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Primera parte. El consumo prolongado de bebidas azucaradas no sólo es un indicador para desarrollar sobrepeso y obesidad, sino que también se convierte en una de las principales causas de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares e incluso cáncer. Estas enfermedades provocan la muerte de cientos de miles de personas anualmente y se convierten en un gasto cada vez mayor para el sector salud en la atención de la población enferma.
De acuerdo con un informe sobre la situación financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), “durante 2024 se estima que el gasto por la atención de pacientes con diabetes, hipertensión arterial sistémica, insuficiencia renal crónica y los tres principales tipos de cáncer ascendió a 101 mil millones de pesos, lo que representa 19.4 por ciento de los ingresos del Seguro de Enfermedades y Maternidad”. Tan sólo para diabetes, esa institución destinó 38 mil 800 millones de pesos en la atención de 3.6 millones de pacientes.
A causa de estos gastos, existe la posibilidad de un colapso “en el mediano y largo plazo en el sistema de salud”, alertó el subsecretario Eduardo Clark en la conferencia presidencial del 11 de septiembre de 2025. Y calificó la situación como una “epidemia de consumo de refrescos y comida chatarra”.
El funcionario añadió que el IMSS, junto con el ISSSTE y el IMSS Bienestar destinan 179.4 mil millones de pesos a la atención de enfermedades que se relacionan con el sobrepeso y la obesidad. Y es que, 40 por ciento de consultas en el IMSS “están relacionadas con diabetes, hipertensión u obesidad”.
Juan Carlos Salgado Hernández, doctor en políticas de salud por la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, Estados Unidos, aporta un dato más severo: el costo social del consumo de refrescos en México representa una afectación alrededor del 2 por ciento del producto interno bruto del país, vía gastos directos e indirectos.
Explica que los costos directos son aquellos vinculados al incremento en el gasto que se hace en el sector salud para atender las enfermedades, y los indirectos se refieren a una disminución en la productividad o a muertes prematuras en las personas. “Estos costos sociales directos e indirectos no se ven reflejados en el precio comercial de las bebidas azucaradas”, señala el investigador.
En 2001, la Secretaría de Salud informó que la diabetes mellitus había representado la sexta causa de muerte en México en 1980, con 14 mil 626; para 1990 ya era el segundo lugar, con 25 mil 782 defunciones. En 2000, se convirtió en la principal razón por la que falleció la población, con 46 mil 614 defunciones, un aumento del 218.7 por ciento respecto a 1980.
Por su parte, las Estadísticas de Defunciones Registradas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que, en 2010, las muertes por diabetes mellitus subieron hasta 82 mil 964 en todo el país, es decir, 77.98 por ciento más que en la década anterior.
La tendencia siguió al alza y, en 2020, a raíz de la pandemia de Covid-19, los fallecimientos subieron 44.7 por ciento más respecto al año anterior, al ubicarse en 151 mil 19. Los años siguientes, conforme la crisis se apaciguaba, estas muertes disminuyeron tres años seguidos, hasta que en 2024 volvieron a tener un repunte. Hubo 112 mil 577 defunciones por diabetes mellitus, que significaron un aumento del 2.28 por ciento en comparación con 2023.
Los últimos datos ubican a esta enfermedad como la segunda causa de muerte en México, que también creció 669.7 por ciento desde 1980. La primera fue por enfermedades del corazón, con 192 mil 518. Por el consumo de bebidas azucaradas se atribuye uno de cada tres nuevos casos de diabetes mellitus y uno de cada siete de enfermedades cardiovasculares, informó David Kershenobich, secretario de Salud, en la conferencia presidencial del 2 de septiembre de 2025.
Las enfermedades no transmisibles en México –como el sobrepeso, la obesidad o diabetes– aumentaron en los últimos 40 años, en gran parte, por las dietas no saludables, basadas en la ingesta de productos chatarra y ultraprocesados. Entre ellos, las bebidas azucaradas: jugos de caja supuestamente hechos con fruta, lechitas de sabor y, principalmente, refrescos.
Para combatir los efectos adversos que conlleva la ingesta constante y prolongada de éstos, el gobierno de México ha realizado políticas públicas desde hace unos años, como la prohibición de su consumo en las escuelas, el uso de un etiquetado frontal de advertencia o la aplicación de impuestos a las bebidas azucaradas.
Esta última comenzó en 2014, y fue reforzada este año cuando se anunció el aumento del monto gravado, plasmado en la Ley de Ingresos de la Federación para 2026, entregada al Congreso de la Unión el 9 de septiembre de 2025 por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora. Con ella, el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) subía de 1.68 pesos por cada litro a 3.08 pesos por litro de bebida con azúcar añadido, es decir, un incremento del 87 por ciento respecto a 2025.
La evidencia científica muestra una relación directa entre el incremento de los impuestos y la disminución del consumo de estas, que trae reducciones en las enfermedades asociadas a su ingesta; por tanto, está totalmente justificada la medida del gobierno, afirma el doctor Juan Carlos Salgado Hernández.
Todas las personas en México “enfrentamos los costos vinculados al alto consumo de este tipo de bebidas y los precios no están acorde con esos costos”; de tal manera que “es más que necesaria la intervención del Estado para regular el consumo”, agrega el también investigador del Centro de Investigación en Nutrición y Salud (CINyS) del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
Además, el aumento era urgente, pues cada vez se perdía más la capacidad sanitaria del impuesto. La Organización Mundial de la Salud sugiere que el monto del gravamen sea equivalente al 20 por ciento del precio final de las bebidas azucaradas. En México equivalía aproximadamente al 10 por ciento en 2014. Con el factor inflacionario, para 2025 se había reducido más de la mitad; pero volvió al 10 por ciento con el incremento establecido para 2026.
Para cumplir con los estándares internacionales del 20 por ciento, el impuesto en México debería ser alrededor de 6 a 7 pesos, el doble de lo que se designó este año, y se debe actualizar año con año conforme a la inflación, o se corre el riesgo de perder de nuevo el objetivo de éste.
No obstante este esfuerzo, la industria de las bebidas azucaradas y, particularmente, la de refrescos –con Coca-Cola y Pepsi a la cabeza, empresas que acaparan más del 80 por ciento del mercado– se inconformó con el impuesto. Y tras mesas de diálogo, acordó la modificación de la medida fiscal, a cambio de la promesa de disminuir la cantidad de azúcar en sus fórmulas y ajustar su publicidad hacia menores de edad.
Con este trato, se mantiene el monto de 3.08 pesos por litro a las bebidas que contengan azúcar “normal” añadida, y se estipula uno nuevo: de 1.5 pesos por litro a aquellas con edulcorantes no calóricos.
Mientras el impuesto lanzado en 2014, de 1 peso por litro, “no incluía a bebidas con edulcorantes no calóricos, solamente bebidas con azúcar añadido”; lo que se había dictaminado en el documento original del Paquete Económico para 2026, incluía de manera homogénea a ambas elaboraciones endulzadas. “Si tienen cualquier cantidad de azúcar añadido, entran en el gravamen de 3.08”, explica en entrevista para Contralínea el doctor Salgado.
Las bebidas con azúcar añadido iban a presentar un aumento de impuestos de 1.68 pesos por litro a 3.08 pesos, mientras que las bebidas light o con edulcorantes no calóricos, iba a ser de cero a 3.08. Con el acuerdo entre la industria y el gobierno, estos últimos sólo pagarán 1.5 pesos por litro; aún hay un aumento, pero ahora no tan alto.
Esto fue presentado en una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, donde asistieron el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz; el subsecretario de Integración y Desarrollo, Eduardo Clark García Dobarganes; así como el coordinador de la bancada de diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, y el presidente de la Comisión de Hacienda, Antonio Altamirano.
Tanto las autoridades como los empresarios señalaron que también hubo “apertura” por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a las negociaciones entre las partes. En un comunicado, la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb) agradeció a la primera mandataria, “quien dio puntual seguimiento al desarrollo de estas pláticas y que mostró apertura en construir los acuerdos necesarios”.
Para Simón Barquera Cervera, doctor en nutrición aplicada y epidemiología nutricional por la Universidad de Tufts, Boston, en Estados Unidos, “las empresas tienen este tipo de estrategias dilatorias y también estas estrategias donde desvían y ofrecen otro tipo de soluciones potenciales a los problemas”.
Sobre el acuerdo de mercadotecnia al que llegaron las empresas con el gobierno de México, el también director del CINyS recuerda que la industria ya había prometido autorregularse sobre publicidad hace más de una década; las autoridades les “dieron una oportunidad” y, al final, no cumplieron con ese compromiso propio.
Ahora se comprometen a reducir el azúcar en sus bebidas; en este sentido, el especialista y estudioso de este tema cuestiona: si las refresqueras reconocen que el azúcar hace daño, “¿por qué no la habían reducido antes […] sin tener que hacer una negociación?”
El doctor Barquera Cervera advierte a Contralínea que aunque las refresqueras se hayan comprometido, no significa que lo vayan a cumplir, debido a que no hay una ley o sanción explícita en caso de que incumplan.
“Si ellos están dispuestos a limitar la publicidad en niños, pues que permitan que se regule” o legisle, “y que, si lo incumplen, sean multados y sancionados, [… porque] la experiencia de los últimos 25 años –nacional e internacional, que es mucha documentada científicamente–”, pues indica que no van a cumplir sus promesas, puntualiza.
Para combatir el aumento de las enfermedades no transmisibles, el gobierno ha emprendido una campaña de difusión sobre los daños que ocasionan los refrescos en la salud de las personas; pero también han defendido los impuestos hacia estos, como parte de una estrategia integral para “tratar de bajar la frecuencia de este tipo de enfermedades”.
El 1 de enero de 2014, México se convirtió en la primera nación del continente americano en instrumentar un impuesto hacia las bebidas azucaradas, como respuesta a los altos índices de obesidad y sobrepeso en el país. En ese entonces se aplicó de 1 peso por cada litro de producto elaborado.
Con el aumento que se planteó originalmente para 2026, el gobierno estimaba que en los próximos dos años disminuiría el consumo de estas bebidas en 7 por ciento. Según el subsecretario Eduardo Clark, entre 2014 y 2015 –los dos siguientes años a la primera implementación– el consumo bajó 5.5 por ciento.
Ese monto representaba alrededor del 10 por ciento del costo final del producto, lo que se tradujo en un incremento de precios de un porcentaje similar. Una revisión a la política gubernamental, publicada en la revista médica BMC Public Health en febrero de 2023, indica que en un año las compras de estas bebidas se redujeron 4 por ciento en áreas rurales y 6.3 por ciento a nivel nacional y urbano.
En el espectro urbano, para 2016 la reducción en las compras de refrescos había sido entre 8 y 17 por ciento en los productos de precios medios, con datos del Panel de Consumidores de Nielsen México. El doctor Salgado –participante en esta investigación– afirma que al subir 10 por ciento el costo original de las bebidas azucaradas, las compras van a bajar entre 15 y 16 por ciento.
Otras publicaciones de revistas científicas encontraron más resultados positivos en salud a partir de esta medida: disminución de casi 2 por ciento en la prevalencia de adolescentes con riesgo de sobrepeso, decremento de 1.3 puntos porcentuales en sobrepeso y obesidad por cada aumento del 10 por ciento al precio de las bebidas.
El costo del sobrepeso y la obesidad en México es de 26.1 mil millones de dólares (con el precio del dólar de 2019). El 86.6 por ciento de estos, solamente por obesidad (22.6 mil millones de dólares), informó la publicación BMJ Global Health en 2023.
Por su parte, la propia industria ha confirmado la afectación que les genera un incremento de impuestos a sus productos: un comunicado de la Asociación Mexicana de Bebidas, que aglomera a diferentes empresas de este ramo ubicadas en el país, indica que la propuesta original del gobierno incrementaría el precio de los refrescos hacia el consumidor “entre 10 por ciento y 15 por ciento de su costo total”.
Henrique Braun, vicepresidente ejecutivo de la empresa Coca-Cola, indicó públicamente que la venta de refrescos en México ha bajado, en parte, por el incremento de impuestos a estos productos. El país “se ha convertido en el mercado más complicado para impulsar las ventas”.
Y el CEO global James Quincey admitió que esta propuesta fiscal tendría “un impacto significativo en el corto plazo”. El último informe trimestral (enero-septiembre) de Coca-Cola Femsa, la embotelladora de la refresquera en México, indica que en el país había bajado su volumen de producción.
Por todo lo anterior, el doctor Salgado considera que ésta es una medida de salud “que genera disminuciones de la prevalencia de sobrepeso, obesidad y enfermedades relacionadas, y ahorros en salud subsecuentes”. Además, dice, produce ingresos fiscales “que eventualmente se regresan a la sociedad vía gasto público”. El investigador destaca el anuncio que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sobre crear un fideicomiso para administrar estos recursos recaudados.
Aun así, existe consenso científico en torno a que se debería duplicar el monto gravado para reforzar la medida y tener mejores beneficios deseados, así como usarlos como una de tantas medidas integrales para combatir el problema.
El 5 de diciembre de 2023, la OMS publicó un informe que demostró los bajos montos de impuestos que había a nivel mundial hacia alcohol y las bebidas azucaradas. “La mayoría de los países no están usando impuestos para incentivar comportamientos más saludables”. Mencionó que anualmente fallecen más de 8 millones de personas por dietas no sanas, y afirmó que aplicar impuestos a estos productos “reducirá estas muertes”.
De acuerdo con la organización internacional, en 2022 había 108 países que gravaban al menos un tipo de bebidas azucaradas. No obstante, estos impuestos representaban solamente el 6.6 por ciento del valor total del producto. Según el Banco Mundial, para 2023 el número de países con una medida similar era ya de 117 y al menos 21 en el continente americano
Uno de los argumentos más mencionados por la industria de las bebidas azucaradas para que se rechace el gravamen es la presunta consecuencia de la pérdida masiva de empleos. No obstante, un modelo de proyecciones centrado en México, de la revista BMJ Global Health, a finales de 2023, calculó que se reducirían 1 mil 566 empleos por cada disminución del 1 por ciento en las compras de estos productos. Ese año hubiera representado un decremento del 0.0027 por ciento en la tasa de empleo, de unas 57.4 millones de personas. Para el primer trimestre de 2025, la fuerza laboral en México creció hasta 60.5 millones de personas.
A estos datos, las y los investigadores dicen que “los costos de la pérdida de empleos son bajos, ya que el impuesto a las bebidas azucaradas representa una pequeña proporción de la economía”, y las personas en la industria de estos productos solo representa el 1.85 por ciento de toda la industria manufacturera.
Adicional a esto, se tiene la experiencia del impuesto de 2014, cuando “no hubo implicaciones negativas en la empleabilidad a nivel nacional. En parte, porque la disminución de ese consumo pudo haber sido sustituido por agua embotellada”, agrega el doctor Salgado.
El que las empresas refresqueras tengan este tipo de acercamientos con el gobierno para cambiar políticas públicas “se llama interferencia de la industria y es un fenómeno muy conocido en este tipo de problemas”, lamenta el doctor Simón Barquera, quien agrega que ocurre a escala mundial y ya comienza a investigarse porque se debe hacer público “para que el mundo sepa de este tipo de actividades que hace la industria”.
Para ejemplificarlo, usa el caso de las personas que acudieron a la conferencia de prensa en la Cámara de Diputados para presentar el acuerdo al que habían llegado con el gobierno. Se encontraban altos directivos de Coca-Cola México (Patricio Enrique Caso Prado); Femsa, embotelladora de Coca-Cola (Roberto Campa Cifrián); Grupo Embotellador de Productos PepsiCo (Carlos Flores Gómez); la Asociación Mexicana de Bebidas (Andrés Massieu Fernández).
La materialización de este acuerdo para reducir el impuesto es otra más de las batallas que ha emprendido la industria contra las políticas públicas en materia de salud. El doctor Barquera Cervera señala que, si bien es lamentable ceder hacia esas presiones, también “debemos hacerles un llamado [a las empresas] a ser más responsables, a no dejar que su codicia, esa codicia corporativa de ganar más, los haga enfocarse en nuestros niños, porque el país es el que va a acabar pagando estos daños”.
Las refresqueras tienen un poder muy grande a nivel mundial, lo que las ha llevado durante años a conseguir acuerdos muy benéficos. Las personas al frente de las empresas reflejan esto al protagonizar el fenómeno de puertas giratorias: funcionarios públicos en alguna dependencia gubernamental que, cuando terminan su periodo, consiguen un puesto importante en alguna compañía, lo que a su vez demuestra un conflicto de intereses en su anterior cargo.
Patricio Enrique Caso Prado, actual director senior de asuntos públicos, comunicación y sostenibilidad de Coca-Cola México, se desempeñó como director administrativo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en mayo de 2017, así como director jurídico y de vinculación institucional y evaluación de delegaciones, cuando Mikel Arriola Peñalosa (candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México en 2018 por el PRI) era director del instituto de salud.
Roberto Campa Cifrián, ahora en la embotelladora Femsa, tuvo una trayectoria política en el PRI, donde fue miembro activo desde 1977 hasta 2005, de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa. Fue presidente del Consejo Ejecutivo Nacional del partido en el entonces Distrito Federal y precandidato al DF en 1999. En 2006 aspiró a ser candidato presidencial por Nueva Alianza.
Pero también ocupó cargos de gabinete en gobiernos priístas y panistas, en la Procuraduría Federal del Consumidor de 1997 a 1999, el Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2007 a 2008, la Subsecretaría de Derechos Humanos en 2015 y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en 2018.
Por su parte, Andrés Massieu Fernández, presidente de la MexBeb, fue coordinador de Estrategia Mensaje Gubernamental y de la Oficina de la Presidencia y de Política y Gobierno con Enrique Peña Nieto. En la 61 Legislatura (2009-2012), fue diputado federal por el PRI. Antes, trabajó en cargos menores en la Presidencia entre 2000 y 2005, con Vicente Fox.
Para el doctor Barquera, lo que menos requiere la salud pública es una relación con estas empresas que tienen esta agenda de intereses que afectan a las y los niños en México.
La relación de las refresqueras y sectores gubernamentales no es sólo con el sector Salud. El 23 de octubre de 2025, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se reunió con representantes de Coca-Cola Femsa “para explorar oportunidades de cooperación en los programas emblemáticos de la Agencia, como #EscuelasMéxico. Juntos, seguimos fortaleciendo alianzas público-privadas a favor de la educación y el desarrollo sostenible”.
Al respecto, el doctor Barquera destaca que es contrario a lo que pasa con la presidenta Sheinbaum. Ella, indica, “entiende muy bien el problema y ha dicho que los mexicanos tienen que consumir menos bebidas azucaradas, los niños no tienen por qué consumir estos productos en las escuelas porque les hacen daño. Ella lo ha dicho, lo ha dicho hasta en TikTok. Entonces me da mucha pena que otras áreas de su gobierno pues no entienden el mensaje”.
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