El informe de elefantes blancos financiados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) no sólo incluye edificaciones sin concluir o terminadas pero usadas con fines distintos a sus objetivos, sino también investigaciones sin resultados. En total, son 46 proyectos irregulares que datan de los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en los cuales el erario federal gastó 783 millones 708 mil pesos, revela información obtenida por Contralínea.
El periodo con más proyectos anómalos financiados por el Conacyt es el de Calderón Hinojosa, con 30; en éstos se invirtieron 359 millones 229 mil pesos. Mientras que en la administración de Peña Nieto es donde más dinero se otorgó: 367 millones 479 mil pesos para 11 proyectos; con Fox Quesada se financiaron cinco proyectos con un costo de 57 millones de pesos.
Las anomalías detectadas por el Conacyt en los 46 proyectos se dividen en: edificios utilizados para objetivos distintos a los originales (10), instalaciones subutilizadas (cuatro), obras sin concluir (una), investigaciones sin resultados (15), conflicto de interés en la aprobación del proyecto (tres), autoasignación de recursos (tres), proyectos aprobados a un mismo beneficiario (cinco), observaciones financieras (dos) e inconsistencias administrativas (tres).
Los 783 millones 708 mil de pesos mencionados salieron de 10 de los 35 fondos mixtos del Consejo: de los de Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Baja California y Nuevo León.
| SEXENIO | NO. DE PROYECTOS | DINERO INVERTIDO (millones) |
| FOX | 2004 – 1 | 57 |
| 2005 – 3 | ||
| 2006 – 1 | ||
| Total – 5 | ||
| CALDERÓN | 2008 – 4 | 359.229 |
| 2009 – 6 | ||
| 2010 – 5 | ||
| 2011 – 4 | ||
| 2012 – 11 | ||
| Total – 30 | ||
| PEÑA | 2013 – 4 | 367.479 |
| 2014 – 3 | ||
| 2016 – 2 | ||
| 2018 – 2 | ||
| Total – 11 | ||
| TOTAL | 46 | 783.708 millones |
El proyecto con irregularidades que más dinero gastó es el Laboratorio de Matemáticas Aplicadas y Cómputo de Alto Rendimiento (Abacus). Este espacio científico se edificó en San Miguel Ameyalco, Estado de México. En 2011, recibió 100 millones por parte del fondo mixto local. El Conacyt determinó que el equipo de súper cómputo no cubre las expectativas originales, además halló observaciones financieras.
El segundo con mayor inversión (80 millones aprobados en 2016) es el Centro Regional de Innovación y Desarrollo Espacial de Atlacomulco, Estado de México. En este Conacyt detectó que sólo 69 millones de pesos se utilizaron para gasto de inversión; asimismo, se encontró retrasos en la obra, entregables diferentes a lo acordado en los documentos oficiales y poca transparencia en respuestas a solicitudes de información.
En Silao, Guanajuato, está el tercer proyecto con más desembolso de capital (60 millones). Es la construcción y puesta en marcha de la Red Estatal de Supercómputo y de Divulgación de la Ciencia y la Tecnología. Este inició en 2013, pero culminó de manera anticipada; de igual forma, presentó incumplimientos en la entrega de la infraestructura resultante.
Para el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez López, los 783 millones invertidos en los 46 proyectos con anomalías detectadas por el Conacyt sí generan un impacto social porque el conocimiento es parte relevante del desarrollo de un país y requiere gran financiamiento.
Cuando hay manejos poco pulcros se compromete el escaso recurso destinado para la ciencia y la tecnología, aclaró el experto en entrevista, pues este rubro no representa ni el 1 por ciento del producto interno bruto (PIB) de México. Por ello, consideró, malgastar este dinero es claramente un error y un asunto delicado.
Bohórquez López agrega que cada fondo mixto cuenta con un órgano interno de control y vigilancia, el cual tuvo que detectar las irregularidades de los proyectos y, además, haber iniciado procedimientos sancionatorios de los responsables.
“El responsable directo es el área administrativa de cada fondo, pero hay áreas de control y supervisión que dependen de la Secretaría de la Función Pública; estas debieron, si encontraron presuntas irregularidades, iniciar procedimientos de investigación, e incluso la propia Auditoría Superior de la Federación debió haber hecho lo propio porque también audita al Conacyt”, indica.
Entre 2011 y 2012, en León, Guanajuato, se aprobaron cinco proyectos distintos a un mismo sujeto de apoyo. El monto total de estos ascendió a 10 millones 647 mil pesos. No obstante, según los datos históricos de los fondos mixtos, son contados los casos donde a los sujetos de apoyo se les aprueba proyectos de manera consecutiva.
El sujeto de apoyo de dichos programas es la empresa mexicana Curtidos Y Acabados Kodiak. De acuerdo con la información obtenida por Contralínea a través de la Ley General de Transparencia, todos los proyectos se asociaban al desarrollo, análisis y diseño de productos de cuero.
Sobre el conflicto de interés en tres de los 46 proyectos con anomalías, los responsables técnicos de los proyectos eran funcionarios en activo de una dependencia pública estatal, la cual fungía como secretaría administrativa del fondo de donde se asignaron los recursos. El sujeto de apoyo de estos fue el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.
Uno de los programas fue la construcción de infraestructura, en 2010, para ofrecer servicios de laboratorios en biotecnología agrícola y pecuaria. Otro, en el mismo año, la elaboración de una colección de libros titulada La ciencia en Veracruz. Y el último, en 2008, la creación del museo móvil llamado “El Camino de la Ciencia”. A cada uno se le autorizó 5 millones.
“Si una persona tiene conflicto de interés, el reglamento marca que debe manifestarlo para que se tome la acción correspondiente, en este caso sería que no se gane la asignación de evaluación porque no va a poder hacerlo de manera objetiva. Eso es una violación al propio reglamento operativo del proceso, y quien lo haya permitido es corresponsable de eso, no nada más la persona que participó en el proceso de evaluación”, asevera el doctor Miguel Ángel Méndez Rojas, profesor del departamento de Nanotecnología e Ingeniería Molecular de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap).
El trío de proyectos con recursos autoasignados también pertenece al fondo mixto de Veracruz. El presupuesto de estos se aprobó en 2012 para la entidad en la que recae la presidencia del CTA del fondo mixto.
Los proyectos fueron el desarrollo de un automóvil de uso urbano impulsado por energía solar (1 millón 921 mil pesos); la implementación de un sistema interconectado para instituciones académicas del estado (1.5 millones); y la producción de un programa integral para disminuir conductas problemáticas y mejorar el aprendizaje de alumnos de secundaria (1 millón 921 mil).
De los proyectos con inconsistencias administrativas destacan dos: uno para el montaje de una planta de estabilización de residuos peligrosos (2004) y otro para la transformación de residuos peligrosos (2005). Ambos de Guanajuato y con presupuesto de 1.5 millones.
El sujeto de apoyo, la compañía Central Química de México, recibió el dinero con la finalidad de atender el impacto ambiental en el estado, sin embargo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) lo ha sancionado y multado por daños al medio ambiente.
Respecto a las investigaciones sin resultados, también sobresale un par de proyectos de Guanajuato: en uno se entregaron 1 millón 275 mil pesos para la elaboración de un libro acerca de la identidad y cultura gastronómica del estado (2008); en el otro se aprobaron 2 millón 478 mil para la creación de uniformes antiestáticos para la industria automotriz (2013).
En Baja California de igual manera destacan dos programas, ambos terminados pero nunca implementados: uno para la conducción y reutilización de agua residual entre Tijuana y Valle de Guadalupe (16 millones 272 mil) y el otro para el desarrollo de una plataforma informática que optimice el funcionamiento integral de trámites y servicios realizados por el ayuntamiento de Tijuana (20 millones). El primero de 2009, el segundo de 2014.
En Tijuana, Baja California, existen seis edificios financiados con el fondo mixto de la entidad federativa que se utilizan como centros de gobierno de las autoridades locales, cuando su función inicial era la de fungir como espacios para el fomento y progreso de la ciencia y tecnología. La construcción de estos costó 102.192 millones de pesos. Datan de 2009 (uno), 2011 (dos), 2012 (uno) y 2013 (dos).
En el Tecnoparque CLQ de Colima ocurre algo similar. En 2012 se instaló una cámara anecoica de radiofrecuencias; para 2014 se le dio un fortalecimiento integral; la inversión entre ambos alcanzó los 44 millones de pesos. Sin embargo, en la actualidad las instalaciones se ocupan para la investigación en área de las comunicaciones.
Las convocatorias para proyectos de edificación financiadas por fondos mixtos se implementaron porque consorcios, centros públicos de investigación o universidades no contaban con capital para levantar una construcción que albergara ideas de avanzada, explica el doctor Méndez Rojas.
“Hubo una época, principalmente en el sexenio previo, en donde muchas de estas convocatorias se hicieron con fines de construir porque lamentablemente los proyectos de fondos sectoriales de Conacyt no permitían hacer obras de infraestructura física, sino que solamente eran para financiamientos consumibles, materiales, reactivos e infraestructura de investigación (equipos)”, señala el académico.
Asimismo, aseguró que la infraestructura física es importante en el campo de la ciencia porque así se abre la posibilidad de tener más plazas laborales para investigadores; no obstante, agregó, sin los recursos líquidos para hacer investigación no sirven de mucho.
“Algunos proyectos quedan como ‘elefante blanco’ por lo mismo de que no hay recursos de continuidad y no pudieron ocuparlos las instituciones. Ese tipo de cosas lo que requieren es una visión a largo plazo, no una visión sexenal que empieza una nueva administración y da plumazo, y queda todo lo anterior detenido. Se necesita una visión a más allá de seis años”, dice el doctor en Química.
La obra sin concluir que figura en los 46 proyectos con irregularidades detectadas por el Conacyt se ubica en Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas. Es el Centro Estatal de Innovación y Transferencia de Tecnología para el Desarrollo de la Caficultura Chiapaneca (City Café). Recibió 50 millones de pesos para iniciar la edificación en 2014 y culminarla en 2018. A la fecha está sin terminar, sin equipar y sin personal.
Mientras que los cuatro edificios subutilizados se localizan en Acapulco, Guerrero (el Consorcio de Innovación y Desarrollo Tecnológico para el impulso de las capacidades científicas; costó 40 millones en 2016); en Pachuca, Hidalgo (el Consorcio de Innovación Textil y Manufactura 4.0; costó 47.999 millones en 2018); y dos en Monterrey, Nuevo León (un espacio para las industrias aeronáutica y aeroespacial de 5 millones en 2010 y un centro para el desarrollo de softwares de 25 millones en 2009).
El investigador de la Udlap indica que la construcción de un edificio para el sector científico es una inversión para algo que debe durar entre 50 y 70 años, no obstante, dijo, lo costoso de esto no es la edificación sino la continuidad, lo cual implica dar mantenimiento, comprar equipo y contratar personal.
“Hay una cosa que decimos, un poquito en serio y en broma, dentro de la academia: es más barato construir un edificio que contratar a un grupo de investigadores, porque estos en el tiempo de vida académica que tengan requerirán prestaciones, salarios, apoyos de investigación e infraestructura con la cual desarrollar sus proyectos; en cambio, la inversión muchas veces única y puntual de los edificios es algo que se pone y a partir de ahí se aprovecha”, apunta Méndez Rojas.
Por su parte, Alejandra Macías Sánchez, directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) considera que el dinero destinado para el Conacyt debe enfocarse en temas de investigación y tecnología, porque para la ciencia la construcción de infraestructura no es prioritaria. Asimismo, señaló que las irregularidades de las edificaciones financiadas con los fondos mixtos se utilizan como argumentos para recortar el presupuesto del sector científico.
La doctora también subraya que las anomalías en torno a los edificios pagados con recursos de los fondos mixtos se deben auditar para levantar responsabilidades, además de ejecutar un plan de acción con el fin de aprovechar las construcciones de la mejor manera.
“Es muy aventurado decir como a cuántos investigadores estás afectando por construir edificios. Yo creo que sí la práctica afecta, o sea, la justificación de construir un edificio tiene que estar muy bien sustentada; tal vez porque vas a albergar a 100 investigadores que te harán caminar sobre la luna, estoy siendo muy exagerada, pero sí tendrían que ser proyectos muy grandes”, asevera la directora de investigación del CIEP.
El informe de los elefantes blancos sirvió de base para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador buscara extinguir las figuras fiduciarias del Conacyt. Así, los 35 fondos mixtos del Consejo formaron parte de los 109 fideicomisos eliminados por el Congreso de la Unión a finales del año pasado. La extinción de éstos primero se aprobó en la Cámara de Diputados –el 8 de octubre de 2020– y luego se ratificó en el Senado de la República –el 21 de octubre de 2020–. Tras la eliminación, el manejo de los recursos se trasladó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Al respecto, el doctor Óscar Enrique Díaz Santos, académico de la UNAM, indica que en el Conacyt existen problemas con los recursos cuando se otorgan a proyectos de empresas privadas, porque éstas, en ocasiones, buscan el beneficio propio y no el del sector público.
“Hay veces que decimos ‘ah, es que se está afectando a los investigadores’, sí, pero hay también investigadores que ven por su propio interés”, indicó el doctor en economía. Estos proyectos que sirven nada más para beneficiar a ciertas personas, abunda, no solamente ocurren en el Conacyt, sino también en otras áreas del gobierno.
De igual manera, Díaz Santos critica los recortes de la actual administración federal hacia el ámbito científico –los cuales son catalogados por las autoridades como medidas de combate a la corrupción–, pues, argumentó, limitan el presupuesto sin hacer análisis detallados para precisar dónde se encuentran los fallos.
“Lo que hay que hacer es un análisis caso por caso para que se pueda determinar y no meter todo en saco roto. O sea, en la política el machetazo no funciona. Debe ser, más bien, ver qué sí funciona y qué no es bueno. Tenemos tan buenos investigadores que hay que aprovecharlos”, asevera.
Por su parte, la doctora Alejandra Macías Sánchez dice a Contralínea que las justificaciones para extinguir los fondos mixtos del Conacyt se formularon sin evaluaciones previas. “Los recortes se hicieron sin hacer una evaluación previa, o sea, como que dijeron ‘ay, aquí hay reportes de corrupción, le recorto’; pero tampoco hicieron una evaluación de qué investigadores sí están generando resultados y cuáles no, por ejemplo; o si los proyectos que se están apoyando funcionan o no”.
Asimismo, la directora de investigación del CIEP señala que las decisiones acerca del capital destinado para la ciencia y la tecnología necesitan basarse en resultados, es decir, se requiere evaluar en qué proyectos o programas los objetivos no se cumplen para recortarles el presupuesto, así como identificar a los que sí dan frutos para mantenerles el apoyo.
El fondo mixto del Estado de México es el que más dinero gastó en proyectos con irregularidades (180 millones de pesos). El segundo y el tercero con más dinero erogado son el de Nuevo León (159 millones) y el de Baja California (138.464 millones). Les siguen el de Guanajuato (82.901 millones) y el de Chiapas (50 millones).
Por el contrario, el fondo mixto que menos gastó en los 46 programas es el de Veracruz (20 millones 341 mil pesos). Tras éste los de menor inversión son los de Tlaxcala (21 millones), Guerrero (40 millones), Colima (44 millones) e Hidalgo (47.999 millones).
Respecto al número de proyectos por entidad federativa, Guanajuato y Nuevo León son los que más concentraron (12 cada estado). Después se encuentran Baja California (ocho) y Veracruz (seis). Colima y el Estado de México figuran con dos, respectivamente. Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Tlaxcala tienen un programa, cada uno, en la lista.
En el sexenio de Vicente Fox, los proyectos financiados involucraron a los fondos mixtos de Guanajuato (tres) y Nuevo León (dos). Con Felipe Calderón, a los de Nuevo León (10), Guanajuato (siete), Veracruz (seis), Baja California (cinco), Colima (uno) y Estado de México (uno).
Finalmente, en el gobierno del priísta Enrique Peña Nieto los proyectos irregulares se financiaron con los fondos de Chiapas (uno), Colima (uno), Estado de México (uno), Guerrero (uno), Guanajuato (dos), Hidalgo (uno), Tlaxcala (uno) y Baja California (tres).
| ESTADO | Proyectos | Gasto (millones) |
| Chiapas | 1 | 50 |
| Colima | 2 | 44 |
| Estado de México | 2 | 180 |
| Guerrero | 1 | 40 |
| Guanajuato | 12 | 82.901 |
| Hidalgo | 1 | 47.999 |
| Tlaxcala | 1 | 21 |
| Veracruz | 6 | 20.341 |
| Baja California | 8 | 138.464 |
| Nuevo León | 12 | 159 |
| TOTAL | 46 | 783.708 millones |
A pesar de que el Conacyt y los gobiernos estatales alimentan con capital a los fondos mixtos, ni el Consejo ni las autoridades locales asignan o aprueban el presupuesto para los proyectos. Esto compete en su totalidad al Comité Técnico Administrativo (CTA) de cada fondo mixto.
En los CTA participan miembros de la comunidad científica, tanto de instituciones públicas como privadas, que estén dados de alta en el padrón de evaluadores, explica en entrevista el doctor Miguel Ángel Méndez Rojas, profesor del departamento de Nanotecnología e Ingeniería Molecular.
Los integrantes de los CTA se eligen dependiendo su experiencia en el tema a evaluar. Además, las dictaminaciones cuentan con implicaciones legales en términos de si hay conflictos de intereses o procesos no claros.
“Si usted me dijera: ‘le vamos a dar 750 millones de pesos para hacer investigación’, yo estaría saltando de gusto; pero esos 750 millones de pesos repartidos en un año normal de proyectos de investigación, probablemente, servirían para apoyar a unos 500 proyectos o menos, dependiendo del monto, en un año. Proyectos de cerca de un millón y cachito, que son buenos proyectos”, expone el académico.
No obstante, en el caso de los 46 elefantes blancos, si todos hubieran obtenido lo mismo, el promedio habría sido de un financiamiento de 17 millones de pesos, puesto que el gato total superó los 783 millones.
Para el doctor Méndez Rojas, los investigadores jóvenes son a quienes más urgentemente se les debe apoyar, pues necesitan iniciar y consolidar una carrera en el país. Sin embargo, apunta, si no hay el espacio físico donde desarrollen sus trabajos de investigación, no habrá nuevas contrataciones.
El 21 de octubre de 2020, la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, indicó que los elefantes blancos construidos con recursos públicos de los 35 fideicomisos mixtos que operaba esa institución eran 46 edificios sin equipamiento, en obra negra, obras inconclusas o no aptos para los fines de investigación que costaron al erario federal 783 millones 708 mil pesos. No obstante, consultado sobre cuáles son y dónde están esos elefantes blancos, el Conacyt también incluyó proyectos de investigación son resultados.
En aquel día, la directora aseguró en la conferencia presidencial que de 2013 y a 2018, el 80 por ciento de los fideicomisos mixtos se destinaron a obras de infraestructura y sólo el 8 por ciento para investigación en ciencia básica. De éstos destacan “46 elefantes blancos: obras inconclusas, y edificios muy elegantes que implicaron cuantiosas cantidades de dinero, otros en obra negra, sin equipamiento o con espacios subutilizados, cuyo costo total fue de 783 millones de pesos 708 mil 14 pesos”.
Álvarez-Buylla comentó que estas obras se encuentran repartidas entre distintos estados de la República, mayoritariamente en Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Yucatán, Baja California, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Zacatecas y Ciudad de México, ya que estas 10 entidades concentraron el 55 por ciento de los recursos.
“La finalidad era apoyar de manera equitativa a los 32 estados, pero no sucedió porque existía concentración de los fondos. Ahora hay que ver de qué forma serán utilizados para aprovechar esta inversión que está detenida”, afirmó la científica. Y dijo que ahora se les tendrá que buscar algún uso a esas edificaciones, muchas de ellas con diseños arquitectónicos ostentosos.
En total, esos 35 fideicomisos mixtos han gastado 14 mil 695 millones de pesos, detalló la científica en su primer informe sobre la situación real de esas figuras jurídicas calificadas por la Auditoría Superior de la Federación como opacas y que no rinden cuentas.
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