
Otra negligencia detectada es que, por lo menos en esos últimos 5 años que se revisaron [2014 a 2019], tampoco se ejercieron las facultades de inspección y supervisión respecto del proceso de fabricación y acuñación de las monedas metálicas en la Casa de Moneda. Hacerlo, indicaron los auditores, le permitiría al banco evaluar la eficiencia y eficacia de los controles existentes, principalmente, en lo referente a las medidas de seguridad.
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