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El Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen referente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que los Centros de Asistencia Social de la capital (CAS) cuenten con trabajadores sin antecedentes penales y estén calificados para cuidar integralmente a los menores.
La iniciativa adiciona la fracción IV, y recorre las subsecuentes al artículo 32 de dicha ley, propuesta por la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez. Con ello, se impide la contratación en los Centros de Asistencia Social, de personas que hayan sido sentenciadas en algún periodo de su vida. Lo anterior, de acuerdo con “los parámetros de constitucionalidad de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 38/2022”, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta dispone que “los trabajadores no deben haber sido sentenciados; y se definen los delitos cuya comisión puede poner en riesgo la seguridad de los infantes”.
El dictamen también señala que todos los centros de cuidados alternativos deberán ser registrados y autorizados por el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. Asimismo, deberán contar con un registro minucioso del personal que labora en los mismos, en el que se especifique: información personal, formación académica, experiencia laboral, funciones y actividades a realizar. Los datos deberán ser actualizados cada seis meses. Los centros también “estarán sujetos a los mecanismos de supervisión de la Ley de Cuidados Alternativos”.
De acuerdo con la diputada capitalina Polimnia Romana Sierra Bárcena, el objetivo de la iniciativa es establecer las medidas necesarias para que los trabajadores de los Centros de Asistencia Social cuenten con un perfil idóneo; y las niñas, niños y adolescentes sean asistidos por personal capacitado y suficiente que garantice su integridad física y emocional.
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