Entre la norma y la vida

Hace unas semanas llegó al tribunal colegiado del que formo parte una queja urgente presentada por un hospital privado. Se trataba de un asunto que requería resolución inmediata, pues estaba en juego la vida de una niña de cuatro años con inmunodeficiencia combinada grave, una enfermedad congénita que le provocaba infecciones constantes y hospitalizaciones reiteradas. Su médico determinó que el único tratamiento posible para salvar su vida era un trasplante de médula ósea.

El hospital había solicitado a la autoridad sanitaria el permiso para importar las células madre necesarias para realizar el trasplante. Sin embargo, semanas después de haber iniciado el trámite, la autoridad seguía sin emitir respuesta alguna. Ante la demora, el hospital promovió un juicio de amparo y pidió la suspensión de plano, con el propósito de permitir la importación del material biológico y garantizar la atención médica inmediata de la niña.

El primer juez que decidió sobre el asunto rechazó la suspensión. Argumentó que concederla habría implicado sustituir a la autoridad administrativa en el ejercicio de sus funciones y anticipar una decisión sobre el amparo. El hospital recurrió y explicó que la negativa ponía en peligro la vida de la niña y desconocía el interés superior de la niñez, principio que obliga a priorizar la protección de los derechos de las niñas y los niños en cualquier actuación.

En el tribunal concluimos que el riesgo inminente a la vida de la niña era razón para conceder la suspensión. Negarla con base en una interpretación estricta del procedimiento significaba ignorar que el trasplante era el único tratamiento disponible para preservar su vida y salud. Si bien es cierto que en este caso la norma otorgaba a la autoridad sanitaria un plazo de cuarenta y cinco días hábiles para resolver la solicitud, prolongar la espera carecía de sentido por la urgencia del transplante. De esta manera, nuestra decisión obligó a la autoridad a otorgar el permiso en un plazo máximo de veinticuatro horas para que el hospital realizara el transplante de manera inmediata.

Este caso muestra con claridad que los tribunales debemos aplicar la ley con rigor, respetando precedentes y normas, pero también con plena conciencia de las consecuencias reales de nuestras decisiones. La vida de una niña dependía de la suspensión concedida y la demora de la autoridad administrativa trasladó esa responsabilidad a nosotros. Actuar únicamente con base en formalismos habría comprometido el futuro de una niña de cuatro años.

Aunque en esta situación la urgencia era evidente, existen casos en los que los riesgos son menos obvios. Es aquí donde cobra aún más importancia encontrar el equilibrio entre la letra de la ley y su espíritu. Ese equilibrio se alcanza a través de la interpretación judicial, que funciona como un puente entre lo que la norma establece estrictamente y lo que busca proteger: los derechos y la dignidad de todas las personas. Es con ese sentido que tenemos que aplicar las nuevas disposiciones legales y seguir concediendo las suspensiones, ahí donde el derecho afectado supere el interés público. Contar con juzgadoras sensibles, responsables y con criterio permite que incluso frente a situaciones complejas o reformas legales, los derechos esenciales de niñas, niños y ciudadanía se respeten y sean efectivos.

Ana María Ibarra Olguín*

*Magistrada de circuito; licenciada, maestra y doctora en derecho

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