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El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) se presenta a sí mismo como un exitoso think tank –tanque de pensamiento– dedicado a analizar y realizar investigación en materia de políticas públicas, con incidencia en los principales medios de comunicación (tan sólo en 2022 reportó 19 mil 162 menciones en notas periodísticas). En realidad, es un grupo de presión creado por algunos de los empresarios más ricos del país, y financiado por grandes trasnacionales y por el gobierno de Estados Unidos para promover el modelo capitalista neoliberal. Es decir, se trata de uno de los aparatos ideológicos del sector empresarial, con incidencia en la agenda mediática nacional.
Desde su creación, en 2003, el IMCO se ha dedicado a justificar el neoliberalismo. Y a partir de 2019, sus investigaciones y análisis se han centrado en descalificar las principales políticas públicas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en consonancia con los intereses que representa su órgano de gobierno y sus principales mecenas donde, además de multinacionales, figuran la USAID, la Ned y la ultracapitalista Atlas Network.
De acuerdo con los archivos internos del IMCO, consultados por Contralínea, su órgano de gobierno está integrado por los empresarios Claudio Xavier González Laporte –presidente de Kimberly Clark y uno de los acérrimos adversarios de López Obrador–, Valentín Diez Morodo –miembro de los consejos de administración de Grupo Financiero Banamex; Kimberly Clark de México; DESC; Multivisión MVS Comunicaciones; Avantel; Grupo Ferroviario Mexicano; y Grupo Alfa–, Alejandro Ramírez Magaña –dueño de Cinépolis–, Tomás Roberto González Sada –de la empresa Cydsa, SAB de CV– y Luis Manuel Murillo Peñaloza –director general de Valores Mexicanos Casa de Bolsa.
En los documentos contables de 2022 también se mencionan como miembros de su órgano de gobernanza al director editorial del diario Reforma, Juan Ernesto Pardinas Carpizo, y al salinista Jaime José Serra Puche –actual presidente de Grupo Financiero BBVA México, exsecretario de Comercio y Fomento Industrial en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y exsecretario de Hacienda y Crédito Público los primeros días del gobierno de Ernesto Zedillo –del 1 al 29 de diciembre de 1994–, tiempo en el cual se convirtió en el principal responsable del colapso de la economía por el llamado “error de diciembre”, que derivó en el gran latrocinio del Fobaproa-IPAB.
De esta información sobresale, además, que dos de esos integrantes también financian las campañas de guerra sucia mediática contra el actual gobierno, al destinar millones de pesos al brazo jurídico y mediático de la derecha política: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Se trata de Claudio X González, a través de su empresa Kimberly Clark, y de Valentín Diez Morodo, a través de su Fundación Maelva.
Públicamente, el Instituto Mexicano para la Competitividad, AC, se presenta como “un centro de investigación en política pública que propone soluciones efectivas a los desafíos más importantes de México. Apartidistas y sin fines de lucro, proponemos política pública para transformar la vida de las personas y promover el libre ejercicio de sus derechos”. No obstante, su trabajo ha estado enfocado en justificar el proyecto de nación basado en el capitalismo neoliberal, que representan el PAN, PRI y el PRD.
Para financiar su labor de corte ideológico propagandista, el tanque de pensamiento de los empresarios cuenta con multimillonarios presupuestos que obtiene vía donativos deducibles de impuestos, por estar registrada bajo el régimen de donataria ante el Servicio de Administración Tributaria.
De acuerdo con sus informes contables, entre 2019 y 2022, el IMCO tuvo ingresos por 180 millones 727 mil 203 pesos. Mientras que sus documentos internos revelan que más del 90 por ciento de sus ingresos anuales proviene de donativos, sus informes públicos dan cuenta del origen de dichas donaciones.
Por ejemplo, sus archivos contables de 2022 reportan que obtuvo ingresos totales por 48 millones 763 mil 120 pesos; de los cuales, 43 millones 860 mil 402 pesos correspondieron a donativos (20 millones 614 mil 724 pesos provinieron de persona moral nacional; 23 millones 225 mil 673, de persona moral extranjera; y 20 mil pesos, de persona física nacional).
Al respecto y sin transparentar los montos, en su Informe anual 2022 refiere que ese año obtuvo dinero de: Consejo Mexicano de Negocios, USAID-El Salvador, National Endowment for Democracy (NED), Atlas Network, Amazon México, Bayer de México, Bimbo, Centro Inter de Servicios, Fundación Konrad Adenauer, Hewlett Foundation, International Training Centre of the ILO y la Red de Abogadas en México (Abogadas MX, que preside María Teresa Paillés Vergara).
Adicionalmente, apunta que realizó consultorías pagadas para el Poder Legislativo de Jalisco, la International Youth Foundation, e ITA Servicios y Consultoría.
El detalle que proporciona tiene que ver con los porcentajes, no con los montos. De los datos destaca que el Consejo Mexicano de Negocios es su principal fuente de recursos, al representar el 41.92 por ciento de sus ingresos en 2022; seguido por la William and Flora Hewlett Foundation, con 21.54 por ciento; la USAID El Salvador, con 20.73 por ciento; la National Endowment for Democracy, con 3.28 por ciento; y la Atlas Network, 3.12 por ciento.
De acuerdo con el libro Las derechas en México. Debates analíticos y estudios de caso (coordinado por los investigadores John M. Ackerman, Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, Adrián Escamilla Trejo, e Israel Jurado Zapata), el think tank Atlas Network “se presenta como una organización ‘que conecta una red mundial de más de 475 organizaciones de libre mercado en más de 90 países con las ideas y los recursos necesarios para avanzar en la causa de la libertad. La Red Atlas ofrece a su red orientación, oportunidades de subvenciones y premios competitivos, y ocasiones para celebrar los éxitos de gran impacto. Atlas Network fue fundado por un discípulo de Friedrich von Hayek, con sede en Washington desde 1981, para defender posiciones ultraliberales” (páginas 173-174).
No sólo los nombres de los integrantes del órgano de gobierno del IMCO revelan los verdaderos intereses de este grupo de presión, también quedan al descubierto por la lista de sus mecenas, que –además de ese ultracapitalista tanque de pensamiento– cuenta con el sustancial patrocinio del Consejo Mexicano de Negocios.
Y es que en su principal financiador confluyen grandes trasnacionales que estaban acostumbradas a no pagar impuestos, a obtener subsidios millonarios del erario nacional e, incluso, a imponer autoridades desde la Presidencia de la República hasta en los órganos reguladores.
Al Consejo Mexicano de Negocios lo integran las empresas más influyentes del país: Alfa, Alsea, Arcacontinental, Bachoco, Casa Ley, Chedraui, Cinépolis, Coppel, Bimbo, Bepensa, Cemex, Grupo Bal, Cydsa, Deacero, Ecom, Guadalajara Súper Farmacia, Femsa, Frisa, Gentera, GEPP [Pepsi], Grupo Gigante, GIS, Gruma, Grupo Aeroportuario del Pacífico, Grupo Brisas, GBM, Grupo Carso, GCC, Grupo Infra, Grupo México, Grupo MVS, Grupo Nevadi Internacional, Herdez, José Cuervo, Kaltex, Kaluz, Kimberly Clark, Kuo, La Comer, Lala, Lamosa, Liverpool, Mabe, Movility ADO, Nadro, Grupo Pisa, Posadas, Proeza, Rassini, Rotoplas, Sabormex, Seguros Atlas, Softtek, Soriana, Televisa, Vitro y Xignux.
A su vez, al Consejo Mexicano de Negocios lo representan los siguientes empresarios y ejecutivos de trasnacionales: Rolando Vega Sáenz, presidente (Seguros Atlas); los vicepresidentes: Laura Díez Barroso Azcárraga (Grupo Aeroportuario del Pacífico), Jorge Esteve Recolons (ECOM Agroindustrial), Juan Ignacio Garza Herrera (Xignux), José Antonio Pérez Antón (Grupo ADO); así como su equipo ejecutivo, integrado por el secretario ejecutivo Emilio Carrillo Gamboa, y la directora ejecutiva Regina Gándara Mendoza.
A pesar de los claros intereses que defiende, el IMCO –la corporación ideológica de la derecha ultracapitalista– se dice apartidista y afirma que “recibe recursos únicamente de organizaciones e individuos que garantizan su autonomía e independencia intelectual”. Pero entre sus financiadores están las organizaciones USAID y NED, ligadas al gobierno de Estados Unidos –a través de la CIA– y acusadas de golpistas por gobiernos progresistas de América Latina.
Asimismo, llama la atención que otra de sus mecenas sea la Atlas Network, identificada como un lobby o grupo de presión internacional de corte ultracapitalista, que financia proyectos políticos de derecha y extrema derecha, y que se ha pronunciado contra los gobiernos progresistas de América Latina.
En 2021, el IMCO reportó ingresos en sus archivos contables por 43 millones 554 mil 388 (de los cuales, 39 millones 207 mil 224 pesos fueron por donativos). Ese año, el Consejo Mexicano de Negocios aportó el 49.4 por ciento; la William and Flora Hewlett Foundation, 24.7 por ciento; la USAID, 17.8 por ciento; Atlas Network, 2.5 por ciento.
Otros patrocinadores fueron: Asociación Nacional de Distribuidores y Laboratorios de Medicamentos Genéricos (Dilameg); BID-Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Chile; Fundación Espacio Público; Fundación Konrad-Adenauer; Open Contracting Partnership; Refleacciona con Responsabilidad, AC; US-Mexico Foundation.
Acerca de los ingresos que obtuvo en 2020, sus archivos internos dan cuenta que ascendieron a 43 millones 660 mil 789 pesos (de los cuales 39 millones 450 mil 613 pesos correspondieron a donaciones). Al respecto, su Informe anual indica que el 34.6 por ciento provino, otra vez, del Consejo Mexicano de Negocios; el 33 por ciento, de la William and Flora Hewlett Foundation; el 13.2 por ciento, de la USAID-El Salvador; el 3.2 por ciento, de la Fundación Kaluz (del empresario Antonio del Valle Perochena, que también financia a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad); 1.6 por ciento, de Amazon Mexico Services Inc; 1.4 por ciento de Atlas Network; 1.1 por ciento, de la Fundación Gonzalo Río Arronte, IAP; 0.9 por ciento, del Banco Nacional de México, S.A.
Y en 2019, el primer año del gobierno de López Obrador, los archivos contables del IMCO refieren ingresos por 44 millones 748 mil 906 pesos (de éstos, 38 millones 878 mil 102 pesos fueron por donativos). Según su Informe anual, el Consejo Mexicano de Negocios aportó el 35.9 por ciento; de la William and Flora Hewlett Foundation, el 22 por ciento; de la USAID-El Salvador, el 19.3 por ciento; de órganos autónomos, el 2.3 por ciento; de la Fundación Kaluz, el 1.8 por ciento; de la Fundación Femsa, el 1.5 por ciento; de la Fundación Gonzalo Río Arronte, el 1.4 por ciento.
Las coincidencias entre los intereses de los empresarios que lo fundaron, las trasnacionales que la financian y otros grupos de presión o lobbys también se demuestra a través de diferentes nexos. Por ejemplo, los financieros que la conectan también con otras organizaciones opositoras al actual gobierno federal.
Pero también, por otros de sus integrantes. Abiertamente, el IMCO da cuenta que su Consejo 2022 también estuvo integrado por la exfuncionaria foxista María Amparo Casar Pérez, actual presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (organización fundada por el empresario Claudio X González Guajardo, “líder moral” de los partidos de derecha: Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática).
También, por: José Luis Barraza González (presidente de Grupo Impulso); Daniel Javier Servitje Montull (presidente de Bimbo); Emilio Carrillo Gamboa (socio director del Bufete Carrillo Gamboa, SC); Francisco Cervantes (presidente del Consejo Coordinador Empresarial); Lorenzo Rosenzweig Pasquel (director general del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, AC); Antonio del Valle Perochena (Grupo Kaluz); Gabriela Hernández Cardoso (consultora en Yale Jackson Institute for Global Affairs); Antonio Purón (fundador y presidente de Organización Inoma); Vicente Yáñez Solloa (presidente ejecutivo de la ANTAD); Jaime Zabludovsky Kuper (presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo).
Bajo la bandera de generar mejores condiciones de competitividad empresarial, el IMCO ha promovido sistemáticamente políticas públicas en beneficio de los más ricos. Incluso, como parte de su labor en la guerra ideológica que se libra, sus trabajos se han enfocado a invalidar las políticas públicas de la actual administración para imponer la idea –a través de los medios corporativos– de que es más efectivo y exitoso el modelo de gobierno neoliberal que se aplicó en México en los sexenios pasados.
Por ejemplo, en la discusión pública de la llamada nueva escuela mexicana –que desató una de las peores campañas de desprestigio llegando al extremo de inventar que se trataba de dispersar el “virus comunista”– el 1 de agosto pasado el IMCO publicó un boletín en el que aseguraba que “la implementación del nuevo plan de estudios pondrá en riesgo la formación de talento preparado”, porque “no considera la educación como una herramienta para la formación de capital humano, de acuerdo con el documento publicado por la SEP. Esto va a generar estudiantes carentes de habilidades imprescindibles para su futuro profesional”. Una visión de la educación claramente pro-empresarial, en un contexto de explotación de las personas para beneficio del gran capital.
Para el día 28 de ese mismo mes, en otro boletín de prensa esa AC de los empresarios afirmó que el regreso a clases ocurría entre la incertidumbre que causaban el nuevo plan de estudios y los nuevos libros de texto gratuitos. El ambiente, aseguró, es “poco propicio para su implementación efectiva [del nuevo plan] que podrá aumentar la pérdida de conocimientos, el abandono escolar y la carga de trabajo para el magisterio”.
Otra de las descalificaciones recientes a la 4T tuvo que ver con el análisis sobre los resultados del Coneval y la ENIGH en materia de combate a la pobreza: en vez de reconocer el decremento en el número de pobres, el think tank del empresariado adujo que la falta de perspectiva de género en las políticas públicas había contribuido a la precarización de los ingresos de las mujeres.
Así, y a pesar de que el IMCO afirma que su principal función es analizar de forma apartidista las políticas públicas, omitió fijar una postura acerca del histórico logro en torno a esa problemática social, con tal de no reconocerle valor al actual modelo económico basado en el humanismo mexicano: cobro de impuestos a los más ricos para financiar programas sociales y obras de infraestructura pública sin deuda, mejores condiciones laborales con aumento al salario mínimo y lucha contra factureras y outsourcing.
Aunque al IMCO no le interese hablar del tema, resulta que no es poca cosa que con dos crisis económicas mundiales –la originada por la pandemia de Covid-19 y la provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania– se redujo en 5.1 millones el número de personas en situación de pobreza entre 2020 y 2022. Incluso las dos integrantes del Instituto que escribieron sobre el tema –supuestamente a título personal– lo hicieron para desestimar el avance.
Por ejemplo, en su artículo “Menos pobreza, pero más carencias”, la investigadora de esa asociación civil empresarial Nataly Hernández arguyó: “México es hoy un país con menos pobreza. Sin duda, esta es una buena noticia. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en los últimos seis años 5.4 millones de personas salieron de la pobreza y actualmente 36 por ciento de la población está en esa condición; la proporción más baja desde 2016. Desafortunadamente, hay un gran ‘pero’ que opaca la buena noticia. Si bien hubo personas que salieron de la pobreza, también aumentó la cantidad de quienes no tienen acceso a derechos sociales”.
Por su parte, la directora general del IMCO, Valeria Moy, publicó el artículo “Una foto precisa del país”, donde sostiene que el ingreso total se incrementó 11 por ciento respecto al ingreso de 2020, pero hay que regresar al momento en el que fue tomada esa información: justo en la etapa más crucial de la pandemia cuando todavía el cierre de la economía era importante. No sorprende, entonces, que una vez que la economía reabre y que la pandemia pasa, el ingreso rebote. ¿Es suficiente ese 11 por ciento? Veamos los datos de años anteriores. El ingreso mensual promedio de las familias mexicanas en 2016 y en 2018, según la ENIGH y por supuesto, con datos comparables fue de 21 mil 188 pesos y de 20 mil 305 pesos, respectivamente. Las cifras dejan claro que la recuperación en el ingreso observada entre 2020 y 2022 responde al choque de la pandemia, porque al ver los ingresos de las encuestas previas vemos un incremento de 4.6 por ciento frente a 2018 y de sólo 0.2 por ciento comparándolo contra 2016. Es decir, en los seis años transcurridos entre 2016 y 2022 el ingreso mensual promedio de los hogares mexicanos prácticamente no ha cambiado. Pésima noticia”.
Otros datos que muestran los verdaderos intereses del Instituto corresponden a sus nexos con asociaciones civiles que financia. De acuerdo con sus archivos internos, en 2019 donó 945 mil 501 pesos a la asociación civil México Evalúa.
El órgano de gobierno de dicha asociación civil está integrado por varias personas que el presidente López Obrador ha identificado como sus adversarios: el ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz; Jaime Enrique Zabludowsky Kuper, también integrante del IMCO; Federico Jesús Reyes Heroles González Garza; Martha Matilde Mejía Montes (fundadora y directora General de Zimat Consultores); el empresario Eugenio Rafael Garza Herrera (del Grupo Xignux); Luis Fernando Gerardo de la Calle Pardo (exconsejero “independiente” de la CFE); Ángel Emilio Carrillo Gamboa; Edna Camelia Jaime Treviño; Fernando Senderos Mestre (Grupo KUO, cercano de los Salinas); y Luis Rubio Freidberg. Los datos provienen de sus archivos contables de 2022, también consultados por Contralínea.
El IMCO volvió a donarle dinero en 2020 a México Evalúa: 433 mil 474 pesos. Y en 2021, financió a las asociaciones Equis Justicia para las Mujeres, con 505 mil 536 pesos; y al Observatorio Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad –del ya fallecido empresario Alejandro Martí, que también financiaba a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, como reveló este semanario–, por 300 mil pesos.
El IMCO es ante todo un grupo de poder fáctico que presiona a las autoridades para influir en beneficio de los intereses de sus integrantes. En sus propios informes anuales da cuenta de la “Incidencia [que tiene] en instituciones y políticas públicas federales”. Por ejemplo, en 2021 apunta que “participó en el Grupo de Trabajo de la Transición Hacendaria de la Cámara de Diputados para el análisis del gasto público”.
Otro de sus “logros” fue que “legisladores federales retomaron datos de la institución sobre el aprendizaje en los alumnos para sustentar una iniciativa que busca fortalecer el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación”.
Además, destacó que ese año “aportó evidencia en tres sesiones de parlamento abierto en la Cámara de Diputados; dos de ellas sobre la Ley de la Industria Eléctrica y la otra acerca de la Ley del Banco de México”. Acerca del primer tema, es relevante recordar la coincidencia del IMCO con los grupos parlamentarios de Va por México (“Es un retroceso para México la iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica”, IMCO, 1 de febrero de 2021).
Además, citó otro ejemplo de su influencia en el Congreso: “legisladores utilizaron nuestra evidencia sobre el desabasto de medicamentos para anunciar un punto de acuerdo para que el gobierno federal y el Insabi atiendan la carencia de insumos médicos en la entidad”.
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