El Salvador y el peso de la mayoría

El gobierno de Nayib Bukele modificó el artículo 248 de la Constitución salvadoreña. Esto permite la reelección del Ejecutivo federal; acción señalada como preámbulo a una dictadura por opositores

San Salvador, El Salvador. El Salvador avanza hacia un periodo de confrontación marcado por las reformas que el partido en el gobierno pueda incluir en la Carta Magna, según valoran académicos, juristas y voceros de la sociedad civil. El mismo tiene una mayoría abrumadora en la Asamblea Legislativa.

En las últimas elecciones de febrero de este año, el pueblo votó de forma mayoritaria por el presidente Nayib Bukele, su partido Nuevas Ideas (NI) y por la integración del Parlamento, donde la tolda que se identifica con el color cian tiene 54 de 60 butacas.

Desde hace tiempo, se hablaba de modificar la Carta Magna vigente, con fines u objetivos claros u ocultos; entre estos, permitir la reelección presidencial. Algo que era un artículo pétreo, pues se hablaba de la alternabilidad para evitar el establecimiento de una dictadura.

Este dilema se resolvió cuando en su última sesión ordinaria del periodo 2021-2024, el 29 de abril, el órgano legislativo, sin debate previo ni pasar por comisión alguna, decidió modificar el artículo 248 en una de sus partes, a propuesta de la mayoría de NI. Así abrió el camino para que todo se haga al deseo del gobierno de turno, y permitir la reelección presidencial en 2029.

En declaraciones citadas por el diario La Prensa Gráfica (LPG), la abogada Sarahí Molina aseguró que el artículo 248 es incluso “la cláusula más sólida de la Constitución”, pues en ella se establece qué artículos no pueden ser cambiados.

“No se cuestiona que deba reformarse la Constitución, sino el mecanismo mediante el cual se está llevando a cabo, para muchos inconstitucional. Esta reforma se convierte en un cheque en blanco para el gobierno”.

Mientras que la oposición dice que el Ejecutivo busca más poder con la modificación constitucional, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reiteró el empeño de NI de “refundar el país” y “cambiar todo lo que tenga que ser cambiado”, como aseguró en el programa de entrevistas Frente a Frente de la Telecorporación Salvadoreña (TCS).

La última acción aprobada en el foro, 66 votos a favor y 16 en contra, modifica el inciso segundo del artículo 248 de la Constitución de la República, lo cual permite a una misma legislatura ratificar una reforma constitucional, con el voto de las tres cuartas partes de los diputados electos.

Esto, aunque esperado, destapó un sinnúmero de críticas y quejas de organizaciones sociales y partidos minoritarios, los cuales estiman que la acción permitirá entronizar en el poder al actual gobierno. Algo no descartable cuando la agrupación controla las herramientas de gobernanza.

La diputada Claudia Ortiz, del opositor Vamos, llamó a sus compatriotas a estar vigilantes de si “estos diputados ocupan esa reforma que permite cambiar la Constitución de la noche a la mañana, para darle más poder a su partido” y no para brindar más derechos a la población.

Tal vez un llamado tardío, pues Ernesto Castro manifestó que cambiarán los artículos que sean necesarios “con el debido proceso”, donde por supuesto saldrán adelante, pues tienen la gran mayoría en el Parlamento.

La movida legislativa, que ya se veía venir desde hace meses, aunque sin saber cómo se ejecutaría, se desligó de una propuesta del vicepresidente Félix Ulloa y un equipo Ad Hoc. Proponía llevarla a referendo popular, y también despertó críticas de opositores de derecha del partido Arena.

Al respecto la diputada Rosa Romero aseguró que lo único que están demostrando los legisladores, al acordar esta alteración, son “los intereses mezquinos y la ambición por mantener y por no dejar ir el poder”.

Asimismo, su coequipera en Arena, Marcela Villatoro, dijo que “ningún gobierno tiene derecho a romper” con la seguridad jurídica y menos utilizarlo con cualquier justificación que se puede ver disfrazada con una forma de mantenerse en el poder. “Lo que quieren hacer es agarrar la Constitución y en la próxima legislatura hacer todas las modificaciones que les convengan”.

Otro crítico de la jugada de NI, identificada como el ajedrez de Bukele, fue el diputado de Nuestro Tiempo, John Wright Sol, para quien el artículo 248 era “irreformable”.

Consideró que por primera vez se le dará el “poder constituyente” a la Asamblea Legislativa, con el objetivo de realizar “cualquier cambio”, sin que los salvadoreños tengan la oportunidad de defenderse, ya sea por referendo u otra acción legal.

Según el abogado José Marinero, la prioridad de esta reforma es “perpetuarse en el poder”. Esto es algo con lo que coinciden organizaciones sociales y partidos opositores, hoy minorías, y algunos sin representación parlamentaria.

La reforma del artículo 248, calificada de histórica tanto por el partido oficial y sus aliados como por la oposición, marcará un nuevo periodo de confrontación entre oficialismo y retadores, según previsiones de aquellos que ven nubarrones en el cielo salvadoreño y presagian tormenta.

La Asamblea Legislativa oficialista aprobó de forma “inconsulta” e “ilegal”. Es una alteración a la Constitución de la República que vulnera el proceso de consulta ciudadana y trastoca una de las “cláusulas pétreas” de la Carta Magna salvadoreña, advierten abogados y expertos en derecho constitucional.

Con lo aprobado el último día, los parlamentarios de la legislatura que se estableció el 1 de mayo, también con supermayoría de Nuevas Ideas, pueden reformar la Constitución, sin necesidad de esperar la ratificación en un segundo período como estaba vigente.

Enrique Anaya, un abogado fuerte crítico del gobierno, opinó que esta innovación, aunque no fue una sorpresa, sí es violatoria de la Constitución y antidemocrática por modificar uno de los considerados artículos pétreos, una norma que no puede cambiarse por dar estabilidad al sistema político y jurídico del país.

Señaló el meollo del problema: el artículo 248 establece que para aprobar una reforma a la Constitución. Ésta debe ser aprobada por mayoría simple de una legislatura, y ratificada por el voto de los dos tercios de los diputados de la siguiente legislatura.

Con la reforma, esto cambia, una misma Asamblea puede ratificar la modificación, siempre que voten las tres cuartas partes de los legisladores. Nuevas ideas tiene ese nivel de voto.

Las críticas no van a cesar. Para algunos, la transformación aprobada por la Asamblea Legislativa es inconstitucional por dos motivos: se violó el proceso de reforma al aprobarse después de las elecciones legislativas, y porque se violó el principio de publicidad al aceptarse con dispensa de trámite, sin causa justificada.

Otros abogados sostienen que la Asamblea Legislativa ni siquiera tiene la potestad de modificar el artículo 248, pues en su conjunto, sólo pueden ser modificados a través de una Asamblea Constituyente; es decir, diputados electos con el único fin de crear una nueva Constitución.

El golpe de “autoridad” fue tal que los legisladores ignoraron la propuesta elaborada por Ulloa y un grupo de actores de la sociedad civil, académicos y expertos legales, y que estaba en mano de Bukele desde 2022, pero que nunca más salió a relucir.

El proyecto elaborado por el vicepresidente Ulloa contemplaba reformar el artículo 248, pero dejaba en la población la decisión de ratificar los cambios constitucionales por medio de un referendo, o sea, dejaba las reformas a la Carta Magna en manos de la población y no del órgano legislativo.

La transformación, que será ratificada por la legislatura 2024-2027, la cual asumió el 1 de mayo, es cuestionada por académicos, organizaciones de la sociedad civil, legisladores de oposición. También, genera preocupación en organismos internacionales, que ven un mecanismo para realizar cambios a la Constitución sin tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía.

“Esta reforma es una alteración al orden constitucional. La pregunta ahora es si fortalece o afecta gravemente el orden democrático. Eso es lo que determina si hubo o no una violación a la Carta Democrática Interamericana”, opinó Daniel Olmedo, profesor de Derecho Constitucional por la Universidad Carlos III de Madrid.

Cualquiera sea el rumbo que asuma el debate sobre un hecho ya consumado, el abogado Anaya fue categórico cuando expresó: “Es terriblemente malo lo que se ha hecho”. Los derechos fundamentales que contiene la Carta Magna son más vulnerables.

Luis Beatón/Prensa Latina

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