La prescripción de los delitos no es un obstáculo para iniciar un posible juicio contra los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, porque los fiscales podrían seleccionar los ilícitos por los cuales aún se les pueda investigar, además de que las penas de las imputaciones son altas y no es probable su prescripción, considera el maestro en derecho Jorge Carlos Peniche Baqueiro, cofundador de Justicia Transicional MX (JTMX), en el contexto de la próxima consulta popular del 1 de agosto.
Agrega que se pueden encontrar crímenes que no hayan prescrito. “Eso también depende de la creatividad de los fiscales y de los jueces, pero más allá de los fiscales de decir ‘¿cuál es el plazo de prescripción de equis o ye delito?, [lo que se debe preguntar es] ¿qué conductas podrían seguirse manifestando o podrían seguir teniendo efectos y de qué manera creativa podemos manifestar que no han acabado?’”
Enjuiciar a un expresidente diría mucho, políticamente, del grado de democracia y del estado de derecho de un país, a pesar de que la ley no hace distinciones, indica a Contralínea Genaro Madrigal, abogado internacionalista. Por ello, subraya, es importante investigar los delitos cometidos durante los sexenios pasados, lo cual demostraría que no existe selectividad en cuanto a la impartición de justicia.
De igual forma, el experto en derecho internacional apunta que una investigación contra los últimos cinco titulares del Ejecutivo federal abrirá la puerta para realizar estas acciones en mayor medida; no obstante, asevera, la consulta no es necesaria para llevarlo a cabo, pues el objetivo de este ejercicio democrático es que la población opine respecto a ciertos cambios constitucionales, no calificar a gobiernos anteriores.
“Por poner un ejemplo o hacer una analogía muy simple: es como si robaran mi casa, llegaran los policías y le preguntaran a los vecinos si quieren que se investiguen o no los delitos que me cometieron. La Constitución ya le da la facultad al Ministerio Público y a la Fiscalía General de investigar los delitos que se cometan, y no hay ninguna excepción en razón del cargo que tenga la persona”, señala.
Para Daniela Malpica Neri, maestra en derechos humanos y fundadora de JTMX, el principal obstáculo hacia un juicio contra los expresidentes por los delitos cometidos durante su mandato es obtener pruebas vinculatorias. Y como ejemplo cita el incendio en la Guardería ABC (5 de junio de 2009), donde fallecieron 49 niños, pues en este caso no fue posible imputar a Felipe Calderón ni al entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours.
“Ahí estaría la dificultad: cómo logramos acreditar que la responsabilidad sube hasta ellos [los expresidentes]. Si pones, por ejemplo, el caso ABC, donde estos bebés desafortunadamente murieron por corrupción y por falta de diligencia, según recuerdo ni siquiera la cabeza en ese momento del IMSS renunció. Ahí hay un tema de cómo se les finca esa responsabilidad, cómo podemos llegar a comprobar que ellos tenían conocimiento de todos estos hechos”, asevera la jurista.
Por su parte, el maestro Arturo Luis Cossío Zazueta, director del Seminario de Derecho Penal de la UNAM, explica que para adjudicarle responsabilidad penal a algún expresidente por delitos asociados con la corrupción se requiere comprobar su participación directa.
El académico detalla que la materia penal, en términos generales, se entiende como un derecho personal, porque la comisión y el castigo no trasciende del delincuente. Por ello, reitera, para fincar una responsabilidad penal en un funcionario se necesita comprobar una conducta dolosa en la cual no cabe la complicidad pasiva, sino activa; o demostrar un encubrimiento tras conocer la existencia de actos de corrupción.
Cada delito cuenta con un tiempo límite para ser investigado y en su caso enjuiciado, figura que jurídicamente se denomina como prescripción, explica Genaro Madrigal. Para los delitos de carácter federal la prescripción se obtiene dividiendo entre dos la suma de la pena mayor y la pena menor, abunda.
“El tema de la prescripción es un argumento y es algo importante a considerar de por qué la consulta no sólo no es necesaria, no sólo es inconstitucional, sino que es perjudicial para el mismo proceso de justicia. Si pasa ese tiempo de años sin que se realice nada, pues ya no se puede perseguir más la acción penal porque prescribe, precisamente”, asevera el especialista.
La participación ciudadana en la próxima consulta popular sobre la investigación y posible enjuiciamiento de los crímenes del pasado podría traducirse como una condena o repudio en contra de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, señala a Contralínea el maestro Arturo Luis Cossío Zazueta.
Esos sexenios registraron múltiples actos de corrupción y violaciones graves a los derechos humanos, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Ejemplo de ello son las masacres en torno a la brutal represión a los indígenas que se levantaron en armas el 1 de enero de 1994 en Chiapas, como parte de la rebelión encabezada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional; las masacres de Aguas Blancas (Coyuca de Benítez, Guerrero, 28 de junio de 1995), Acteal (Chiapas, 22 de diciembre de 1997), El Charco (Guerrero, 7 de junio de 1998); la represión a los ejidatarios y simpatizantes del movimiento de resistencia de San Salvador Atenco (Estado de México, 3 y 4 de mayo de 2006); los cientos de crímenes de lesa humanidad acontecidos en el contexto de la supuesta “guerra” contra el narcotráfico de Calderón, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas; y la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa (Guerrero, 26 de septiembre de 2014).
Asimismo, con el sufragio público del próximo 1 de agosto se podría hablar, desde el punto más optimista, de una justicia transicional, es decir, curar las heridas mediante el conocimiento de la verdad, considera el abogado penalista, debido a que el derecho a la verdad es uno de los primordiales de las víctimas.
“Lo que se quiere investigar más que nada es el modelo neoliberal, son cuestiones políticas más que jurídicas. Cualquiera que participe en esa consulta pues tendría que decir ‘sí’, porque decir ‘no’ sería como: ‘pues vamos a perdonar todos los atropellos que pudiera haber cometido cualquier actor político en los años pasados’”, sostiene Cossío Zazueta.
Una consulta popular es un ejercicio democrático, el cual se introdujo en México para tratar de zanjar la distancia entre los poderes, los representantes y la población, explica en entrevista el maestro Jorge Carlos Peniche Baqueiro, cofundador de Justicia Transicional MX (JTMX). Sin embargo, la iniciativa de consulta para decidir si se investiga o no a los últimos cinco expresidentes ha generado politización y polarización, agrega el jurista. No obstante, gracias a esta convocatoria se logró hablar del combate a la impunidad entre quienes toman las decisiones en el país, asunto no siempre presente en la agenda nacional.
“Hay toda una discusión sobre si la justicia no se consulta o sobre si es un juicio a expresidentes, y esas dos narrativas son poderosísimas porque, ¿qué tan poderosa es esa imagen de cinco expresidentes sentados en el banquillo? Es poderosísima: uno puede estar a favor o en contra. Y el tema de la justicia no se consulta, con esta señora con los ojos vendados representándola, igual es poderosísima”, dice Peniche Baqueiro.
A su vez, Daniela Malpica Neri, maestra en derechos humanos y fundadora de JTMX, expone en entrevista que es importante consultar a la democracia, sin embargo, el sufragio público del próximo 1 de agosto sólo se aprovecha de la sed de justicia de la población, debido a que no hay propuestas de mecanismos extraordinarios, como comisiones de la verdad o jurisdicciones especiales.
La abogada, además, lamenta que la ciudadanía, el ejercicio democrático y el valor de impulsar mecanismos extraordinarios se perdieran entre la politización de la consulta popular, pues han quedado en medio de dos discursos opuestos: el de vender la propuesta como el fin de la impunidad, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y el de desacreditar el ejercicio por no considerarlo justo, de la oposición.
La consulta popular para investigar las decisiones políticas de los funcionarios será vinculante si al menos el 40 por ciento de la población registrada en el padrón elector vota por el ‘sí’. De lo contario, el ejercicio democrático quedará sin efecto alguno.
No obstante, la Fiscalía General de la República (FGR) es un organismo autónomo y facultado por la Constitución para investigar cualquier posible delito del que tenga conocimiento, sin necesidad de realizar un sufragio público, indica el director del Seminario de Derecho Penal de la UNAM.
Agrega que, de ser vinculante la consulta popular, no queda claro lo que sucederá ni cuál será la autoridad obligada a cumplirla, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) modificó la pregunta propuesta por el actual titular del Ejecutivo, donde específicamente se hablaba de un juicio a los cinco expresidentes.
A su vez, Genaro Madrigal indica que la consulta arrojará dos visiones en cuanto al análisis de la participación ciudadana: si poca gente participa se interpretaría que no se aprueba este tipo de ejercicios para llevar a cabo actos de justicia; por el contario, si muchas personas atienden el llamado se entendería como una legitimación al proceso democrático.
“El hecho de que no se logre este 40 por ciento necesario para que sea vinculante no exime ni elimina esta facultad que ya tiene la FGR (de investigar los delitos de los expresidentes), ni tampoco los exime de la obligación de hacerlo. Realmente, se seguiría manteniendo el debate sobre si se debe de juzgar o no, pero la facultad y la obligación ahí seguirían independientemente de que no se alcance este porcentaje”, indica.
Para Jorge Peniche el que la consulta popular no sea vinculante sólo representa que la población no se manifestó a favor de aprovechar esa área de oportunidad, lo cual no significa que se deba restar importancia a lo decidido por las minorías participantes. Y subraya que este escenario tampoco exime a las autoridades de sus obligaciones.
Asimismo, el maestro en derecho internacional califica como importante la aprobación de la consulta popular por parte de la SCJN, a pesar del debate sobre si es constitucional o no, porque el ejercicio democrático traerá nuevos estándares en torno al tema de los sufragio públicos.
“Lo que hace la Corte es una decisión muy interesante. Algunos dicen ‘extremamente politizada’, ahí me respuesta sería: ‘¿desde cuándo la Corte no es un actor político en este juego político?’ Con sus reglas, pero sigue siendo un actor político. Y arroja estándares muy interesantes en materia de consulta popular. Hay quien dice que la Corte estaba entre la espada y la pared y vivió para contarla un día más, como consecuencia es que algunos podrán o no estar de acuerdo”, asegura.
La corrupción en México es parte del sistema, un componente esencial del que varios actores políticos tienen conocimiento; juegan y lo conforman desde las más altas esferas hasta los primeros escalones, afirma Jorge Carlos Peniche. Esto, dice, se observa en las investigaciones sobre la aprobación de la reforma energética de Peña Nieto, tema ligado al caso Odebrecht.
Bajo este escenario, el maestro en derecho internacional considera que más allá de la visión de un presidente con control absoluto de la situación, los primeros mandatarios entran a un sistema donde en todos los niveles hay corrupción. “La pregunta es: ¿qué acciones pudieron tomar para hacer algo? Me parece que muchísimas más, y esto abarca también a la actual administración”.
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