La Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, Países Bajos, posee suficiente evidencia para iniciar una investigación en contra del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, debido a los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos tras declarar su supuesta “guerra” contra el narcotráfico, asegura Lucía Guadalupe Chávez Vargas, subdirectora de análisis y estrategia en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
La investigación de estos crímenes –que no prescriben y que entrañan sistemáticas violaciones graves a derechos humanos– sería el primer paso en ese tribunal internacional para encontrar justicia; el segundo sería que a este político ultraderechista se le juzgue como responsable de una de las peores crisis humanitarias que ha vivido México, con un saldo de más de 200 mil civiles asesinados, 70 mil desaparecidos, 350 mil desplazados forzosos por violencia y más de 4 mil torturados.
A más de 9 años de que el tribunal de La Haya recibiera la primera comunicación que denunciaba las atrocidades del sexenio calderonista, el maestro en derecho internacional y cofundador de Justicia Transicional MX (JTMX), Jorge Carlos Peniche Baqueiro, considera que el lugar adecuado para empezar una investigación contra Felipe Calderón es la Corte Penal Internacional.
Sobre esta denuncia, explica, hay dos posturas: una donde se señala que el expresidente sí tiene responsabilidad penal internacional; y otra en la cual se indica que tiene sólo responsabilidad política. No obstante, resalta que Calderón Hinojosa sí tendría responsabilidad en los crímenes cometidos luego de declarar su “guerra” contra el narcotráfico, porque lanzó una política indiscriminada de abatir personas, desaparecerlas y torturarlas.
“Lo que es indudable son dos cosas: uno, en México hay elementos para decir que se cometen crímenes de lesa humanidad; y dos, lo que diga la CPI no es excluyente de los otros tipos de responsabilidad que pudiera tener Calderón en la jurisdicción mexicana”.
El 25 de noviembre de 2011 se presentó ante ese tribunal internacional una denuncia con suficientes pruebas, firmada por más de 20 mil ciudadanos, en donde se solicita juzgar a funcionarios, militares y narcotraficantes mexicanos, entre ellos al entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, por crímenes contra la humanidad repetidos sistemáticamente durante su gobierno (diciembre de 2006-noviembre de 2012), como asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales, persecuciones y migración forzosa, entre otros delitos de lesa humanidad.
De acuerdo con la Resolución 6 del 11 de junio de 2010 de la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional puede conocer crímenes de “genocidio (artículo 6), de lesa humanidad (7); de guerra (8), y de agresión (8 bis)”. Todos esos podrían ser imputables a Calderón Hinojosa.
Lucía Chávez, de la CMDPDH, explica a Contralínea que la responsabilidad penal adjudicable a Calderón Hinojosa tiene que ver con que toleró, ocultó u ordenó la comisión de dichos delitos a las Fuerzas Armadas, pues como presidente de la República tiene el cargo de comandante supremo.
“Creemos que hay suficiente evidencia para que no sólo Felipe Calderón, sino también el expresidente [Enrique] Peña Nieto y altos mandos del Ejército que estuvieron en estos dos sexenios sean responsables o puedan ser investigados por su participación en estos crímenes de lesa humanidad, concretamente hablo de torturas, de asesinatos y de desapariciones forzadas”, señala la experta en derechos humanos.
Asimismo, con base en las leyes del Ejército Mexicano se puede concluir que un militar no dispara, no comete un acto que involucre el uso de la fuerza y no va a un operativo sin una orden de su superior jerárquico, considera la maestra en derechos humanos; y esto, agrega, siempre se informa a un comandante de zona o región militar.
Felipe Calderón no ignoraba los delitos de lesa humanidad cometidos en México durante su mandato, indica la subdirectora de la CMDPDH, porque existieron muchas recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), además de que un titular del Ejecutivo recibe informes de sus secretarios de gobierno.
“Tenemos casos documentados por la CNDH en donde varias personas son trasladadas a instalaciones militares, en las cuales son torturadas y, al final, asesinadas y desaparecidas. Es ridículo creer que el alto mando de esa región o batallón militar no tuvo conocimiento del ingreso de personas, mucho más cuando a veces, por ejemplo, sacaban helicópteros o unidades militares para hacer esos operativos”, dice Chávez Vargas.
También expresa que la CPI “ha puesto la vara muy alta”, pues ya cuenta con la evidencia suficiente para comenzar con la primera fase de la investigación. Sin embargo, dice, parece que la Fiscalía de La Haya quiere que se pruebe también quiénes pudieran ser los responsables, lo cual es complicado porque las organizaciones de derechos humanos que participan en enviar insumos no somos un ente investigador.
A más de 9 años de presentada la primera comunicación contra Calderón, el tribunal internacional aún no se ha pronunciado ni ha empezado una evaluación preliminar. Esto es algo normal en el actuar de la CPI, explica a Contralínea edl maestro Peniche Baqueiro, porque los procesos de esta Corte son tardados.
La Corte Penal Internacional como institución de justicia actúa únicamente cuando los Estados miembros del Estatuto de Roma (del cual México es parte) no quieren o no pueden juzgar los delitos en materia de su competencia: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. No obstante, detalla el maestro en derechos humanos, la CPI no abre investigaciones sobre personas en específico, sino sobre situaciones.
Hay tres formas para llegar a la Fiscalía de la CPI: una es que el propio fiscal solicite abrir una investigación; otra que algún Estado miembro remita su propia situación; o que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas mande un caso para ser investigado. El fiscal de La Haya cuenta con la facultad de decidir si las comunicaciones recibidas, sin importar quien las envíe, son de su competencia, subraya el maestro Jorge Peniche.
De igual forma, el cofundador de JTMX sostiene que el tema de México en la Corte Penal Internacional va más allá de actores específicos, pues la problemática en nuestro país se liga a estructuras y sistemas. Y agregó que los resultados de cualquier Corte serán muy limitados si no se acompañan con mecanismos de verdad, de reparación y, sobre todo, de prevención y no repetición.
“Es que somos aversos al riesgo: preferimos dejar los fantasmas del pasado en el pasado a que sean traídos a colación. Yo no puedo hablar con generaciones de más arriba… y probablemente la perspectiva en algunos casos será ‘para qué le están moviendo, miremos hacia a delante’. Y el problema es que esos fantasmas regresan; y esos fantasmas van a estar ahí hasta que hagamos algo al respecto, los estaremos arrastrando”, dice.
Por su parte, la maestra en derechos humanos Daniela Malpica Neri, fundadora de JTMX, considera que existen dos cuestiones principales por las cuales la CPI ha tardado más de 9 años en pronunciarse respecto al caso de México: una es geopolítica, pues los Estados miembros del Estatuto de Roma son quienes financian al tribunal internacional, “y ahí hay acciones por parte de los organismos encargados de la política exterior para tratar de que esto no proceda”; la otra es que la CPI está sobrepasada, porque también tiene los casos de Venezuela, Afganistán y Palestina, entre otros.
Asimismo, la abogada indica que será complicado fincar responsabilidad penal internacional de manera directa al expresidente Felipe Calderón por los crímenes derivados de su combate al crimen organizado; esto debido a que los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra normalmente se dan en el contexto de un conflicto armado, y México no ha reconocido que se encuentra en uno como tal.
“Eso sería lo complejo a determinar, ¿cuál fue la responsabilidad de Calderón? ¿Qué tanto sabía? ¿Qué tanto realmente podemos fincarle la responsabilidad por estos delitos de lesa humanidad? Es un camino complicado, o sea, los tribunales internacionales se pueden llevar varios años sin poder armar un caso sólido y eso es lo que habría que esperar, y eso es lo que no podría decirte o darte una aproximación”, asegura.
El maestro en derecho penal Arturo Luis Cossío Zazueta explica a Contralínea que cuando la Corte Penal Internacional decide conocer un caso significa que la jurisdicción nacional no tomó interés en el asunto o no tenía las condiciones para juzgarlo. Por ello, apunta, si La Haya acepta el caso de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el sexenio de Felipe Calderón sería demostrar que las instituciones mexicanas fallaron en la impartición de justicia.
Sin embargo, el académico de la UNAM considera que la responsabilidad penal del expresidente panista es muy limitada, por lo cual no es posible pensar que el caso sea competencia de la CPI. Y agrega que para fincarle la responsabilidad a Calderón Hinojosa de los crímenes cometidos tras su “guerra” contra el narcotráfico, se necesita acreditar que hubo un mandato para violar los derechos humanos proveniente directamente del presidente de la República.
“Le voy a decir por qué creo que no es una responsabilidad directamente penal. Podría ser una responsabilidad en lo político, en lo administrativo, si es que se quisiera llegar a alguna responsabilidad. Si nosotros vemos, por ejemplo, ante la CPI los crímenes que son competencia de la Corte incluyen los de lesa humanidad, dentro de los cuales se encuentra el asesinato. Pero para hablar del asesinato se habla, básicamente, de un ataque sistemático contra la población civil”, señala el maestro Cossío Zazueta.
Por su parte, el maestro Jorge Peniche indica que la CPI es una institución complementaria, por lo cual un análisis de La Haya sobre si se está haciendo o no lo suficiente en determinada situación o caso no implica una valoración sobre todo el sistema judicial de un país. No obstante, asevera que la intervención del tribunal internacional sí conlleva un peso político, porque es reconocer que la nación no ejecuta lo necesario para impartir justicia.
El maestro en derecho internacional agrega que el tema de la impunidad no pasa por las capacidades de sus instituciones, sino por un tema de deliberadamente no hacer mucho y crear condiciones para que no haya capacidad. “Creo que ahí está el tema. ¿Por qué? No se vuelve sólo un tema jurídico, se vuelve un tema político. La impunidad no es sólo el no hacer algo, es una decisión deliberada para que cosas no pasen, y tomar acciones para que cosas no pasen”.
Al respecto, la experta en derechos humanos Lucía Chávez expresa que existe indolencia en las autoridades mexicanas, además de una complicidad, principalmente en la Fiscalía General de la República (FGR), pues este organismo tiene la facultad de investigar los fenómenos criminales, incluyendo los cometidos durante el sexenio de Felipe Calderón, pero no lo hace.
Asimismo, señala que parte del error de la FGR es tratar de ver las violaciones a derechos humanos como hechos aislados y no como un conjunto de casos que responden a un fenómeno criminal más complejo, el cual tiene sumergida a la población mexicana en un estado de violencia donde cualquiera puede ser víctima de una masacre, tortura o desaparición forzada.
Por su parte la maestra Daniela Malpica considera que la FGR debe actuar para esclarecer los delitos cometidos tras la “guerra” contra el narcotráfico de Felipe Calderón, no obstante, agregó que la capacidad de la FGR no es suficiente para abarcar el gran número de denuncias interpuestas.
“Si se dedicara la FGR a tratar de resolver los delitos de homicidio que tiene pendientes, no se daría abasto, tardaría más de 129 años nada más en los delitos de homicidio. Entonces, no hay una capacidad real por parte del Estado de poder atender ya la cantidad de delitos de violaciones masivas de derechos humanos que tenemos en México”, enfatiza la fundadora de JTYMX.
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