De gravedad, excluir el debate energético en el Congreso

Aunque la sustentación de los senadores para ratificar la Ley Eléctrica aprobada en la Cámara de Diputados se basa en la recuperación y defensa de la soberanía energética del país y la rectoría del Estado sobre este sector, excluir del debate nacional un tema de tanta importancia para el futuro de México implica dejar intocados muchos de los hoyos negros producto de la corrupción de los gobiernos neoliberales y que, en buena medida, fueron la causa directa del resquebrajamiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Por supuesto que la iniciativa enviada por el Ejecutivo con carácter preferente al Congreso representa un duro golpe a la desbordada corrupción permitida en décadas de desmantelamiento a las empresas públicas, donde poderosos intereses tanto nacionales como extranjeros se están viendo afectados por la anulación que viene a muchos contratos oscuros, autorizados por los gobiernos de Fox y Calderón. Pero desechar un parlamento abierto para escuchar las voces no sólo de los grupos fácticos sino de expertos, sectores sociales y sindicatos independientes que desde siempre han pugnado por la recuperación del sentido nacionalista en el sector energético, es dejar inconclusa una reforma que debe ir más allá de lo aprobado al texto del que no le movieron ni un punto o una coma.

Para descifrar el hilo negro de los negocios millonarios que desfondaron a las exparaestatales es necesario que se practiquen auditorías a fondo pues no sólo el expresidente Felipe Calderón y su secretaria de Energía, Georgina Kesell, fueron premiados con millonarias contrataciones por trasnacionales relacionadas con la entrega de irregulares convenios de venta de energía eléctrica a la CFE, también hay otros personajes que ahora disfrutan de riquezas mal habidas al haber autorizado en su momento toda una gama de pillerías.

Tal es el caso de Alfredo Elías Ayub, director de la CFE por más de 11 años, que junto con subalternos como Néstor Moreno Díaz constituyeron todo un andamiaje de negocios ilícitos donde el cobro de comisiones en especie como ferraris y yates, fueron algo común en la empresa pública. Por sus manos pasó la aprobación de los contratos que ahora como se anunció, serán cancelados por representar una costosa fuga a las finanzas públicas.

Otro exdirector, Enrique Ochoa, goza de la impunidad que le da el cargo de diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero junto con otros extitulares más deben explicar al país por qué encubrieron los negocios ilícitos de los expresidentes panistas y, en su momento, no les pidieron cuentas sobre los quebrantados estados financieros de las paraestatales.

Los gobiernos panistas, es cierto, hipotecaron los recursos públicos por más de 25 años haciendo aparecer tanto a la CFE como a LFC como empresas incosteables e inoperantes para favorecer los intereses de particulares, pero los legisladores no deben pasar por alto que el sector eléctrico y el petrolero van de la mano. La falta de gas en las últimas semanas provocó que diversas plantas generadoras pararan en el norte del país, colapsando el suministro eléctrico en 12 estados y ocasionando millonarias pérdidas en las diversas ramas económicas.

La Reforma Energética del pasado sexenio también afectó seriamente a Pemex. Uno de cuyos más notorios hoyos negros es el misterioso fin que tuvieron los excedentes petroleros acumulados en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón: 1 billón de pesos que se esfumó sin generar beneficio alguno para Pemex ni para el nivel de vida de millones de mexicanos.

Hasta la fecha nadie ha dado cuenta del monumental despilfarro, como tampoco del irregular desmantelamiento de LFC a manos de funcionarios de la CFE, que tras su cierre se dedicaron a saquear sus instalaciones y talleres.

Una reforma a la Ley Eléctrica que no incluya además una revisión, por ejemplo, de las cuantiosas jubilaciones de los altos directivos de CFE, dejará intocados los privilegios que deben combatirse en la propuesta de austeridad de la 4T. Esos retiros de oro, costaron por muchos años exorbitantes cantidades a los recursos de la nación. Permitir que estos esquemas prevalezcan es dar la espalda a la transparencia a la que tiene derecho a acceder la sociedad en su conjunto.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha puesto en alerta a miles de burócratas a los que el máximo de sus pensiones se establecerá en 10 Unidades de medida (Umas) y no en salarios mínimos, con lo que sus ingresos serán duramente impactados en su vejez. Consentir que los altos funcionarios y exfuncionarios de las empresas públicas del sector energético se jubilen con millonarias pensiones, o sigan cobrando las autorizadas de forma abusiva en pasados sexenios, es dejar abierta la llave a las sangrías presupuestales.

Antes de votar por la afirmativa, los diputados y senadores debieron sentarse a hacer cuentas y explicar de cara a la nación, el estado que guardan las finanzas públicas tanto de Pemex como de CFE, pues tan sólo este año Pemex deberá enfrentar vencimientos de su deuda por 14 mil 700 millones de dólares. En sus últimos reportes arrojó costos de producción de 246 mil millones de pesos y ventas por 249 mil millones; es decir, es imposible que con un margen de 3 ml millones de pesos pueda siquiera asumir sus compromisos laborales y gastos administrativos.

En cuanto al sector eléctrico se refiere, dejar de lado la opinión de los expertos puede abonar impunidad en los errores que de manera frecuente han cometido altos funcionarios de la CFE; ya vimos en diciembre pasado hasta dónde pueden llegar con tal de justificar sus irresponsabilidades, pero falsificar documentos de Protección Civil para culpar a un incendio de un apagón puede ser algo menor si no se va al fondo de las fallas.

México tiene como asunto de primer orden el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá (Tmec) y los responsables de este sector no han informado ni a la sociedad ni a los legisladores cómo le piensan hacer para revertir las desiguales tarifas nos rigen en comparación con nuestro socio más importante como es Estados Unidos: en la última década, el precio de la electricidad aumento en ése país en un 10 por ciento, mientras que en el nuestro los precios se incrementaron hasta en un 30 por ciento.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tan sólo en los últimos 12 meses el precio de la electricidad subió otro 5 por ciento en México. Y ni qué decir en el impacto de los recibos de luz a causa del confinamiento por la pandemia, que en algunos casos se elevó al doble, impactando en la economía de los que menos tienen.

Los legisladores no tomaron en cuenta la voz del sector social al que más le pegan tanto los aumentos en los recibos de la CFE como en la compra de gas doméstico; éste último se vende en algunas partes de la Ciudad de México y del Estado de México en más 500 pesos el tanque de 20 litros.

La recuperación de nuestra soberanía energética no será integral si no se corrigen los errores y abusos del pasado pero, sobre todo, se permite que estos pervivan en el presente. Los legisladores deben convencerse que ni el pueblo ni las voces de expertos, sindicatos y organizaciones independientes son enemigos de la iniciativa presidencial. Al no escucharlos se corre el riesgo de desfondar el sentido de una lucha nacionalista en favor de la 4T. Algo sumamente grave.

Martín Esparza Flores*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas