El grave problema de la deuda debe resolverse

Ante grandes problemas, grandes remedios. En México, el problema de la deuda pública exige una solución urgente. El costo financiero se disparó 47.4 por ciento durante el primer bimestre de 2023 –respecto al mismo periodo en 2022– , empujado por las altas tasas de referencia. Éstas muestran también el encarecimiento de las obligaciones en moneda extranjera.

Al grado que los pagos por intereses y administración superaron en 8 mil 551 millones de pesos la cifra prevista por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para los dos primeros meses del año, la dependencia detalló que sumó 150 mil 95.5 millones. Prácticamente, 12 de cada 100 pesos del gasto público que se concretó en el periodo y cerca de la mitad del presupuesto que tendrá el programa de pensión para adultos mayores para todo 2023 (Villanueva, 31 de marzo de 2023, La Jornada).

La deuda pública alcanza ya 14 billones. Este año, se tendrán que pagar 1 billón 200 mil millones. El costo financiero –durante el primer trimestre de 2023 alcanzó 258 mil 296 millones– es mayor que las erogaciones de las secretarías de Salud, Educación, Agricultura y Desarrollo Rural y de Bienestar.

Además, los intereses superan a la inversión pública. La inversión física es de 172 mil 365 millones. A Bienestar se dedican 129 mil 49 millones; a la Secretaría de Salud, 27 mil 362 millones; a Educación Pública, 87 mil 443 millones, y a Agricultura y Desarrollo Rural, 25 mil 108 millones de pesos. (Héctor Torres González, 2023). De modo que en el presupuesto, los pobres no se colocan primero, sino al capital financiero.

La deuda pública es heredada del viejo régimen del PRIAN. No debemos seguir pagando a ciegas sin antes renegociarla. Hace falta suspender para dar pie a este proceso. En 2023, tenemos que pagar 1 billón 200 mil millones en tiempo de pospandemia y crisis económica internacional. Es hora de dar prioridad al problema interno.

Generar empleos formales, invertir en salud y en la producción propia de vacunas –recordemos que hasta 1999, México producía sus propias vacunas–. En primer lugar, lograr la soberanía alimentaria en la producción de maíz y desarrollar aún más la soberanía energética. El litio nacionalizado debe ser procesado por una industria estatal. Además, tenemos la capacidad y debemos producir autos eléctricos.

Se debe invertir en obras hidráulicas para el abasto de agua. Cosechar la lluvia, tratamiento de aguas negras, terrazas, gaviones, sumideros, pavimentación permeable para recargar los mantos acuíferos. Desarrollar programas en los municipios con mayor miseria, por ejemplo, uno de abasto campo-ciudad para dar salida a la producción de los campesinos. Es indispensable atender esas necesidades.

En gran medida, el futuro del desarrollo de México y del bienestar de la población depende de la forma, en la cual se resuelva uno de los más grandes problemas actuales del país: la deuda pública.

La suspensión parece inconcebible a muchas personas, pero quiero invitarlos a recorrer nuestra experiencia histórica al respecto. A sacar conclusiones y buscar alternativas actuales. Vamos a estudiar el problema de raíz, hacer un diagnóstico certero y proponer soluciones.

Cada vez que un gobierno se quería deslindar de un viejo régimen y atender las necesidades internas, se suspendía el pago. En 1808, la deuda de la Nueva España sumaba 20 millones. En 1814, llegaba a 33 millones. Tras la Independencia de México fue cancelada.

En 1814, Morelos decretó: “todo americano que deba cualquiera cantidad a los europeos no está obligado a pagarla”. La Independencia fue traicionada por las clases dominantes con Iturbide, Alamán y Bustamante, quienes derrotaron la Revolución Popular.

De 1823 a 1825, Lucas Alamán –ministro de Relaciones Exteriores– buscó, como única salida, empréstitos muy leoninos del exterior –Gran Bretaña–. Y el colmo: en junio de 1824, el Congreso reconocía las deudas contraídas por el Virreinato hasta 1810.

En 1826, Guadalupe Victoria suspendió el pago. También durante su presidencia, Vicente Guerrero se negó a pagar intereses o amortizaciones. Tras un golpe de Estado en su contra, Anastasio Bustamante y Lucas Alamán reconocieron una deuda de 34 millones de pesos.

Derrocado Bustamante, Valentín Gómez Farías suspendió el pago. Sin embargo, cuando el primero volvió al poder en 1839, reconoció 50 millones. Y en 1853 durante dos años, Santa Anna reanudó el pago de la deuda para congraciarse con los gobiernos extranjeros. Pero, la Revolución de Ayutla lo derrocó e inició la Reforma.

Al triunfo de Juárez y los liberales, el erario estaba en bancarrota. El 17 de julio de 1861, el Congreso suspendió por dos años el pago. Primero estaban las necesidades de la Nación.

En 1867, tras vencer a los invasores extranjeros, Juárez se negó a reconocer las enormes deudas contraídas por Maximiliano y los conservadores. Cobraban 450 millones y sólo reconoció 84 millones.

El entreguista Porfirio Díaz alcanzó la cifra de 441 millones de pesos en 1910. Al estallar la Revolución Mexicana, se suspendió en el año de 1914. Zapata, en su Exposición al Pueblo Mexicano y al Cuerpo Diplomático, manifestó que “la Revolución no reconocería los préstamos pedidos por el gobierno”. El 5 de noviembre de 1915 desde Naco, Villa publicó un manifiesto a la Nación, en el cual propone la abolición de la deuda pública.

En 1923 al negociar el Tratado de Bucareli, Álvaro Obregón avaló una enorme cifra de 1 millón 450 mil, aunque suspendió el pago en 1923. Calles contempló pagar 890 millones, sin embargo, se volvieron a detener en 1927. En 1930, se reconocía una deuda de 2 millones 267 mil. La gran crisis mundial, que también afectó a México, obligó a parar el pago nuevamente. Hasta el cardenismo, continuó suspendido.

Tras la suspensión por Cárdenas, nos cobraban 400 millones. Se negoció y los acreedores cedieron: quedó en 40 millones de dólares. Durante 28 años –de 1914 a 1942– sin recibir un sólo crédito del exterior, México se desarrolló y avanzó. En los siguientes 30 años de retroceso, pasaría de menos de 100 millones de dólares a más de 3 millones 600 mil en 1970.

López Mateos heredó 650 millones que elevó a 1 millón 750 mil. Días Ordaz pasó a Echeverría 3 millones 600 mil, los cuales cuadruplicó a 19 mil millones al final de su gobierno. En octubre de 1976, nos ató al Fondo Monetario Internacional, quien ordenó devaluar la moneda estable en 22 años. Exigió petrolizar la economía, introducir el IVA, congelar salarios, bajar el gasto público en salud y educación, eliminar subsidios de beneficio social e iniciar la apertura comercial.

En 1994 con Salinas, llegó a 131 mil millones de dólares. De 1989 a 1994, se pagó por el servicio más de 200 millones. Zedillo aumentó la deuda interna y rescató a los bancos –la mayoría extranjeros– con el Fobaproa-IPAB por 554 mil millones. Se ha pagado alrededor de un billón y todavía se deben 1 billón 200 mil millones. Ha costado el doble y va a costar el cuádruple.

Fox dejó una deuda pública de 1 billón 700 mil millones –o millones de millones–. Habiendo recibido por petróleo 347 mil millones de dólares, nos siguió endeudando. Calderón dejó 5 billones 200 mil millones, habiendo recibido por petróleo 400 mil millones que hoy serían 8 billones. Peña Nieto la dejó en 10 billones 500 mil millones. Hoy debemos 13 millones 500 mil millones. Día a día, la deuda y los pagos crecen al aumentar las tasas de interés debido a la crisis.

Ya vimos cómo se suspendieron los pagos en la Independencia, tras la Reforma y en 1914 por la Revolución. Hoy vivimos una emergencia nacional, sin embargo, tenemos que pagar 860 mil millones en tiempo de crisis. Es hora de suspender pagos: demos prioridad al problema interno.

Además, auditar la deuda. Invertir ese dinero en las necesidades urgentes y el desarrollo. Es necesario una reforma fiscal progresiva. Mientras pagamos de impuesto sobre la renta 35 por ciento, las corporaciones pagan 2.4 por ciento y, las mineras, 0.002 por ciento, según datos de la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro.

Tan sólo entre enero y diciembre del 2022, los bancos ganaron una utilidad neta de 236 millones 743 mil de pesos. Por otro lado, es también indispensable grabar las grandes fortunas. Por ejemplo, Carlos Slim aumentó su riqueza en cuatro años: de 60 mil millones a 81 millones de dólares.

Ésta es una idea que hasta el presidente Biden está está promoviendo en Estados Unidos. El presupuesto de México es de 8 billones 300 mil millones. Con las medidas anteriores, se pueden obtener 3 billones de pesos: lo necesario para invertir en desarrollo y bienestar.

Es hora de tomar al toro por los cuernos como lo hicieron los presidentes Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Valentín Gómez Farías, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. Poner por delante los intereses nacionales y populares.

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