Criminalización del poder presidencial con Felipe Calderón. La conexión con el peñismo

Cuarta parte. El régimen de Felipe Calderón es un puente entre los pésimos gobiernos de “la alternancia” y “el regreso del PRI”, debido a la sucesión pactada entre los dos integrantes de la alianza criminal conformada. Parte del fraude electoral o golpe de Estado técnico ejecutado en 1988, pasa por la alternancia política y llega al regreso del integrante de mayor caducidad, con una supuesta “nueva generación de priístas”.

Este cártel político transexenal asaltó el poder público en el Estado mexicano. Asimismo, instauró un modelo “neoliberal” fatuo y grotesco sometido a la economía de Estados Unidos y basado en una competitividad. En el congelamiento salarial, tenía una palanca estratégica favorable al desarrollo del sector exportador.

No obstante, junto a la exportación masiva de mano de obra, generó el flujo de divisas necesario para sostener un modelo que crecía poco, invertía poco y estrechaba el mercado interno.

El correlato fue una política de seguridad y “combate al crimen trasnacional”, en versión corrupta y de complicidad delictiva. Esta “guerra contra las drogas” se trató de una captura del Estado impulsada por Richard Nixon como engaño continental. Al final, se estigmatizó y marginó la política social de corte universalista. Fue tildada de “populista”.

Como consecuencia, se dio paso a las políticas de “focalización” para los grupos más vulnerables y creció la pobreza y la inseguridad. La cifra es escalofriante: 40 millones de pobres y el 71 por ciento de los municipios eran controlados por el crimen trasnacional organizado, de acuerdo con datos del Senado en 2010.

Un modelo así hace casi imposible una política de redistribución de la riqueza.

Antes de concluir 2012, Genaro García Luna buscó venganza dentro del ejército mexicano. Era investigado por un grupo de generales desde 2006, al igual que la DEA desde “que era espía del Cisen”.

Hacia el final del sexenio calderonista de asociación con las estructuras criminales globalizadas, la residencia del exsecretario de Seguridad de más de 3.3 millones de dólares en Golden Beach, Miami, despertó demasiadas sospechas.

Respecto a por qué no actuaron antes, un jefe de la DEA indicó: “porque a veces hay que bailar con el diablo. Por ahora, es mejor tenerlo cerca que dejarlo suelto. Después veremos” (Wornat, pág. 101).

García Luna logró aliados dentro de la estructura de inteligencia y seguridad en Estados Unidos, con el objetivo de mantener a México en una grave crisis de narcotráfico. Esto resultaba rentable en materia de política bilateral.

En la primera parte de esta serie, informamos al respecto. Era necesario golpear dentro, con el propósito de ganar credibilidad y aumentar la simpatía de parte del gobierno estadunidense. Tenía sus propias razones para recargarse en la Marina Armada de México, como cuerpo confiable en esta seudo-guerra.

Además, era el encargado de la operación del Plan Mérida, firmado el 30 de junio de 2008. Éste era una atribución presidencial que Calderón delegó a García Luna y proveyó 900 millones de dólares –no en efectivo, sino en una cuenta para girar contra ella– puestos a disposición de la PGR y la SSP, entre los años de 2008-2010.

Sin embargo, la cantidad total recibida bajo esta modalidad fue de 1 mil 600 millones de dólares aprobados por el Congreso estadunidense. Inundaron de liquidez al gobierno calderonista para que realizara “su guerra contra el narco”.

Había una amplia discrecionalidad para su manejo –no estaban sujetos a auditorías–. Era imperativo entregar “resultados” del uso eficiente de estos recursos, porque la “Operación Limpieza” había resultado fallida. Golpear dentro del ejército parecía ser un golpe espectacular. Alejaría sospechas en torno al grupo en el poder.

El general Tomás Ángeles Dauahare y otros tres coacusados fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano y de la PGR. La PFP fue la instancia de coordinación de inteligencia para el efecto –ubicación, movimientos, lugares de desplazamiento, etcétera.

De inmediato, los medios informaron que los cuatro militares “formaban parte de la estructura criminal de los hermanos Beltrán Leyva”. Luego, prometieron no hablar más del tema.

Los cargos para la detención y el juicio en México se hicieron con sustento en testigos protegidos seleccionados por García Luna: Villarreal, el Grande, y Roberto López Nájera, Jennifer.

Al primero, le ofrecieron rendir falsos testimonios ante el juez sobre la amistad del general Dauahare y Arturo Beltrán Leyva. A cambio, sería sacado de Puente Grande, y luego trasladado a vivir a Estados Unidos, “sin preocupaciones de nada”.

Contaba sus falsos testimonios “en medio de risotadas en la prisión”. Al mismo tiempo, reconocía que “nunca había visto al general”. “Lo conocí hasta que el agente del Ministerio Público federal me mostró una serie de fotografías y me pidió que me grabara su rostro al igual que el de los otros militares”, mencionaba. Esto fue un vulgar y criminal montaje (Lemus, págs. 199-200).

Los otros generales inculpados fueron: Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas y Silvio Isidro de Jesús Hernández. Además de los testigos protegidos mencionados, fueron acusados por el mayor Arturo González, adscrito a la Presidencia, ya encarcelado.

Supuestamente, Édgar Valdés Villarreal, la Barbie –también en prisión desde 2010–, habría entregado un pago al general Dauahare a nombre de los Beltrán Leyva. Sin embargo, en su comparecencia ante las autoridades ministeriales, tanto él como Gerardo Álvarez, el Indio, negaron conocer a ninguno de los generales presos en Almoloya, el 3 de agosto de 2012. Parte central de los testimonios acusatorios se caían y evidenciaban un caso construido a voluntad para concretar una infamia y una pantalla mediática.

Después, la Barbie declaró que fue presionado por la SIEDO. Cuando pidió el “cierre de la instrucción”, el abogado de los acusados mencionó que quedó probado “que los testigos habían mentido”. El caso se revirtió.

Se exhibió la maquinaria criminal que echaron a andar García Luna, Calderón y sus compinches de la red delictiva transexenal. Aquellos que duden que se trató de una venganza, deben leer esto: “Ángeles Dauahare recordó cómo el 9 de mayo de 2007, él le advirtió a Felipe Calderón Hinojosa sobre los vínculos que tenía su Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con el crimen organizado que en el discurso decía combatir” (Sin Embargo, 22 de febrero, 2023).

Obsérvese cómo aún mantenía la idea implícita de que el expresidente era ajeno a las actividades delictivas de García Luna, cuando ya había mucha más información al respecto que echaba abajo dicha hipótesis.

En la primera parte de esta serie destruimos ese falso postulado con nuestras fuentes consultadas. Las mismas nos indican que FECAL era el puntal de la criminalidad que se desarrollaba.

¿Alguien ha correlacionado esta inmensa falsificación hacia la nación que nutría él personalmente y todo su gobierno, con sus más allegados, con la intensificación de su alcoholismo en esos años? ¿Habrá vivido un cierto drama interior ante el temor de ser descubierto y encarcelado para el resto de su vida? ¿El saber en sus más profundos adentros que no era más que un gran fraude político como líder y dirigente, como cristiano-creyente, lo afectó tanto?

Creo que nadie ha explorado tales términos. No es parte de una normalidad que abandonara sus altas funciones de Estado y se recluyera en La Barraca, a beber hasta quedar casi inconsciente y tuvieran que ir su esposa para llevarlo a dormir.

Esto habla de un estado de afectación psicológica y emocional grave. Tampoco se debe olvidar que dos de sus más cercanos y estimados colaboradores fueron asesinados –Juan Camilo Mouriño y Francisco Blake Mora– al interior de esta trama criminal, de la cual Calderón era pieza central.

La escritora argentina Olga Wornat recoge distintos testimonios y opiniones sobre esta situación psico-emocional del expresidente. Incluso, posee un testimonio de su mentor político, Carlos Castillo Peraza. “Felipe Calderón se hundió en una depresión sin horizonte”, afirma Wornat (págs, 32-37). No hay estudios serios al respecto, pero sí indicios ilustrativos.

Cuando se dio a conocer el apoyo del expresidente Vicente Fox, el sector de opinión dentro del PAN y el PRI se orientaron hacia la candidatura de Enrique Peña Nieto. En el curso de la campaña, se supo que la suerte estaba echada por el abandono de los panistas a la candidatura de Josefina Vázquez Mota.

La alianza criminal para sostener la captura del Estado se producía. Pronto revelaron sus armas: compra masiva de votos, dinero al por mayor y una estructura de financiamiento ilegal comprobada por el IFE.

A destiempo, se conoció que el presidente en turno, Felipe Calderón Hinojosa, fue parte del pacto criminal para impedir el acceso de la oposición de izquierda al poder, debido al acceso de su secretario de Hacienda a la contabilidad bancaria. Nada se hizo.

El enemigo común era Andrés Manuel López Obrador, quien se postulaba por segunda ocasión. Durante el fraude electoral de 2006, otro golpe de Estado técnico, el PRI no movió un dedo para impedirlo.

En 2006, el candidato del PRI, Roberto Madrazo, afirmó con cinismo: “no voy a sudar calenturas ajenas”. Hay muchos hechos, documentos, reflexiones, fuentes de información, testimonios que pueden documentar esta alianza criminal PRI-PAN durante 1988-2018.

Durante el juicio al Chapo Guzmán, uno de los testigos presentados por la fiscalía fue Alexander Hildebrando Cifuentes Villa, narcotraficante colombiano, obviamente “protegido” por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Éste era parte del primer círculo de confianza del Mayo Zambada y del propio Chapo, capturado y extraditado en 2013.

Ante el juez, él mismo se definió como “secretario de Guzmán Loera, su brazo derecho y su brazo izquierdo”. Contó a detalle su rutina diaria y cómo empezó el proyecto de su película biográfica. Igualmente, describió los “tres anillos de seguridad” que había conformado y que su rol principal era coordinar la venta de cocaína en Canadá. Regulaba empleados y contactaba al Chapo con un grupo de dominicanos en Nueva York. Asimismo, habló de los sobornos entregados.

El abogado de la fiscalía, Jeffrey Lichtman, dijo: “el señor Guzmán le pagó 100 millones de dólares al presidente”. A esto, Fuentes Villa respondió: “Sí señor”. Luego la crónica del juicio siguió en este sentido:

“El testigo confirmó que Enrique Peña Nieto le pidió 250 millones de dólares a Guzmán Loera ‘para que pudiera seguir trabajando’, y que éste le ofreció 100 millones de dólares, a cambio. Esa cantidad, dijo el testigo, se le entregó al presidente durante octubre de 2012 en la Ciudad de México” (Ibarra, págs. 150-152).

Y añadió: “Andrea Vélez Fernández le hizo llegar maletas llenas de efectivo a Peña Nieto para su campaña presidencial a través de JJ Rendón, el venezolano que trabajaba como asesor político de Peña Nieto. Era jefe de Vélez Fernández” (pág. 152).

Posteriormente, sostuvo que, en el sexenio de Felipe Calderón, “incluso, la policía federal […] traficaba y vendía cocaína colombiana en México, para Edgar Valdés Villareal, la Barbie” (Ibarra, pág. 153). Son testimonios durísimos. Nunca posibles de comprobarse por medios habituales o convencionales, jurídicamente reconocidos.

El cuadro testimonial descrito por Alex Cifuentes es parecido al otorgado por el Grande sobre el mentado soborno directo a Felipe Calderón, al término de la campaña presidencial. Sin embargo, no es el único:

“El exdirector de la Agencia Estadounidense Antidrogas en El Paso, Phil Jordan, afirmó que el líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín, el Chapo, Guzmán […] financió la campaña electoral del actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto. Jordan hizo estas declaraciones en una entrevista en el canal Univisión […] ‘Nunca pensé que con el PRI lo iban a arrestar, porque el Chapo metió mucho dinero en la campaña de Peña Nieto, me sorprendió cuando supe que lo arrestaron. Algo malo pasó entre el PRI y el Chapo. Él pagó millones de dólares para que no lo tocaran’” (https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/).

Ni la DEA ni el Departamento de Estado confirmaron la versión. Claro, de haberlo hecho, incurrían en grave delito de encubrimiento. ¿Por qué no actuaron? Lo más ilógico tiene una razón de ser.

Sin embargo, en otro medio de comunicación, la periodista Jimena O (24 de febrero de 2014) amplía el reporte sobre las declaraciones de Phil Jordan. Añade que el exdirector de la DEA mencionó: “la existencia de una red de corrupción de alto nivel en Estados Unidos y advierte que los exgobiernos priístas estuvieron profundamente involucrados en el tráfico de drogas”.

De igual manera, agrega que el PAN recibió millones de dólares para permitir que el Chapo escapara de prisión. Además, indicó que el capo financió las campañas políticas en las pasadas elecciones.

“Algo salió mal para que aprehendieran al Chapo […] no puedo decir qué fue lo que pasó, lo arrestaron cuando el Chapo les estaba pagando millones de dólares para que no lo arrestaran. Como pagó millones de dólares para que lo dejaran salir la última vez”.

Cuando le preguntaron si tenía pruebas, respondió: “Eso está documentado en la Inteligencia de Estados Unidos, pero yo no te puedo presentar pruebas. Pero yo sé por la Inteligencia que tenemos, que el Chapo siempre ha estado metido en la política” (https://pijamasurf.com/2014/02/).

En la cabeza de la columna, en donde se da a conocer las declaraciones citadas, se lee “Estados Unidos mantiene documentadas las donaciones que el Chapo Guzmán pagaba a la campaña del PRI, así como los millones pagados al PAN por permitir su fuga en 2001” (ídem).

Debemos decir que la oficina de inteligencia estadunidense ubicada en el Paso Texas es la segunda más importante. La EPIC (por su sigla en inglés) ha recopilado información del acontecer político y criminal en México, desde 1974.

Su funcionamiento no sólo se limitaba a la vigilancia y observación de la frontera entre ambos países. También, operaba contra el narcotráfico, el tráfico de armas y otras formas de delincuencia organizada.

En 1997, fue famosa en la realización de la Operación Tigre Blanco; investigó a la familia Hank Rhon por narcotráfico; aportó información para la captura del líder del Cártel del Golfo, Juan García Abrego (1996), y descubrieron las narco-fosas de Ciudad Juárez.

Fueron relevantes y fundamentales, mientras se desarrollaban las instituciones de inteligencia mexicana en una época de crecimiento del crimen transnacional, mediante cargamentos de cocaína (Cruz, pág. 191). No hablamos de cualquier oficina. Quienes están allí tienen vasta información y conocen la política mexicana.

Ahora bien, un aspecto relevante: los acuerdos habidos con el crimen trasnacional parecían perder fuerza como realidad política en los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto.

Esto se podría ver cuando los cuerpos armados hacían importantes detenciones de capos, o capturaban a los líderes mayores, como el propio Chapo, el Grande o el Vicentillo, incluso con la muerte de Arturo Beltrán Leyva. Sin embargo, no es así. Esa aparente contradicción insalvable tiene tres explicaciones políticas.

La primera; cualquier alianza pactada, por estrecha que sea, puede romperse ante la ocurrencia de hechos graves. Éstos deben cambiar la perspectiva de quienes la construyeron y sostuvieron por un determinado tiempo. Dicen: “algo se rompió” o “algo sucedió”. Las razones no son visibles en lo inmediato.

La segunda; como en el caso de las alianzas criminales pactadas por García Luna, se acuerda la captura de ciertos personajes de mediana y baja jerarquía. De esta manera, se da credibilidad a la supuesta lucha entre el gobierno, sus fuerzas federales y las organizaciones criminales.

Si no hubiera nada, ninguna captura, ningún combate, la alianza criminal quedaría al descubierto ante la sociedad. Parte del engaño es aparentar que no existe.

La tercera, cuando hay acuerdos secretos entre gobierno y organizaciones criminales, podemos ver que el primero; en realidad, lucha contra los enemigos de sus aliados. La inteligencia y las armas de estos últimos se unen a los cuerpos armados oficiales. La imagen pública que se ofrece es que “se está combatiendo a los criminales”. Entonces, ¿cómo acusarlos de tener compromisos con delincuentes?

Allí está el núcleo del engaño: las apariencias. Un ejemplo claro es la entrevista de Sandra Ávila, la Reina del Pacífico, con Adela Micha. En ésta, ella dice contundente que Felipe Calderón “estaba metido con el narco”. La entrevistadora responde: “¿cómo va estar metido con el narco, si él le declaró la guerra al narco”. Así opera el engaño social con una coartada mediática y político-propagandística.

Desde el inicio del gobierno de Peña Nieto, propuso una serie de ajustes que conformaban una afinación en la estrategia de seguridad seguida. En su discurso, estableció 122 presuntos criminales, cuya captura sería “prioritaria”. Sin embargo, no se conocieron los nombres.

Uno de los cambios planteados fue crear otro cuerpo policial –“Gendarmería Nacional”–. También, enfatizó en la concreción de un mayor volumen nacional de inteligencia, para depender mucho menos de la inteligencia estadunidense.

Al final del sexenio y en su último informe, ofreció su balance: se logró eliminar 110 de los criminales que su administración consideraba prioritarios. Incluyó 96 personas capturadas, y 14 abatidas en combates con la fuerza pública (Infobae, Dittmar, 24 de septiembre, 2018). Ello le daba una gran cobertura propagandística y mediática.

Precisamente, García Luna hizo un gran negocio de dicha actividad, como son los servicios de inteligencia en un nivel tecnológico superior. Cuando Peña Nieto decidió no darle continuidad a su gestión en la SSP, marchó a una especie de autoexilio a la ciudad de Miami, a vivir como consultor y hombre de negocios en el sur de Estados Unidos.

Conocía las necesidades de innovación tecnológica en materia de software y capacitación, además de instrumentos diversos para desarrollar el ciclo de inteligencia. Optó por la creación de una red de empresas para la actividad de vigilancia y seguridad, en donde continuaría siendo la pieza central.

Eran tiempos de transición tecnológica. Podía y debía incluirse al sector de empresas privadas. Ya era un hombre con una fortuna inmensa. Esto es lo relevante.

Pablo Gómez, titular de la UIF, ha demandado la reintegración al patrimonio público de 600 millones de dólares que García Luna mantenía en propiedades, negocios, depósitos bancarios, etcétera. Si considera que una fortuna así puede ser hecha limpiamente como funcionario público, bueno, puede seguir creyendo.

Durante el gobierno de Peña Nieto, no debiera extrañarnos la aparente “traición” al Chapo Guzmán que insinúan Alex Cifuentes Villa y Phil Jordan, a pesar del “donativo multimillonario” desde la campaña presidencial.

En silencio, se desarrollaba un cambio relevante en el cuadro nacional de prioridades, acuerdos y tolerancia de actividades criminales. Éste era la opción de permitir el desarrollo de una organización rival del Cártel de Sinaloa y del Cártel de Jalisco Nueva Generación, con el fin de reducir el enorme poder acumulado por los primeros, además de la gran capacidad de presión y negociación que habían adquirido.

De manera inmediata, ofrecemos dos hechos fundamentales que orientan nuestra afirmación:

En primer lugar, el 25 de agosto de 2012, se produjo una insurgencia criminal al efectuar 28 bloqueos con incendios en vialidades. Pedían la liberación, a lo cual el gobierno de Jalisco, decidió aceptar, sin presentarlo al ministerio público del Estado, ni nada. Como llegó, se fue. Estas consultas a nivel federal sólo pueden ser con el presidente de la República y el secretario de Seguridad (Infobae, mayo de 2019).

En segundo lugar, en octubre de 2011, el Mencho había ya establecido negociaciones directas con García Luna, en una casa de seguridad, en Bahía de Banderas. Ésta le pertenecía al fiscal de Nayarit, Édgar Veytia. Preso en Estados Unidos, atestiguó contra el Chapo y García Luna más tarde.

En el pacto, acordaron un pago mensual para el segundo, sin especificar el monto. De esta manera, la PFP omitiría cualquier captura de la organización del Mencho.

En ese momento, este capo dominaba gran parte de Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. Dámaso López Núñez, compadre del Chapo, ya estaba con ellos. Además, ya tenían alianzas con la Familia Michoacana, a través de la organización armada La Resistencia, y con la Narco mami, Enedina Arellano Félix, quien comandaba al Cártel de Tijuana, debilitado por el encarcelamiento de sus hermanos (Lemus, pág. 252).

El cuadro nacional criminal había ido cambiando. El avance de dicha mutación pasaba por la detención del Chapo, con la intención de ser un golpe demoledor a la estructura jerárquica y de dirección de “los Sinaloa”.

Se había abierto un periodo de disputa a fondo por el predominio en los mercados criminales y en los espacios de las alianzas con distintas instancias del poder público; esencialmente en el primer círculo del poder del Estado.

Durante el sexenio de Peña Nieto, el CJNG crecería como ninguna organización hasta alcanzar a “los Sinaloa” en poder. Incluso, en algunos aspectos, fue capaz de rebasarlos, tanto en el nivel nacional como en el ámbito regional.

De ello trataremos en nuestra próxima y última entrega.

Jorge Retana Yarto

*Exdirector de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional; licenciado en economía con especialidad en inteligencia para la seguridad nacional; maestro en administración pública; doctor en gerencia pública y política social. Académico de la UNAM

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