Colombia y su advertencia a la terquedad neoliberal

La obsesión del presidente Iván Duque por mantener un modelo neoliberal de privilegios a los grandes capitales terminó por detonar un estallido social que hizo salir a las calles a millones de habitantes para exigir a su gobierno la derogación de una Reforma Fiscal que buscaba cobrarles hasta por enterrar a sus muertos.

Los colombianos exigen un cambio de fondo en las políticas públicas que tiene a las mayorías a las puertas de la miseria y la muerte por la desatención al problema de salud de la Covid-19 y un galopante desempleo. El saldo tras un año de confinamiento en esa nación es terrible: de sus 50 millones de habitantes, 21.2 millones –el 42.5 por ciento de su población total–, se quedaron sin los ingresos necesarios para atender sus necesidades básicas.

La pobreza extrema se elevó de 4.6 millones a 7.4 millones, de tal manera que hoy en día en el 10 por ciento de los hogares sólo se come una vez al día. Pero esta lacerante realidad parece no existir en el campo visual de la miopía tecnocrática de Iván Duque y su exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ambos fieles a los dictados del expresidente Álvaro Uribe, el político de todas las confianzas de los banqueros y la clase oligárquica de aquella nación.

El errado manejo de la crisis sanitaria es otro ejemplo de la barbarie neoliberal que tenía enlistada en su agenda de iniciativas dos reformas más: una de carácter laboral para fulminar los derechos de los trabajadores y otra en materia de salud, con la intención de privatizar los servicios públicos de este sector.

El país sudamericano tiene uno de los índices más mortales de la pandemia en el mundo, al registrar un total de 2 millones 824 mil contagios, 72 mil 700 decesos y una cifra récord de 490 muertes por día. Solo el 17 por ciento de sus unidades de cuidados intensivos están disponibles para una población que está muriendo por falta de atención médica.

Son incontables los agravios cometidos contras las mayorías y al reclamo por echar abajo a la ya derogada Reforma Fiscal, se han sumado una serie de exigencia a las autoridades que no han cumplido con un acuerdo definitivo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ni han cesado la cadena de represiones y hostigamientos en contra de excombatientes y pueblos originarios.

Semanas antes de comenzar las protestas en las que han participado unos 7 millones de personas en las distintas ciudades y municipios de Colombia, fue asesinada una gobernadora indígena, sumándose a la cadena de homicidios contra otros dirigentes sociales y excombatientes.

Los políticos de aquella nación incurrieron en el mismo error de muchos de sus pares en el Continente al prometer en sus campañas diálogo y bienestar social a la sociedad, pero una vez instalados en el cargo olvidaron sus propuestas desconectándose de la realidad que enfrenta la población, para gobernar en favor de unas cuantas élites y grupos fácticos.

Por eso, cuando el pueblo colombiano se enteró que la Reforma Fiscal buscaba elevar el IVA al 19 por ciento, tasando con este impuesto diversos alimentos de la canasta básica –ya de sí disparados en su precio durante el periodo del confinamiento–, así como a servicios elementales como el teléfono, la luz y el gas, las cosas llegaron al límite.

Analistas aseguran que la reforma buscaba compensar el tremendo agujero financiero a las finanzas públicas de aquel país, ocasionado por la exención de impuestos a las grandes empresas carboneras, petroleras, bancos y multinacionales a las que el gobierno de Duque perdonó obligaciones fiscales por 14 billones de pesos durante el 2020.

Para dar gusto a los dueños del dinero, Duque y Carrasquilla, en 2 años desfinanciaron y sobrendeudaron al país y ahora pretendían que las clases medias y las marginadas compensaran el enorme faltante; no por algo, la reforma echada abajo por el pueblo colombiano, buscaba dotar de facultades plenipotenciarias al presidente en un plazo de seis meses para hacer lo que le viniera en gana con la estructura gubernamental, fundiendo o desapareciendo empresas públicas, a su libre albedrío.

Desde el pasado 28 de abril en que estallaron las protestas sociales han muerto más de 50 personas, hay más de 1 mil detenidos, más de 500 desaparecidos y reportados 12 casos de violencia sexual en contra de mujeres por parte de las fuerzas policiales que por órdenes de Iván Duque, no han dudado en ejercer una brutal represión contra los manifestantes.

El Comité Nacional de Paro (CNP), que aglutina a centrales sindicales, organizaciones campesinas e indígenas, surgido desde el estallido de septiembre del 2019, sigue sin llegar a un acuerdo con el gobierno de Iván Duque, porque a la exigencia inicial de dar marcha atrás a la Reforma Fiscal se han sumado decenas de exigencias, que solo podrán ser resueltas si el mandatario sienta las bases de un verdadero diálogo que cambie la ruta neoliberal que hasta ahora amenaza con llevar al despeñadero a su país.

Lo que acontece en Colombia debe servir de punto de referencia para aquellos gobernantes que en el continente insisten en proteger con uñas y dientes los intereses de grupos económicos y empresariales, acostumbrados siempre a ganar sin importarles el daño social ocasionado por su obsesiva pasión a las ganancias.

La tragedia de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, que provocó la muerte de 26 personas y mandó al hospital a decenas de heridos, no puede pasar desapercibida en este contexto de injusticias prohijadas por las políticas neoliberales. La imagen reproducida en los medios y redes sociales tras el mortal y predecible accidente donde aparecían felices cortando el listo inaugural de la pésima obra, políticos en turno y magnates por todos conocidos, habla de una complicidad de intereses que a la fecha sigue vigente.

Gran parte de esos grupos empresariales y sus filiales aparecen nuevamente participando en los nuevos proyectos de infraestructura ante el azoro e indignación de un país que exige justicia para las víctimas y castigo para los culpables.

Tras la pandemia, 12 millones de mexicanos perdieron su empleo y otros tantos deben subsistir en el día a día por salir adelante en la brutal crisis económica que enfrentamos todos. Las víctimas del Metro no fueron magnates ni políticos, sino miembros de la clase trabajadora a la que se sigue relegando y violentando sus derechos fundamentales, como al pueblo de Colombia. El neoliberalismo debe ser cortado de tajo en todo el continente. Y para ello es necesario comenzar a aplicar la ley en contra de los grupos fácticos que siguen imponiendo sus reglas y gozando de impunidad.

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Martín Esparza Flores*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas