Esteban Moctezuma Barragán –secretario de Educación Pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador– puso al frente de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) a Antonio Meza Estrada, quien fuera investigado en el pasado por un multimillonario daño al erario de esa misma institución.
En 2003, Meza Estrada fue sometido a un proceso de investigación en la entonces Procuraduría General de la República por el delito de daño patrimonial por 367 millones 934 mil 280.47 pesos, en perjuicio de la propia Conaliteg.
De acuerdo con la columna Oficio de Papel (El Universal, 29 de diciembre de 2003), el excónsul de México en Detroit y exsecretario particular de Ernesto Zedillo Ponce de León cuando éste fue secretario de Educación Pública se le indagó por 23 licitaciones públicas nacionales amañadas.
Junto con Humberto Blanco Pedrero, exdirector general de la Conaliteg, Meza estuvo implicado en los procesos de contratación para la adquisición o maquila de libros de texto gratuitos para primaria, telesecundaria e historia y geografía regional, en los años 1999, 2000 y 2001, que habrían causado el daño al erario.
Este caso también fue motivo de un amplío expediente en el Órgano Interno de Control de la Conaliteg, que documentó el fraude a la hacienda pública: la Cédula de Observaciones Determinadas reveló en su momento que el monto a fiscalizable fue de 3 mil 556 millones 938 mil 718.48 pesos.
El documento de la Secretaría de la Función Pública determinó que “del análisis comparativo de costos adjudicados con los costos estimados por la Coordinación Editorial y con los costos de mercado, hubo un diferencial de precio pagado en exceso de 367 millones 934 mil 280.46 pesos”.
Según Oficio de Pepel, “al concluir Meza Estrada su gestión al frente de la Conaliteg (1994-1999), dejó como encargado de la dirección general a Humberto Blanco, quien se había desempeñado primero como contralor de esa Comisión y después como subdirector general, lo que habría ocasionado irregularidades administrativas”.
Ello, porque “Meza Estrada no tenía facultades para nombrar a un sustituto, por lo que habría incurrido también en delitos de abuso de poder y conflicto de intereses”.
Las indagatorias del Órgano Interno de Control apuntaron entonces a un tema de complicidad: “el exsecretario particular de Ernesto Zedillo dejó a Humberto Blanco como encargado del despacho para que éste ‘encubriera’ todas las irregularidades cometidas con la elaboración de millones de libros de texto para primaria y secundaria, lo que causó cuantiosos daños patrimoniales”.
Con esto, “Meza Estrada pretendía así evitar que la administración de Vicente Fox Quesada le fincara alguna responsabilidad mientras él se desempeña como diplomático representante de México en Detroit”.
Las irregularidades en la adquisición de libros no fueron las únicas que causaron daños al erario, pues además de eso la administración de Vicente Fox perdió dos importantes juicios que han ocasionado cuantiosas pérdidas para el erario federal, “pues el nombramiento espurio de Humberto Blanco como encargado del despacho le impedía firmar documentos oficiales como director general de la Conaliteg, ya que nunca fue ratificado por los órganos responsables, lo que le significó a dicha Comisión perder varios juicios ante tribunales”.
El presidente López Obrador ha dicho en múltiples ocasiones que el principal cambio de su gobierno será impedir la corrupción, pues ésta es el principal lastre del país. En este caso, sería deseable que se informe el resultado de aquellas investigaciones y sobre todo cómo se reparó el daño a la hacienda pública, que ya se había comprobado en el expediente de la Función Pública.
También debería explicarse qué sanciones enfrentó Meza Estrada por su participación en esos contratos fraudulentos y se nos explique si esas penas bastan para que ahora esté en un puesto clave en la rama de la educación.
El tema es de vital importancia, porque tan sólo en este año la Conaliteg maneja un presupuesto de 3 mil 500 millones de pesos para la producción de 220 millones de libros para el próximo ciclo escolar. Y ese dinero debe gastarse exactamente en el beneficio de millones de niños y no de unos cuantos directivos.
Con esos antecedentes, no se comprende por qué el secretario Esteban Moctezuma puso al frente de este órgano a Meza Estrada. ¿Acaso le debe favores?
Como lo ha venido informando Contralínea, en la Conaliteg persiste el problema de la producción de libros, porque hasta ahora no se ha convocado a licitación pública la impresión de los materiales para el próximo ciclo escolar.
El atraso ya es de 6 meses y la Secretaría de Educación Pública y la propia Conaliteg guardan silencio. Desde hace varias semanas, Contralínea ha solicitado a ambas dependencias una explicación del por qué estos atrasos y sobre todo si se garantizará que en el próximo ciclo escolar habrá libros, sin que se haya obtenido respuesta.
Secretaría de Educación Pública– se deriva de la concentración de adquisiciones del gobierno federal en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y es que hasta ahora no se han hecho las licitaciones y mucho menos se han asignado los contratos, por lo que impresores consultados estiman que ya no se tendrán a tiempo estos materiales indispensables para la enseñanza.
Esto afectará a miles de estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, telebachillerato, sistema braille y educación indígena, que podrían iniciar el ciclo escolar 2019-2020 sin los materiales. Sobre todo, a los de las zonas más apartadas del país.
De acuerdo con fuentes consultadas, el proceso de licitación y la impresión misma debían haber iniciado en septiembre-octubre de 2018, pero el equipo de transición del ahora secretario Moctezuma Barragán solicitó que todas las contrataciones se frenaran.
A partir de esa decisión, al inicio de este sexenio la Conaliteg cedió a Hacienda la responsabilidad de la producción de los libros. Y aunque funcionarios de esta última institución preveían iniciar las licitaciones en diciembre pasado, hasta ahora (1 de marzo) no tienen fechas programadas.
Los recursos públicos comprometidos superan los 3 mil 500 millones de pesos. La producción se planea en 10 meses, porque hay dos periodos cruciales: abril y julio, cuando se entregan dos embarques. El primero de ellos cubre las zonas más apartadas del país, las áreas rurales y de difícil acceso, como la sierra; y el segundo, el resto del territorio nacional.
No obstante, fuentes de la propia Conaliteg informaron a Contralínea que esta vez se haría en una sola entrega para solventar el retraso y generar al mismo tiempo economías presupuestarias.
Lo que está en riesgo según expertos es el aprendizaje de los niños y adolescentes, porque esta situación podría derivar en que ni los docentes tengan libros para iniciar las clases, cuyos programas se basan precisamente en sus contenidos. Por ello podría retrasarse incluso el inicio del ciclo escolar.
Además, el atraso ha afectado a toda la cadena de producción: desde los proveedores de cajas, tarimas de madera, tintas y papel, hasta los impresores, bodegueros y fleteros. Y es que tan sólo en el tema del papel, se estima que para la producción de esos 220 millones de libros se requieren entre 70 mil y 80 mil toneladas.
Nancy Flores
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