Comisiones del Senado aprueban Ley de Juicio Político

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Las comisiones del Senado de la República aprobaron la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Proceden, que tiene por objetivo someter a juicio político al presidente de la República y a servidores públicos a nivel local y federal.

El juicio procederá en caso de haber cometido actos como atacar a las instituciones democráticas, violar derechos humanos, usurpar atribuciones, entre otras, señala un resumen realizado por el Instituto Belisario Domínguez. Como sujetos a juicio se encuentran: senadores, diputados del Congreso de la Unión, ministros, consejeros presidentes, magistrados del Tribunal Electoral, miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, entre otros.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley, cualquier ciudadano podrá realizar la denuncia por escrito con pruebas y elementos que sustenten lo señalado ante el Congreso de la Unión. En caso de que una autoridad posea las pruebas, el ciudadano podrá solicitarlas. El documento advierte que únicamente el juicio podrá ser realizado cuando la persona señalada esté activa en sus funciones como servidora pública y un año después de terminadas sus desempeño en el puesto.

Una vez notificada la persona señalada, pasado el tiempo de recepción de pruebas de ambas partes, una vez ratificada la denuncia, la Comisión  Jurisdiccional  debe declarar la denuncia como procedente una vez presentadas las conclusiones de los alegatos presentados, Esto con el fin de conocer y resolver la imputación. Si por unanimidad la Cámara de Diputados resolviera procedente una acusación, ésta  pasaría a la Cámara de Senadores para dictar la sentencia correspondiente.

Para que el presidente de México pueda ser imputado y juzgado por traición a la patria, por haber cometido corrupción, delitos electorales o cualquier otro delito, primero debe solicitarse una solicitud al Ministerio Público en el caso de encontrarse “debidamente cumplidos los requisitos procedimentales para el ejercicio de la acción penal”.

Dicha solicitud será recibida por la Cámara  de Diputados. En caso de considerar procedente lo solicitado, la Cámara se constituirá como órgano acusatorio para después, una vez aprobado, el caso sea enviado al Senado, en donde será establecido si el  representante del ejecutivo incurrió en la comisión del delito acusado.

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