La investigación realizada por científicos de la Subdirección de Arqueología Subacuática (SAS) del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) causa daños irreversibles a bienes de la nación, en particular a un barco naufragado hace casi 200 años. Estas acciones también afectan al arrecife en el que se encuentra dicho contexto arqueológico, sumergido en la Reserva de la Biósfera de Banco Chinchorro, en Quintana Roo.
El grupo científico implicado es multidisciplinario e internacional. Después de generado el daño, se ha intentado minimizar el mismo y se han dado diversas irregularidades en las acciones del INAH; se ha impuesto el hermetismo entre los investigadores partícipes y en otras dependencias del gobierno federal como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). Los organismos internacionales encargados de proteger el patrimonio cultural de México y de la humanidad se han alineado a la versión oficial, se han sumado al silencio o han hecho caso omiso del asunto.
Es la primera ocasión en México en que un sitio arqueológico subacuático, que es responsabilidad del INAH y en el que trabaja personal de la SAS, es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
En 2018, los investigadores que trabajaron en el pecio El Ángel participaron en una serie de acciones y sucesos que resultaron en afectaciones materiales del contexto arqueológico y en daños al arrecife. Esto ocurrió en noviembre, y desde ese momento los daños debieron ser reportados oficialmente por la directora del proyecto arqueológico Laura Carrillo, al doctor Roberto E Junco Sánchez, subdirector de la SAS del INAH, y en consecuencia debieron haber sido hechos del conocimiento oficial de las autoridades de la Reserva de la Biósfera, para que estas procedieran de acuerdo a sus protocolos.
El arquitecto Octavio Del Río Lara, parte del equipo de la SAS desde la década de 1990, fue excluido tras estos acontecimientos. Mediante una carta fechada el 30 de abril de 2019, de la cual Contralínea posee copia, expone al titular de la SAS, Roberto Junco, sus diferencias con Carrillo y le informa de las afectaciones al pecio El Ángel y al arrecife. En la misiva detalla que se incurrió entonces en mal manejo de costales de arena, así como del ancla en las operaciones de fondeo de la embarcación Perla Negra. Refiere la “falta de aptitudes en mar” del doctor Nicolás Ciarlo, del Conicet-Argentina, designado codirector del proyecto para esa temporada. Él dirigía las tareas de trabajo científico de las que el propio denunciante, Del Río, también fue parte a bordo de la lancha de apoyo en superficie.
En entrevista con Contralínea, Del Río indica que no obtuvo respuesta oficial del subdirector de la SAS, pero señala que éste le comentó que podía avisar de los acontecimientos al Consejo de Arqueología del INAH. El documento explica el daño a la estructura del pecio:
“Se amarró una boya a la buzarda de hierro de la embarcación para señalar la ubicación del sitio en la superficie, la cual, debido al constante jaloneo del oleaje, la fuerza de la corriente, y los embates de la embarcación en la superficie, terminaron por arrancar un tramo de al menos 5 metros de extensión que perfilaba la proa de la embarcación y sobre la cual vivían colonias de corales. Sobre este elemento estructural se había colocado el datum en la proa y desde aquí partía la línea base hacia la popa, que se utilizó como referencia para el levantamiento del sitio. Actualmente la buzarda yace en el fondo de cabeza [sic] junto con una enorme cabeza de coral que se mantenía adherida a ella.”
El denunciante reporta que la rotura de la estructura del pecio también generó daño al arrecife de coral y que la decisión de amarrar la boya a la buzarda fue de Ciarlo.
En consecuencia, la pasante Carrillo Márquez presenta al subdirector de la SAS un documento fechado el 16 de mayo de 2019. En él indica que excluirá del proyecto a Del Río Lara debido a comportamientos académicos negativos y a su falta de conocimiento en arqueología; rechaza las aseveraciones Ciarlo, y niega varias de las afectaciones del pecio, a excepción del daño estructural. Reconoce, incluso, la ruptura de la buzarda:
“… el incidente ocurrido con la buzarda (refuerzo de hierro), por el que todos nos lamentamos y asumimos la responsabilidad, puntualmente yo y el Dr. Ciarlo en calidad de directores del proyecto, ocurrió debido a un accidente: la ruptura de la caña de acero del ancla de fondeo de la embarcación (parte de la cual quedó en el lecho marino)…” (sic)
Carrillo Márquez cataloga la rotura de la buzarda como un “incidente” ocasionado por la ruptura del ancla de fondeo, información que no menciona Del Río. Asimismo, Carrillo no refiere que la boya que estaba amarrada a la buzarda es el catalizador de la fuerza que genera la ruptura de la estructura del pecio; y de acuerdo con Del Río, eso es lo que finalmente ocasiona el mayor daño al contexto arqueológico. Junco Sánchez ha minimizado las afectaciones en sus declaraciones a medios de comunicación e igual que Carrillo, señala la ocurrencia de un accidente, pero enfatiza en que el daño ha sido exagerado por el denunciante.
En entrevista con Contralínea, Sammy Colli Colli, Chandes, capitán de la embarcación Perla Negra de la Cooperativa Paraíso Caribe, explica lo sucedido con el ancla de fondeo, la boya de señalización y la buzarda:
“El ancla estaba enterrada en la arena, pero había olas de metro y medio, casi 2 metros de altura. Estaba fuerte la marea y el émbolo del ancla se quebró. Entonces, al ver eso, les dije a los que estaban a bordo que apagaran la máquina: la bomba de succión donde estaban ellos desenterrando el barco, una bomba de agua, de presión [la draga] tuvimos que apagar eso. Pero ellos, desde que llegamos a los trabajos, se tiraron al agua con un cabo. A mí nunca se me informó en qué parte lo amarraron, porque siempre lo amarraban en un ancla que tenía El Ángel. Entonces, uno de los investigadores, un, creo que es argentino [Ciarlo], junto con sus asistentes bajaron, amarraron el cabo, pero al parecer lo amarraron en un barandal [buzarda] del barco. A la hora de que la embarcación empezó a recalar, tuve que proceder a cortar el cabo para no dañar y todo, para que no se me vaya a hundir la lancha porque iba a entrar el agua de la popa.
“Ellos amarran ese cabo y amarran una boya en la punta del cabo para que cuando yo tire mi ancla, yo meto reversa y me amarro en la boya en la parte de la popa para que la embarcación no se meza de un lado para otro y arrastre a los buzos que están con la draga, que se quede estabilizada la embarcación. Y claro que, cuando se reventó, se quebró el ancla, pues la fuerza lo hizo la popa, porque se soltó de más.”
Sobre lo que hicieron los demás a bordo de la Perla Negra comenta: “Todos estaban viendo que se corte la soga para que yo pueda arrancar mis máquinas, porque estaban desesperados porque estábamos arrastrando a la gente, unos estaban jalando las mangueras; el otro, el marinero estaba jalando la soga del ancla que se me rompió, y yo soltando el control de mando agarré el cuchillo y corté la soga; y empezamos a recalar, pero fue en fracción de segundos que se cortó el cabo.”
El capitán señala que los científicos del INAH mediante boyas de izado llevaron el ancla de El Ángel, la original del pecio, a un arenal y la enterraron; que antes a esa ancla amarraban la boya de señalización; y que, debido a eso, en 2018 le ordenaron amarrar la lancha por popa a la boya de señalización atada al barandal (buzarda). Colli indica que la boya era de entre 30 y 40 centímetros de diámetro. Comenta que después de que Del Río Lara denunció a la SAS/INAH el INAH lo acusó a él: “A mí ya me vino a interrogar la PGR, porque yo tengo una demanda penal. Octavio Del Río demandó al INAH y el INAH me demandó directamente a mí como responsable, que porque yo soy el capitán de la embarcación”.
Además, Colli explica que en noviembre del 2019 los científicos regresaron al arrecife con otro capitán, que trabajaron 15 días y que: “ahora sí, pues, ya ellos pusieron muertos, o sea, unas estructuras de concreto, alrededor del barco [El Ángel] para que ya se puedan ellos amarrar”. Sammy señala que desde que fue la Fiscalía General de la República (FGR), la Conanp y el INAH a hacer el peritaje, en 2020, les cancelaron a los de la SAS/INAH la temporada y que no han vuelto a trabajar en el sitio El Ángel. El capitán insiste en que los científicos le indicaban dónde fondear y amarrar la embarcación por popa a la boya de señalización, que él hacía lo que le decían. Finalmente, comenta que la gente del INAH se quiere deslindar porqué está en juego su trabajo.
Los daños ocurridos, de acuerdo con las partes en conflicto, suceden tras un incidente de navegación: la embarcación Perla Negra, tripulada por el capitán Sammy Colli, que estaba anclada en las inmediaciones del sitio arqueológico, es arrastrada por la corriente y la marejada, como consecuencia de la rotura del ancla de fondeo, es decir: el ancla que la mantenía sujeta por proa al fondo se rompe, en eso coinciden Carrillo Márquez y Colli. Esto deriva en que la embarcación genera tensión en la cuerda atada a la buzarda y a la boya de señalización. Del Río señala en su carta los embates de la embarcación en la superficie sobre la boya, aspecto que no menciona Carrillo. En este sentido, Sammy Colli explica que la embarcación Perla Negra era atada por popa a la boya de señalización de El Ángel para mantenerla en una posición “estable” para que los buzos pudieran trabajar con la bomba de la draga que estaba a bordo de la Perla Negra. Se le preguntó a Del Río si ellos amarraban la embarcación por popa a la boya de señalización, a lo que él responde que no; en este sentido, comenta que la propela de la embarcación se atora con la cuerda de la boya, que se engancha a esta, y en consecuencia se rompe la buzarda.
En suma, un incidente de navegación dentro de los trabajos del INAH combinado con diversas acciones antropogénicas deviene en daños materiales y naturales a bienes de la nación, lo que ha sido calificado por los miembros de la SAS de un accidente “fortuito”, y por el denunciante como consecuencia de las decisiones de los directores del proyecto.
Contralínea consultó al arqueólogo subacuático por la Universidad de Södertörns Högskola, Suecia, Eduardo Roa Brynildsen, quien cuenta con Diplomado en Gestión de Proyectos Culturales por la Universidad de Estocolmo, Especialización en Biología Marina y Oceanografía por la Universidad de Gotemburgo, Diplomado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Uppsala; y es Buzo profesional técnico de larga trayectoria. Se le preguntó si atar la boya de señalización a la estructura o restos materiales del contexto sumergido que se investiga es una práctica regular de la arqueología subacuática:
“En mis 20 años como arqueólogo no recuerdo haber visto atar una boya de señalización directamente a una estructura o resto material sumergido, por lo que no es una práctica habitual de la arqueología subacuática. Lo habitual es señalizar un sitio o estructura con una boya con un fondeo propio, o sea mediante un peso o muerto que se ubica cerca de la estructura o sitio arqueológico, la cual se puede, además, utilizar como línea de descenso. Una vez en el fondo, dependiendo de la profundidad y visibilidad, se puede atar una línea guía para llegar al sitio. He participado en numerosos trabajos de investigación en varios países como Chile, España, Colombia, Suecia y en la mayoría de los casos las boyas de señalización han sido reubicadas cerca del sitio a diario mediante un GPS desde cubierta, luego se mueve mas cerca o si hay buena visibilidad se deja un poco alejado.”
También se le inquirió si una boya de entre 30 y 40 centímetros de diámetro, atada a los restos culturales de un pecio antiguo, sometida a los efectos de la marejada, las corrientes y los vientos no le causa daño alguno a la estructura de un pecio. Roa Brynildsen señala que: “Una boya de esas dimensiones puede ejercer una fuerza considerable sobre un pecio y mas cuando las condiciones oceanográficas y climáticas son adversas”. El especialista explica que un cambio brusco de marea u olas de gran tamaño puede ejercer fuerza violentamente sobre la estructura, dependiendo de las dimensiones y material de esta.
Con respecto a si es común que, además de fondear la embarcación de apoyo en superficie por proa mediante un ancla ubicada fuera del contexto arqueológico, la embarcación también se amarre por popa a la cuerda de la boya de señalización del sitio, misma que está sujeta a los restos arqueológicos de un pecio, señala:
“Como arqueólogo subacuático encargado de una embarcación con fines científicos jamás amarraría directamente la embarcación de apoyo a un artefacto, sitio o restos arqueológicos, independientemente de su tamaño o material. Creo que es una muy mala práctica y falta de criterio por parte del jefe del proyecto o encargado. Como comenté anteriormente, si bien una boya puede ejercer una fuerza sobre el material arqueológico en el fondo, ahora imagínense una embarcación de mayor flotabilidad y peso, no sólo ejerce mayor fuerza de empuje (principio de Arquímedes); también su tamaño o forma de casco la puede hacer mas o menos inestable dependiendo de las condiciones climáticas y oceanográficas.”
Para investigar un pecio en mar es necesario trasladarse en una embarcación hasta el sitio y desde esta coordinar las maniobras de trabajo, explican los especialistas. Una vez en el sitio, se realizan inmersiones de buceo para hacer registros y excavar. Para ello es necesario saber dónde se encuentra el contexto arqueológico bajo el agua, es decir, su posición geográfica. En la actualidad, los geoposicionadores satelitales hacen posible el relocalizar un sitio sumergido, pero como una práctica tradicional se emplean boyas señalizadoras, que se sujetan a pesos muertos en las inmediaciones del contexto arqueológico. Esto permite a los buzos descender casi directamente al área de trabajo. Y esos pesos son usados para atar y mantener fija la embarcación de apoyo en superficie sobre el contexto arqueológico.
De acuerdo con los testimonios obtenidos, los científicos del INAH no emplearon pesos muertos prefabricados y colocados estratégicamente en las inmediaciones de El Ángel y fuera de los corales para sujetar la boya de señalización. Para ello utilizaron el contexto arqueológico. En una revisión de videos y fotografías sobre los trabajos subacuáticos se constató que el ancla del pecio El Ángel, la original del contexto, fue movida; y así mismo, que era usada como punto de amarre de una cuerda que se tensaba hacia la superficie.
En 2014, como parte de los festejos del 75 aniversario del INAH, dicho instituto publica Patrimonio Cultural Sumergido, Arqueología Subacuática SAS/INAH. Banco Chinchorro, Reserva de la Biósfera. El pecio Ángel ocupa un lugar estelar como museo arqueológico sumergido. En el punto seis de las Recomendaciones para proteger el Patrimonio Cultural Subacuático se establece: “Utiliza las boyas colocadas para el fondeo de embarcaciones. El daño que causa anclar en un naufragio es una de las acciones que más lo destruyen. Nunca debe arrojarse o engancharse un ancla a un naufragio para utilizarse como sitio de amarre de una embarcación de buceo”.
El asunto deriva en dos ámbitos. Por un lado, en lo referente al daño a los restos culturales, y por el otro, al de las afectaciones al ambiente. De acuerdo con Del Río Lara, él presenta el 3 de julio de 2019 un escrito refiriendo los acontecimientos a Fernando Alonso Orozco Ojeda, director del Área Natural Protegida Banco Chinchorro, y en consecuencia, Orozco Ojeda denuncia el asunto como funcionario público de la Conanp, con el oficio F00.9.DRBBCH/158/2079 en el Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía General de la República en Chetumal, Quintana Roo. Y formula una “denuncia de hechos en contra de quién o quiénes resulten responsables por delitos contra la Biodiversidad dentro del Área Natural Protegida denominada Reserva de la Biósfera Banco Chinchorro”, documento fechado el 4 de julio de 2019.
De acuerdo con Del Río, la carpeta de Investigación es la número FED/QR/CHET/0000599/19. Sobre ésta la Fiscalía General de la República informa a Contralínea, el 31 de mayo de 2022, mediante el oficio FGR/UTAG/DG/003653/2022 que “con fecha de 22 de diciembre de 2021, el Agente del Ministerio Público de la Federación determinó el no ejercicio de la acción penal”.
Asimismo, Del Río señala que Orozco Ojeda presenta el 05 de julio de 2019, con el oficio F00.9.DRBBCH/159/2019, una denuncia en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en la cual “manifiesta su inconformidad en contra de quién resulte responsable por los siguientes actos, hechos u omisiones: Daños ocasionados al patrimonio natural y cultural del que se compone el contexto arqueológico denominado pecio El Ángel sufrió daños irreversibles ocasionados por una serie de decisiones imprudentes llevadas a cabo por los responsables del proyecto” (sic).
La Profepa admite el trámite de investigación con el número de expediente PFPA/29.7/2C.28.2/0081-19. Además, el 20 de mayo del 2020, Del Río presenta en la Profepa una denuncia en contra de la Subdirección de Arqueología Subacuática del INAH y/o quién resulte responsable por los siguientes actos, hechos u omisiones: “…las afectaciones causadas por personal de la Subdirección de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia al patrimonio natural y cultural con el que cuenta el Área Natural Protegida denominada Reserva de la Biósfera Banco Chinchorro…”.
La Profepa integra en el expediente abierto por la denuncia de Orozco Ojeda esta segunda denuncia, por considerar que se refieren a lo mismo. Con respecto a este expediente de investigación la Profepa, a través de la Unidad de Transparencia, informa a Contralínea, el 30 de mayo de 2022, mediante el oficio PFPA/1.7/12C.6/0994/2022 que este se encuentra en trámite.
La Conanp no explica por qué interpone denuncias ante la Fiscalía y la Profepa hasta julio de 2019, más de 8 meses después de ocurridos los daños. El INAH muestra carecer de protocolos en caso de que sus investigaciones generen daño al patrimonio de la nación.
Octavio Del Río señala que, ante la pasividad del subdirector de la SAS, lleva la denuncia de los acontecimientos al Órgano Interno de Control (OIC) del INAH por los daños causados al pecio, mediante la petición ciudadana con folio 38415/2019 que ingresó el 27 de junio de 2019, en la cual expone “hechos presuntamente irregulares atribuibles a servidores públicos adscritos a la Subdirección de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de referencia, consistentes en probables daños y perjuicios de manera culposa o negligente a la reserva de la Biósfera ‘Banco Chinchorro y El Ángel’, queja oficializada el 5 de agosto de 2019 en el expediente 38415/2019/PPC/INAH/PP68. El 11 de noviembre de 2021 la Función Pública externa que la investigación aludida “se encuentra en trámite, en virtud de que el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Antropología e Historia está realizando diligencias y actos para obtener los elementos necesarios de convicción que resulten idóneos para la acreditación de las conductas presuntamente irregulares”.
El 2 de mayo de 2022, el titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones de ese órgano, informa a Contralínea, con un documento de la Función Pública fechado el 25 de abril, oficio 48/010/TQDI/1002/2022, que: “en fecha cuatro de febrero de dos mil veintidós, se dictó acuerdo de conclusión”. Y es hasta el 26 de mayo de 2022 que la Función Publica señala que dicho expediente se encuentra concluido por falta de elementos.
Asimismo, el denunciante entrega el 1 de agosto de 2019 un reporte al Consejo de Arqueología del INAH, que genera el oficio 401.1S.3-2019/1543 en el que la presidente del Consejo Laura Ledesma le responde que como consecuencia “solicitó a los investigadores titulares del proyecto ahondar en la información relativa a la conservación del patrimonio sumergido. Es por ello que, en aras de llevar a buen puerto esta situación, hemos contado ya con la participación de otros especialistas en la materia y sostenemos reuniones para resolver, en la medida de lo posible, las afectaciones al patrimonio natural y arqueológico, con el fin de evitar que situaciones así vuelvan a ocurrir”. En seguimiento al asunto, el 24 de septiembre del 2019, Ledesma Gallegos mediante el oficio 401.1S.3-2019/1659 informa: “Hago de su conocimiento que el INAH, a través de la SAS, colaborará con la Conanp para el resarcimiento de los daños. En materia arqueológica este Consejo ha recibido la propuesta de conservación correspondiente al pecio “El Ángel”.
Contralínea Solicitó al INAH y a la Secretaría de la Función Pública el expediente en su versión pública, así como el Acuerdo de Conclusión. Sin embargo no ha habido respuestas favorables.
El INAH emite en el boletín 432 21/10/2019 que “se ha diseñado una estrategia de conservación para la buzarda del derrelicto conocido como ‘El Ángel’”. Y señala que “el Consejo de Arqueología y la Subdirección de Arqueología Subacuática acatarán las sanciones y medidas pertinentes que emita” la Conanp.
La respuesta del Consejo Internacional de Monumentos Históricos (ICOMOS, por su sigla en inglés), ante el cual también Del Río expone el asunto, va en otro sentido. El 17 de septiembre de 2020, Saúl Alcántara Onofre, presidente del ICOMOS México y en respuesta a la denuncia “Afectaciones al Pecio ‘El Ángel’ de Banco Chinchorro, Quintana Roo” dice lo siguiente:
“Por medio de la presente, hacemos llegar a usted la información generada por la revisión y para dar respuesta a su denuncia por afectaciones al Pecio El Ángel situado en el Banco Chinchorro, en Quintana Roo, México. Cabe señalar que el documento de revisión firmado por la Dra. Helena Barba Meinecke, quien actualmente es la coordinadora del Comité Científico del Patrimonio Cultural Subacuático, del ICOMOS México viene acompañado por una relatoría del asunto donde comunica que las afectaciones al caso en cuestión fueron fortuitas, se reportaron a las instancias correspondientes no sólo para su atención y restauración sino para tomar las medidas conducentes al mismo, firmada por el Dr. Roberto Junco Sánchez Subdirector de Arqueología Subacuática, INAH. Por tales dichos el ICOMOS México asume que las afectaciones del Pecio El Ángel, ya fueron atendidas y son del conocimiento de las instancias respectivas y normativas de México.”
Tal contradicción de informaciones pone en tela de juicio la exoneración que hace el ICOMOS sobre las afectaciones culturales, ya que las investigaciones de las autoridades nacionales aún estaban en trámite; en el OIC/INAH el asunto estuvo abierto hasta febrero de 2022. Y la carpeta de investigación de la Fiscalía estaba en curso. Cabe señalar que Helena Barba Meinecke es subordinada de Roberto Junco Sánchez en la SAS/INAH.
El asunto también se le comunicó a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por su sigla en inglés) con un correo que Del Río Lara le envía a Ulrike Guerin el 19 de junio de 2019, quien dirige la Secretaría de la Convención UNESCO 2001 sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático. De acuerdo cn el denunciante, no tuvo respuesta.
Unos días después la Delegación Mexicana ante la UNESCO anuncia en su cuenta de la red social Twitter: “Al inscribir ‘Patrimonio Cultural Subacuático en el Banco Chinchorro’, México se posiciona como 2do país con distintivos ‘Mejores Prácticas’ sobre protección Patrimonio Cultural Subacuático. 7a Reunión Edos Partes #2001Convention sobre Protección de Patrimonio Cultural Subacuático” (sic). Así lo expone el INAH en su página el 21 de octubre de 2019:
“Cabe destacar que el trabajo de investigación, protección y difusión cultural y natural que el INAH lleva a cabo en esta reserva natural, en colaboración constante con la CONANP, fue distinguido en junio pasado. Con el reconocimiento de Buenas Prácticas en el cuidado, la promoción de la investigación científica y el acceso responsable al patrimonio cultural subacuático. Tal categoría fue otorgada por la Convención UNESCO 2001 sobre protección del Patrimonio Cultural Subacuático, luego del análisis detallado que el Consejo Consultivo Científico y Técnico (STAB, por sus siglas en inglés) de la oficina internacional, integrado por 14 expertos, hizo del expediente técnico presentado por los titulares del proyecto investigativo Banco Chinchorro”. (sic)
Se destaca que Helena Barba Meinecke es miembro del Consejo Consultivo Científico y Técnico (STAB) de la Convención 2001 sobre la Protección del Patrimonio Cultural Sumergido desde 2016.
A casi 4 años de causadas las afectaciones al pecio El Ángel, el asunto no ha sido resuelto del todo por las autoridades competentes. El INAH se ha visto rebasado por los hechos a pesar de que el año pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador les mandó una carta a todos los funcionarios federales encargados de la investigación y preservación de los bienes nacionales, culturales y naturales, en la que les señala su responsabilidad ante la nación y su obligación de rendir cuentas a la sociedad, pues trabajan con dinero del erario y con bienes que son de todos los mexicanos, pero a pesar de eso el INAH no ha hecho públicos los dictámenes sobre las afectaciones, ni la estrategia de conservación, tampoco las sanciones correspondientes.
Es la primera ocasión en México en que un sitio arqueológico subacuático que es responsabilidad del INAH, en el que trabaja personal de la SAS, es investigado por una Procuraduría y la Fiscalía.
En Banco Chinchorro yacen decenas de barcos naufragados, hundidos durante la Colonia y el México Independiente y Moderno. La riqueza cultural de este lugar es inconmensurable; y, además, de gran valor ambiental por la vastedad de la flora y la fauna que habitan entre los naufragios. Ahí se encuentra el contexto arqueológico sumergido El Ángel. De acuerdo al arquitecto Octavio Del Río Lara, fue localizado en 2004 por él, Eugenio Aceves, Mary Carmen García y Óscar Cadena en una de las exploraciones que él y Aceves realizaron para la SAS a partir de 2000 en Chinchorro.
La pasante de arqueología Laura R Carrillo Márquez, directora del proyecto arqueológico involucrado, señala en un documento que los primeros registros subacuáticos de Del Río son de 2006 y que él únicamente relocalizó el sitio. A partir de ese año, la SAS realiza varias temporadas de trabajo en mar que dirige Carrillo Márquez y en las que colabora Del Río Lara dentro del proyecto Inventario y diagnóstico del patrimonio arqueológico e histórico sumergido en la Reserva de la Biósfera Banco Chinchorro, Quintana Roo.
El INAH ha localizado y estudiado 69 pecios en Banco Chinchorro. En algunos ha realizado investigaciones extensivas con registros detallados mediante diversas técnicas y excavación. Con cada temporada de mar, la SAS amplía el conocimiento sobre esos barcos naufragados, en particular del contexto arqueológico El Ángel, cuyos restos probablemente pertenecieron a una embarcación de filiación cultural británica construida durante la primera mitad del siglo XIX, nave que trasladaba palo de tinte dentro de las rutas de navegación de la época, como documenta Carrillo Márquez en la edición 12 de 2018 de la revista de divulgación arqueológica Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana.
Se le solicitaron entrevistas con Roberto E Junco Sánchez, Laura R Carrillo Márquez, Nicolás Ciarlo y con el exdirector de la Reserva de la Biósfera Banco Chinchorro Fernando Alonso Orozco Ojeda. Asimismo, con la directora actual Denisse Ángeles Solís. No las concedieron. En las oficinas de la Conanp en Chetumal informaron que no están dando entrevistas ni ningún tipo de información sobre la Reserva de la Biósfera Banco Chinchorro. Se le solicitó a Saúl Alcántara Onofre, presidente del ICOMOS México, el documento de revisión firmado por Barba Meinecke y Junco Sánchez sin obtener respuesta.
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