El desastre en la administración del patrimonio cultural

FOTO: CUARTOSCURO

Las instituciones encargadas de preservar el patrimonio cultural de la nación no saben ni cuántos bienes materiales (muebles e inmuebles) e inmateriales hay en México. Vaya, ni cuántos deben custodiar cada una de estas instituciones de la que es cabeza de sector la Secretaría de Cultura. Y de los bienes que afirman que custodian, apenas alrededor del 30 por ciento están inventariados.

Una de las auditorías de mayor riesgo reportadas en la tercera entrega del Informe individual del resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017 es la que se realizó para conocer en qué situación se encuentra la preservación del patrimonio cultural del país. Se trata de una auditoría de desempeño, es decir, no es forense ni de carácter financiero, como aquellas donde generalmente se advierten daños importantes al patrimonio de los mexicanos. Sin embargo, las irregularidades advertidas por esta revisión son de tal nivel, que los costos económicos de la pérdida de este tipo de bienes serían estratosféricos, además de que la pérdida cultural sería incalculable.

Así lo entendió el ente fiscalizador e incorporó los resultados de esta revisión al listado de auditorías de riesgo contenido en su informe general.

Estamos hablando de millones de piezas arqueológicas, obras de arte, fotografías, cintas magnetofónicas, películas, objetos de valor histórico, paleontológico y subacuático; de edificios, casas, vestigios; de saberes, rituales y cosmovisiones. ¿Si todo eso tuviera expresión monetaria a cuánto ascendería?

Pues bien, en su más reciente informe, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala que no hay garantía de que todo ese patrimonio se conserve. Hay riesgo de que se pierda tan sólo porque la mayoría de los bienes que formalmente custodian las instituciones no están inventariados.

El problema que recibió la administración de Andrés Manuel López Obrador en esta materia es descomunal. En honor a la verdad se tiene que decir que Enrique Peña Nieto fracasó pero, al menos, y después de mucho tiempo, advirtió el problema. Ni Fox ni Calderón tomaron cartas en el asunto. La superficialidad con la que asumieron esta situación fue, por decir lo menos, irresponsable.

En 2013 se publicó el programa por el que las instituciones culturales del país se responsabilizan de: “diseñar la política pública; emitir su normativa para su regulación; inventariar, catalogar y registrar los bienes materiales e inmateriales que conforman el patrimonio cultural; administrar los riesgos inherentes al patrimonio; conservar y salvaguardar los bienes; supervisar los trabajos de conservación, mantenimiento, restauración y rehabilitación de los bienes; llevar a cabo la investigación sobre el patrimonio cultural; dar seguimiento a los delitos cometidos contra los bienes que conforman el patrimonio, y promover y difundir los bienes del patrimonio cultural”.

La ASF encontró que el país no cuenta siquiera con la legislación necesaria para que las instituciones puedan cumplir con todos los objetivos. Incluso, la vigente deja fuera a todo el patrimonio subacuático y el histórico posterior a 1901 que no cuenta con valor estético relevante.

Además de la Secretaría de Cultura, las dependencias responsables de esta política son: el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL); el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali); la Fototeca Nacional; el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero; el Centro de la Imagen; el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana; la Cineteca Nacional y, entre otros, la Fonoteca Nacional.

“Ninguno de los entes responsables de la política pública contó con diagnósticos situacionales sobre el estado físico en que se encontraban los bienes que integran el patrimonio cultural material, para determinar las necesidades de conservación por cada una de sus tres vertientes: mantenimiento, conservación directa y restauración.”

En el documento, la ASF asienta, incluso, la dificultad para la realización de la auditoría, pues “no en todos los casos los datos proporcionados por los entes fiscalizados fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes”.

Si reina el desaseo en la preservación de los bienes materiales, más aún en la de los inmateriales. De hecho, ni la Secretaría de Cultura, el INAH, el INBAL ni el Inali cuentan con un presupuesto específico para las acciones de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial.

En conjunto, las instituciones “tienen identificados” 2 millones 96 mil 87 bienes del patrimonio cultural a su cargo. Pero tal cantidad no incluye los bienes inmuebles del patrimonio arqueológico, histórico, paleontológico y subacuático del INAH, ni los bienes inmuebles del INBAL. “Por lo que  no se puede considerar que es el universo total de los bienes que integran el patrimonio cultural nacional”. Y de ellos sólo están inventariados 1 millón 279 mil 88: el 61 por ciento.

Por verse si las nuevas autoridades tomarán en serio la responsabilidad de preservar y acrecentar el patrimonio cultural –material e inmaterial–, o mantendrán la misma política de las administraciones pasadas: de considerar estos bienes como elementos accesorios de fomento al turismo.

Fragmentos

La deshonestidad del presidente… En una de las conferencias de prensa mañaneras del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el propio titular del Poder Ejecutivo federal dijo que no bastaba con ser honrado sino que era preciso ser honesto. Una consigna más que adereza a las liberales del siglo XIX que repite constantemente, y de la que destaca: “nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”… ¿Entonces por qué simular una “consulta” para imponer la Termoeléctrica en Morelos? ¿Por qué tanto desprecio a la vida del nahua Samir Flores, asesinado por oponerse a esa megaobra? ¿No podía el presidente posponer ese ejercicio y organizar una consulta real, acorde con artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo? ¿Por qué tanta prisa para que, sin siquiera disimular equidad, se “aprobara” ese negocio que como candidato condenó? En su “consulta” ganó el “sí” con un 50 por ciento, frente a un “no” que obtuvo 40 por ciento. Por el “no” votaron todos los pueblos que serán despojados. Por el “sí”, las ciudades que nada tienen que ver con los campesinos que sufrirán las consecuencias. Y dijo que fue un ejercicio transparente que, incluso, se puede auditar. Muy “honrada” su consulta, señor presidente; pero no le puede llamar “honesta”.

Zósimo Camacho

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