La violencia política en México durante el proceso electoral de junio pasado se extendió a las 32 entidades del país, abarcó 534 municipios (26 ciudades capitales incluidas), afectó en su mayoría a políticos y candidatos y opositores a los gobiernos estatales.
El crimen organizado interfirió a través de actos de violencia política, financiamiento de campañas, injerencia en procesos de selección de candidatos y actos de intimidación y coacción de votantes y operadores políticos, considera Integralia, una plataforma de análisis electoral que contabilizó 239 incidentes con saldo de 179 víctimas mortales; entre ellos, 36 aspirantes o candidatos a cargos de elección popular.
De acuerdo con el informe Crimen organizado y el proceso electoral 2020-2021, los márgenes de victoria en 64 por ciento de los municipios en donde se registraron asesinatos de aspirantes o candidatos a cargos de ayuntamientos fueron más altos que el promedio nacional. Además, sólo en 10 de esos municipios ganó el partido de la víctima.
De los 28 municipios en donde se registraron asesinatos de aspirantes o candidatos a cargos de ayuntamientos, Morena obtuvo el triunfo en ocho; el PAN gobernará en siete; Movimiento Ciudadano en cinco; el PRI en cuatro; el PVEM en tres, y Unidad Ciudadana en uno.
“Ese proceso [de violencia política] se ha acelerado en los últimos años, como resultado de la atomización de las organizaciones criminales, con un número creciente de pequeños, medianos y grandes grupos delincuenciales que operan en el territorio nacional”, advierte la consultora.
El informe de Integralia afirma que el control de gobiernos municipales ofrece al crimen organizado acceso a información privilegiada sobre las estrategias de seguridad pública que se implementarán en su contra y de sus adversarios, o bien sobre grupos económicos que operan en la región, a partir de lo cual pueden desarrollar esquemas de extorsión y cobro de uso de suelo.
Asegura que, con resguardo y protección de policías municipales, el crimen organizado amplía su margen de maniobra para ejercer el dominio sobre los mercados ilícitos que operan en esos territorios, incluyendo huachicol, extorsión, trasiego de drogas, tráfico de personas y secuestro. Así como acceso a recursos públicos a través de malversación directa de fondos o, por ejemplo, de la asignación directa de contratos para la construcción de obras de infraestructura y lavado el dinero que obtienen de actividades ilícitas.
El proceso electoral de este año “ha sido uno de los más violentos en la historia moderna del país, porque aun cuando los comicios se llevaron a cabo sin violencia generalizada, el saldo es sangriento y violento”, asevera el senador Noé Castañón Ramírez, de Movimiento Ciudadano.
Indica que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) iniciaron procesos de investigación para detectar la posible participación de organizaciones criminales en el proceso electoral 2020-2021, a través del financiamiento con recursos ilícitos para campañas electorales de, al menos, seis candidatos.
El legislador presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana un informe sobre la evaluación de los protocolos de atención y protección de candidatas y candidatos. Recordó que el 4 de marzo, esta dependencia presentó la “Estrategia de Protección en Contexto Electoral”, con la que ratificó el compromiso del gobierno para garantizar la libertad de las elecciones 2021.
La estrategia contemplaba la coordinación con otras dependencias para proteger a más de 21 mil candidatos y su objetivo fue detectar amenazas, riesgos y vulnerabilidades, a fin de evitar acciones del crimen contra aspirantes y servidores públicos. Castañón Ramírez apunta que “la letalidad de la violencia en contra de actores políticos debe ser un llamado de atención sobre la democracia mexicana”.
El más reciente reporte (junio 2021) de Lantia Intelligence –una plataforma digital de datos sobre violencia, crimen organizado y conflictividad social en México– destaca la presencia del crimen organizado en regiones que se disputaron electoralmente en junio pasado. Por ejemplo, señala que en Michoacán y Guerrero se observó la acción de grupos locales o regionales –desde Los Viagra, el Cártel de Tepalcatepec y Los Blancos de Troya michoacanos, hasta Los Arreola, Los Maldonado, Los Arizmendi y Los Granados Guerrerenses–, e incluso del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En Baja California, asegura, se dio una disputa interna entre facciones sinaloenses (sobre todo frente a Los Arzate y sus sicarios, Los Mercenarios) y con organizaciones externas como el Cártel de Los Arellano Félix (Cártel de Ensenada) y el CJNG.
Para Lantia Intelligence, esas condiciones dificultaron la movilización del voto, pero no determinaron a los ganadores. También señala que no se observó injerencia del Cártel de Sinaloa en Colima y Nayarit, pues desde la consolidación del CJNG a mediados de la segunda década de 2000, estos estados se han convertido en sus bastiones. Respecto del CJNG, dice que cuenta con base social notable en algunos municipios colimenses (Tecomán y Villa de Álvarez) y nayaritas (Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Jala o Ixtlán del Río), donde reparte despensas y regalos con frecuencia.
Más allá del Pacífico, se descarta la participación del Cártel de Sinaloa en San Luis Potosí, Veracruz, Estado de México o Oaxaca, donde registra incursiones limitadas y las plazas son favorables a escisiones de La Familia Michoacana (La Nueva Empresa), Cártel del Golfo (Fuerzas Especiales Grupo Sombra, Los Ciclones), Los Zetas (Cártel del Noreste y Los Zetas Vieja Escuela-Cártel de Los Alemanes) o grupos locales (Cártel de Oaxaca y Cártel de Juchitán).
Lantia Intelligence estima que los efectos en las dinámicas criminales son inciertos: en algunos casos podría impulsarse con éxito la presencia monopólica de alguna organización, lo cual podría reducir temporalmente la violencia e incrementar delitos de carácter extorsivo; en otros casos, podría exacerbarse la confrontación entre las organizaciones criminales. “Lo cual elevaría los niveles de violencia y tendría efectos negativos en la gobernabilidad de la entidad o municipio en cuestión, con riesgo de que la violencia y conflictividad se propague a menos de que las autoridades intervengan oportunamente y de modo eficaz, lo cual también es incierto”, anota.
Los procesos electorales son periodos de incertidumbre para el crimen organizado, pues no hay garantías de que los nuevos representantes electos mantendrán o entrarán en esquemas de colusión y corrupción. Por ello, buscan injerir en los resultados electorales para garantizar el triunfo de figuras afines a sus intereses, a través de distintas estrategias, señala el informe de Integralia.
Violencia política, amenazas, secuestros, agresiones y asesinatos en contra de funcionarios y aspirantes a cargos de elección popular, financiamiento de campañas: uso de recursos de procedencia ilícita, control de selección de candidatos, injerencia en el proceso de definición de candidatos en el interior de los partidos políticos, figuran entre los objetivos de organizaciones criminales.
También, intimidación y coacción de votantes y de operadores políticos, amenazas que desincentiven la participación ciudadana o fomenten el voto, actos violentos destinados a desincentivar la participación ciudadana, bloqueos carreteros para dificultar acceso a casillas o el uso de artefactos incendiarios.
Durante la jornada electoral del 6 de junio, Integralia contabilizó 26 incidentes violentos en casillas electorales de once entidades federativas, que tenían por objeto desincentivar la participación ciudadana o impedir la instalación de las casillas.
No obstante, aclara que se trató de actos aislados que tuvieron repercusiones limitadas. “En términos globales, la jornada del 6 de junio transcurrió con éxito y en relativa paz”, indica.
En el proceso electoral 2020-2021, se registraron 30 por ciento menos asesinatos de políticos que en el proceso electoral 2017-2018. Probablemente, esto se debió a la contingencia sanitaria por Covid- 19, que modificó la forma de hacer campaña y redujo las oportunidades para llevar a cabo este tipo de atentados.
En 54 por ciento de los municipios en donde hubo asesinatos de aspirantes o candidatos a cargos de elección en los ayuntamientos, se registró un porcentaje de participación ciudadana superior al promedio nacional.
“Esto podría indicar que los incidentes de violencia no desincentivaron la participación ciudadana en el proceso, por el contrario, que los habitantes de esos municipios salieron a votar en mayores proporciones como resultado de las amenazas o el acarreo por parte de grupos criminales”, advierte el análisis de Integralia.
Apunta que en 64 por ciento de los municipios en donde hubo asesinatos de aspirantes o candidatos a cargos de elección popular en ayuntamientos, se registraron márgenes de victoria superiores al promedio nacional.
Destaca que, en 64 por ciento de los casos, el partido de las víctimas perdió la elección. No podría descartarse que ese margen de victoria más amplio sea resultado de actos intimidatorios o de acarreo por parte de grupos criminales para beneficiar a algún candidato.
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