Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala. Con ese dinero que trae en el bolsillo, cómprele el juguete que más desea y luego despídase de él. Ésas fueron las palabras más crueles que don Norberto Rojas escuchó de la doctora que recibía a su pequeño en el Instituto Nacional de Pediátrico, pues no todos los niños sobreviven a los estudios y el tratamiento contra el cáncer.
La mirada de don Norberto se pierde al recordar los años en los que por poco pierde a su hijo; su voz se quiebra y ya no alcanza a contener las lágrimas al rememorar aquella ardua batalla para arrancarle a la muerte la posibilidad de quedarse con su pequeño. Retoma el aliento y con la fuerza que adquirió durante 15 años expresa: “En octubre del año 2000, uno de mis hijos enfermó con púrpura trombocitopénica idiopática”.
Lo que parecía un piquete de araña (puntos rojos en la piel de su antebrazo) era en realidad un tipo de cáncer, descrito por el diccionario del estadunidense Instituto Nacional de Cáncer como una “afección por la que el sistema inmunitario destruye las plaquetas (células sanguíneas que forman coágulos de sangre). Cuando el recuento de plaquetas es bajo, aparecen moretones y sangrado con facilidad; estos se presentan como áreas púrpuras en la piel, las membranas mucosas y las capas exteriores de los órganos”.
A ratos con las palabras entrecortadas, recuerda los inicios del tratamiento de su pequeño, cuando los juegos fueron reemplazados por las inyecciones y las camas de hospital. “Empezamos con las transfusiones sanguíneas: por cada unidad plaquetaria me pedían dos donadores de sangre. Después le hacen un examen de médula donde determinan que hay sustancias tóxicas que lo estaban afectando y que eso podía llegar a ser mortal”.
El hijo de Norberto, de apenas 5 años, fue sometido a una serie interminable de exámenes para determinar qué sustancias tóxicas lo seguían matando, y encuentran presencia elevada de dos metales pesados considerados cancerígenos por la Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias mexicanas: plomo y arsénico.
Desde el nacimiento, los residentes de estos lugares están marcados por la desgracia: la doctora Regina Montero, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), descubrió que los menores que están en contacto con el río Atoyac, es decir los que viven en sus inmediaciones, han desarrollado daños genotóxicos.
Esto es que las sustancias genotóxicas pueden unirse al ADN de esos menores o afectar indirectamente a las enzimas que replican el ADN, lo que podría derivar en mutaciones y cáncer.
Las investigaciones científicas de la doctora Montero demuestran que la exposición constante a los químicos han hecho que los niños no tengan la capacidad para liberar las toxinas del cuerpo; por ello, indica, los genes de la población mutan aumentando la probabilidad de contraer enfermedades crónicas. Los resultados de la investigación revelan la relación con el daño genotóxico y la aparición de cáncer, enfermedades cardiovasculares y envejecimiento prematuro.
Aunado a lo anterior, los estudios de la investigadora adscrita al Departamento de Medicina Genómica y Toxicología Ambiental arrojaron que los niños de Tepetitla presentan un índice de masa corporal promedio inferior en comparación con los de Ixtenco, quienes están en menor contacto con el río.
En la comunidad de Villa Alta, que pertenece a Tepetitla de Lardizábal, se tienen tasas de mortalidad que superan entre nueve y 23 veces la media nacional, advierte el investigador Octavio Rosas.
El río Atoyac presenta al menos 25 sustancias nocivas y es un foco de infección no sólo para el cáncer, sino también para la hepatitis y el cólera, señala la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la UNAM en el Estudio sobre la protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos humanos, de mayo de 2018.
Los niños del cáncer se multiplican en el corredor industrial ubicado en las inmediaciones del río Atoyac, en la zona fronteriza de Tlaxcala y Puebla. La doctora María Isabel Cadena, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, considera que en el caso del púrpura, la enfermedad puede estar relacionada con las afectaciones del plomo a la sangre, principalmente por la exposición constante de las personas con la contaminación del río.
Luego de saber que los niveles de plomo y arsénico en el torrente sanguíneo de su hijo eran excesivos, don Norberto reunió a sus vecinos y entre todos comenzaron un rastreo en los distintos municipios de Tlaxcala en busca de otros niños enfermos de púrpura. “Incluso enviamos una carta a la OMS [Organización Mundial de la Salud] y nos pidieron certificados médicos, expedientes de defunción de 1990 a 2000. En esa labor nos encontramos con 60 casos”.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en Tlaxcala, Puebla y Oaxaca la alta incidencia de cáncer infantil es superior a la media nacional. “La hija de un compañero, con tan sólo 8 años de edad, murió de un cáncer que la dejó paralítica y ciega”, recuerda don Norberto.
Aquí en las inmediaciones del río Atoyac, uno de los tres afluentes más contaminados de México, no sólo los niños enferman ni el cáncer púrpura trombocitopénica es la única afección que pone en alto riesgo la vida de los pobladores. Malformaciones congénitas, todos los tipos de cáncer, tumores cerebrales, abortos espontáneos son parte de la retahíla de padecimientos que vulneran el derecho a la salud de estos pueblos.
Otro derecho humano que es permanentemente violado es el del ambiente sano: los habitantes de la zona respiran los tóxicos porque el aire es impuro; e ingieren alimentos y bebidas contaminadas porque se riegan con agua envenenada. Peor les va a los que trabajan en las más de 20 mil fábricas asentadas en el corredor, porque los tóxicos entran en contacto directo con su piel y sus pulmones.
El púrpura habría enfermado al hijo de Norberto por la exposición indirecta a los tóxicos del río. Por más de 15 años –tiempo que duró su tratamiento hasta que fue dado de alta–, la familia debió trasladar al pequeño de San Mateo Ayecac a la Ciudad de México. Su lucha contra el cáncer, sin embargo, aún no acaba: junto con sus vecinos, el hombre encabeza la resistencia a la contaminación industrial y por un Atoyac libre de tóxicos.
En esos 15 años aprendió todo lo que pudo sobre las enfermedades y los tratamientos. Sólo así ha podido encarar a las autoridades que se niegan a señalar la relación del deterioro de la salud de los habitantes con las descargas industriales en el río.
“Las autoridades, como la Secretaría de Salud, atribuían las enfermedades a la mala alimentación que le damos a nuestros hijos, por esa razón los niños morían, nos culpaban a nosotros. Esa era su respuesta”.
Las malformaciones congénitas, el cáncer, insuficiencia renal y púrpura trombocitopénica poco a poco han ido apagando la niñez de los municipios cercanos al río Atoyac, sin que siquiera haya un censo al respecto, y menos aún atención médica. En Tlaxcala y Puebla no hay hospitales de tercer nivel, por lo cual los enfermos tienen que trasladarse a la Ciudad de México o Guadalajara.
La situación de Norberto y su hijo es la realidad de cerca de 3 millones de habitantes de la cuenca Atoyac-Zahuapan, que están permanentemente expuestos a las sustancias químicas que ocasionan las descargas industriales.
La población más vulnerable es aquella que vive a menos de 5 kilómetros del río, en donde el índice de cáncer está cinco veces por encima de la media nacional, así lo revela la investigación de Octavio Rosas Landa y Samuel Rosado, economistas de la UNAM.
El deterioro ambiental y a la salud no sólo afecta a los habitantes de la cuenca Atoyac-Zahuapan: los investigadores han descubierto que el 70 por ciento de los mexicanos que viven a menos de 7 km de una gran industria enfrentan un alto riesgo de cáncer. En pocas palabras, siete de cada 10 mexicanos tiene una alta probabilidad de contraer la enfermedad por la contaminación industrial.
Los investigadores revelan, también, que mientras a nivel nacional hay 6.57 grandes industrias manufactureras por cada 100 mil habitantes; mientras que en la cuenca Atoyac-Zahuapan hay 8.24 industrias por cada 100 mil habitantes.
“El 70 por ciento de la población está en riesgo de contraer enfermedades crónicos degenerativas por la presencia de una industria no regulada en el país, porque nadie regula la industria, absolutamente nadie y eso tiene que cambiar porque la industria no va a cumplir a menos que se le obligue a cumplir”, asegura el investigador Octavio Rosas Landa en entrevista con Contralínea.
“El problema con Tlaxcala es que ya no son nada más las localidades a 7 kilómetros, porque la mayor parte de las localidades de la cuenca están a menos de 3 kilómetros”, expresa Samuel Rosado.
La contaminación del río Atoyac y sus impactos a la salud es sólo un ejemplo de los muchos que hay en el país, donde el común denominador es la permisividad de las autoridades con las industrias respecto de sus descargas tóxicas. “El problema, aunque es grave en Tlaxcala, es a nivel nacional: siete de cada 10 ríos están contaminados en el país”, señala elm economista Samuel Rosado.
En el río Atoyac hay más de 1 mil sustancias tóxicas disueltas, según el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; entre ellas se ha identificado presencia de benceno, una sustancia química que la OMS también ha asociado a enfermedades graves como el cáncer y anemia aplásica.
En el estudio que realizó para presentarse por segunda vez al Tribunal Latinoamericano del Agua, el Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés advierte que de las más de 20 mil fábricas ubicadas en la cuenca, 159 corresponden al sector de la industria química, uno de los más contaminantes.
Sin embargo, en el Registro de Emisiones y Transferencias Contaminantes (RETC) de la Semarnat sólo registran 11 empresas químicas en Tlaxcala y 16 en Puebla. Esas 27 empresas vertieron un cantidad aproximada de 231 kilogramos de compuestos químicos en el que se incluye el plomo y el arsénico, los mismo metales pesados que se encontraron en el cuerpo del hijo de don Norberto.
De igual forma, la organización civil resalta que otras sustancias contaminantes presentes en el río son el mercurio, níquel, cianuro y compuestos orgánicos volátiles, como el cloroformo, etilbenceno y cloruro de metileno.
“En el río Atoyac hay muchas malformaciones del corazón que coinciden con la presencia de benceno y otros compuestos orgánicos”, señala el economista de la UNAM Samuel Rosado, quien realizó una investigación alrededor de las enfermedades presentes en la cuenca y su relación con la contaminación industrial.
Para el economista y geógrafo, Octavio Rosas Landa, las autoridades mexicanas están incurriendo en el supuesto de genocidio, establecido en el artículo 6 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI): “el Estado incurre en genocidio cuando, a sabiendas, somete a toda la población o a una parte de esa población a condiciones que implican o entrañan su destrucción total o parcial”. Y ésa es la situación en la cuenca, señala el investigador de la Facultad de Economía de la UNAM.
Desde 1995, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realiza estudios en la zona que han demostrado el grado de contaminación en el que se encuentra la cuenca. Además, como lo evidenció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los índices de calidad del agua que la autoridad federal realizó de 1999 a 2007 demostraron que el 54 por ciento del agua no es apta para ningún tipo de consumo.
“Conagua sabe desde hace 24 años la situación de la cuenca; la CNDH emite una recomendación que no se cumple. Las autoridades están entrando en el supuesto del artículo 6 del Estatuto de Roma, porque saben lo que están haciendo, saben que por no actuar la gente está muriendo”.
Alejandra Méndez, coordinadora del Centro Fray Julián Garcés y coordinadora del movimiento Por un Atoyac con Vida, explica a Contralínea que en 2005 esa misma autoridad hizo un plan de saneamiento; “en 2011 emitió una declaratoria de los ríos donde ya se establecía, con investigación propia de la Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales], el nivel de contaminación de la cuenca y pusieron metas de cumplimiento que hasta la fecha no han cumplido”.
Lo mismo ocurrió con la recomendación 10/2017 de la CNDH: los gobiernos estatales de Tlaxcala y Puebla, la Conagua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Semarnat la aceptaron, pero hasta ahora la han incumplido.
En tanto, la situación empeora: en 14 años se han registrado más de 25 mil muertes por enfermedades asociadas a la contaminación industrial, consecuencia de la poca disposición de las autoridades para sanear el río, regular a las industrias y proporcionar a los habitantes un ambiente sano.
El grado de contaminación ha superado cualquier expectativa: para que un pez pueda vivir en el río, a 1 litro de agua de esta cuenca se le debe adicionar 500 litros de agua limpia, esto lo demostró el doctor Omar Arellano Aguilar, evaluador de daño ecológico de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
A esta cuenca hídrica llegan las descargas de las industrias petroquímica, metalmecánica, alimenticia, farmacéutica y textil. Esta última, según el informe Estudios sobre la protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos humanos, de la CNDH, representa el 24 por ciento de la contaminación del río.
En el vertimiento de tóxicos, la industria de la mezclilla juega un papel significativo al teñir de azul la principal fuente de agua de los habitantes de Puebla y Tlaxcala. Global Denim –una de las empresas más importantes en este rubro– se ubica en el municipio de San Martín Texmeluca, y al igual que otras industrias, vierte sus desechos en el corredor industrial Quetzalcóatl, perteneciente al río Atoyac. Además de ésta, en la cuenca se asientan otras textileras, como Tavex y SEAO.
Tlaxcala y Puebla son las principales productoras de mezclilla a nivel nacional. “Las industrias se ubican en estos estados por su abundancia de agua; paradójicamente, en esos municipios no hay redes de agua potable: las personas se organizan y usan pozos para el suministro del líquido”, expresa en entrevista Paola Velasco Santos, antropóloga del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM.
La investigadora asegura que las personas no dimensionan el problema de la escasez del agua; lo que para ellos es evidente es la contaminación que ocasiona la producción de mezclilla.
Y es que todo el proceso de fabricación, desde la coloración hasta el desgaste de las prendas, implica un alto grado de impacto ambiental y a la salud. Para dichos procesos se utilizan diversas moléculas químicas, como el cloroformo, eftalatos y fenoles que al entrar en contacto con el agua se transforman en disruptores hormonales.
Un disruptor hormonal, explica el doctor Omar Arellano Aguilar, genera procesos de masculinización o feminización de acuerdo con el sexo del animal, lo que altera la reproducción de las especies reduciendo el número de las poblaciones.
Asimismo, tiene graves consecuencias en los humanos. Esta sustancia ocasiona un retraso en el desarrollo hormonal y de los órganos reproductores de las personas, “lo que produce un incremento en la infertilidad en los hombres, y en las mujeres se generan procesos cancerígenos, como el cáncer de cuello uterino”, explica el investigador.
Rebeca González Juárez, habitante del municipio de San Rafael, perdió a su hermana Gabina por cáncer: un tumor en la matriz. En enero de 2015, narra a este semanario, se empezó a marear. “Ésa fue la primera mala noticia que tuvimos de ella, porque nunca se mareaba”.
Gabina acudió al médico por insistencia de doña Rebeca. “Cuando tomaba la medicina se sentía más o menos, y cuando no lo hacía le dolía mucho el estómago al comer”.
La mujer explica que de enero a septiembre la atendieron tres doctores y ninguno de ellos le mandó a hacer estudios. Luego, un cuarto médico le explicó que antes de recetarle medicamento era necesario saber qué padecía: “y nos da la mala noticia del cáncer. El doctor ya no se hizo responsable por lo avanzado de la enfermedad”.
Por sus creencias y su propia situación económica, Rebeca le hacía “quimioterapias caseras” a Gabina, que consistían en depositar agua con una especie de sales en una tina donde la hermana se sumergía por largo tiempo. Todos los esfuerzos alternativos de Rebeca fueron inútiles frente al cáncer, y Gabina murió.
En algunas partes, el río se convierte en el vivo reflejo de la mezclilla: sus aguas se transforman en un azul tan intenso y brilloso como antinatural. Aquí el problema con la industria textil no sólo radica en la generación de disruptores hormonales, sino también en la falta de normatividad en torno de ella.
En México, los tintes y colorantes con los cuales esta tela adquiere sus tonalidades características no se encuentran regulados. Pese a que afectan la fotosíntesis de las especies, “no se consideran tóxicos”, señala el doctor Arellano Aguilar.
Los pobladores consultados por Contralínea aseguran que hay días en que el hedor del río es insoportable, principalmente en las madrugadas. “La cabeza duele, la garganta como que te quema, el olor es insoportable. Se cambió ese olor del campo, de maíz por ese otro olor”.
Para la comunidad es evidente la transformación del río: perdió sus colores cristalinos, la vegetación y los animales quedaron sumidos en una mezcla de sustancias químicas de las industrias que poco a poco los llevó a la muerte.
La producción industrial de mezclilla no es la única responsable. En la cuenca del Atoyac convergen pequeños productores de ese textil, que además de aportar a la degradación del río, afectan de manera significativa la salud de sus trabajadores: al ser producción local, sus normas se relajan más. Aquí participan incluso los más pequeños, doblando las prendas finales.
La fase más contaminante dentro de los talleres es la llamada “lavandería”, en donde se le da el tono desgastado a los pantalones. Para esa técnica se utiliza el permanganato de potasio, sustancia altamente tóxica para quien la manipule, generalmente jóvenes.
La antropóloga Paola Velasco Santos explica que sus investigaciones arrojaron que “muchos jóvenes prefieren trabajar en una lavandería a estudiar. Entran a partir de los 16 años por el buen pago que reciben, pero el costo de salud es muy alto. El pago más alto lo recibe quien trabaja preparando el químico, que puede ganar entre 3 mil y 4 mil pesos a la semana”. Muchos se retiran antes de lo esperado, por las graves complicaciones a la salud que la labor les genera.
La investigadora advierte que el problema no sólo se encuentra en el uso de este químico: para reducir costos, las lavanderías utilizan restos de la industria automotriz en lugar de usar madera para encender las calderas, lo que aumenta la toxicidad a la que se exponen las personas.
A esto se le suma el problema del polvo del algodón, “que eventualmente provoca problemas respiratorios. Se han detectado algunos cánceres en la nariz”, explica la investigadora.
Los desechos de esta actividad están llegando a la cuenca del río Atoyac sin ningún tipo de control. Si las autoridades han sido omisas en regular a las grandes industrias, a estos productores locales no les han brindado ningún tipo de alternativa ambiental, para no renunciar a su fuente de ingresos de la cual han vivido durante más de 70 años.
Alejandra Méndez, del Centro Fray Julián Garcés, asegura que a estos productores se les ha culpabilizado más por la contaminación, cuando la mayoría de desechos tóxicos proviene de las grandes industrias. Sin embargo, hace énfasis en la necesidad de que estas comunidades, con apoyo de las autoridades federales y estatales, transiten a un modelo productivo no contaminante sin renunciar a sus empleos.
No obstante, no hay manera de saber qué tipo de sustancias contaminantes están generando los talleres y lavanderías locales, debido a que el Registro de Emisiones y Transferencias Contaminantes sólo aplica para las grandes industrias. “No se regula a las pequeñas ni medianas industrias”, asegura el doctor Omar Arellano Aguilar.
En los pequeños talleres se realiza el proceso de corte, lavado y confección de los productos, y el textil lo adquieren con las grandes industrias. “Es ahí, en la compra de la tela donde se encuentran los mayores ingresos”, afirma la doctora Paola Velasco.
Mientras las comunidades sobreviven en un trabajo que las está matando poco a poco, las industrias lucran con la comercialización de la mezclilla y la contaminación medioambiental sin ninguna consecuencia.
La producción local de mezclilla se rige por los patrones de moda que establecen las grandes marcas de ropa. Éstas, a través de su políticas de “moda rápida”, han extendido la tendencia de jeans rotos y desgastados, y es en ese proceso es donde radica el uso de químicos y colorantes contaminantes. Sin embargo, estas marcas tampoco se responsabilizan de la situación.
Dentro de esas tendencias del mercado, para las comunidades resulta difícil transitar a modelos de economía ambientalmente responsables. Los trabajadores locales no tienen otra opción que adaptarse a los patrones de la moda, con tal de no quedar fuera de la competencia. “Las marcas y las industrias cuando hacen el outsourcing se deslindan de toda responsabilidad”, asegura la antropóloga.
La poca coordinación de las autoridades, estatales y federales, el mal funcionamiento de las plantas de tratamiento de agua y las normas laxas en materia de descargas tóxicas han dejado la posibilidad de sanear el río Atoyac en la utopía.
No obstante, el doctor Omar Arellano Aguilar afirma que es posible sanearlo y en el corto plazo; pero para eso, dice, se necesita voluntad política. “Yo no dudaría que ese cuerpo de agua podría restaurarse y sanearse en menos de 6 años. Eso se lo comenté una vez en una reunión a la entonces secretaria del Medio Ambiente, Josefa González Blanco [primera titular de la dependencia en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador], pero aún así no vemos claro cuándo nos vamos a sentar a trabajar en ese río, no hay intención”.
El investigador critica que en el Plan Nacional de Desarrollo “el medio ambiente no pinta mucho y no sabemos cómo sea el plan hídrico y el plan nacional del sector ambiental. Para restaurar el río faltan gobiernos que de verdad quieran hacerlo”.
El doctor en ciencias agrega que existen todos los factores que harían posible sanear la cuenca hídrica del Atoyac, “lo único que falta es que el gobierno asigne los recursos y presione al sector industrial, principalmente a las trasnacionales que deberían aportar en la restauración del río”.
Hasta ahora, se sabe que las autoridades de los tres niveles de gobierno han planteado como única solución instalar más plantas de tratamiento de aguas residuales para limpiar los desechos industriales y municipales.
Sin embargo, en la recomendación 10/2017, la CNDH aseguró que esas plantas no son suficientes para dar el tratamiento adecuado a la totalidad de las aguas residuales generadas por su mal funcionamiento, inoperatividad y el poco control e inspección.
Ello se debe en parte a que más del 80 por ciento de las industrias radicadas en la zona no tienen concesiones de uso industrial. De las 20 mil 400 industrias que se encuentran en la cuenca, sólo 1 mil 500 tienen concesiones de este tipo; las restantes funcionan como si fueran consumidoras domésticas de agua y por ende utilizan los drenajes municipales para deshacerse de sus desechos, explica el economista Octavio Rosas Landa, estudioso de la contaminación industrial y sus implicaciones.
Así, los desechos de más de la mitad de las industrias se filtran sin ningún tipo de cuidado al Atoyac: las plantas de tratamiento que sirven están capacitadas únicamente para el tratamiento de residuos domésticos, no para industriales.
“El 70 por ciento de las plantas de tratamiento de aguas residuales no funcionan porque son muy costosas y los municipios no tienen recursos para su mantenimiento. Además, las plantas son inoperables porque les entran contaminantes industriales y no están capacitadas técnicamente para eso”, explica el maestro Octavio Rosas.
Por su parte, la coordinadora del Centro Fray Julián Garcés, Alejandra Méndez, señala la necesidad de hacer una división entre el drenaje municipal y el industrial: “mientras esa división no ocurra pueden seguir invirtiendo millones de pesos pero el problema va a seguir”.
Entrevistados por separado, Méndez y Rosas Landa coinciden que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Puebla se le entregaron 320 millones de pesos y a Tlaxcala, 160 de millones, para la construcción de plantas de tratamiento, sin que haya pasado nada.
“Al revisar el proyecto ejecutivo nos dimos cuenta de que las plantas no iban a funcionar porque estaban diseñadas para el tratamiento de aguas domésticas, no industriales. Lo señalamos a la CNDH, pero la Comisión nunca emitió ningún tipo de declaración ni de señalamiento al respecto para que detuviera la entrega de recursos financieros”, expresa el investigador Rosas Landa.
En entrevista con Contralínea, el doctor Rubén Francisco Pérez Sánchez, coordinador de seguimiento de recomendaciones de la CNDH, asegura que el tema de seguimiento de asignación de recursos para las plantas de tratamiento no les corresponde como Comisión. Por ello, asegura, no podían realizar ningún tipo de declaración como lo solicitaba la comunidad afectada.
Con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2016, la CNDH asegura en su recomendación que para 2015 se tenía registro de 28 sitios de tratamiento de aguas residuales en los municipios de Huejotzingo, San Martín Texmeluca (Puebla), Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Nativitas y Tepetitla de Lardizábal (Tlaxcala), de las cuales 11 eran de carácter público y el resto privado. Para el caso de Tlaxcala, había una planta en cada municipio.
De acuerdo con información oficial de la Semarnat, en 2018 habían más de 40 plantas de tratamiento en la cuenca del Atoyac “fuera de operación”, de las más de 90 plantas registradas en ambas entidades. La defensora de los derechos humanos Alejandra Méndez señala que en el municipio de Nativitas “sólo hay cuatro paredes que cuentan como si fuera una planta de tratamiento”.
El coordinador del área de seguimiento de recomendaciones de la Comisión, Rubén Francisco Pérez, asegura que como consecuencia de la recomendación tienen conocimiento de tres plantas que están funcionando adecuadamente en San Martín Texmeluca, Santa Rita Tlahuapan y San Simón Atzizintla.
Conocer qué tipo de sustancias contaminantes están usando las industrias es el primer paso para sanear el río, pero la dificultad radica en la poca información.
La Semarnat tiene un mecanismo para conocer anualmente qué emisiones y sustancias transfieren las industrias del país; el Registro de Emisiones y Transferencias Contaminantes, donde se debe informar a las comunidades en qué cantidad y qué sustancias son emitidas al agua, aire y suelo.
La lista de sustancias sujetas a reporte por parte de las industrias se encuentran contempladas en la Norma 165-SEMARNAT-2013, que además establece el umbral a partir del cual los establecimientos deberían registrar sus emisiones y transferencias. En la lista se encuentran sólo 200 sustancias.
“México debería estar reportando cerca de 600 moléculas”, explica el doctor Omar Arellano. Por un tema económico, agrega, “todavía nos falta incluir 400 en este sistema de reporte”. El investigador señala que hay países como Canadá y Estados Unidos que exigen reportar entre 900 y 1 mil 500 sustancias.
Para el evaluador del daño ecológico, frenar la contaminación implica un trabajo integral: “de nada serviría ampliar el número de sustancias para reportar si no se cuenta con la capacidad de inspección, que por el momento no existe”.
De tal manera que el RETC serviría sólo para conocer el tipo de contaminación, pero no para regular. Y es que, explica, las empresas no están obligadas a reducir sus emisiones porque no hay ningún tipo de medida o de estímulo fiscal para ello.
Sergio Sánchez –exsubsecretario de la Gestión Ambiental de la Semarnat y quien participó en la modificación de la norma para incluir más sustancias– asegura a Contralínea que México no se encuentra atrás en el tema y que no se puede comparar con países como Estados Unidos, ya que esté tiene mayores procesos industriales.
“Cuando negocié con los sectores industriales la implementación para reportar demasiadas sustancias era difícil, dada la falta de capacidad para poder hacer todas las estimaciones necesarias; las organizaciones civiles querían que fuera un mayor número de sustancias registradas. Por ende, de una manera muy responsable se eligió entre las sustancias que más se utilizan en el país de acuerdo con la naturaleza de los procesos y darle prioridad. Para esa época, hace 10 años, había 104 sustancias y actualmente son 200”.
El exfuncionario afirma que lo más importante es que las industrias reporten de manera oportuna con datos fehacientes sus emisiones: “pueden haber 600 sustancias en el RETC pero si no se reporta adecuadamente no tiene caso”.
En la realidad el registro enfrenta muchos problemas. Uno de ellos es el que observa el doctor Omar Arellano Aguilar, evaluador de daño ecológico de la Facultad de Ciencias de la UNAM: “el dato que las industrias reportan no es cuantificado, surge directamente de la ecuación que la Semarnat les ha dado para que generen el reporte, entonces es sólo una estimación de lo que se está liberando”.
El RETC, dice, debería incluir a las pequeñas y medianas empresas que emiten sustancias contaminantes, así como debería contemplar una serie de moléculas que las empresas deberían reportar y no lo hacen.
La página oficial de ese Registro indica que, para 2017, el total de emisiones en Puebla y Tlaxcala fue de 93 mil 847 y 31 mil 435 toneladas al año, respectivamente, para las 20 mil 400 industrias que realizan actividades en la cuenca. Esas cifras se encuentran muy por debajo de las reportadas en Tamaulipas y Aguascalientes, donde las emisiones son superiores al millón de toneladas al año.
A ello se suma la critica que hace el economista y geógrafo Octavio Rosas: menos del 5 por ciento de las industrias del país están obligadas a informar sus emisiones en el RETC.
https://youtu.be/JUyG-EMhtvc”
La laxitud en la aplicación de las pocas normas existentes es un atractivo para la industria. “Las empresas trasnacionales vienen a México a seguir su producción porque hay regulaciones muy laxas y llegan sin ningún tipo de compromiso socio ambiental. México es un paraíso para las trasnacionales”, asegura el doctor Omar Arellano Aguilar.
En la cuenca del Atoyac se asientan multinacionales como Bayer y Volkswagen, pero también hay empresas nacionales como Petróleos Mexicanos y Global Denim. Muchas de éstas se venden como social y ambientalmente responsables, pero en la realidad no lo son.
“Es una falta de ética de las trasnacionales porque en sus países sí cumplen las normas y acá no. Al menos deberían estar aportando al saneamiento del río, porque han contribuido significativamente en su degradación”, señala el investigador Omar Arellano.
Por su parte, el economista Octavio Rosas Landa cita al jurista Raimundo Espinosa: en México se violan los derechos cumpliendo la ley. Ello, dice, porque “la ley está diseñada para violentar los derechos individuales y colectivos porque expresamente favorece los intereses privados y trasnacionales; está hecha para proteger las inversiones violentando los derechos”.
Todo lo que ocurre en torno al Atoyac “es un círculo vicioso en el que los más pobres son los más afectados siempre”, señala el maestro Rosas Landa.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló en la recomendación 10/2107 que hay poca coordinación en las instancias encargadas del cuidado del medio ambiente y la protección del agua. La coordinadora del Centro Fray Julián Garcés, Alejandra Méndez, señala que la Profepa, la Conagua y la Semarnat actúan cada una por su lado.
“Lo que sí encontramos es un trabajo que cada quien hace de manera muy inconexa, cada quien hace el trabajo que le corresponde y no se coordina por ejemplo con el municipio”, expresa el doctor Rubén Pérez, coordinador de seguimiento de recomendaciones de la CNDH.
Al respecto, el investigador Octavio Rosas asegura que la recomendación estableció que se debía instaurar un plan de saneamiento en el que participaran también las comunidades; pero, dice, “los afectados nunca fueron convocados y mucho menos las personas de la Coordinadora por una Atoyac con Vida, que fueron quienes presentaron la queja ante la CNDH”.
En compañía de investigadores de la UNAM, las comunidades afectadas generaron una propuesta de plan de saneamiento que le fue entregada a las autoridades pero que aún no es tomada en cuenta.
En ella se plantea imponer multas más altas a las empresas, y en relación con el tamaño de sus dividendos. “Las sanciones son tan bajas que las empresas continúan contaminado: en los hechos, la norma es un permiso para contaminar”, critica Rosas Landa.
Lauren Franco, enviada/Segunda parte y última
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