Diputados ratifican a Ramírez de la O en Hacienda y Pablo Gómez en la UIF

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Con 362 votos a favor, 89 en contra y cero abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que ratifica los nombramientos de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Pablo Gómez Álvarez en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y Antonio Martínez Dagnino al frente del Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como de nueve funcionarios más

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, Carlos Alberto Ulloa Pérez, indicó que “vamos a ratificar a Ramírez de la O y a 11 funcionarios de Hacienda para que mantengan la estabilidad y la responsabilidad en las finanzas públicas. El voto a favor es un mensaje de seriedad y profesionalismo que se manda a los mercados internacionales”.

En la lista, se encuentra Édgar Abraham Amador Zamora ratificado como subsecretario de Hacienda y Crédito Público; Bertha María Elena Gómez Castro, en la subsecretaría de Egresos; y Grisel Galeano García, en la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Asimismo, se avaló el nombramiento de Gari Gevijoar Flores Hernández como administrador general de la Recaudación de la Secretaría de Hacienda; Amelia Guadalupe de León Ortega como administradora general de Auditoría Fiscal Federal del SAT; y Ricardo Carrasco Varona en la administración general Jurídico del SAT.

También, se ratificó a Armando Ramírez Sánchez en la administración general de Grandes Contribuyentes del SAT; María del Carmen Bonilla Rodríguez en la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales de Hacienda; y Fernando Renoir Baca Rivera en la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda.

Durante la votación, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Silvia Patricia Jiménez Delgado,  puntualizó que su grupo parlamentario requería votar las ratificaciones por separado. Finalmente, aseguró que el PAN no tolerará que se “desvíen” miles de millones de pesos a los programas sociales para “uso electoral”.