En 6 años, fiscalías identifican 3.8 mil víctimas de trata en México

Fiscalías del fuero común y federal identificaron a 3 mil 896 víctimas de trata en México, entre 2016 y 2021. De ellas, 2 mil 934 son mujeres y 1 mil 45 menores de edad. Entre las víctimas hay extranjeros, principalmente de Colombia, Honduras, Venezuela y Guatemala. Las entidades con mayor incidencia son: Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, y Tlaxcala

La trata de personas en México exhibe cifras preocupantes y dramáticas y afecta a mujeres y hombres menores y mayores de edad, en condiciones humildes explotados por organizaciones del crimen internacional. Tan sólo en seis años –entre 2016 y 2021–, las fiscalías del fuero común y federal identificaron a 3 mil 896 víctimas de trata en la república. De ellas, 2 mil 934 fueron mujeres, y 1 mil 45 de ellas, menores de edad; y 798 hombres, de los que 505 son menores de 18 años.

De acuerdo con los datos oficiales, del total de las víctimas, el 93 por ciento es mexicano y 7 por ciento es originario de otros países, principalmente de Colombia, Honduras, Venezuela y Guatemala. Asimismo, las entidades federativas con mayor número de víctimas son: Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, y Tlaxcala.

La trata de personas es un fenómeno muy complicado y cuando se habla de él, únicamente se piensa en la explotación con fines sexuales, pero en el país existe con fines de explotación laboral, reclutamiento por parte de grupos delictivos y tráfico de órganos, advierte Doria Vélez, licenciada en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano.

“Lo que vemos en el país es que hace falta mucho por hacer, tanto por parte de autoridades, como de otros actores sociales para visibilizar toda la complejidad del fenómeno de trata”, señala en entrevista. 

La investigadora observa que cuando las víctimas inician las carpetas de investigación en instancias de procuración de justicia, todo recae en el testimonio y se ignoran las repercusiones del daño psicológico: hay víctimas con mucho miedo que durante muchos años estuvieron acostumbradas a vivir en la manera que el tratante quería, dependían del todo del tratante. Cortar de tajo con todo eso es muy complicado, debido a que se depende mucho de la palabra de la víctima.

En cuanto a las estadísticas de trata de la Fiscalía General de la República y las fiscalías y procuradurías estatales, señala que hay retraso en la actualización de cifras y registro, y si acaso se consiguen mediante peticiones de información pública, porque la manera en que está desagregada la información del fuero federal es complicada. 

Critica que la información más reciente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) –de mayo de 2022– registra que sólo 15 estados han reportado el fenómeno de trata, pese a su amplitud y gravedad de ocurrencia en el país. “Hay tres entidades con las tasas más altas de trata en el país: Michoacán, Baja California y Chihuahua, y casos atípicos como Tlaxcala, reconocida como una entidad de trata de blancas por ‘cuestiones culturales’ que interioriza socialmente desde la familia, pero que desde octubre pasado no registra una sola investigación, lo cual suena un tanto extraño”. 

Respecto de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de la Segob, indica que tampoco cumple con la función de dar información actualizada.

“Su último informe es de 2017, pese a la complejidad y gravedad del delito, se esperaría más actividad de su parte, sin embargo vemos su papel pasivo frente al reclutamiento de niños y adolescentes, realmente no contamos con datos suficientes”, cuestiona Doria Vélez.

Explica que la Comisión Intersecretarial requiere de mayor presupuesto necesario para resolver la trata de personas. La cantidad de carpetas de investigación que registran por este delito, no refleja que hayan ampliado la capacidad de resolver los casos, sino que se mantienen las proporciones tanto en la trata de blancas como en la trata de explotación laboral. 

La experta señala que si bien se avanzó mucho respecto a la homologación de sanciones de tipo penal, hay varias iniciativas de reforma que solicita sociedad pendientes de resolver en el Congreso, por ejemplo, para que en la ley se diferencie la trata para la explotación, porque no queda claro la forma en que está contemplada, si tendría que ser un fenómeno separado o componente de la trata. 

Por otro lado, la integrante del Observatorio Nacional Ciudadano detalla que, las instituciones de atención a víctimas de trata solo hacen estimaciones, calculan que hay 250 mil niños vulnerables a ser víctimas de reclutamiento, pero en lugar de fortalecerlas, generan un observatorio dedicado a estimar el reclutamiento como modalidad de trata de personas, lo que redunda en esfuerzos extraoficiales para saber sobre el fenómeno. 

Por modalidad, explica que la trata con fines de explotación sexual muchas víctimas son engañadas en redes sociales, quedan de verse en algún sitio con un desconocido y ahí las privan de la libertad. “Normalmente, encontramos no son cuestiones socioeconómicas, sino características del hogar las que detonan la trata”. 

En ocasiones la trata de personas se produce por la vulnerabilidad de familias de carácter monoparental, asociado a ciertos niveles de escolaridad, donde prevalecen factores como falta de atención y comunicación entre padres e hijos, y la falta de cultura de cómo interactuar o manejar el internet, tanto en escuelas como en las familias y no se percibe el riesgo de las redes sociales a través de las cuales se engancha a víctimas de trata.

Hay tipos de trata que vulneran a niños y adolescentes, previo estudio de tratantes de personas que conocen las características del barrio donde residen las víctimas, conocen la precariedad, usan el mismo transporte, no solo de grandes carteles sino de pandillas, y otros delincuentes asociados con familias, expone Doria Vélez. 

Otro factor es la deserción escolar, saber si vivieron violencia, acoso, intimidación. “Si pensamos en otro tipo de trata, como la tipo laboral, tiene que ver las condiciones económicas, como el caso de la inmigración, pensemos en jornaleros mexicanos que migran”, apunta la catedrática. 

“Desde antes de 2013, en el Observatorio checamos que tanto cumplían las instituciones lo que contemplaba la Ley general sobre trata, y observamos que faltaba que muchas entidades federativas cumplieran con la ley. Vimos que había varias fallas en cuanto al cuidado de las víctimas, y falta de capacidad de investigación en las fiscalías”. Respecto al papel de las delegaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, señala que a raíz de la ley general en la materia fue publicada en 2014, hacen lo que pueden con lo que tienen disponible, lo cual demuestra que no basta con publicar una ley, sino contar con recursos para que operen como deben de hacerlo para defender a las víctimas de trata. 

Resalta lo que sucede con la disminución de recursos para casas de acogida, recursos que, muchas veces pueden ser esenciales para tener a resguardo a las víctimas. Hay casos en que dan a conocer que hay muchas áreas de oportunidad para mejorar la atención, pero su funcionamiento está determinado por los recursos con que cuentan. 

También hay un gran tema pendiente con las personas desaparecidas, donde se llega a un punto en que, por un lado, en instancias de procuración de justicia se atiende a las víctimas, pero también lo hacen las delegaciones de la CEAV, lo cual resulta en duplicar esta función, pero al momento de operar, la víctima no obtiene la atención que requiere por parte de ambas instituciones.

En el caso de la desaparición de personas, hay un serio problema porque funcionarios necesitan más capacitación para entender el fenómeno, para diferencias, por ejemplo, que hay una relación entre desaparición y trata de personas. Muchas veces se revictimiza a los familiares, se les dice que es su culpa el que alguien esté desaparecido. 

Tampoco hay registro de grupos criminales en trata, sino grupos delictivos de carácter familiar. El ejemplo claro es Tlaxcala, donde algunas familias controlan la trata, pero no son familias pequeñas, han logrado mover a las víctimas de trata de personas a varios estados de la república, hasta a Estados Unidos donde siguen operando. 

Considera que es muy difícil determinar qué grupo de crimen organizado está realmente relacionado con el delito de trata por la manera en cómo se estructura. “Podemos saber que los Zetas están involucrados con trata, por ejemplo, pero no sabemos si es una célula o todos ellos como organización”. 

Y cuando analizamos el mercado negro, vemos que la trata es como una actividad ilícita más, y que algunas células de grupos criminales roban, extorsionan, venden piratearía, y se dedican a la trata de personas, lo que implica un ingreso extra, aduce Doria Vélez.

Es decir, cuando no necesariamente la trata es la actividad principal de Los Zetas, por ejemplo, por lo que es difícil identificar qué grupos del crimen organizado se dedican de lleno a esta actividad, como tampoco se sabe si todas las ganancias se obtienen de este ilícito, o si deciden participar en la trata porque alguna célula les informó sobre el ingreso que se podría tener. 

La especialista enfatiza la necesaria colaboración interinstitucional, sobre todo por el vínculo que hay entre distintos delitos con la trata de personas y subraya la importancia de que  instituciones de justicia no sean celosas con la información, que demuestra que hay vínculos entre trata de personas y desapariciones, con la piratería, o con el tráfico de armas. 

Por ejemplo, identificamos que había unos indígenas que estaban siendo víctimas de trata y los tenían como guardianes de una bodega donde se ocultaban estaban mercancías falsificadas. Ellos no sabían ni qué hacían ahí, simplemente los trataron con fines de explotación laboral,  los detuvieron, y ya luego dieron cuenta de su situación”.  

Y en el caso de las desapariciones, el propio registro oficial las reconoce  vinculadas a la trata, pero su análisis se orienta mucho con el clásico perfil de víctimas con fines de explotación sexual, por lo que considera que deben ampliar la mirada sobre ello.

Datos duros

De las 3 mil 896 víctimas de trata identificadas entre 2016 y 2021, tres cuartas partes son mujeres, y de ellas la mitad son menores de edad. En el caso de los hombres, aunque es menor el porcentaje (20.48 por ciento), y llama la atención que en su mayoría son niños (63.28 por ciento), afirmó la investigadora Alicia Mesa Bribiesca, durante la presentación del Informe latinoamericano sobre trata de personas y tráfico de migrantes, caso México.

La directora del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos (CESC) señaló que a este grave problema se añade que la legislación para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, y para la protección y asistencia a víctimas se encuentra en revisión en el Congreso de la Unión, mientras que los elementos del tipo penal establecidos  por la Comisión Intersecretarial en Materia de Trata no son claros y permiten la impunidad.

Para la experta, el problema de la trata viene de fondo: por la situación económica, la desigualdad social y la cultura patriarcal. “Los principales retos frente a la trata de personas, vienen de fondo, tendríamos que cambiar el sistema capitalista neoliberal y patriarcal”.

De acuerdo con la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, éste es un delito realizado por aquella persona que promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para un tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes.

Causas y consecuencias

Diversas causas influyen en la trata de personas: desempleo, desigualdad, pobreza, violencia de género, violencia social e impunidad, corrupción, negligencia y abandono oficial, así como participación de grupos criminales, sostuvo Mesa Bribiesca.

Al respecto, recordó que el empleo informal en México asciende a 31.4 millones de personas, que representan el 56.3 por ciento de la población ocupada. Las entidades con mayor informalidad laboral, son Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Agregó que en el tema de la desigualdad, se puede apreciar que Chiapas cuenta con 75.5 por ciento de pobreza, seguida de Guerrero, con 66.4 por ciento; Puebla, 62.4; Oaxaca, 61; y Tlaxcala, 59.3 por ciento. Mientras que Baja California tiene el menor porcentaje de población en pobreza, con 22.5 por ciento, seguido de Nuevo León, 24.3; Chihuahua, 25.3.

La investigadora indicó que al cruzar los datos de la desigualdad con los de la trata, los estados más pobres son los que proveen a las personas víctimas de trata, y en los estados con menor pobreza son explotadas, teniendo en cuenta que algunas entidades son de origen, tránsito y destino.

Otras violencias

En torno a la violencia de género, en la presentación del informe se aseguró que ésta incrementó en México de 2018 a 2021, y particularmente se  destacó el aumento de violencia digital contra niños: bullyng, hostigamiento sexual, pornografía infantil (delito en el que México ocupa el tercer lugar después de Tailandia y Camboya), e intentos de enganche para la trata.

Al respecto, Mesa Bribiesca agregó que el promedio de mujeres asesinadas aumenta día con día y la impunidad supera el 5 por ciento. “La violencia familiar y el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar son las violencias que más se suscitan”, anotó.

En cuanto a factores institucionales, resaltó que no ofrecen alternativas a las mujeres; por el contrario, las revictimizan por medio de actos como tráfico de influencias y protección de agresores, además de que carecen de recursos suficientes para consolidar una estructura de atención a las mujeres. Otro tipo de violencia, agregó, es de carácter cultural, donde los estados de población indígena no cuentan con traductores para atender a las víctimas indígenas de trata, lo cual los aleja de realizar la denuncia.

En torno a la atención, protección y reintegración de las víctimas, afirmó que las delegaciones de la CEAV operan con déficit presupuestal y serias deficiencias, lo que motivó 450 amparos en su contra por violar los tiempos que establece la Ley de Víctimas. “Se acumulan rezagos en más de 3 mil resoluciones de atención a víctimas, hay falta de personal, despidos, colaboradores por outsourcing, multas por incumplimiento de sentencias, y los pagos a víctimas por reparación del daño cayeron en un 80 por ciento; [además] sólo se han emitido siete resoluciones en materia de compensación y reparación del daño en favor de las víctimas de trata”, alertó la experta.

Acerca de la atención por parte de fiscalías del fuero común, dijo que sólo en seis entidades – Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México y Zacatecas– cuentan con servicio [de atención para víctimas de trata]. “Basta decir que 17 fiscalías no cuentan con presupuesto, ocho se desconoce y en dos ‘no aplica’; sólo las fiscalías de Chiapas, Hidalgo, Estado de México, Sonora y Zacatecas, tienen presupuesto propio”. Añadió que hasta julio de 2021, sólo cinco entidades contaban con peritos especializados para casos de trata.

En cuanto a los albergues de víctimas, sólo un 6 por ciento de las entidades cuentan con ellos, el 69 por ciento no cuenta con ninguno, y el 15 por ciento carece de información al respecto. Respecto a las casas de medio camino, sólo el 3 por ciento de las entidades tiene y el 85 por ciento no cuenta con ninguna.

De los protocolos especializados en atención a víctimas de trata, indicó que sólo hay en 10 de las 32 entidades del país. Y que de 2017 a 2021 solo nueve órganos jurisdiccionales estatales emitieron 143 medidas de protección por este delito. 

Ausente, acceso a la justicia

La investigadora Mesa Bribiesca destacó que organismos defensores de derechos humanos identifican una realidad grave en el acceso a la justicia en México: de 2 mil 863 carpetas de investigación por trata de persona, sólo hubo 263 sentencias, de las cuales 150 fueron condenatorias, y de ellas sólo en 72 se reparó el daño. “Es decir, del total de carpetas de investigación sólo el 6.04 por ciento pasan a ser sentencias condenatorias, y sólo de ellas 2.3 por ciento tienen reparación del daño”, subrayó.

La modalidad de trata con mayores sentencias fue la prostitución ajena, y otras formas de explotación sexual con un 80 por ciento, seguida de explotación laboral o trabajo forzado. Las entidades con mayor número de sentencias, de 2017 a 2021, fueron Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, y Chihuahua. En cuanto a funcionarios impartidores de justicia, prevalece la falta de capacitación en atención al delito de trata, en derechos humanos, género e interseccionalidad. 

Dijo que lo anterior se observa en las recomendaciones emitidas por la CNDH, que exhiben que los servidores públicos no actúan diligentemente. “A ello se suma que el crimen organizado permea a las instituciones, autoridades locales y agentes de migración y que las redes de trata de personas y organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, colaboran entre sí”.

En cuanto a las sentencias, Mesa Bribiesca dijo que de agosto de 2017 al 31 de julio de 2021 se registraron sólo 292 víctimas: 89 por ciento mujeres, y 11 por ciento hombres. El 50 por ciento de las mujeres son menores de 18 años y el 81 por ciento de los hombres son menores de 18 años.

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