Quito, Ecuador. En mi anterior artículo examiné las candidaturas para las elecciones presidenciales de Ecuador en agosto de 2023. El CNE ha publicado los “planes de trabajo” de cada binomio, quienes se supone guiarán al nuevo gobierno sólo hasta que termine su gestión en mayo de 2025, cuando otro presidente se posesionará.
Los planes puntualizan sobre economía, sociedad, ciudadanía, derechos, democracia, gobierno, institucionalidad, justicia, seguridad, delincuencia, educación, salud, vivienda, tecnología, cultura, empleo, migraciones, medio ambiente, drogas, corrupción, relaciones internacionales y otros temas comunes al criterio político general.
Trazan objetivos y acciones. Algunos utilizan meros conceptos aislados sobre “economía verde” o “naranja”, extractivismo y minería “responsables”. No faltan apelaciones sobre las cuestiones de género. Idealizan una sociedad futura diferente. Al final, terminan rebasando las posibilidades de un gobierno que sólo durará un año y medio, aunque algunos calculan éxito y continuidad de sus proyectos en el futuro, previendo ganar en 2025.
¿Es posible no perderse en medio de tantas ofertas e ideales salvadores? Claro que sí. En casi todos, los diagnósticos adolecen de tres limitaciones:
Al respecto, el plan 53 ps. de Fernando Villavicencio es un paradigma de diagnósticos. No se diferencia en nada de los análisis sobre “círculo vicioso de la pobreza” y “cuadro del subdesarrollo”, típicos de la década de 1960.
Se concentra en la “seguridad multidimensional” –ciudadana, alimentaria, económica, ambiental, sanitaria, democrática–, considerando el auge delictivo en el país. Por las referencias que realiza, parece buscar la atención y adhesión privilegiadas de la policía y las fuerzas armadas, a quienes se convoca de forma explícita. Propone un “capitalismo popular”.
A su vez, el plan 17 ps. de Xavier Hervas coincide en la prioridad al tema de la seguridad ante la explosión de la delincuencia. Al mismo tiempo, destaca casi exclusivamente al sector agrícola. Asimismo, ofrece “SOS”: Seguridad, Obras y Salud.
El plan 21 ps. de Bolívar Armijos es el más simple entre los binomios presidenciales. Sin embargo, se asume como “brazo político de los gobiernos parroquiales, rurales y de las comunas”. Da énfasis al sector rural y a la economía social y solidaria.
El plan 71 ps. de Yaku Pérez realiza una amplia argumentación desde la “cosmovisión y cosmovivencia comunitaria” de la cultura ancestral andina. Ésto conduce a denunciar al colonialismo, la exclusión y otros fenómenos de la sociedad. Incluso reivindica una “tercera vía” como posición filosófica entre la “izquierda” y la “derecha”. Sin embargo, la ideología andina es una corriente de pensamiento que no es superior ni inferior a otras de occidente. Tampoco representa la cosmovisión del país.
En cambio, llama la atención que el plan no contenga referencias al capitalismo, neoliberalismo, oligarquías, imperialismo, extractivismo o la perspectiva latinoamericanista. En un ambiente que divide al movimiento indígena, cuenta con el apoyo de las dirigencias conservadoras de Pachakutik, pero no de la Conaie.
Privilegia el anticorreísmo y sostiene: “La Constitución de Montecristi se erigió como un nuevo pacto social para construir el Ecuador del futuro como un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Pero estos preceptos fundamentales se deformaron en la última década con la instauración de un régimen populista de corte autoritario que controló a todas las funciones y poderes del Estado, judicializando la política y la convivencia social hasta niveles intolerables de sometimiento y persecución de personas y colectividades, mientras campeaba la corrupción”.
Entonces se entiende porqué Pérez cuenta con el patrocinio de “partidos” tradicionales –UN, PSE, DS–, enemistados con el “correísmo” desde hace tiempo. Éstos se siguen considerando izquierdas “auténticas”, “verdaderas” y “únicas”.
Finalmente, el plan tiene una “matriz de acciones prioritarias”, la cual concreta la visión teórica de las cuatro Minkas: Nina –seguridad–, Allpa –economía–, Yaku –ecología– y Samay –ética y gobernabilidad–.De forma paradójica, los planes de Luisa González y Yaku Pérez coinciden en varios temas de fondo: plurinacionalidad, diálogo de saberes, conocimientos tradicionales, saberes ancestrales, buen vivir –Sumak Kawsay–.
El plan 69 ps. de González se acerca a una visión histórica con consideraciones de clases sociales. Señala al neoliberalismo como causante del deterioro económico y responsabiliza a los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso de la situación del país.
De igual manera, enfatiza en la “recuperación” de la patria, reivindica la “década ganada” –2007-2017, cuando gobernó Rafael Correa–, resalta la experiencia en el Estado y organiza sus 12 objetivos específicos desde una matriz fundamentada en la justicia. Abunda en acciones específicas –sobre todo, económicas– para el gobierno. Por último, adelanta la necesidad de un nuevo proceso constituyente que viabilice el retorno del “correísmo”. Los candidatos confían en representar a un amplio espectro del progresismo social y las nuevas izquierdas.
En la orilla opuesta están los planes de Jan Topic y Otto Sonnenholzner. El primero es “neoliberal”. Representa la continuidad de las mismas políticas económicas que ha llevado el gobierno de Lasso, por más que quien le patrocina es el PSC, hoy está confrontado con el presidente.
El documento privilegia la seguridad –“País sin miedo” –. Dice alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y postula una “economía social de mercado”. Este término disfraza las consignas neoliberales ya conocidas desde las décadas finales del siglo XX: reducir el Estado, fomentar las actividades privadas, emprendimientos y empresas, traer inversión extranjera, privatizaciones, reducción de impuestos y, sobre todo, en forma recurrente, “flexibilidad laboral”.
Esta última incluye la introducción del trabajo por horas –a pesar de estar prohibido por la Constitución– e incluso, la incursión sobre la Seguridad Social en estos términos: “Canalizar el aporte al seguro social de trabajadores públicos y privados a la inversión productiva en el país a fin de garantizar crecimiento económico y empleo. Y a su vez significa mayor recaudación para el fisco sin aumentar impuestos”.
Además, presenta la siguiente limitación: “Prohibición al gobierno –actual y futuros– de utilizar y/o disponer a cualquier título de los dineros de los aportantes al IESS –seguros sociales de la policía y el ejército–; de los dineros depositados en el Banco Central del Ecuador que no correspondan al gobierno central sino a terceros público y privados”. En definitiva, “todo” para el sector privado.
De igual manera, el plan 69 ps de Sonnenholzner se levanta sobre fundamentos empresariales. Tiene una visión bastante diferente al de Topic, ya que reconoce el papel principal y rector del Estado en varios aspectos –educación, salud, vivienda, infraestructuras, cultura, sectores estratégicos–. Incluso dice que hay que recuperarlo, frente al “debilitamiento” ocasionado durante los últimos años –hay que entender, bajo los mandatos de Moreno y Lasso–. También acepta la tributación progresiva, no habla de flexibilidad laboral y considera la seguridad social pública en salud y medicina.
El plan 76 ps. de Daniel Noboa coincide con Topic y Sonnenholzner en la visión neoliberal sobre el país. Resalta el problema de la inseguridad ciudadana y dedica la mayor atención a la economía. En este rubro sobresale el sector agrícola. Así como incluye el reconocimiento de cierta inversión pública y la “lucha contra los paraísos fiscales”; un asunto como una simple declaración.
¿Cómo entender la diferenciación entre dos propuestas de las “derechas” del país? La de Topic –y también Noboa– representa la visión y los intereses de las élites económicas y empresariales tradicionales y oligárquicas. La de Sonnenholzner es la visión e intereses de una burguesía “modernizante”, capaz de comprender el papel del Estado en la economía.
En el primer caso, es la perpetuación del régimen oligárquico postulado desde la primera época plutocrática de Ecuador –1912-1925– y recuperado por gobiernos de esa misma tradición “empresarial” como el de León Febres Cordero –1981-1984– y Lasso. En el segundo, es la posibilidad de un “desarrollismo-light” a partir de un sector de la burguesía nacional. Ésta no ha podido derrumbar la hegemonía del sector oligárquico enquistado en las dirigencias conservadoras de las más visibles cámaras de la producción.
Por último, de acuerdo con la experiencia histórica los planes o programas de gobierno son los que menos se atiende por parte de la ciudadanía votante. Casi nadie los lee. Sin embargo, son de enorme importancia para detectar las intencionalidades políticas, los intereses económicos y el sector social que tratan de expresar y representar.
Aun así, la población tiene bases para dudar de los “ofrecimientos” y de los textos como ha ocurrido durante los últimos seis años. Por un lado, está el gobierno de Moreno. Triunfó, apoyado por el “correísmo” y con un programa propio de la revolución ciudadana. Sin embargo, giró e impulsó un régimen opuesto. Por el otro, el gobierno de G. Lasso, quien continuó y profundizó la vía iniciada por Moreno. No cumplió con lo que había ofrecido en 2021.
Tampoco debe soslayarse el hecho de que varios de los ocho candidatos presidenciales son millonarios: ¿Los ricos también lloran por los pobres?
Como ya ocurrió en el pasado –León Febres Cordero, Sixto Durán, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa–, un nuevo gobierno de los empresarios poderosos representados por Lasso, resultó un fracaso. La élite del poder sostuvo que Ecuador seguiría el camino de Venezuela si es que triunfaba el progresismo de izquierda.
No fue necesario ese camino –siempre atacado desde las “derechas” continentales–. No sólo porque el presidente Lasso ha sido forzado a interrumpir su mandato a medio camino convocando a la “muerte cruzada”, sino también, ocupa el último lugar en las calificaciones internacionales. Incluso está por debajo del presidente venezolano Nicolás Maduro, de acuerdo con una encuesta difundida por CID- Gallup.
Convocada a elecciones presidenciales y parlamentarias, la ciudadanía de Ecuador tendrá que definir su opción preferente. Sin embargo, enriquecerá su criterio si toma en cuenta las experiencias históricas vividas en cuarenta años de democracia constitucional.
Juan J Paz y Miño Cepeda/Prensa Latina*
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