Desplazamiento interno mantiene en vilo a miles en Oaxaca

Desde hace 2 años, más de 300 familias viven dando tumbos, luego del desplazamiento forzado ocurrido en 2017 por un grupo armado que llegó a la colonia Ernesto Che Guevara a quemar, destruir y saquear sus casas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estudia los hechos para emitir medidas cautelares al Estado mexicano

Oaxaca, Oaxaca. Una desbandada de hombres que portaban palos, machetes y armas de fuego entraron a la colonia Ernesto Che Guevara (ubicada en Zaachila) en la oscuridad de la madrugada. Familias completas dormían en sus casas construidas de madera; apenas unas cuantas estaban edificadas con ladrillos y cemento.

Ahí habían llegado en noviembre de 2013 unas 300 familias de distintas comunidades indígenas: zapotecos, mixtecos, triquis, chatinos, huaves, mixes, en busca de un espacio para vivir.

Les habían ofertado lotes de 20 por 20 metros cuadrados por 16 mil pesos en pagos mensuales de 1 mil pesos. A cambio, ellos tendrían que limpiar el terreno de hierbas, piedras y animales rastreros. La ocupación era inmediata, al primer pago.

Casi 4 años después de comenzar a edificar sus sueños, con láminas, madera y hule, continuos estruendos los cimbraron de miedo. Se comenzaron a escuchar los gritos y los cohetones que despertaron de un sobresalto a los habitantes de esta unidad. Los que vivían en la parte alta de terreno no comprendían lo que pasaba. Los primeros en la colonia se asaltaron con el pánico y nada pudieron rescatar de sus pertenencias.

Dos años después, siguen en la búsqueda de justicia y de un lugar donde volver a fincar su hogar; muchos han encontrado refugio entre los suyos, otros en campamentos improvisados, parques, lugares públicos; hay quienes han tenido que regresar a sus comunidades de origen, donde la pobreza los acapara; y otros más no han encontrado otro remedio que emigrar a otros estados o al país vecino del Norte.

La huida fue inmediata, se llevaron el horror con ellos. Marcaron la distancia más amplia que pudieron hasta sentirse a salvo, con las ropas que llevaban encima y sus seres queridos.

Fabián Zurita, un hombre que tiene que usar bastón para caminar, relata que eran las 5 de la mañana cuando empezaron los cohetones y los plomazos. En la cabecera de su recámara mantenía un teléfono celular que sólo contaba con salida de llamadas, un “teléfono chiquito”, dice.

Se comunicó con “Guille”, la presidenta de la colonia para saber qué ocurría en su barrio. La mujer trató de calmarlo: “Me dijo que no iba a pasar nada…” Afuera se escuchaban los gritos y el llanto de mujeres y niños, ya no pudieron esperar más y las palabras de Guille las echaron por la borda.

Los hombres soltaban disparos al aire, quemaban las casas que habían levantado desde la maleza. Una cosa le preocupó a Fabián en su huida: su credencial de elector, el único documento que daba cuenta de su identidad y el que más a la mano estaba.

Su esposa, María, regresó a casa por ella. Ahí se topó con los hombres que ya estaban destruyendo sus viviendas y la pequeña tienda que los mantenía (puesta con las remesas que enviaban sus hijos de Estados Unidos). La policía llegó más tarde a controlar la situación, aproximadamente a las 11 de la mañana, pero “¿ya para qué? Fue un total saqueo”, comenta Fabián.

En un viejo taller de madera se reúnen algunos de los representantes de las familias; llegan como pueden, tarde a la cita porque vienen de muy lejos y no todos los habitantes que conformaban esa colonia han podido ser localizados.

Lo narrado del día en que salieron huyendo se mezcla con las expresiones de tristeza y miedo que reviven de aquel desplazamiento forzado. Mientras Fabián relata, una mujer que lo escucha, asienta con la cabeza y se toca el rostro con desasosiego.

En la relatoría presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se lee que el comando fue de aproximadamente 200 personas, dirigido por Francisco Valencia Farías, encargado de la Agencia Municipal de Vicente Guerrero, Villa de Zaachila, Oaxaca, donde el grupo de personas se distribuyeron por equipos integrados de 20 a 50 personas para empezar a desalojar a los habitantes de la colonia Che Guevara.

Desplazamiento forzado

Éste es uno de los episodios más cruentos que se vivieron en los Valles Centrales de Oaxaca, en 2017. En este estado y tan sólo ese año, la violencia se encargó de desplazar de sus espacios a unas 2 mil 700 personas, según documenta la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) en su informe más reciente: Episodios de desplazamiento interno forzado masivo.

La relatoría de esta problemática social indica que en 2017 se registraron tres “episodios” de violencia con el mismo número de municipios afectados (San Juan Juquila, San Juan Mazatlán y Villa de Zaachil), en el estado del Sureste mexicano.

Éstos se originaron porque las familias desplazadas fueron acusadas de pertenecer a la organización Frente Popular 14 de Junio, vinculada con diversos delitos, indica el informe y “se reportó que fueron desalojadas con el uso de armas de fuego, cohetes, machetes y palos”.

A nivel nacional, la CMDPDH el “panorama” del desplazamiento indica que ese año hubo 25 sucesos de “desplazamiento interno forzado masivo” en nueve estados del país, 27 municipios y 79 localidades.

Las entidades con más personas desplazadas fueron: Guerrero, con siete; Sinaloa, con cinco; Chihuahua, Chiapas y Oaxaca, con tres respectivamente.

Petición ante la CIDH

Jhonatan es la voz de un niño que ha llegado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su testimonio. Él era uno de los habitantes del predio donde se edificaba la colonia Ernesto Che Guevara, en Zaachila, Oaxaca.

Su casa estaba en una de las calles polvorientas de esta zona semiurbana. “Al despertar empecé a escuchar mucho ruido como disparos, cohetones a lo lejos de mi casa, y gritos de personas que pedían auxilio, y entonces en ese momento salí para ver lo que pasaba”.

“Había un montón de gente, tapados de la cara, llevaban en sus manos palos, machetes y rifles; disparaban hacia las casas y personas. En ese momento, mi mamá nos agarró a mí y a mis hermanos… Nos dijo que nos teníamos que ir porque las personas que habían llegado estaban gritando que nos iban a matar a todos”, relata.

Él y sus hermanos caminaron por horas hacia el cerro para poder llegar al centro de Oaxaca, “para que no nos mataran”. Desde ese día perdió a sus amigos de la escuela y la casa donde vivía, “porque la que teníamos la quemaron con todas nuestras cosas”: ropa, zapatos, juguetes, útiles escolares.

El pequeño tuvo que ir a vivir en un plantón que se asentó por 9 meses en el zócalo de la capital de Oaxaca, a una “casa” improvisada de cartón y nylon, donde pasaron frío, hambre y enfermedades, expuestos a la lluvia que hacían “lodo” la casita de hule.

Después, igual que otras familias, fue a vivir a una bodega o galera que prestó el gobierno de Alejandro Murat, para no tenerlos más en el centro de la capital. Ahí, estaban en condiciones insalubres y en espacios reducidos de pocos metros cuadrados.

Su testimonio ha llegado hasta la vista del secretario ejecutivo, Paulo Abrão, de la CIDH quien analiza el tema. Entre los argumentos expuestos por el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, AC (Cedhapi), está que las medidas son “necesarias para prevenir un daño irreparable a las personas”.

Para los efectos de tomar una decisión, y de acuerdo con el artículo 25.2 de su Reglamento, la CIDH debe considerar:

-“La gravedad de la situación […] que implica el serio impacto que una acción u omisión puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente en un caso o petición ante los órganos del Sistema Interamericano;

-“La urgencia de la situación, que se determina por medio de la información aportada, indicando el riesgo o la amenaza que puedan ser inminentes y materializarse, requiriendo de esa manera una acción preventiva o tutelar; y

-“El daño irreparable, que consiste en la afectación sobre derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.”

Cedhapi, encabezada por el abogado Maurilio Santiago Reyes, expone ante la CIDH que, en estos hechos, la “gravedad” se argumenta porque los habitantes de Zaachila fueron “desalojados de forma arbitraria y por medio de la violencia física” de sus domicilios y que, actualmente, se encuentran en el estatus de “desplazamiento forzado interno”, bajo amenazas de nuevas afectaciones.

En tanto, el requisito de “situación de urgencia” para que sean emitidas las medidas cautelares está “totalmente probado”, pues en este momento “79 niños y 77 niñas se encuentran en una situación de vulnerabilidad al haber sido expulsado de sus hogares en forma violenta”.

El requisito de daño irreparable, exponen Maurilio Santiago y los representantes de las familias a la CIDH, se adecua ya que las personas desplazadas han tenido que vivir en jardines y parque públicos, lo que pone en riesgo su integridad “y por la omisión del Estado se pone en riesgo nuestra vida y nuestra la integridad personal, derechos que son difíciles de reparar”.

Liberia fue otra de las que padeció la “trifulca” desatada por los hombres armados “hasta los dientes”. Ella cree que la envestida fue ocasionada por los “pandilleros” de las colonias vecinas, donde sabían que ya había un “cobro de piso” a los mototaxis, locales comerciales y hasta a las viviendas.

Recuerda que “no acababa de amanecer” cuando salió despavorida de su hogar, aunque ella vivía en los últimos lotes. “Todos éramos vecinos en la colonia Ché Guevara”. Entre los hombres que identifica se encuentra el líder de la colonia vecina, un tal Francisco Palencia.

Ahí perdieron todo lo que habían logrado como vecinos y colonos en 3 años, entre ellos, un kínder y una pequeña capilla.

El informe Desplazamiento interno por violencia en México. Causas, consecuencias y responsabilidades del Estado –elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)– expone que los desplazamientos son preventivos o reactivos.

El desplazamiento preventivo, indica, “es propiciado para evitar los efectos violentos de un conflicto social, político, religioso, armado, etcétera. Generalmente se da a causa de amenazas, alertas, insultos y ofensas, partiendo de un suceso o conflicto violento previamente acontecido y del cual la población desplazada tiene conocimiento.

En el caso del desplazamiento reactivo, señala que “es generado debido a los daños que ha causado un conflicto de cualquier tipo y el cual se desarrolló con situaciones de violencia”.

Érika Ramírez, enviada

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