Fraude de cártel inmobiliario en Benito Juárez supera los 7 mil millones de pesos

Hasta este viernes 2 de diciembre, el fraude del llamado cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez es de 7 mil 142 millones de pesos. En la demarcación hay 130 inmuebles que tienen 264 pisos excedentes, de acuerdo con la información de la mesa de registro y atención a posibles víctimas de corrupción en desarrollos inmobiliarios.

De 2012 a 2015, fueron edificados 27 inmuebles con 68 niveles excedentes; de 2016 a 2018, 58 inmuebles con 188 niveles excedentes. Asimismo, de 2019 a 2022, los inmuebles edificados fueron 40 con 66 pisos excedentes; y de 2008 a  2011, cinco inmuebles con 12 pisos excedentes.

En conferencia, Carlos Alberto Ulloa Pérez –titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi)– señaló que la alcaldía autorizó dichas irregularidades mediante la manifestación de construcción, el aviso de terminación de obra, la autorización de uso y ocupación, y la regularización de construcción. Ello, pese a que no contaban con el certificado único de zonificación de uso de suelo emitido por la Seduvi, que determina el número de pisos permitidos.

“La única facultad del gobierno central –de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda– es emitir el uso de suelo. Los trámites posteriores para la construcción, autorización, certificado de construcción, aviso de terminación y ocupación del inmueble, como los cuatro documentos, tienen y es facultad de la alcaldía, de la autoridad de la alcaldía donde se construye el inmueble”, explicó el funcionario.

Los pisos excedentes –equivalentes a la edificación de 800 departamentos– afectan a la ciudadanía en términos de los servicios públicos: agua, drenaje, movilidad y seguridad, añadió el secretario.

Por su parte, Néstor Vargas Solano –titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México (CEJUR)– expuso que actualmente se estudia “cuál será la ruta jurídica que se interpondrá” ante los fraudes de los inmuebles. Ello, con el objetivo de “no afectar a todas estas personas que en su caso adquirieron de buena fe, sin saber todas las irregularidades bajo las cuales fueron construidos estos inmuebles. En consecuencia, nosotros estamos buscando no perjudicarles, pero sí se está revisando la ruta jurídica más adecuada”.

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