Los cárteles del narcotráfico y subgrupos delictivos, con presencia en los 32 estados del país, conforman una compleja estructura territorial paramilitar con un poder de fuego capaz de repeler a las Fuerzas Armadas Mexicanas. Los batallones de la Guardia Nacional que ya crea el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tienen en frente a un poder que también posee una cobertura política, social e, incluso, mediática.
De acuerdo con el documento confidencial Organizaciones delictivas, elaborado por la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (AIC-PGR), del que Contralínea posee copia, la geografía nacional está distribuida entre nueve cárteles, aliados entre sí territorialmente con más de 80 subgrupos depredadores, que operan como ejércitos privados, células de sicarios, huachicoleros (hurtadores de combustible), traficantes de personas, secuestradores.
El documento “de uso cerrado” elaborado por la AIC-PGR delimita con precisión, por estado y municipio, dónde operan las organizaciones criminales trasnacionales del Pacífico (Cártel de Sinaloa), Beltrán Leyva, Carrillo Fuentes (Cártel de Juárez), Jalisco Nueva Generación, Arellano Félix (Cártel de Tijuana), Familia Michoacana, Zetas, Caballeros Templarios y Golfo, que mantienen en jaque al Estado desde hace más de 2 sexenios y ya en aprietos al gobierno de la llamada “Cuarta Transformación”.
El control territorial del país lo encabeza el Cártel del Pacífico, con cobertura en 14 estados y 145 municipios, de acuerdo con el documento de inteligencia. Es seguido por los Caballeros Templarios (con 13 estados y 103 municipios); Los Zetas (11 y 159); la Familia Michoacana, en ocho estados y 59 municipios; los Beltrán Leyva (45 y nueve); Jalisco Nueva Generación (cuatro entidades y 40 alcaldías); el Golfo (cuatro y 14); Carrillo Fuentes (dos y 19), y Arellano Félix (dos estados y seis alcaldías).
Bruce Bagley, experto en narcotráfico y catedrático en la Universidad de Miami, Florida, Estados Unidos, señala que Felipe Calderón (presidente de México de diciembre de 2006 a noviembre de 2012), al militarizar la lucha contra las drogas, provocó la fragmentación de los cárteles del país, que pasaron de ocho a 80 durante su sexenio.
En entrevista con Contralínea, el doctor en ciencias políticas por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) ejemplifica con los dos cárteles históricos del narcotráfico: del de Sinaloa se desprendieron los Beltrán Leyva; y del Golfo, Los Zetas. Vino en cascada un mayor número de organizaciones delictivas, cada una dedicada a diversas “especialidades” delincuenciales: la extorsión, el chantaje, el robo de combustible, el robo de autos, etcétera.
El Cártel de Sinaloa –señala el investigador adscrito al Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Miami– mantuvo el monopolio parcial sobre el narcotráfico, en especial de cocaína desde la región andina hasta Estados Unidos, mientras que Los Zetas competían igual que el Cártel del Golfo por ese mercado.
La diversificación y proliferación de grupos delictivos vinculados con el crimen organizado, explica Bagley, ha generado un panorama más difícil para México y mucho más violento. Las disputas por territorios, plazas y rutas en la frontera aumentó en la segunda mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto, y produjo más balaceras, muertos y enfrentamientos en todo el país.
Autor de Tráfico de drogas, crimen organizado y violencia en las Américas hoy (2017), el experto indica que la multiplicación y fragmentación de grupos delictivos con mayor intensidad de conflicto se produce por periodos en distintas regiones del país, como en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Reynosa, Tamaulipas, y después en Acapulco, Guerrero. Es decir, no todos los cárteles se dividen a la vez como si fuera un juego.
La situación empeoró durante el sexenio recién concluido; pero la violencia y la impunidad ya habían quedado fuera de control desde los gobiernos de los panistas Felipe Calderón y Vicente Fox. Si algo ha quedado claro durante estos 3 sexenios es que el combate con ataques directos sólo terminó exacerbando el problema. Las acometidas contra los cárteles de Juárez y de Tijuana permitió que el de Sinaloa –ya entonces dirigido por Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, e Ismael Zamada García, el Mayo– llenaran el vació.
Sobre la política antidrogas del nuevo gobierno, el académico y experto estadunidense no tiene grandes esperanzas. “Es un panorama pesimista porque la estrategia de debilitar a los grandes cárteles y capos no ha funcionado”.
En ese contexto, señala Bagley, México está en peores condiciones que al inicio del Siglo XXI con Fox, que empeoró con Calderón y que con Peña Nieto resultó con más criminalidad y mayor diversificación y violencia que nunca.
Pero el gran problema es que “no sólo hay más violencia, sino más penetración y corrupción a todos los niveles de gobierno, en especial en las administraciones estatales y municipales; por ello, el saldo es negativo, y se requiere un cambio de paradigma y de estrategia”.
Considera que medidas como legalizar la mariguana y despenalizar otras drogas, así como atacar las estructuras financieras del crimen organizado, son pasos en el sentido correcto que empieza a dar el gobierno que inició el pasado 1 de diciembre.
“No significa que estas medidas van a acabar con el crimen organizado durante el periodo del presidente López Obrador, pero dado que el valor agregado mayor proviene del narcotráfico, si se reducen sus ganancias se puede minimizar, no eliminar, la diversificación del crimen organizado que aflige al país entero.”
El documento Organizaciones Delictivas de la AIC-PGR, de acceso restringido, describe en forma detallada estados y municipios convertidos en trincheras bajo control de las organizaciones trasnacionales delictivas:
El Cártel del Pacífico mantiene presencia territorial en Baja California, Chihuahua, Chiapas, Guerrero, Tabasco, Jalisco, Campeche, Yucatán, Sinaloa, Durango, Sonora, Nayarit y Coahuila. Las organizaciones que integraron el Cártel de los Beltrán Leyva en Aguascalientes, el Estado de México, Morelos, Nayarit, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Sonora y Sinaloa. La organización Carrillo Fuentes en Chihuahua y Sinaloa.
Por su parte, Cártel de Jalisco Nueva Generación en Jalisco, Colima, Guanajuato y Michoacán, mientras que la de los Arellano Félix en Baja California y Baja California Sur. La Familia Michoacana, en el Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Colima, Michoacán, Quintana Roo y Morelos. Los Zetas, en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Quintana Roo, Guanajuato, Tabasco, San Luis Potosí, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz y Puebla.
En cuanto a los Caballeros Templarios, éstos mantienen presencia en Michoacán, Guerrero, el Estado de México, Jalisco, Colima, Tabasco y Guanajuato. Y el Cártel del Golfo en Tamaulipas, Nuevo León, Quintana Roo, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas.
Las organizaciones trasnacionales delictivas, “desde una posición subordinada a algunas autoridades” crearon una red y sistema de sobornos y favores, y provocaron un desajuste político-económico que alteró la seguridad interna de México, considera el contralmirante de la Armada de México, Martín Enrique Barney Montalvo.
Director del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México (Ininvestam), Barney Montalvo es maestro en estudios estratégicos de seguridad por la Universidad de Defensa Nacional en Washington, DC. También participó en los cursos de mando naval en el Colegio de Guerra Naval en Newport, Rhode Island; de contraterrorismo en el Centro de Estudios Asia-Pacifico en Hawái y en la Universidad de Operaciones Especiales Conjuntas de Estados Unidos.
Al explicar la evolución del crimen organizado en el país, en el marco del encuentro regional “El mercado de la cocaína. Criminalidad organizada en el área común de inseguridad Atlántica”, celebrado en la Facultad de Ciencias Política y Sociales de la UNAM, indica que hay una paradoja en el tema de seguridad del país.
“Por un lado, se permitió a las organizaciones trasnacionales delincuenciales realizar sus actividades con mayor ganancia y menor riesgo; y por otro lado, facilitó a las autoridades corruptas limitar y controlar las actividades ilícitas.”
Barney Montalvo, experto en seguridad nacional, refiere que desde hace 35 años la pérdida del control de las rutas por parte de los cárteles colombianos posibilitó a las organizaciones trasnacionales del crimen mexicanas emerger y empoderarse rápidamente del tráfico de drogas para satisfacer el mercado de Estados Unidos y de otras latitudes.
El resultado: “La ola de violencia se incrementó; tan sólo los homicidios registrados entre 2000 y 2017 desbordó cualquier expectativa y derivó en violencia política que ha sido más evidente en los últimos 11 años [2007-2018] con más de 100 asesinatos de alcaldes y políticos de diversas organizaciones partidistas”.
La ola de violencia política se acrecentó durante el más reciente proceso electoral –sobre todo del 8 de septiembre de 2017 al 8 de marzo de 2018–, periodo en el que se registraron 117 ataques contra de políticos, con saldo de 68 asesinatos; así como 24 agresiones contra familiares de políticos con saldo de 28 víctimas. El 50 por ciento de los asesinatos ocurrió en cuatro estados: Oaxaca, Michoacán, Veracruz y Guerrero, apunta el director del Ininvestam.
“La frecuencia de asesinatos de este tipo es tema de gobernabilidad, ya que la capacidad y efectividad al realizar estos crímenes supone un método, daña la legitimidad del gobierno e impide el ejercicio de las funciones sustanciales del Estado”, enfatiza Barney Montalvo.
El experto en seguridad nacional e inteligencia subraya que la ola de violencia que generan las organizaciones criminales continúa imparable y en aumento, y se registra en una dinámica que inmiscuye no sólo a los cárteles y el Estado, sino también a la sociedad.
“Por un lado, la capacidad de los cárteles se basa en el desarrollo de sus operaciones de tráfico de drogas y financieras que causan graves daños al desarrollo del país; por otro lado, el poder de influencia de los cárteles radica su capacidad para actual con impunidad”, enfatiza.
Esto permite a los cárteles poner en práctica operaciones complejas que incluyen: tráfico de drogas, personas, dinero y armas, así como la operación ilegal de instituciones bancarias y comerciales para lavado de dinero que laceran aún más a la sociedad, como el soborno, la extorsión, el secuestro, los “servicios de protección” (sicariato), mediante el uso de violencia y el terror.
La corrupción y violencia que utilizan los cárteles debilita las instituciones encargadas de mantener el estado de derecho y de proteger a la población de la violencia y el terror, lo cual sucede a través de un proceso que Peter Lupsha identifica de tres fases: depredadora, parásita y simbiótica.
En ese sentido, Barney Montalvo explica que el futuro de la estabilidad y prosperidad del país bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está amenazado por la corrupción que las organizaciones criminales trasnacionales provocan y estimulan entre las instituciones y la población.
“El impacto de la corrupción afecta a la economía, modifica las relaciones sociales y la forma de vida de los ciudadanos, deteriora el tejido social”. Y amenaza “la aspiración de construir un Estado democrático legítimo”. Así, apunta, “cuando el Estado pierde legitimidad pierde el derecho y habilidad para gobernar”.
No sólo eso. Los cárteles impiden el bienestar social, la convivencia ciudadana y aplicación de la ley; hieren y afectan la salud física y mental pública, los derechos ciudadanos y frenan el desarrollo económico.
Barney Montalvo destaca el papel del narcotráfico en el proceso de descomposición del gobierno y el Estado mexicanos, y cómo afectan la legitimidad del gobierno las organizaciones trasnacionales delictivas como el cártel de Los Zetas.
“Las organizaciones criminales trasnacionales que operan en México, como Los Zetas, corrompen a las autoridades, obstruyen la acción del gobierno, alimentan la desconfianza y desalientan la participación política, erosionan la democracia, nutren y disputan el mercado de drogas y motivan e incluso gestan protestas y manifestaciones en contra del gobierno”, subraya.
Destaca que la afectación de la legitimidad del gobierno se gesta en dos fases: por un lado, utilizan la violencia para generar terror y ser temidos por la sociedad; y por otro lado, corrompen para ganar impunidad, lo cual debilita las instituciones gubernamentales, y les permite actuar con libertad y menor riesgo para alcanzar su objetivo principal de obtener ganancias lucrativas.
Así, la impunidad de Los Zetas convierte a la sociedad en víctima, atrapada en el descontento y temor, bajo la amenaza de sus vidas y bienes, lo cual se traduce en desconfianza en las instituciones de gobierno y deteriora el tejido social.
“El debilitamiento de las instituciones gubernamentales ocasiona la pérdida del monopolio del uso de la fuerza y el debilitamiento de la cohesión social, influyen de manera negativa en la legitimidad del gobierno, pérdida de participación ciudadana y de gobernabilidad”, anota Barney Montalvo en entrevista con Contralínea.
En síntesis, dice, Los Zetas, como el resto de los grupos criminales, buscan controlar áreas de interés y rutas de tráfico de drogas, personas y armas, usurpan funciones del Estado, fungen como actores políticos de facto por arriba de la autoridad, generan violencia para mantener la supremacía del mercado ilícito, alteran la vida socioeconómica de la sociedad atrapándola en lo legal, y fomentan la cultura de la ilegalidad.
De tal manera que “la fortaleza o fragilidad del Estado se debe a la fortaleza o debilidad de su legitimidad, razón imperiosa para contener el fenómeno e implementar acciones que contribuyan al fortalecimiento del mismo; de lo contrario, los efectos que la están dañando se potencializarán con consecuencias que alterarán la seguridad nacional”.
Las ganancias de las organizaciones delictivas trasnacionales al cierre del 2018 representan ingresos hasta por 600 mil millones de dólares anuales, más del doble de la industria farmacéutica nacional; ocupan a más de 1 millón de trabajadores y para la producción de amapola cubren más de 44 mil 100 hectáreas, 150 por ciento más que en años previos, sostiene el doctor en ciencia política por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Emilio Vizarretea Rosales.
En entrevista con Contralínea, el catedrático destaca que el consumo de opiáceos en Estados Unidos significa un gasto de 19 mil 439 millones de dólares para combatir la epidemia del Siglo XXI, mercado en el que participan 5 millones de personas y que provocó en ese país la muerte por sobredosis de 64 mil personas en 2018.
“Se trata de un problema global que se vuelve binacional México-Estados Unidos, por el nulo control que hay en el tráfico, venta y consumo de estupefacientes”, arguye el también experto en seguridad nacional.
Vizarretea Rosales indica que sólo en Guerrero hay una zona muerta donde ningún Ejército o autoridad puede entrar, ubicado en el corredor de Iguala- Tierra Caliente: la entrada al corredor agroindustrial de producción de amapola para la exportación en 24 mil 800 hectáreas.
“Es un problema de seguridad nacional cuya solución demanda políticas de Estado para combatir la delincuencia organizada trasnacional y los corporativos a su servicio; ya no es asunto exclusivo de las Fuerzas Armadas, sino multifactorial y multidimensional”, que deberá contemplar el gobierno de López Obrador para no repetir la historia de sus antecesores.
Al referirse a la fragmentación de los cárteles, Vizarretea Rosales destaca que sólo en Guerrero participan del trasiego, producción y venta de drogas seis organizaciones y 60 grupos y subgrupos en lucha permanente por el control de plazas y un mercado que representa 7 mil 200 millones de dólares en la primera cosecha de amapola.
“El problema es grave si se considera que al año hay tres cosechas de amapola en Guerrero, en cuya producción participan entre el 75 y 85 por ciento de familias relacionadas con las drogas, por lo que no es fácil para el gobierno de López Obrador resolverlo, en un país como México donde el 80 por ciento de los presidentes municipales, es decir, más de 2 mil alcaldes, están ‘tocados’ por el narcotráfico”, enfatiza el experto en seguridad nacional.
El gobierno de la llamada “Cuarta Transformación” requerirá, además de voluntad política, el combate a la estructura financiera de los narcotraficantes, que sigue intacta, asemejándose a multinacionales del crimen más que a grupos de delincuentes, así como el concurso y la colaboración de la comunidad internacional, augura María Luisa Pastor Gómez.
En su análisis “México en la encrucijada. Diez años de guerra contra el narcotráfico”, contenido en el Panorama geopolítico de los conflictos del Instituto de Estudios Estratégicos de España (IEEE), la especialista en inteligencia y seguridad nacional advierte que de no tomarse en cuenta esos factores, la victoria sobre el narcotráfico no será posible en el nuevo gobierno.
Pastor Gómez enumera que a una década de enfrentamiento militar con los narcotraficantes, “México ha decomisado droga por valor de 90 mil millones de euros; incautado 200 mil armas de fuego, 162 mil vehículos terrestres y marítimos y 607 aeronaves; inutilizado 5 mil pistas de aterrizaje clandestinas, y decapitado las principales organizaciones delictivas”.
Sin embargo, advierte que se ha dado una carrera armamentista entre cárteles cuyo resultado es el dominio territorial “y esto implica que muchos mexicanos quedan bajo el yugo de su autoridad, lo que se convierte en una clara amenaza a la soberanía del Estado y pone en peligro a toda la sociedad”.
La erradicación del narcotráfico en México es un clamor social, un problema global por la relación transnacional existente entre producción, comercio y consumo. Por ello, la analista del IEEE considera que México “nunca podrá acabar con esta lacra en solitario, sin la estrecha colaboración de otros países, en especial con Estados Unidos”.
Al explicar los alcances y límites de la doctrina de contrainsurgencia en el contexto mexicano, Fausto Carvajal Glass señala que durante la última década, ha sido considerada a nivel internacional para enfrentar casos de violencia armada y, en el contexto del combate a la delincuencia organizada en México, ha sido examinada como una alternativa para contrarrestar la violencia de las organizaciones delictivas, toda vez que éstas representan un caso de “insurgencia criminal”.
En su análisis “Alcances y límites de la doctrina de contrainsurgencia en el contexto mexicano”, publicado por el Centro de Estudios Superiores Navales, Carvajal Glass sostiene que aun cuando se reconoce que ambos fenómenos (delincuencia organizada e insurgencia criminal) llegan a compartir algunas características, es un error epistemológico estudiar al crimen organizado en México como una expresión de insurgencia criminal.
Sin embargo, sugiere que un enfoque de contrainsurgencia puede contribuir a mitigar la violencia homicida en México –“siempre y cuando se considere como un eslabón más de una estrategia de seguridad multidimensional, y no la estrategia en sí misma”–, y señala los alcances, límites y retos que enfrenta en el teatro de operaciones mexicano contra las organizaciones criminales.
En suma, dice, es un error decir que la contrainsurgencia sea una estrategia que permite alcanzar los fines políticos. En cambio, es una forma de emplear los medios militares para cumplir los objetivos a nivel táctico-operacional. “Lo anterior no significa que los fundamentos de la contrainsurgencia no puedan ser aplicables al escenario mexicano”.
Carvajal Glass, miembro del Centro de Investigación para la Paz México (Cipmex) y de la Federación Mundial de Estudios del Futuro (WFSF, por su sigla en inglés), concluye que cualquier política de seguridad en México tiene que estar orientada a restablecer el orden y generar condiciones de estabilidad a nivel municipal, y reducir la violencia en regiones del país donde no se cuenta con la fortaleza institucional, “podría ser uno de los principales objetivos de una campaña contrainsurgente”.
En la realidad en México se impone a la teoría de la contrainsurgencia –puesta en práctica en Afganistán e Irak para el combate de grupos armados–, ya que hay casos en donde los grupos delictivos interactúan de diversas formas con la sociedad (más allá de la violencia), por lo que pueden llegar a contar con una base social sólida.
En estos casos, dice Carvajal Glass, el objetivo de una campaña contrainsurgente de despejar de miembros del crimen organizado y sostener el territorio, puede resultar contraproducente, toda vez que podría ser visto por la población como una acción invasiva, creando más violencia de la que se proponía mitigar.
Advierte que el uso de la fuerza militar no es en lo absoluto sustituto o suplemento de la acción política. Por eso, aclara que “el esfuerzo contrainsurgente tiene que ser pensado como parte de una gran campaña política, siendo el propósito de ésta ganarse el corazón y la mente de la gente para generar estructuras de control, organización y movilización alternativas a las existentes en comunidades donde los grupos delictivos tengan una base social sólida”.
Para el caso mexicano, las ganancias que se tengan en seguridad en el corto plazo, como producto de las acciones militares de despejar y sostener un territorio se tienen que traducir forzosamente en avance político de largo plazo. De lo contrario, el esfuerzo contrainsurgente será únicamente parte de la continuación de un proceso de descomposición política y social a nivel municipal.
“Pensemos que hay un consenso en que la Coin [Doctrina de Contrainsurgencia] es una forma efectiva para reducir la violencia producida por la delincuencia organizada en una comunidad. De modo que las Fuerzas Armadas realizan operaciones cuyo objetivo es recuperar territorios controlados por un grupo delictivo o grupos delictivos.
“¿Y después qué seguiría? ¿Hasta cuándo permanecerían los contingentes militares en una comunidad? Más importante aún, ¿cuál es el propósito político del uso de la fuerza militar? Un enfoque de contrainsurgencia implica también apoyar en la construcción y/o fortalecimiento de instituciones civiles a nivel local que detonen, a su vez, las capacidades gubernamentales, el desarrollo económico, la reforma del sector de seguridad, entre otros.”
Empero, aclara el catedrático del Cesnav, “esto ya no le compete al poder militar, implica el completo involucramiento del poder político de los distintos niveles y órdenes de gobierno para que la inversión pública, o privada, para escuelas, hospitales, turismo, etcétera, lleguen a localidades, sin que con ello se sugiera una política de seguridad con una óptica asistencialista, sino de generación de capacidades institucionales a nivel municipal.
“De no ser así, se continuará utilizando por tiempo indefinido a las Fuerzas Armadas para realizar actividades que no les corresponden, desde repeler agresiones de civiles armados, hasta servir como oficiales de tránsito, y continuaría el proceso de degradación en las relaciones cívico-militares”.
José Réyez
[INVESTIGACIÓN][SEGURIDAD][SEMANA][D]
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