Más de 200 mil personas privadas de la libertad que esperan o purgan condenas en prisiones del país viven bajo el asedio de la pandemia de la Covid-19, en condiciones de hacinamiento, insalubridad y falta de servicios básicos que acrecientan la posibilidad de contagio. Allí esperan, como el resto de la sociedad, su turno para recibir la vacuna, pero también tener una vida digna, advierten defensores de derechos humanos.
A un año de la pandemia, han muerto 352 personas y se ha registrado 4 mil 388 contagios entre personal penitenciario y reclusos; además, 3 mil 214 personas ya han sido vacunadas, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En marzo de 2020, la CNDH había detectado deficiencias en el sistema penitenciario nacional, conformado por 286 prisiones, que implicaron “una elevación significativa de riesgo de propagación del virus SARS-CoV-2”.
Según el Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria (DNSP), las deficiencias más graves son la insuficiencia de personal (72.68 por ciento), insuficiencia de actividades laborales y de capacitación (66.67 por ciento), deficientes condiciones materiales, equipamiento e higiene de dormitorios (62.84 por ciento), deficiente separación entre procesados y sentenciados (55.19 por ciento), insuficiencia de programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria (51.91 por ciento), presencia de actividades ilícitas (40.44 por ciento), sobrepoblación (33 por ciento), hacinamiento (32 por ciento), deficiencia en los servicios de salud (32.79 por ciento)”.
El Informe especial sobre la situación que guardan las medidas adoptadas en centros penitenciarios para la atención de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, de la CNDH, advierte que ante la contingencia sanitaria que atraviesa el país se conjuntaron diversos factores que agravaron la situación en las cárceles del país, donde vivían 217 mil 969 personas hasta el 18 de abril de 2020.
“Al conjuntarse con factores de riesgo como una deficiente alimentación y condiciones de vida digna, la ausencia de limpieza, agua potable, materiales desinfectantes, déficit de instalaciones sanitarias, convierten a la población penitenciaria mayormente susceptible de contagio y propagación del virus Covid-19, en desventaja en comparación con las instauradas para la ciudadanía en general”, destaca.
Indica que ante los impactos de la pandemia que viven las personas privadas de la libertad, traducidas en sus efectos, restricción de visitas, incertidumbre jurídica, afluencia de noticias sobre el contexto emergente que se vive y los decesos, las autoridades penitenciarias deberían realizar un monitoreo de salud mental de la población penitenciaria y del personal, a fin de evaluar su respuesta ante dichos escenarios.
“Elaborar y aplicar a favor de las personas privadas de la libertad y servidores públicos, estrategias de autocuidado, apoyo clínico, psicológico o psiquiátrico, que les permita afrontar la ansiedad, pánico, miedo u otra reacción similar que afecte su esfera psicoemocional; así como sobrellevar síntomas que puedan agravarse, prevenir el consumo de sustancias, actos violentos y conductas suicidas”, planteó la CNDH.
Con la pandemia, en 289 prisiones del país: se cancelaron las visitas o se restringió la salida de estancias, elevando las horas de hacinamiento en las celdas sobrepobladas; así, 45.6 por ciento de la población penitenciaria comparte su celda con más de cinco personas, según el Informe especial de la CNDH.
El blindaje de información en el sistema penitenciario se agudizó durante la pandemia, generando violencia al interior, protestas al exterior, angustia en familiares, ya que las personas privadas de la libertad han padecido los estragos de la pandemia: se les quitó el trabajo, deporte, acceso a visitas familiares e íntimas y salir a tomar el sol, destaca la organización no gubernamental Asilegal.
Por la falta de condiciones, los presos interpusieron 1 mil 38 quejas ante la CNDH, de las cuales el 51 por ciento fueron sobre el derecho a la salud, es decir, un incremento de 717 por ciento comparado con 2019, cuando recibió 138 quejas por el mismo motivo, que ameritó 13 recomendaciones en ambos años.
Del total de contagios de Covid-19 registrados, 514 corresponden a personal de los centros penitenciarios.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se pronunció respecto a la magnitud del riesgo que representa la Covid-19 en centros de detención, y la urgencia de que los gobiernos tomen medidas rápidas para descongestionar las cárceles, y proteger la salud e integridad de las personas privadas de la libertad en tiempos de la Covid-19.
De la misma manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), urgió a los Estados a tomar medidas pertinentes, teniendo en cuenta la grave situación de hacinamiento en las cárceles, las condiciones de insalubridad existentes, como un grave riesgo para la vida, salud, e integridad de las personas privadas de la libertad y sus familias.
Considera que hasta ahora, las iniciativas que han adoptado los gobiernos, dentro de las que se encuentran la amnistía, indulto, arresto domiciliario y las libertades anticipadas han sido muy limitadas en su alcance y con procesos de implementación en exceso lentos para atender la magnitud de la urgencia.
De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario, en 2019, 8.7 en México de cada 100 delitos sancionados o procesados en los centros estatales de reclusión estaban relacionados con drogas, tanto delitos sancionados (que ya han sido juzgados) como presuntos delitos (que no han sido juzgados), pero que en ambos casos las personas acusadas se encuentran en prisión.
“Poco se ha hecho para hacer frente a la pandemia de la Covid-19 en México y en muchos estados han suspendido las visitas de familiares, esto resulta preocupante pues, ante la escasez de insumos, suelen ser los familiares quienes dotan a las personas en prisión de comida, agua, medicamentos y vestimenta, refiere el CEDD.
Además, señala que los familiares son una parte importante de la vigilancia que se lleva a cabo en las cárceles donde son frecuentes castigos o condiciones violatorias de los derechos fundamentales. En algunos estados, como la Ciudad de México, se han comenzado a hacer esfuerzos por liberar a personas mayores de edad o enfermas.
En 2019, alrededor de 60 mil personas fueron encarceladas sin recibir una sentencia condenatoria en México, lo que significó una disminución de 24.7 por ciento desde 2015, según el informe Cárcel sin sentencia, elaborado por Índice de Paz México 2020, del Instituto de Economía y Paz.
Señala que entre 2015 y 2019 sólo cuatro estados reportaron deterioros en el número de detenidos sin sentencia: Zacatecas, Nuevo León, Ciudad de México y Guanajuato. Yucatán registró el mayor recorte en el número de personas detenidas sin sentencia, al pasar de 726 en 2015 a 176 en 2019.
Eso representó una reducción de 75.8 por ciento y coincide con un descenso similar en los rubros de delitos cometidos con armas de fuego, delitos con violencia y homicidio en el mismo periodo.
En México, se pusieron en marcha diversas reformas judiciales orientadas a disminuir el uso de la prisión preventiva. La finalidad de implementar en la presunción de inocencia, en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal, es proteger los derechos del acusado o imputado, y procurar que la mayoría de las personas no sean detenidas sin una sentencia condenatoria.
El artículo 19 de la Constitución Política establece que un juez puede imponer “prisión preventiva” hasta por dos años antes de dictar sentencia en caso de que otras medidas cautelares no sean suficientes para: asegurar la presencia del imputado durante el proceso legal; evitar la obstaculización del proceso judicial; y/o proteger a las víctimas, los testigos o la sociedad.
Así pues, el indicador cárcel sin sentencia contempla tanto la necesidad de prisión preventiva como el grado de uso que los gobiernos estatales dan a este recurso.
También establece prisión preventiva para nueve delitos “graves”, entre ellos delincuencia organizada, violación y homicidio doloso. En febrero de 2019, los diputados votaron a favor de incluir ocho delitos más, como la corrupción y el abuso contra menores de edad.
A medida que en todo el país más municipios pusieron en práctica las reformas al sistema de justicia, fue palpable una disminución constante en el número total de personas encarceladas sin una sentencia, lo que es señal de que la reforma ha tenido impacto en este indicador, apunta el organismo internacional.
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