Criminalización del poder presidencial con Felipe Calderón

Segunda parte. Al analizar los aspectos más relevantes del contubernio criminal construido antes y durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, el cual asumió contornos distintos en el siguiente gobierno federal. En la primera parte de este ensayo adelantamos nuestra interpretación en el sentido de que se produjo un asalto al poder público por un grupo que estructuró una alianza mediante acciones criminales, para ocupar la jefatura del Estado mexicano, y para proseguir con una asociación delictiva con organizaciones del narcotráfico internacional asentadas en México, es decir, hechos que son objeto de los ordenamientos jurídicos de carácter penal que castigan este tipo de acciones, una vez que los cargos han sido probados. Nosotros resaltamos aquí las coincidencias y convergencias narrativas de nuestras distintas fuentes de información.

El pivote de esta alianza criminal en lo que concierne al crimen transnacional, fue Genaro García Luna (GGL). Luego, el presidente Calderón pasó a ser el vértice de esta pirámide de criminalidad e impunidad; y en la parte de la captura del poder político fueron los dirigentes del PRI y el PAN, a partir del fraude electoral en la elección presidencial de 1988 (“golpe de Estado técnico”, dijo en aquellos momentos el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas), que puso en la Presidencia de la República a Carlos Salinas de Gortari. A partir de allí el ejercicio del poder político se transformó.

Lo siguiente fue una sucesión en el poder de ambos partidos hasta llegar a Enrique Peña Nieto. Se produjo así una alianza política a manera de red criminal de corrupción e impunidad, que incorporó al crimen trasnacional organizado a la misma como parte muy importante: al cártel de los hermanos Beltrán Leyva, al Cártel de Sinaloa, y por extensión, a sus respectivos aliados del mundo del tráfico de drogas ilícitas. Logró sostenerse mediante pactos de impunidad transexenal hasta la elección de julio de 2018, cuando ganó el presidente López Obrador.

Todo ello, respecto a la alianza con el crimen organizado, con sustento en la información y análisis, así como en nuestra propia interpretación de dicha información presentada en los libros de J. Jesús Lemus, Olga Wornat, Francisco Cruz, Alejandra Ibarra, Anabel Hernández mediante la publicación del diario de Vicente Zambada Niebla, Vicentillo; y del testimonio en televisión de Sandra Ávila, la Reina del Pacífico, estrecha colaboradora de Ismael el Mayo Zambada, entrevistada por la periodista Adela Micha. Todos disponibles. Esta fue la forma que encontré para acercar a los lectores y audiencia de este medio de prensa y comunicación a los textos serios y sus contenidos no conocidos, pero que es relevante conocer para mejorar nuestra comprensión de la disputa actual por el poder en México, de las fuerzas en pugna y sus respectivos proyectos nacionales.

Ahora bien: otros de los aspectos relevantes –en realidad son muchos– que consideramos deben conocerse por la sociedad en general, aparte de los presentados en la primera parte de este análisis, son: el tipo de “pacificación” que trató de procesar Felipe Calderón con las más importantes organizaciones del crimen transnacional en México, mediante un “pacto criminal con el gobierno federal” con el apoyo y la gestión del general Arturo Acosta Chaparro, quien había sido sentenciado por su presunto vínculo con el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Ello, para que tal “pacificación” fuera presentada ante la sociedad mexicana como un logro sustantivo de su administración, bajo la égida de la capacidad y entrega profesional de su mafioso secretario de Seguridad Pública: García Luna. Esto podría proyectar a este último hasta una eventual candidatura presidencial para 2012. Lo afirman varios autores. Y la “compra de la primera fuga” del Chapo Guzmán de la prisión de Puente Grande, Jalisco (21 de enero de 2001) [algunos de estos autores citados también coinciden], y la cual el propio Chapo Guzmán confesó al general Mario Arturo Acosta Chaparro.

2. Dicho general del Ejército Mexicano fue director de la policía judicial en Guerrero, y fue también uno de los artífices y ejecutor de la “guerra sucia” en México, junto con el general Francisco Quiroz Hermosillo. Ambos fueron las cabezas más visibles, especialmente por la brutal represión desatada en toda la Costa Chica de Guerrero, aplicando tácticas de contrainsurgencia y guerra psicológica aprendidas en la Escuela de Las Américas, en Estados Unidos (en la década de 1960), arrasando localidades enteras, matando y torturando las comunidades, con el objetivo para destruir las bases sociales del Partido de los Pobres, del profesor Lucio Cabañas, y otras organizaciones guerrilleras, rurales y urbanas. Fue ingresado a un penal en calidad de “indiciado” en octubre de 2002 por “delitos contra la salud”, debido a su vinculación y protección al Cártel de Juárez. Hallado culpable, perdió su grado de general y estuvo siete años en la cárcel, a pesar de que su condena fue por 16 años y 6 meses. Fue también operador de los “vuelos de la muerte” mediante los cuales murieron más de 100 luchadores sociales, tema muy espinoso para distintos miembros del ejército mexicano, que hoy se ha replanteado para su debida investigación.

El presidente Vicente Fox y el secretario de la Defensa de entonces, y luego Felipe Calderón y el general secretario Guillermo Galván Galván, activaron una revisión de todo el proceso para liberarlo, y en 2005 –gobierno de Fox–, un tribunal federal anuló la sentencia del Consejo de Guerra en donde se le declaró culpable argumentando “fallas en el procedimiento y testigos no creíbles”, y ordenó que se repusiera el juicio. El 29 de junio de 2007, se le declaró inocente luego de que la Procuraduría General de la República y la Procuraduría de Justicia Militar “no pudieran acreditar su culpabilidad”. Eso es “justicia rápida y expedita”, lástima que no sea para todos. Se aprecia una línea de continuidad en el interés de liberarlo. Se habló entonces de una sólida amistad con el general Guillermo Galván.

Salió libre, exonerado, un mes antes del “avionazo” en que murió Juan Camilo Mouriño y José Santiago Vasconcelos con 12 personas más, y se convirtió de inmediato en asesor del gobierno calderonista sobre temas de inteligencia y seguridad, por lo que quedó al frente de un proyecto de reorganización del aparato de inteligencia y seguridad para combatir al crimen trasnacional y a los grupos de insurgencia política: “Acosta Chaparro estaba dedicado a coordinar grupos de militares que actuaban en forma paralela, en la clandestinidad, en lo que llaman ‘operaciones de limpieza’ de todos los que de una u otra manera se oponen a la guerra contra el narcotráfico o colaborar con los cárteles. La CIA no estaría al margen de estas barridas. Los crecientes asesinatos y la persecución de activistas sociales resultaban inquietantes”. (Wornat: 215)

Podemos apreciar la habilidad con que Calderón-GGL manejaban el juego de las apariencias y las simulaciones, Acosta Chaparro eliminaba opositores a la política contra el combate al crimen transnacional, pero ellos seleccionaban las acciones y contra qué narcotraficantes estaban dirigidas, y a quienes debía protegerse. En abril de 2007, Felipe Calderón y el general Guillermo Galván condecoraron a Acosta Chaparro, y hasta sus salarios no cobrados y devengados durante el tiempo que estuvo en prisión, le fueron reintegrados. Vino después la iniciativa para promover y lograr un pacto, crimen trasnacional-gobierno federal cuyos gestores serían dos: primero Villarreal Barragán, el Grande, y luego el general Acosta Chaparro. Realizaron “giras” por la República para los contactos del caso. Todo lo pactaron con Felipe Calderón y GGL. A Mouriño sólo le tocó el primer intento con Villarreal Barragán, a quien coordinaba. La segunda intentona ya no. Corría el año de 2008.

Como maestros de la simulación y la farsa política, GGL-Felipe Calderón, urdieron un ardid publicitario para apuntalar el engaño público y a sus respectivas personas como altos funcionarios públicos en un combate frontal y sin tregua contra los cárteles del narcotráfico, especialmente el “Cartel de Sinaloa”. Apareció en la prensa nacional e internacional:

“La policía federal de México arrestó a un presunto sicario del narcotráfico a quien le fue encomendada la planeación de un atentado contra el presidente Felipe Calderón, dijo el lunes un alto mando policial. Dimas Díaz Ramos, a quien autoridades identifican como operador financiero del cártel de Sinaloa, que lidera Joaquín el Chapo Guzmán –el capo más buscado del país–, fue detenido el domingo en la occidental ciudad de Culiacán junto con otros cuatro integrantes de la organización criminal.” (Reuters, 10 de agosto de 2009).

En una carta dirigida a los medios de comunicación, Édgar Valdez Villarreal, la Barbie, hace distintas confesiones y relata hechos criminales en la administración de FECAL, y se refiere a esta iniciativa antes mencionada, cuyo propósito para él, era “integrar un solo cártel a nivel nacional”, y que la “intención del presidente era llegar a un acuerdo con todos los carteles de las drogas” (Lemus: 160). Esta carta fue reproducida, total o parcialmente, en medios mexicanos de comunicación y prensa escrita, el 28 de noviembre de 2012.

El contexto de esta extraña iniciativa fueron las guerras criminales desatadas entre las facciones del delito, que primero estuvieron juntas en una sola organización criminal, y luego se enemistaron y lucharon ferozmente causando muchos asesinatos que alarmaron a la sociedad mexicana, a los medios de comunicación, e incluso a los medios internacionales de prensa que narraban las masacres y la saña con que se causaban las bajas respectivamente. Veamos brevemente:

Después de la captura de Miguel Félix Gallardo, a raíz del asesinato de Enrique Camarena –agente especial de la DEA–, se sucedieron los enfrentamientos, las guerras inter criminales a pesar de que se les repartió el territorio y el mercado a sus lugartenientes (1989). Iniciaron con la guerra entre los hermanos Arellano Félix y el Cártel de Sinaloa –el Chapo pasaba droga por sus territorios de Tijuana sin consentimiento–, y fue una batalla larga y muy sangrienta en toda la década de 1990 hasta prácticamente 2006 (Ibarra: 96-97).

Luego, hacia inicios del siglo XXI los hermanos Carrillo Fuentes (Rodolfo y Vicente) que trabajaban para el Cártel del Golfo y su brazo armado Los Zetas, se independizaron, y quienes controlaban la frontera con Tamaulipas, los puertos de Tampico, Tuxpan, y el puerto de Veracruz, los Golfos (CG) y los Zetas entraron en guerra con el Cártel de Sinaloa, lo cual llevó a otra confrontación más que duró cuatro años.

La última guerra formalmente reconocida como tal, no sólo ataques a ciertos liderazgos, es la que fue producto de la ruptura con los Beltrán Leyva: “lucha entre sinaloenses”, extremadamente sangrienta, en la cual, GGL y el gobierno de Felipe Calderón apoyaron al Cártel de Sinaloa. Guerra originada por la certeza de que la detención de Alfredo Beltrán Leyva, el Mochomo (enero de 2008), había sido producto de una delación de los Sinaloa hacia GGL, quien transmitió su ubicación a la PGR y al Ejército, y lo capturaron en Culiacán, Sinaloa. Antes, en 2007, se reunió la cúpula criminal de los Sinaloa, y decidieron declarar la guerra a los Beltrán Leyva, ya aliados para entonces con los Zetas y los cárteles de Tijuana y Ciudad Juárez. Una vez terminados estos enfrentamientos en bloque con los Sinaloa, volvieron las rivalidades entre Zetas y el cártel de los hermanos BL.

Es importante comentar también que, así como hubo durante 20 años episodios de guerra frontal entre distintas estructuras criminales organizadas, hubo también episodios de “paz pactada”. Por ejemplo, durante 2007, la Federación –así le llamaba el gobierno federal a la alianza que existía de todos los jefes del narco agrupados en el Cártel de Sinaloa, que después se escindieron– con los hermanos Carrillo Fuentes, del Cártel de Juárez, y su brazo armado La Línea, y los Zetas. Por ejemplo, ese año el número de homicidios dolosos llegó a casi 9 mil; y el siguiente año (2009), a 14 mil ejecutados. Estaba en su apogeo, por ello se tomó una iniciativa (año 2010) muy arriesgada bajo una enorme presión política que más abajo explicamos con detalle (Hernández: 254).

Para entonces, en febrero de 2002, en Mazatlán, el Chapo Guzmán había asesinado, mediante sicarios, a Ramón Arellano Félix, quien con sus aliados, controlaba la plaza de Ciudad Juárez, soportado por su brazo armado la Línea, quien a su vez había asesinado a gente del Chapo y el Mayo Zambada. La guerra estaba en su punto máximo, sumaban cientos de muertos (Ibarra: 70-71). Esta escalada de sangre y muerte se relacionaba directamente con las disputas armadas de carácter criminal.

En tal contexto, viene la “orden presidencial” de tratar de parar la carnicería y dialogar con los jefes de las organizaciones criminales, aproximadamente, a mediados del año 2010, y trató de organizarse una “cumbre de jefes narcos” a petición de GGL, mediante el “Grande”, quien empezó a buscar contactos con la anuencia de su jefe, ya entonces, Héctor Beltrán Leyva, alias el H, y la primera iniciativa tomada al efecto, fue cesar la guerra con los Zetas por el control de las plazas de Coahuila, Nuevo León, y Quintana Roo. Los hermanos BL ofrecieron una tregua unilateral que hacia agosto de 2010 fue magro globalmente, en cuanto al resultado en el número de asesinatos; pero se habló de reducciones más sensibles en las plazas en disputa. No obstante, este esfuerzo fue concluido hacia septiembre de 2010, al ser arrestado Villarreal Barragán, el Grande, en Puebla, el 12 de septiembre de 2010 (Lemus: 161). La “cumbre de líderes narcos” estaba inicialmente planeada para diciembre de 2010, es decir, un año después de la muerte de Arturo Beltrán Leyva, el Barbas (ocurrida el 16 de diciembre de 2009).

Se dijo con insistencia en aquella coyuntura que había sido la Barbie quien lo traicionó y “puso” a Arturo Beltrán para que lo capturara la Marina en Cuernavaca, Morelos, a cambio de que “le permitieran fundar su propio cártel”. Una traición llena de ironía, pues cuando estaba cercado Arturo Beltrán Leyva, a quien buscó para pedir ayuda fue precisamente a la Barbie, quien le aconsejó que “se entregara”. Pero su jefe, el Grande, le aplicó “la misma medicina”: lo delató a la PFP el 30 de agosto de 2010, en los días en que avanzaba la convocatoria para la “cumbre del narco”. El Cártel de Sinaloa había aceptado y confirmado su asistencia, la cual se promovía como “un pacto de paz”. El Chapo sólo había adelantado una condición: “siempre y cuando se haga una distribución equitativa de todo el país para que nadie cobre derecho de piso sobre los otros cárteles” (Lemus: 163).

En términos similares se pronunció el líder de la Familia Michoacana, José de Jesús Méndez Vargas, el Chango, que acepaba siempre y cuando “le permitieran operar en todo el estado de Michoacán y no se cobrara derecho de piso en las rutas de trasiego de drogas en el norte del país”, Tijuana, Mexicali y Baja California, a cambio ofreció “compartir sin derecho alguno, el puerto de Lázaro Cárdenas” ­­–principal puerta de entrada de las anfetaminas desde Asia, y de la cocaína de Colombia, lo cual le manifestó a Villarreal Barragán en una reunión que tuvieron ambos en Puebla, que es donde operaba principalmente este último, y en donde fue finalmente capturado. Hablaba a nombre de GGL y del presidente Calderón, según su propio dicho contado al periodista J.J. Lemus (ídem, 164).

A nombre de los Zetas (ya como cártel), Heriberto Lazcano, el Lazca, le indicó a Villarreal Barragán –en conversación telefónica­– que iría sólo si asistían gente que “fuera a tomar decisiones”, pero cuando el Grande le dijo que “asistiría el presidente de México”, le dijo “entonces, cuenta conmigo”, siguiendo con el relato del Grande a J.J Lemus en la prisión de Puente Grande.

Con el “Cártel del Golfo” se dificultaba, porque estaba muy reciente la ruptura con Heriberto Lazcano y los Zetas, y ante ello, se optó por privilegiar la presencia de los segundos. De igual manera, el Cártel de Juárez, con Vicente Carrillo Fuentes, mostró reticencia y dudó que la convocatoria la hiciera el presidente Calderón y GGL. Y con los Arellano Félix –siguiendo el mismo relato– fue de anuencia: Enedina Arellano, la Narco Mami –ya al frente del cártel–, dijo que acudiría a donde lo dispusiera el gobierno federal, no sólo para discutir rutas, acciones y territorios, sino para tratar de ayudar a salir de prisión a sus hermanos –presos en Estados Unidos y otro en Almoloya–. Esta convocatoria es la que la Barbie interpretó como un propósito de formar una sola organización criminal, un gran consorcio del narcotráfico que diera como resultado un nuevo reparto territorial y de rutas, presidido por FECAL.

Así tenemos que la convocatoria no logró la unanimidad deseada: los golfos y los Juárez no estaban dentro. No podía augurarse un logro de “pacificación” al estilo del gobierno federal, sobre lo cual estuvieron informados en tiempo real, GGL, Mouriño y Calderón, e incluso, como “cortesía” y para dar credibilidad de que detrás de la convocatoria estaban los principales funcionarios del gobierno, a cada uno de los jefes de las organizaciones criminales aceptantes, se les envió 1 millón de dólares, pidiendo que cada uno organizara su propio esquema de movilización a la reunión cuando los detalles fueran dados a conocer. Pero salieron del bolsillo de los HBL, y GGL prometió reembolsarlos (Lemus: 166).

Dicha iniciativa, por lo antes transcrito, comentado e interpretado, fue a fondo promovida para su realización, no se trató de una maniobra distractora ni propagandística; claro, trascurría en el más absoluto secreto. No obstante, nunca se concretó y mucho tuvo que ver en ello el arresto de Villarreal Barragán, el Grande, en la ciudad de Puebla en septiembre de 2010 por parte de la Marina con información de la DEA, en un operativo que escapó al control de GGL, y porque el Grande era de todas las confianzas de GGL-Calderón; no tuvieron sustituto. Pero la iniciativa de “pacificación” a la manera de GGL-Calderón constituía una necesidad imperiosa: había que bajarle violencia criminal, asesinatos y combates armados al tema del narcotráfico desde suelo mexicano. Por ello, se replanteó el tema con una nueva mediación organizadora: el general Arturo Acosta Chaparro, tristemente conocido en el medio criminal y político, en general. Ya era asesor militar y en seguridad del presidente Calderón (desde febrero de 2008).

Y se inició la gira por todas las regiones para platicar con los jefes narcos en donde el general reivindicado, hablaba –como en otro momento lo hizo el Grande, a nombre del presidente Calderón–, y se coordinaba directamente con el entonces secretario de Gobernación, Blake Mora. Luego de la captura de Villarreal Barragán, Acosta Chaparro empezó a operar y se reunió con los líderes de la Familia Michoacana, Jesús Méndez, Chango, y con Nazario Moreno, el Pastor o el Chayo (había sido militar), quienes a la vez informaron al general Acosta que los Zetas habían realizado el ataque terrorista en el zócalo de Morelia el 15 de septiembre de 2008, con saldo de ocho muertos y 100 heridos.

El siguiente mes, se entrevistó justamente con los Zetas en Matamoros, Tamaulipas, con Heriberto Lazcano y con Miguel A Treviño, Z-40 (todavía no era capturado, fue detenido en julio de 2013), y su demanda al gobierno fue “una tregua”, aunque le preguntaron “¿de parte de quién iba?” Contestó: “Mira, te viene a ver un general del Ejército. No puede venir de parte de nadie más que del presidente”. Hubo otra reunión más con estos últimos, luego con los Beltrán Leyva, quienes aceptaron de nuevo participar y, finalmente, con el Chapo e Ismael el Mayo Zambada (Wornat: 217-218).

Estos episodios son narrados también en el libro El Traidor: “En 2009, el presidente Calderón […] envió un emisario al Mayo para pedirle ayuda. Vicentillo estuvo en el encuentro” (Ídem: 254), Se refiere, por la fecha, a la reunión con Acosta Chaparro. Villarreal Barragán ya estaba preso.

En esta última reunión con los líderes del Cártel de Sinaloa, sucedieron cosas muy importantes. Habla el Vicentillo: “cuando llegamos con mi padre bajamos del coche, Colin y el hombre entraron y mi padre estaba sorprendido de verlo. No lo esperaba”. “Mi general […] ¿cómo está? No sabía que venía […]. El general comenzó a decirle a mi padre que necesitaba hablar con él y con el Chapo. Que traía unos mensajes de una persona y necesitaba hablar con ellos”. Como no estaba el Chapo lo contactaron y llegó, “saludó al general con un abrazo”.

Agregó en general: “ustedes son muy amables y hombres de palabra”. Agrega A. Hernández: “fue cuando el Chapo le habría dicho que pagó un millonario soborno a Vicente Fox para que lo dejaran salir de prisión. Ciertamente, no en un carrito de lavandería”. Según el mismo Diario del Vicentillo, continúa el relato: “que estaba ahí a nombre del […] secretario de la Defensa Nacional […] quien les enviaba el mensaje de que por favor, ellos [el gobierno] querían resolver las cosas con todos, así la violencia en México podía disminuir’ por que el gobierno ya no sabía qué hacer” (ídem). Parece inaudito, pero sólo transcribo. Y recordaron, que durante la tregua que arriba mencionamos, el Mayo Zambada había intervenido para lograrlo, le pedían lo mismo. Aceptaron intervenir.

Olga Wornat refiere, conforme a sus fuentes, que “en lo que se refiere a Juan Camilo Mouriño, el Chapo se quejó de que Iván y su coordinador de asesores en la Segob, el mafiusi Ulises Ruiz, le vendieron a los Beltrán Leyva la plaza del Estado de México en 10 millones de dólares y que la misma ya se la habían vendido al Cártel de Sinaloa. Dicen que el enviado de los Pinos pensó que Ulises Ruiz se había quedado con un millón de dólares” (p. 218).

Para entonces, Juan Camilo Mouriño ya había fallecido en el “avionazo” (4 de noviembre de 2008). Pero el enojo del Chapo con Mouriño por este tema, venía de atrás. Dos años después de este encuentro, en abril de 2012 en la colonia Roma, de la Ciudad de México, falleció en un atentado el general Acosta Chaparro. La misma escritora argentina (Wornat) establece que según le comentó un amigo del general a ella, que era entonces asesor en Sedena, que el propio Acosta Chaparro, días antes del atentado afirmó: “Tengo los días contados, me van a matar, y no es el narco. Son los traidores de este gobierno”. Era el momento en que investigaba el secuestro de Diego Fernández Ceballos (ídem).

Durante la detención del Vicentillo (abril de 2012), éste confesó la actividad del general Acosta Chaparro y reveló también su nombre a la DEA y al Departamento de Justicia de Estados Unidos, por lo cual, podía venir un pedido de detención con fines de extradición; pero hay la versión también de que el general estaba en contacto con la DEA y estaba dispuesto a hablar. Era demasiado lo que sabía del gobierno calderonista, y según aseguraron sus amigos más cercanos –coinciden aquí dos autoras– fue mejor asesinarlo, como él mismo presintió (Hernández: 258). Así terminó el segundo personaje principal y mediador de la “pacificación” al estilo Felipe Calderón, concluyeron sus dos intentos de construir una “pax del narco”.

Tenemos entonces un cuadro complejo pero muy aleccionador sobre la trama de la muy compleja relación del gobierno federal, sus mediadores y quienes funcionaron como jefes de ellos (Mouriño y GGL) y las organizaciones del crimen transnacional en México, en donde las negociaciones fallidas, las desavenencias severas entre líderes del narcotráfico, y luego las muertes de personajes involucrados en la negociación, dan para mucho inferir. Dos preguntas: ¿la queja del Chapo contra Juan Camilo Mouriño influiría en su muerte? Porque, además, el Chapo manifestó varias veces su intención de asesinar al titular de la SIEDO, José Luis Santiago Vasconcelos, “por obstruir su actividad al no recibir sobornos”. Había recibido distintas amenazas al igual que Mouiriño, lo había dicho el Cisen (Wornat: 220). ¿Habrá sido el Cártel de Sinaloa el autor del “avionazo”, en una operación criminal encubierta que “mataba dos pájaros de una misma pedrada”? Pero hay muchos elementos coincidentes.

No tenemos elementos de prueba, sólo preguntamos. Y al general Acosta Chaparro, que sabía demasiado de lo que estaba haciendo el gobierno federal, de sus vínculos criminales, ¿habrá sido mejor silenciarlo para siempre desde el propio gobierno?, de acuerdo con el testimonio de uno de sus más cercanos amigos, del cual no se revela el nombre. Las traiciones en estos niveles e interacciones ilegales, mafiosas, son muy frecuentes: el propio Grande fue “puesto” o traicionado muy probablemente por el mismo gobierno, ya que un día antes de su detención en Puebla, se entrevistó con Héctor Beltrán Leyva, el H, y le dijo que lo estaba “buscando el secretario de gobernación”, en ese momento, Francisco Blake Mora –muerto también en “accidente aéreo”–, y pensó que se relacionaba con la cumbre de narcos en curso, que lo buscarían en su casa para trasladarlo; cuando llegaron a su casa y lo condujeron, y después que le pusieron las esposas, se dio cuenta que lo estaban arrestando. Un detalle importante: fueron dos agentes “que medio hablaban español”, dijo él mismo, quienes pasaron sus huellas digitales por un ordenador portátil para verificar su identidad, y comprobada ésta, lo despojaron de una pistola y una credencial del Estado Mayor Presidencial que portaba (Lemus: 166-167).

¿Habrá la DEA detectado la “cumbre de narcos” que se preparaba y la frustró exigiendo y procediendo a la detención de el “Grande” con los datos de ubicación que ellos tenían? Porque la coartada para engañarlo funcionó a la perfección. ¿La muerte de Blake Mora tendrá en esta captura mediante engaño, algún referente central? Después, el mismo Grande le comentó al periodista Jesús Lemus en la cárcel que GGL prometió no dejarlo en una cárcel mexicana y extraditarlo a Estados Unidos, pero que debía declararse “testigo protegido” de la PGR para facilitar dicha extradición, lo cual hizo y fue trasladado, tal como le prometieron (Lemus: 166). Pero el resentimiento del Grande por la celada que le tendieron, fuera del control de GGL, consideramos, provocó tantas confesiones posteriores. Ya no tenía nada que perder y no quería hundirse solo. Es la lógica de un criminal.

Tomando en cuenta todos estos testimonios, investigaciones periodísticas serias y la narrativa que les acompaña, durante los primeros años del sexenio calderonista, incluso, grupos criminales diversos, creían comunicarle a Felipe Calderón algunas conductas de sus subordinados –señaladamente de GGL– que ellos creían que el presidente ignoraba, a través de las llamadas “narco mantas” y “narco mensajes” que proliferaron durante los años de 2006-2010, hablamos de miles de ellas y ellos; luego, dicha actividad cayó sensiblemente cuando -es nuestra hipótesis- se conoció plenamente que él estaba al tanto de todo y daba directrices para que los hechos sucedieran, porque tal declive coincide con la frustrada “cumbre de narcos” programada para diciembre de 2010, que desde 2009 se empezó a promocionar entre los líderes criminales. Ello hizo claridad en muchos de ellos.

Pero no todo se concentró en estas acciones criminales asociadas, “las manos libres” otorgadas en la extracción de riqueza en contra de Pemex, fue también un escándalo que ha sido debidamente documentado por periodistas probas y sagaces como Ana Lilia Pérez, en el Cártel Negro (2011): “Con la implicación de empleados de Pemex y de sus contratistas, inició la sustracción de condensado de la Cuenca de Burgos que a partir de 2006 comenzó a introducirse de contrabando en territorio estadounidense” con el conocimiento de la ICE, autoridad aduanal del gobierno de Estados Unidos, que lo descubrió. Negocio criminal controlado por “la Compañía”, integrada por dos organizaciones del crimen transnacional: el Cártel del Golfo, de Osiel Cárdenas, y los Zetas, comandados por Heriberto Lazcano; y como lugartenientes, Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta, y Jorge Eduardo Costilla, el Coss o el Doble X, todo ello, gracias a que “se tenía en nómina a las corporaciones policiacas estatales y federales asignadas a Tamaulipas, incluidos los equipos de la Policía Federal que participaban en los operativos conjuntos desde Ciudad de México (…) y operadores aduanales”. Desde 2006 cuando se produjeron los primeros robos y exportaciones ilegales a Estados Unidos, “el gobierno mexicano tuvo conocimiento de ello. Los directivos de Pemex fueron informados de lo que ocurría […]. El área de inteligencia de la paraestatal se los notificó, pero ellos callaron y decidieron clasificar cada uno de los hurtos como información reservada por 12 años” (Pérez: 68). El asalto al poder de este “cártel político transexenal” al que nos hemos venido refiriendo, fue abarcador, no se concentraron en unas cuantas actividades. Ofreceremos más referencias de estas actividades ya documentadas.

Estos procesos de robo organizado a la riqueza nacional, están situados por la autora citada en el tránsito del gobierno de Vicente Fox al de Felipe Calderón.

En próxima entrega, abordaremos la primera fuga del Chapo Guzmán pactada con altos personajes del gobierno foxista, dicho por el propio Chapo, exhibiendo así las líneas de continuidad enunciadas entre los gobiernos panistas, Fox-Calderón, teniendo como pivote de la corrupción de Estado a GGL, en el centro de la trama, en un contexto de agudización de la problemática del crimen transnacional en México, siempre conforme a nuestras fuentes de información ya mencionadas.

Pero es altamente ilustrativa del tipo de “soluciones” que la derecha en el poder imagina y busca, instrumenta, propias todas de una concepción estrecha, pequeña de una problemática mayor que tales garrafales pifias, ella misma, la derecha, contribuyó a agudizar y engrandecer. Hoy son feroces críticos de la situación relativa a la seguridad y al crimen transnacional. Son un monumento de hipocresía.

Jorge Retana Yarto*

*Exdirector de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional; licenciado en economía con especialidad en inteligencia para la seguridad nacional; maestro en administración pública; doctor en gerencia pública y política social. Académico de la UNAM.

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