Ecuador: consultas y referendos… para legitimar la opresión

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Quito, Ecuador. Durante el Siglo XIX la “democracia” ecuatoriana –como ocurrió en toda Latinoamérica– fue un ideal ajeno a las realidades sociales del país, sometido al dominio de familias de hacendados, comerciantes y banqueros, que estancaron el desarrollo económico y la promoción del bienestar social.

En tales condiciones parece raro que Gabriel García Moreno convocara el primer referendo en la historia nacional, para aprobar la Constitución de 1869. Triunfó en su propósito y la Constitución consagró el sistema conservador, proclamó a la religión católica como única reconocida por el Estado e introdujo el requisito de “ser católico”, para obtener la ciudadanía.

Las otras 12 consultas populares y referendos que ha tenido Ecuador pertenecen a la historia contemporánea. El 15 de enero de 1978 se escogió entre dos proyectos y ganó la nueva Constitución que entró a regir con la posesión de Jaime Roldós (1979-1981), primer presidente del largo ciclo “democrático” que vive el país. Esa Carta fortaleció capacidades del Estado, definió cuatro sectores de economía (privado, público, mixto y comunitario), reconoció recursos nacionales estratégicos, garantizó derechos individuales y sociales. Las derechas económicas y políticas la consideraron “estatista” y hasta “comunista”.

León Febres Cordero, que inició el primer gobierno empresarial-oligárquico de esta época, convocó a pronunciarse sobre una sola pregunta, para que los “independientes” sean candidatos, sin requerir afiliación a un partido (1 de junio de 1986); pero fue derrotado, pues el “No” ciudadano fue movilizado para expresar el rechazo al gobierno, convertido en un régimen despótico y represor. La misma pregunta obtuvo el “Sí” en el referendo que hizo Sixto Durán Ballén (28 de agosto de 1994) sobre siete  preguntas, que incluyeron la posibilidad de realizar reformas constitucionales, limitar facultades del Congreso sobre el presupuesto y los fondos públicos, elegir a asambleístas, facultar la reelección y posibilitar adquirir una segunda nacionalidad. Al gobierno le interesó apuntalar su gestión y logró apoyo.

Pero Durán Ballén fue un continuador de la misión económico-empresarial que despertó el régimen febrescorderista, de manera que confió en obtener el apoyo popular a un nuevo proceso de consulta sobre 11 preguntas (26 de noviembre de 1995), que incluyeron asuntos sobre descentralización, recursos nacionales, paralización de servicios públicos, disolución del Congreso, elecciones distritales y uninominales, presidencia del Congreso, reformas a la función judicial, creación del Tribunal Constitucional y, especialmente, la posibilidad de “privatizar” la seguridad social. El país negó todas las preguntas, expresando el rechazo a la vía neoliberal-oligárquica del gobernante.

Fabián Alarcón, presidente interino, consultó sobre 13 preguntas (25 de mayo de 1997), con el interés de que se ratifique su gobierno tras el derrocamiento del corrupto régimen del antecesor Abdalá Bucaram, aunque las preguntas incluyeron posibilitar una Asamblea Constituyente, regular sobre partidos políticos, integrar los organismos de control, modernizar la Función Judicial e incluso adoptar la revocatoria del mandato.

De ese proceso constituyente surgió la Constitución de 1998, reaccionaria Carta, que consagró el neoliberalismo económico, aunque revistió sus principios con conceptos políticos modernizantes. Años más tarde, Alfredo Palacio consultó sobre tres preguntas realmente ineficaces y hasta innecesarias (26 de noviembre de 2006), porque buscaban, en definitiva, que se diera prioridad a las inversiones públicas en salud, algo que podía cumplir cualquier gobierno con decisión política y eficacia gubernamental.

Rafael Correa convocó cuatro procesos: como punto de partida, realizar una Asamblea Constituyente (15 de abril de 2007) y aprobar la nueva Constitución (28 de septiembre de 2008). Tuvo amplio apoyo y nació una nueva Constitución, que recobró el camino para una economía social, con Estado plurinacional y amplias garantías sociales.

Esta Carta nunca ha sido del agrado de las derechas económicas y políticas, y en la actualidad incluso hay sectores que plantean el retorno a la Constitución de 1998. El gobierno se inscribió en el marco del progresismo latinoamericano del siglo XXI, hizo inversiones públicas y mejoró las condiciones económicas y sociales del país, que fueron logros reconocidos en informes de los principales organismos internacionales.

Realizó otra consulta sobre 10 preguntas (7 de mayo de 2011), referidas a varios asuntos penales, prohibir a empresas financieras participar en las de comunicación, reformar la Función Judicial, prohibir casinos y sus juegos, así como espectáculos con muerte de animales; sobre la ley de comunicación, el delito de enriquecimiento privado y la no afiliación a la seguridad social (IESS) como infracción penal.

Y tuvo enorme repercusión, al mismo tiempo que resistencias elitistas, la única pregunta en otra consulta (19 de febrero de 2017) para prohibir el desempeño de cargos de elección popular a quienes tengan bienes o capitales en paraísos fiscales. En todas las consultas y referendos triunfaron, en forma contundente, las propuestas del gobierno.

Lenín Moreno dio un giro total a la conducción del Estado que hubo en la década inmediata anterior, revirtió los logros sociales del gobierno precedente, inauguró una inédita persecución al “correísmo” y restauró el modelo empresarial-neoliberal, los vínculos de dependencia con el capital extranjero y las políticas imperialistas. Hizo una consulta sobre siete preguntas (4 de febrero de 2018), relativas a sancionar la corrupción, volver a la reelección por una sola vez, reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) encargado de designar a las autoridades de control, sobre la prescripción de delitos sexuales, prohibir la minería metálica en áreas sensibles, derogar la Ley de Plusvalía y reducir zonas de explotación petrolera. El gobierno logró el apoyo ciudadano.

Sobre las herencias del gobierno de Moreno, se levantó el triunfo de Guillermo Lasso a la Presidencia, quien ha consolidado, en forma definitiva, un gobierno empresarial-neoliberal sustentado en un inédito bloque de poder con hegemonía de los grandes grupos económicos, mediáticos y el dominio de fuerzas de la derecha política.

El gobierno de Lasso convocó a pronunciarse sobre ocho preguntas el domingo pasado 5 de febrero, de modo que los resultados de este proceso no estuvieron listos al momento de escribir y publicar este artículo. Las preguntas tenían que ver con la extradición, autonomía de la Fiscalía, reducción de asambleístas, el registro de partidos, sobre autoridades de control, reestructura del CPCCS, el subsistema de protección hídrica y compensaciones por apoyo a generación de servicios ambientales.

Si bien las consultas populares y los referendos son mecanismos de la democracia directa, es indudable, al mismo tiempo, que, en sus respectivos momentos, cada gobierno ha buscado afianzar sus políticas. Ha sido reiterado el afán por lograr reformas sobre la Función Legislativa, a fin de tener mayor incidencia en sus decisiones, pero también sobre la Función Judicial y el sistema de justicia e incluso sobre los organismos de control (Contraloría, Fiscalía, Superintendencias, Defensorías).

En varios procesos no solo el número de preguntas, sino sus “anexos”, han complicado la conciencia colectiva y esconden a la población más amplia las verdaderas intenciones e implicaciones que tienen los temas consultados para la vida del país. Sin duda esos procesos se inscriben en el marco de las luchas políticas y sociales en torno al poder.

Y así como el país ha vivido otros momentos de carácter reformista, progresista y democrático, se evidencia, en la actualidad, una época de reflujo, en la cual las elites oligárquicas y las burguesías neoliberales, están aferradas al mantenimiento de su hegemonía por todos los medios que les proporcionan la captura del Estado y sus instituciones.

Juan J. Paz-y-Miño Cepeda/Prensa Latina

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