FOTO: RASHIDE FRÍAS /CUARTOSCURO.COM
La presencia de grupos criminales altamente organizados, industrias extractivas autorizadas, la proximidad de la Sierra Tarahumara a la frontera con Estados Unidos y el cambio climático han intensificado la competencia por la tierra cultivable en la sierra Tarahumara, advierte un informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (IG-CO).
Señala que la tala ilegal de pinos está orquestada por una red de funcionarios gubernamentales corruptos (desde comisarios hasta municipales), ejidatarios y caciques. Y han logrado que muchas familias indígenas dependan de la industria maderera ilegal para sus medios de vida, principalmente como trabajadores manuales.
Además del daño ambiental causado por las industrias extractivas autorizadas, los entrevistados por la IG-CO sostienen grupos criminales organizados son responsables del cultivo de amapola y marihuana en tierras deforestadas.
“Ellos dicen que las organizaciones criminales están trabajando con mestizos para ampliar su control sobre los ejidos y obligar a los ejidatarios rarámuri y ódame, caciques y familias indígenas para cultivar amapola y marihuana en sus tierras, o presionarlos para que vendan o renuncien a sus derechos sobre la tierra si se niegan”.
La Sierra es una zona estigmatizada en toda América Latina como tierra de narcotraficantes. La estigmatización ha normalizado la violencia, el crimen organizado (incluidos los delitos ambientales) y la impunidad de los perpetradores, indica el análisis Impacto de pérdida de biodiversidad y ambiental delitos contra las comunidades indígenas de la IG-CO.
Tradicionalmente, dice, las comunidades indígenas de la región han participado en agricultura de subsistencia. Sin embargo, la rápida pérdida de tierras ha afectado su salud y sus medios de vida, perturbado sus identidades socioculturales y facilitado su participación en economías criminales, advierte.
Destaca que la desnutrición como resultado de la tala y la minería extensivas y la consiguiente contaminación del suelo y agua, es una crisis de salud entre los miembros de la comunidad. Los servicios de atención médica están lejos de los indígenas, lo que aumenta la carga para las madres, que tienen que viajar largas distancias para acceder a la atención de sus hijos, familiares enfermos, a menudo bebés y niños.
Pérdidas socioculturales y económicas amplias y abruptas han provocado profundas fricciones entre los rarámuri y ódame, que se manifiesta en tasas crecientes de adicción al alcohol y violencia doméstica en sus comunidades advierte el informe.
Los sindicatos criminales organizados han capitalizado la escasez global de recursos naturales para diversificar sus operaciones desde otras economías criminales como el tráfico de drogas, personas y armas.
Los delitos ambientales transnacionales requieren amplios recursos y sistemas logísticos complejos para extraer y transportar bienes naturales como madera, minerales, vida silvestre y plantas. Usan infraestructura ilegal como rutas de contrabando, lavado de dinero y corrupción de funcionarios locales para cometer crímenes ambientales transnacionales.
Por otro lado, precisa que los delitos ambientales perpetrados por actores estatales o privados a menudo recurren a la corrupción, política y poderosos lobby para obtener licencias y burlar los marcos legales de protección ambiental y derechos indígenas, como evaluaciones de impacto y consentimiento fundamentado previo de los pueblos indígenas.
La región de la Sierra Tarahumara está ubicada en la Sierra Madre Occidental del norte de México en el Estado fronterizo de Chihuahua. Estos bosques se caracterizan por una enorme diversidad de especies tropicales, especies de flora y fauna subtropicales y templadas.
Gran parte de los recursos naturales de México son parte de ejidos, un complejo sistema de tenencia de la tierra que rige el uso de la tierra fuera de los asentamientos humanos, incluidos bosques, lagos, montañas y reservas naturales que combinan propiedad pública y privada.
Durante las décadas de 1980 y 1990, los ejidatarios y agricultores obtuvieron la mayor parte de la tierra para propiedad privada. Más del 90 por ciento de los recursos naturales de la Sierra y diversidad biológica se encuentran en tierras ejidales, donde los rarámuri (tarahumara) y ódame son comunidades indígenas dominantes.
México cuenta con mecanismos institucionales para hacer frente a los delitos ambientales, incluido un mecanismo de denuncia denominado Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente). Sin embargo, los derechos marginalizados a la tierra de las comunidades indígenas, corrupción, falta de recursos y protección de los sujetos obligados afectan su implementación real.
Además, las comunidades indígenas denuncian que tienen que resistir diversos intereses económicos al luchar por sus derechos territoriales y la protección de los bosques y áreas cultivables.
Cabe señalar que los marcos de justicia ambiental desarrollados sobre la base de nociones coloniales, como distribución equitativa de recursos, justicia procesal, participación política y gestión ambiental, excluyen los conocimientos, valores y culturas de los pueblos indígenas (y personas socialmente marginadas).
Las comunidades indígenas son las primeras en exponer y desafiar las transgresiones de las políticas privadas y estatales. empresas de su propiedad que dañan el medio ambiente, su gente y los ecosistemas naturales. Al hacerlo, desafian no sólo las transgresiones legales, sino también los conceptos del capitalismo global que impulsan la economía.
Al principio, las concesiones de tierras para industrias extractivas, incluidos los agronegocios y los monocultivos, han facilitado una serie de violaciones de derechos humanos, ilegales y operaciones extractivas ilícitas, tráfico de vida silvestre y pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) en ecosistemas circundantes.
Las actividades ilegales que dañan el medio ambiente son amplias y complejas, con participación del Estado en diversos niveles y en diferentes grados. Tales actividades pueden ser realizadas a pequeña escala por entidades privadas para consumo doméstico. Puede que no siempre equivalgan a delitos ambientales transnacionales que impliquen cadenas de suministro transnacionales ilícitas.
Cambian las definiciones y los marcos legales de los delitos ambientales según la naturaleza de lo que es nocivo y de lo que se considera y no se considera ilegal a nivel internacional, a nivel nacional y regional, establece el informe.
Este informe se refiere a los delitos ambientales desde la perspectiva de las comunidades locales, especialmente las mujeres, donde las líneas entre los grandes sindicatos criminales y las operaciones extractivas “legales” son borrosas en términos de su impacto en el medio ambiente y el tejido sociocultural y económico de las sociedades indígenas.
Las comunidades entrevistadas por la IG-OC identificaron tala ilegal, minería, vertimiento de desechos, tráfico de vida silvestre y la pesca INDNR como delitos ambientales ocurridos en sus ecosistemas forestales.
La presencia de grupos criminales aumenta la competencia por la tierra cultivable, marginando aún más a estas comunidades, desplazados por la fuerza de sus tierras ancestrales o reclutados como actores de bajo nivel en las florecientes industrias de operaciones lícitas e ilícitas.
Indica que el discurso sobre el cambio climático global ha determinado durante mucho tiempo que las personas marginadas, especialmente de comunidades indígenas, son desproporcionadamente vulnerables.
Esto también es importante para comprender los impactos y las respuestas de género a los crímenes ambientales y la pérdida de biodiversidad experimentados por comunidades indígenas que viven cerca de áreas biodiversas.
Las presiones del cambio climático causadas por los delitos ambientales y las industrias extractivas están empujando mujeres al margen de la gestión ambiental, donde se espera que cumplan con sus deberes designados. roles “nutritivos” de cuidado del hogar y de los miembros de la familia.
Las relaciones de género están sustentadas por las expectativas de comportamiento de hombres y mujeres en entornos institucionales como la familia y el lugar de trabajo. Estas son “las expectativas socioculturales que se aplican a las personas en función de su asignación a una categoría de sexo (masculino o femenino)”.
El impacto de la degradación ambiental en los pueblos indígenas y comunidades que dependen de los bosques es ampliamente reportado y reconocido en la comunidad internacional, discursos sobre desarrollo y protección del medio ambiente.
Sin embargo, si bien el impacto de género del medio ambiente, del crimen, si bien forma parte de una conversación más amplia sobre la justicia ambiental y la pérdida de biodiversidad, es limitado a los marcos internacionales de conservación y cambio climático.
Como parte del trabajo más amplio del Fondo de Resiliencia sobre la resiliencia de las mujeres ante el crimen organizado, este informe exploratorio sobre políticas analiza las formas en que las mujeres luchan, se adaptan y responden a los impactos de la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad causada por la explotación ilegal de regiones forestales y sus alrededores, especialmente en hábitats rurales e indígenas.
Las mujeres que viven dentro comunidades indígenas que tienen vínculos socioculturales y económicos con su entorno natural se ven cada vez más afectados por la creciente presencia de economías extractivas ilegales. Recursos forestales significan cosas diferentes para hombres y mujeres, dependiendo de sus roles, prioridades e intereses en satisfacer las necesidades del hogar y las expectativas sociales.
Cómo las mujeres perciben, afrontan y responden a los crímenes ambientales y la pérdida de biodiversidad están determinados por la alteración de los roles tradicionales de género y dinámica de la familia. Los roles de género tienden a moldear las estructuras de poder que también determinan el acceso a los derechos y agencia, incluida la participación política de las mujeres.
Repensar la resiliencia ante el crimen organizado muestra que las mujeres de todo el mundo están reclamando sus voces, participando en diversas respuestas comunitarias a la delincuencia, a pesar de los riesgos para sus vidas. Sin embargo, como ocurre con la trata de personas, las dimensiones de género de los delitos ambientales no son muy claros. Por lo tanto, es necesario comprender la resiliencia.
Las estrategias de mujeres que se perfilan como defensoras ambientales frente a grupos criminales, están coleccionando leña y agua potable, se ha convertido en una tarea de enormes proporciones ya que las mujeres son cada vez más vulnerables a la violencia y agresión sexual por parte de hombres que trabajan en las industrias extractivas legales e ilegales.
Los rarámuri desplazados huyen a las ciudades en busca de refugio o trabajo, supuestamente son discriminados y sus hijos a menudo abandonan la escuela. Muchos jóvenes de la comunidad pierden la vida por la adicción a las drogas y al alcohol o encuentran su identidad en las extensas operaciones de organizaciones criminales. Las madres de estos jóvenes son estigmatizadas por sus comunidades.
México cuenta con un marco legal compuesto por varias leyes estatales, una unidad de aplicación de la ley y un órgano judicial, unidad encargada específicamente de luchar contra el crimen organizado, incluidos los delitos ambientales.
Sin embargo, las instituciones estatales municipales y los gobiernos locales son corruptos y cómplices del crimen organizado. La aplicación de la ley ha sido ineficaz debido a una serie de factores, desde la falta de protección de los testigos hasta la corrupción y la marginación de los derechos territoriales indígenas.
Las comunidades compiten con los criminales por derechos territoriales, lo que lleva a una cultura de impunidad para los cárteles de la droga y una pérdida de confianza en la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos contra los delitos ambientales.
Líderes rarámuri y Ódame han organizado movimientos por la paz para enfrentar la pérdida de biodiversidad a través de proyectos de restauración como captaciones de agua comunales y reforestación en línea con el programa de plantación de árboles Sembrando Vida del estado.
Para denunciar delitos ambientales, se basan en organizaciones como la Consultoría Técnica Comunitaria, Alianza Sierra Madre y el Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas para asistencia jurídica en la documentación casos, presentar demandas y relacionarse con las autoridades.
También trabajan con organizaciones que proporcionar oportunidades de empleo temporal en proyectos específicamente destinados a empoderar a los pueblos indígenas y comunidades. Además, crean mapas bordados como medio para preservar su cultura y herencia. Organizan reuniones comunitarias para compartir experiencias y discutir desafíos, mejores prácticas y estrategias de resiliencia dentro de las comunidades.
Las mujeres rarámuri y ódame han colaborado con grupos de la Iglesia católica, acompañadas por líderes religiosas y sacerdotes jesuitas en Chihuahua, para amplificar sus voces. Ellos usan festivales y encuentros religiosos y culturales para fomentar la unidad en la defensa de su territorio, derechos y patrimonio cultural.
Las mujeres rarámuri de toda la Sierra se han arupado en organizaciones formales, organizaciones y colectivos informales para apoyar y participar en marchas y reuniones de protesta donde comparten experiencias y discuten desafíos, mejores prácticas y estrategias de resiliencia.
También entablan un diálogo con funcionarios estatales y organizan capacitaciones para equipar a las mujeres desplazadas con habilidades generadoras de ingresos, como costura, bordado, artesanía, tejido y avicultura, para reemplazar a los hombres que han huido de sus hogares como resultado de la violencia del crimen organizado.
Estas estrategias de resiliencia han ido facilitando paulatinamente la presencia de mujeres rarámuri y ódame en movimientos políticos y procesos de toma de decisiones. A pesar de estas estrategias, las organizaciones narcotraficantes continúan intimidando, amenazando y asesinando activistas indígenas y miembros de estos colectivos, incluidas mujeres.
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