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Bakú, Azerbaiyán. “Trillions, not billions” fue el grito más repetido durante los 14 días que duró la COP29 en el Estadio Olímpico de Bakú, Azerbaiyán. “Trillions” en inglés significa billones, mientras que “billions” es miles de millones.
La demanda no fue escuchada. La cumbre climática cerró las discusiones con una meta financiera de 300 millones de dólares para 2035, un billón menos de la demanda conjunta de los países del Sur en desarrollo.
El “nuevo objetivo colectivo cuantificado” (NCQG por sus siglas en inglés) impuesto se puede desglosar en los siguientes elementos: los países desarrollados “liderarán” la entrega de 300 millones de dólares hacia las naciones en desarrollo, cada año para 2035.
La meta provendrá de una variedad de fuentes públicas o privadas, así como de bancos multilaterales. De igual manera, estos últimos proyectan entregar 170 millones para 2030.
A su vez, se les solicita a los países en desarrollo que puedan hacer contribuciones voluntarias. Asimismo, se “reconoce” la necesidad de financiamiento público basado en subvenciones y no préstamos; formato que representa cerca del 70 por ciento del financiamiento climático desde 2016.
Se llama a los actores a escalar el financiamiento climático hacia países en desarrollo hasta, al menos, 1.3 billones de dólares al año para 2035. Se acordó que Azerbaiyán y Brasil, como presidencias de la COP29 y 30, respectivamente, trabajarán en conjunto en una “hoja de ruta”, con el propósito de cumplir este objetivo.
La meta no tiene submetas específicas para adaptación o pérdidas y daños, como pedían los países latinoamericanos. Sin embargo, reconoce la existencia de las brechas de financiamiento en esos ámbitos. La misma será revisada en 2030 en conjunto con el balance mundial, el proceso de evaluación de los objetivos establecidos en el Acuerdo de París sobre cambio climático.
La decisión se adoptó el 24 de noviembre, más de 30 horas después del cierre oficial, con varias críticas a la forma y al fondo. La representante de India repitió en tres ocasiones que su país se oponía. “Este documento es una ilusión óptica”, afirmó Chadni Raina.
A su llamado de objeción al supuesto consenso decretado sólo minutos antes por parte de Mukhtar Babayev, presidente de la COP29, se sumaron Bolivia y Nigeria.
“Esta meta de financiamiento que pretende convertir a países en desarrollo en contribuyentes al financiamiento que los desarrollados deben hacer socava la Convención y el Acuerdo de París, volcando el flujo de recursos del sur hacia el norte en un nuevo colonialismo ambiental”, dijo el representante de Cuba.
“El acuerdo no deja margen de mejora en tiempo prudencial. Los 300 millones representan menos hoy de lo que eran los 100 millones en 2009, si tenemos en cuenta la inflación…. Esto no garantiza el respaldo suficiente a dos rondas de compromisos climáticos en los próximos 10 años”, añadió.
El único que alabó la cifra fue Wopke Hoekstram, representante de la Unión Europea. Tras citar el difícil momento geopolítico internacional, aseguró que la COP29 representa “una nueva era en el financiamiento climático”; que el bloque regional “liderará” los esfuerzos de financiación, y que están “triplicando la meta de 100 mil millones. Es un objetivo ambicioso, realista y realizable”.
Los últimos días de la COP29 estuvieron marcados por la incertidumbre y la falta de acuerdo entre posiciones alejadas en torno a la nueva meta. Sólo unas horas antes del plenario final, la ministra de Brasil, Marina Silva, declaró que “recién ayer tuvimos acceso a un valor en relación a la meta de financiamiento, con muchos temas por discutir aún”.
Y es que los cálculos existentes establecen cifras más altas para los países en desarrollo. El Independent High-Level Expert Group on Climate Finance, por ejemplo, evaluó que se requieren entre 1.33 y 1.81 billones al año para 2030 en mitigación; entre 200 y 250 mil millones al año para 2030 en adaptación; y entre 200 y 400 mil millones al año para 2030 en pérdidas y daños.
El grupo, liderado por Amar Bhattacharya, Vera Songwe y Nicholas Stern, emitió un comunicado tras establecerse esta cifra en la COP29. En éste, se reconoció el avance de la meta.
Sin embargo, confirmaron que “está muy por debajo de los 390 mil millones de dólares anuales para 2035 que, según nuestro trabajo, serían necesarios para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París”.
De acuerdo al trabajo del grupo, el aporte en financiamiento bilateral debería ser, “por lo menos”, 300 mil millones de dólares por año hasta 2030, y 390 mil millones para 2035. Esto, más otras fuentes como bancos multilaterales, otros países en desarrollo y financiamiento privado, es lo debería permitir escalar hasta a los 1.3 billones para 2035.
Otro estudio estimó que los países industriales podrían recaudar 5 billones al año sólo a partir de un impuesto a los “súper ricos”; redistribución de presupuestos militares, y dejar de subsidiar combustibles fósiles. Según el Center for Global Development, 1 billón de dólares es alrededor del 1 por ciento de la renta mundial anual.
“Algunos países productores de petróleo, como México, Colombia, Indonesia y Brasil, anunciaron nuevos y significativos compromisos de transición energética. Sin embargo, su camino y el de otros países ricos en recursos sigue siendo extremadamente tenue hasta que los países de mayores ingresos entreguen su parte justa de fondos al Sur Global en subvenciones, no en préstamos”, sostuvo Suneeta Kaimal, presidenta del Natural Resource Governance Institute.
Consideró que el acuerdo hace poco por avanzar en la calidad del financiamiento que se contabilizará para cumplir el objetivo. “Es en interés de todos que el Grupo de los Siete y otros países ricos promuevan la equidad y la justicia y financien rápidamente una transición energética justa”.
Por su parte, Simon Stiell, secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), aseguró que “este nuevo objetivo es una póliza de seguro para la humanidad, en un momento en que el empeoramiento de los efectos del cambio climático afecta a todos los países”.
“Pero, como cualquier póliza de seguros, sólo funciona si las primas se pagan íntegramente y a tiempo. Las promesas deben cumplirse para proteger miles de millones de vidas”, puntualizó.
Ante el escenario que se vislumbraba en las últimas horas, la sociedad civil comenzó a repetir la consigna: “Ningún acuerdo es mejor que un mal acuerdo”. El resultado alcanzado, muy por debajo de lo esperado, reflejó, sin embargo, el esfuerzo de algunas partes, incluido Brasil, por no salir de Bakú sin al menos un piso garantizado, al mismo tiempo que se considera el contexto de la política global.
En su discurso, la ministra Silva dijo, poco antes del acuerdo, que “es fundamental, sobre todo después de la difícil experiencia que estamos teniendo aquí en Bakú, llegar a un resultado mínimamente aceptable para todos nosotros frente a la emergencia que estamos viviendo”.
“Sólo así podremos cumplir, en Brasil, la misión más importante que la humanidad nos delega cada año, esperando que tengamos la capacidad de cumplirla”.
En Brasil, se realizará la COP30, que se celebrará un año más en Belém do Pará, una ciudad enclavada en plena Amazonia.
De organizaciones de la sociedad civil surgieron varias críticas. Gerry Arances, director ejecutivo del Centro de Energía, Ecología y Desarrollo (Ceed), indicó que “el texto del NCQG pretende abordar la crisis, pero llamémoslo por su nombre: demasiado poco, demasiado tarde”.
“El mensaje de las naciones ricas es claro: sus beneficios por los combustibles fósiles importan más que las vidas de quienes se ahogan, mueren de hambre o huyen de sus hogares debido a los desastres climáticos”.
Los primeros aplausos de una conferencia pasada de horas y de tensiones se dio con la aprobación, tras casi una década de negociaciones, de las guías sobre las cuales funcionarán los mercados bilaterales de carbono (Artículo 6.2) y mercados globales regulados (Artículo 6.4), bajo las reglas de la CMNUCC.
A diferencia de la situación actual gestionada por organizaciones privadas como Verra o Gold Standard, este nuevo mercado regulado se guiará bajo normas científicas del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés).
Exigirá a los países participantes informar a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático desde la forma para calcular el carbono. Esto último con el fin de garantizar que no se violarán derechos humanos, laborales y de las comunidades alrededor de los proyectos.
En una COP dominada por las discusiones de dinero, el impulso final alrededor de los mercados de carbono no es casualidad. Desde Simon Stiell hasta los nuevos compromisos climáticos de Emiratos Árabes Unidos y Brasil, esperan que, a través de los créditos de carbono, se cumplan objetivos de mitigación y “se ahorren 250 millones de dólares”.
Aparte de lo problemático que sería considerar financiamiento climático, lo que en esencia es “un permiso para poluir” o “una indulgencia”, como lo describe Kirtana Chandrasekaran de Friends of the Earth International.
Existen serias preocupaciones sobre la falta de punición en caso de usar créditos de carbono de baja calidad, conocidos como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés).
El texto aprobado en los mercados bilaterales –a los cuales países, como Singapur, apuestan de manera agresiva con varias naciones de Sudamérica– tiene varios logros. Por ejemplo, exigir transparencia de las posibles inconsistencias de los proyectos y publicar cuándo estos créditos son vendidos para evitar la doble contabilidad.
Sin embargo, permite que “los países no asuman ninguna repercusión si no cumplen las reglas”, de acuerdo con un análisis de Carbon Market Watch, think tank especializado en las negociaciones climáticas.
Esto se ve con la ausencia de castigo en caso de que los países utilicen créditos de carbono con “inconsistencias”, lo que podrían ser desde errores respecto a cuánto carbono realmente se captura, hasta falsear datos o incluso no respetar los derechos humanos.
“No hay ni un límite para tomar acción ni penalidades claras. Los países tienen poco incentivo para no malear el sistema”, señaló Carbon Market Watch. El texto se limita a pedir que no utilicen créditos de carbono de mala calidad en los acuerdos bilaterales.
El nuevo mercado internacional regulado no incluyó la propuesta de varios países del Grupo SUR de considerar los proyectos de “emisiones evitadas”. Esto significa que, proyectos como los REDD+, tendrán que demostrar que no sólo evitan la deforestación, sino también capturan carbono.
Un principal aspecto metodológico quedó a cargo de una futura guía técnica: sigue sin haber reglas claras sobre el peligro de utilizar créditos de carbono temporales para compensar emisiones de carbono permanente, como la quema de combustibles fósiles.
“La decisión en Bakú dice que ese trabajo debe ser guiado por la mejor ciencia disponible”, subrayó Carbon Market Watch, quien sugiere empezar por un reciente estudio de Nature, el cual confirma que cualquier proyecto de captura de carbono menor a 1 mil años es insuficiente para compensar la polución.
América Latina, después de 10 años, será la sede de una cumbre del clima el próximo 2025, con la COP30 a realizarse en Belém, capital del estado de Pará, en el norte amazónico de Brasil. El cierre de la COP29 era clave para ver si algún tema quedaba pendiente para la cita del próximo año. Y así fue.
Desde el comienzo de la cita en Bakú, existieron diferencias entre países por la discusión en torno a la aplicación de los resultados del balance mundial o global stocktake decidido hace un año.
En Dubai, la COP28 acordó la frase de que el mundo debía realizar una “transición lejos de los combustibles fósiles”, un hecho histórico ya que por primera vez en la historia de las COP se hacía referencia a las causas del cambio climático.
Existía mucha expectativa en torno a cómo se podía llevar adelante. Sin embargo, tras dos semanas de debate, la propuesta realizada por la presidencia de la COP29 sólo se limitó a hablar de que los países deben reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir a los esfuerzos globales “referidos en el párrafo 28” de la decisión de hace un año.
Julio Cordano, jefe de la delegación de Chile, tomó la palabra en el plenario final. Manifestó que la propuesta “no refleja las herramientas y procedimientos que debemos tener para lograr los resultados del balance mundial y apoyar los compromisos (NDC) que serán presentadas”. Asimismo, indicó que “este texto no tiene consenso”.
Otros países como Suiza, Maldivas y Fiyi hicieron eco. Esto derivó en que Mukhtar Babayev declarara la no adopción del texto. Como resultado, será tarea de Brasil, presidencia de COP30, liderar las discusiones al respecto en noviembre del próximo año, con previo paso en las intersesionales, las cuales se realizan en Bonn, Alemania.
Lo que sí se logró aprobar fueron los avances en el establecimiento de indicadores para la Meta Global de Adaptación, discusión que, en todo caso, tuvo su fecha de cierre en 2025. Por lo tanto, será otro de los puntos claves en Belém.
Sin embargo, antes de la cita en la Amazonia, los países deben presentar sus compromisos climáticos actualizados. Silva, la ministra brasileña de Medio Ambiente, afirmó que el país está “comprometido en liderar con el ejemplo y promover que todos lleguen con NDC ambiciosas”.
Previo al cierre de la cumbre, en la cita de gobernantes del Grupo de los 20 en Río de Janeiro, el presidente Liz Inácio Lula da Silva llamó a los países desarrollados a adelantar sus compromisos de carbono neutralidad de 2050 a 2040. Brasil fue uno de los tres únicos países que presentó su nueva ronda de NDC durante la cumbre en Bakú, junto a Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos.
Francisco Parra Galaz/Inter Press Service (IPS)*
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