En Pakistán, la muerte puede estar a sólo a un WhatsApp de distancia

Karachi, Pakistán. El 6 de marzo, el juez Zafar Yab Chadhar condenó a Junaid Munir, de 22 años, a “ser colgado del cuello hasta la muerte”. Está acusado de compartir material blasfemo a través de WhatsApp. Esto fue una noticia devastadora para su familia.

“La tierra se movió debajo de mis pies”, así describió su sentir Chaudhry Munir Hussain, de 57 años, padre de Munir, cuando escuchó al juez leer la sentencia aquel día en un tribunal de Gujranwala, una ciudad en la provincia oriental de Punyab, la más próspera e industrial del país.

“Mi hija se desplomó y cayó al suelo en ese mismo momento”, dijo Hussain. añadió: “No pudo presentarse a su examen de servicio civil”, el cual se estaba llevando a cabo en ese momento.

Habló desde Tokio, donde reside parte del tiempo. Ha vivido entre Pakistán y Japón durante los últimos 30 años dirigiendo un “negocio de importación y exportación de automóviles”. Sin embargo, esta vez había huido, al creer que su vida estaba amenazada.

La blasfemia es un delito castigado con la pena de muerte irrenunciable. Sin embargo, se sabe que se utiliza para llevar a cabo venganzas personales.

Hasta la fecha, nadie ha sido ejecutado, pero decenas de personas siguen siendo condenadas y luego languidecen en la cárcel. Los datos proporcionados por el Centro para la Justicia Social (CSJ por su sigla en inglés) muestran que hay 587 presos en varias cárceles de Punyab. Entre ellos, 515 están siendo juzgados, incluidos 508 hombres, seis mujeres y un menor de edad.

El impulso ha ganado. Sólo en 2023, dijo la CSJ, al menos 329 personas fueron acusadas de blasfemia. De ellos, 247 –75 por ciento– eran musulmanes; 65, ahmadíes –a quienes la constitución paquistaní ha declarado como no musulmanes–; 11 cristianos, y un hindú. Se desconoce la afiliación religiosa de los cinco restantes. PunYab fue la provincia más afectada, donde fueron acusados 179.

Al menos 2 mil 449 personas habían sido acusadas de blasfemia entre 1987 y 2023. El mayor número fue 1 mil 279 musulmanes, seguidos por 782 áhmadis. Según la CSJ, el mayor número de casos –1 mil 770– se registró en PunYab –72 por ciento–.

La resolución firmada y sellada contra Munir –enviada por el juez al superintendente de la Prisión Central de Gujranwala– afirma que vídeos y fotografías lo mostraban “escribiendo el nombre más sagrado del Santo Profeta Hazrat Muhammad –la paz sea con él– y el kalma –declaración al Islam– sobre la parte sexual del cuerpo humano con la intención de profanar el Santo nombre del Santo Profeta –PBUH–”.

Añadió que se hizo intencionada y deliberadamente con la intención de “indignar el sentimiento religioso de los musulmanes”. La acusación deja perplejo a Hussain, el padre.

“Somos musulmanes devotos pertenecientes a la secta sunita Barelvi. Hay versos grabados en la entrada de mi casa, en homenaje al Profeta Muhammad –la paz sea con él–. Desde hace más de 40 años, mi familia trabaja en la mezquita del barrio y barre sus suelos, lo que consideramos un deber honorable. Iluminamos todo el carril cada año para celebrar el nacimiento del Profeta. ¿Crees que alguna vez lo difamaríamos?”, intentó razonar.

Insistió en que su hijo ha sido acusado falsamente de este grave cargo. “No tolero ninguna enemistad con nadie”, añade con cautela, “hay personas que quieren quedarse con nuestra propiedad desde hace mucho tiempo”.

Según la comunidad que vive en su aldea, Hussain pertenecía a un entorno humilde, pero su negocio mejoró y le fue extremadamente bien, lo que puede haber causado celos.

“Aun así, acudí a quienes habían acusado a mi hijo, me puse de pie y les pedí disculpas en nombre de mi hijo si había herido sus sentimientos”, dijo Hussain. “Incluso recibí fetuas –resoluciones sobre aspectos de la ley islámica– de diferentes seminarios religiosos que decían que una persona puede ser perdonada”.

“Siempre que haya una mínima duda, confusión o el caso no esté claro, se debe encontrar un término medio”, dijo Hafiz Muhammad Tahir Mehmood Ashrafi, presidente del Consejo de Ulemas de Pakistán (PUC por su sigla en inglés), por teléfono desde Islamabad, la capital del país.

A lo largo de los años, el consejo ha intervenido en 103 de los 114 casos que han llegado a su conocimiento y los acusados se han salvado de la ira de la gente.

De igual manera, Ashrafi había sido parte de otro caso de alto perfil, en el cual Junaid Jamshed –un cantante pop convertido en un popular erudito religioso– fue acusado de blasfemia, pero resultó absuelto.

Visto el material supuestamente enviado por Munir, que se encontró “extremadamente obsceno”, Ashrafi dijo: “La FIA [Agencia Federal de Investigación por su sigla en inglés] había investigado esto a fondo y no creo que nadie esté incriminando al muchacho”.

“Creo que la FIA debería tener la capacidad técnica y los recursos para discernir, descifrar y verificar a las personas que se hacen pasar por perfiles de otras personas y llevan a cabo blasfemias o contenido falso y generado por IA [Inteligencia Artificial”, dijo Nighat Dad, director de Digital Rights Foundation.

Agregó que la experiencia de su organización con el ala de delitos cibernéticos de la FIA había demostrado que son expertos en manejar el acoso cibernético.

Munir –un estudiante de derecho de primer año– fue arrestado el 15 de junio de 2022 en Lahore, la capital de Punyab, por el ala de delitos cibernéticos de la FIA, en virtud de las leyes contra la blasfemia del Código Penal de Pakistán, vigente desde 1980.

Posteriormente, su caso se trasladó a Gujranwala por orden del Tribunal Superior de Lahore, con órdenes explícitas de que el juicio concluya en un plazo de dos meses. Sin embargo, el tribunal tardó dos años en condenarlo.

“Los últimos dos años han sido como mil años para mí”, dijo Hussain. “Nuestras vidas han sido arruinadas por esta gente cruel”.

Asimismo, Munir ha sido acusado en virtud de la legislación sobre delitos cibernéticos, la Ley de Prevención de Delitos Electrónicos (Peca por su sigla en inglés) de 2016, calificada de ley draconiana por los defensores de los derechos humanos.

En un foro de defensa de los derechos digitales, la experta en delitos cibernéticos y cofundadora de Bolo Bhi, Farieha Aziz, dijo: “varias secciones de la Peca, establecidas en 2016, criminalizan el discurso de una manera excesiva y demasiado amplia y se han utilizado rutinariamente contra periodistas, académicos y trabajadores políticos eventualmente”. La Peca, continuó, tiene disposiciones contra el discurso, la privacidad y contra Internet.

“No es raro que las personas sean procesadas por presunta blasfemia en línea”. Añadió que “hemos visto cómo se han llevado a cabo campañas maliciosas en línea contra activistas en el pasado, etiquetándolos como blasfemos o presionando para que sean procesados bajo la ley de blasfemia, donde no se ha cometido tal delito”.

A juicio de Aziz, “esto se utiliza para silenciarlos poniendo un objetivo en la espalda de una persona, lo que tiene consecuencias fuera de línea y pone en peligro su vida”.

El abogado Mohammad Jibran Nasir y la docente Arfana Mallah, profesores adjuntos de la Universidad de Sind –en esa región oriental al sur de Punyab, con su sede en la ciudad de Jamshoro– han pasado situaciones de riesgo por hablar en respaldo a presuntos blasfemos.

Sin embargo, la mayor preocupación, dijo Aziz, era que “las cuentas sean hackeadas o que las cuentas de imitación publiquen material” que no sea del acusado. E incluso antes de que eso se determine, esto último sea registrado.

“Ampliar el uso de casos de blasfemia contra personas por lo que dicen o comparten en las redes sociales es una invitación a la caza de brujas”, afirmó en un despacho Patricia Gossman, directora adjunta para Asia de Human Rights Watch. Subrayó que “el gobierno paquistaní debería modificar y, en última instancia, derogar sus leyes sobre blasfemia, no ampliar aún más su alcance en línea”.

“La tecnología puede ser extremadamente dañina, especialmente cuando los organismos encargados de hacer cumplir la ley no están tan bien equipados”, admitió. Sin embargo, ésta no es la primera vez.

En 2014, una pareja cristiana fue condenada a muerte por enviar un mensaje de texto blasfemo en inglés a su clérigo local. La pareja lo negó. Argumentaron que eran analfabetos y no conocían el idioma.

En 2016, un cristiano llamado Nadeem James fue condenado a muerte por enviar un poema a un amigo musulmán que insultaba al Islam. Taimoor Raza, de 30 años, fue condenado a muerte después de participar en un debate sectario sobre el Islam en Facebook.

Luego está el caso de Junaid Hafeez, profesor de la Universidad Bahahuddin Zakariya en Multan, una ciudad de Punyab. Está encarcelado desde 2001 tras haber sido acusado por un estudiante de subir material blasfemo a Facebook. Su abogado, Rashid Rehman, fue asesinado en 2014.

Más recientemente, Aneeqa Atiq, de 26 años, fue condenada a muerte por un tribunal de Rawalpindi en 2022, por supuestamente compartir material blasfemo a través de WhatsApp.

Cuando no están encarcelados, los que han sido marcados suelen ser asesinados por la gente.

En 2017, Mashal Khan, un estudiante de la Universidad Abdul Wali Khan en Mardan, en la norteña provincia de Jaiber Pastunjuá, fue asesinado a golpes por estudiantes que lo acusaban de publicar material blasfemo en las redes sociales. Una investigación posterior demostró que era inocente. El año pasado, siete personas fueron asesinadas. De 1994 a 2023, 95 personas han sido linchadas.

“También hemos visto campañas dirigidas a activistas que luchan por cualquier cambio en la ley sobre la blasfemia y sabemos cuán letales pueden ser, provocando la pérdida de vidas, como vimos con Salman Taseer y Shahbaz Bhatti por proponer enmiendas y reformas a las leyes sobre blasfemia del país”, dijo Aziz.

Hasta ahora, sólo una persona ha sido castigada: Mumtaz Qadri, el guardaespaldas del gobernador Salman Taseer por matar a su empleador. Fue ahorcado por el asesinato del gobernador en 2016.

A principios de marzo, en un valiente intento, una joven policía, Shehrbano Naqvi, evitó el linchamiento de una mujer que vestía ropas con caligrafía árabe escrita. La gente pensaba que eran versos del Corán.

Tras el incidente, la CSJ emitió un comunicado exigiendo tomar medidas para abordar “las fallas en las leyes existentes y la intolerancia religiosa que se avecina”.

“Mi hijo sufre una enfermedad muy rara llamada púrpura trombocitopénica inmunitaria, un trastorno autoinmune”, imploró Hussain, el padre preocupado.

“Es sólo piel y huesos bajo el uniforme carcelario de color caqui. Me rompe el corazón ver a mi hijo, que sigue insistiendo en que es inocente”, dijo el progenitor con voz grave.

Zofeen Ebrahim/Inter Press Service (IPS)*

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