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La Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó las medidas cautelares solicitadas por México contra Ecuador, tras la irrupción del ejército ecuatoriano en la embajada mexicana en Quito, el pasado 5 de abril.
“Las circunstancias, tal como se presentan, ahora ante la Corte, no son tales que requieran el ejercicio de su facultad en virtud del Artículo 41 del Estatuto para indicar medidas provisionales”.
De igual manera, el presidente de la CIJ, Nawaf Salama, afirmó que no encontró riesgo para dar razón a la petición del gobierno mexicano. Por lo tanto, rechazó emitir las medidas solicitadas, las cuales fueron expedidas en espera de la resolución del juicio.
Entre los argumentos, el órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró que Ecuador está “obligado” a respetar la Embajada de México, por tal motivo no se dictaron medidas cautelares.
El caso llevado por el gobierno de México ante autoridades internacionales se efectuó, luego de que la Secretaría de Relaciones Internacionales (SRE) consideró que Ecuador violó la Convención de Viena, así como el derecho internacional, tras haber transgredido la invulnerabilidad de la embajada diplomática.
Por ello, México había solicitado que la CIJ dictara ciertas medidas cautelares. Esto, al considerar que existía “un riesgo inminente de un daño irreparable a los derechos de México, toda vez que Ecuador generó un ambiente de desconfianza en toda la región. Ha mostrado continua falta de buena fe para cumplir con sus obligaciones internacionales y no ha proporcionado a México garantías suficientes de que cumplirá con sus obligaciones internacionales”.
Particularmente, el consultor jurídico de la SRE, Alejandro Celorio Alcántara, indicó que “si bien México no recibió las medidas provisionales solicitadas ante la Corte, sí recibe lo que estaba buscando que es un reconocimiento de que la inviolabilidad de los locales es absoluta, no acepta excepciones; y el compromiso de Ecuador de que no ingresará a los locales de México en ese país. La credibilidad de Ecuador está en juego ahora porque, si lo llegara a hacer, no sólo violaría un compromiso jurídicamente vinculante ante la Corte, sino su credibilidad ante el mundo. Nos sentimos muy satisfechos con este resultado”.
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