Gentrificación en CDMX: la nueva forma de despojo

En colonias céntricas de la Ciudad de México, la llegada de nuevos comercios, el aumento de rentas y la transformación estética de los barrios han acelerado un proceso de gentrificación que desplaza a sus habitantes históricos. La vivienda se ha convertido en mercancía, las redes comunitarias se debilitan y cada vez más personas se ven obligadas a migrar hacia la periferia. Aunque el gobierno promete regular el fenómeno, vecinos de las colonias Hipódromo y Juárez y especialistas consultados por esta casa editorial advierten que, sin límites reales ni reparación del daño, la ciudad corre el riesgo de convertirse en un escenario para el turismo más que en un lugar digno para vivir

Antes de la pandemia, los cambios en la colonia Hipódromo, en la alcaldía Cuauhtémoc ya eran visibles: comenzaron a aparecer letreros para orientar a turistas que rentaban departamentos temporales y, entre las calles, las maletas se volvieron parte del paisaje cotidiano. Pero fue en octubre de 2022, cuando la entonces jefa de gobierno y ahora presidenta, Claudia Sheinbaum, dio la bienvenida pública a los llamados nómadas digitales, que la transformación se aceleró, señala Raquel Nava, vecina de la colonia desde 1983 y una de las voces que más tiempo ha resistido la gentrificación.

La transformación, explican los especialistas a Contralínea, tiene un trasfondo estructural. Para Clara Ortega García, arquitecta y maestra en diseño y estudios urbanos por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la problemática se centra en que la vivienda se ha convertido en mercancía. “La vivienda también responde a una lógica de mercado y no tendría por qué serlo. Como ciudadanos tenemos derecho a ella, pero hoy se considera una mercancía y eso impide que el acceso sea para todas y todos”.

El doctor Adrián Hernández Cordero, profesor-investigador de la UAM Iztapalapa y especialista en el fenómeno de gentrificación, explica que estos fenómenos surgen cuando una zona desvalorizada –como barrios obreros o áreas centrales– ofrece un “diferencial de renta”: suelo relativamente barato para invertir y vender más caro.

Esa reinversión desencadena la llegada de galerías de arte, restaurantes, cafés, infraestructura para cultura y comercios dirigidos a los nuevos “vecinos” con ingresos medios altos de capital, lo que modifica el paisaje urbano, las dinámicas sociales y, finalmente, desplaza a la población local, por el aumento de precios y la erosión del sentido comunitario.

Cuando se combina la reinversión, el cambio en la estructura comercial, la llegada de nuevas clases medias y el desplazamiento de los sectores populares es cuando podemos hablar de gentrificación, resume el investigador.

La señora Raquel Nava conoce de cerca este proceso, porque ha sido parte activa de la vida de la colonia: fue jefa de manzana entre 1989 y 1900; en 1992 integró la Asociación de Amigos de los parques México y España; de 1996 a 1999 presidió la misma agrupación; después coordinó el comité vecinal y hoy continúa defendiendo el carácter original de la colonia.

Desde su perspectiva, el punto de quiebre se dio en octubre de 2022 cuando los edificios destinados al alojamiento de nómadas digitales y turistas “empezaron a brincar”. Mientras que a la par se multiplicaron restaurantes, tiendas y comercios orientados a esta nueva clientela. “Donde había un comercio de barrio, todos son ya café internet. Se va cambiando la fisonomía de la colonia y no solamente eso: se va perdiendo la identidad”, detalla.

Los primeros signos fueron la introducción y expansión de las tiendas de conveniencia –OXXO, 7-Eleven, Tiendas 3B– que “vinieron a tronar las tiendas de abarrotes”. Después desaparecieron las verdulerías, carnicerías, papelerías y tintorerías: unas se convirtieron en cadenas comerciales; otras en cafeterías o restaurantes.

“En la esquina de Celaya y Ámsterdam teníamos la carnicería, ahora es un restaurante. En Ámsterdam y Sonora teníamos una fonda y desapareció. También había una casa de tapetes que se convirtió en una tienda de bicicletas”, enumera. Y recuerda transformaciones similares en la colonia Roma Norte: “cerca de Cibeles había una papelería escolar que resolvía las tareas de los niños; ahora es un restaurante italiano. Los servicios de barrio desaparecieron: la reparadora de calzado, la mercería”.

Cuando en la Condesa intentaron frenar esa expansión comercial en esquinas residenciales, las autoridades no hicieron cumplir el Programa Parcial de Desarrollo Urbano –que prohíbe la masificación de comercios, fija usos de suelo y regula terrazas, pérgolas y ocupaciones de la vía pública–. El fenómeno avanzó hacia la colonia Hipódromo, donde “cualquier esquina que tenía un comercio se vuelve un restaurante”, denuncia Raquel Nava.

El diagnóstico oficial, ya lo advertía. De acuerdo con el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la colonia Hipódromo, desde hace 10 años las autoridades habían identificado los mismos conflictos que describe la vecina. Con base en encuestas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) y la subdelegación Roma-Condesa, el documento advertía un cambio acelerado en los usos del suelo y la llegada constante de una población flotante –que trabaja o consume servicios en la zona sin habitarla permanentemente–.

El resultado: fricciones entre residentes y restauranteros, inconformidad y expansión descontrolada de comercios y servicios. Ese diagnóstico oficial, dice Raquel Nava, confirma lo que los vecinos han denunciado por años: saturación comercial, violaciones normativas y crecimiento económico a costa del bienestar comunitario.

La sustitución de comercios tradicionales por cadenas comerciales, dice, preparó el terreno para el auge de la gentrificación. “No fue de la noche a la mañana que esos negocios aparecieran. Desapareció la carnicería y ahora hay un restaurante; donde había papelería ahora hay lavandería; y con lo nómadas digitales todo son cafés”.

A ello, se suma la llegada de comercios que antes eran poco comunes en la zona: tiendas de mascotas, veterinarias, bicicletas, motocicletas y gimnasios. “No son para la gente de aquí, sino para la gente de fuera”, afirma Nava.

Blanqueamiento por despojo

“Va cambiando la fisonomía de la colonia porque los que vienen aquí no son vecinos”, dice Raquel Nava. La sustitución de las fachadas con identidad de barrio por una imagen minimalista de los nuevos negocios –fachadas blancas, tonos neutros, poca o nula decoración– es parte de lo que el vecino de la Juárez, Sergio González, llama blanqueamiento por despojo. Él ha sido desplazado forzosamente de su hogar dos veces.

El fenómeno, explica el vecino, es una forma de “limpieza social”. Cuenta que donde antes había un comedor en la calle Versalles hoy existe una galería de arte: “es la punta de lanza para el proceso de gentrificación”. La fachada blanca, limpia –dice–, refleja que lo que ellos vienen a hacer es “detonar procesos de limpieza social porque para ellos esto es sucio. Entonces hay que limpiarlo”.

Sergio González, y sus vecinos de Liverpool 9 fueron desplazados por el grupo empresarial Reurbano, propiedad de Rodrigo Rivero Borrell y Alberto Kritzel. Su caso coincide con el de los habitantes del predio en Versalles 84 y otros vecinos de la Juárez. Por ello, enfatiza la importancia de nombrar a los actores que forman parte del desplazamiento forzados de vecinos con arraigo, pues señala que los dueños de esta inmobiliaria son personas adineradas que no piensan en las y los vecinos que han vivido décadas en la colonia.

En Liverpool 9 vivió 15 años antes de ser desalojado, desplazado y despojado. “Aquí, lo que hubo fue despojo y violación de derechos civiles. Nos cortaron el agua, nos cortaron la luz, nos pusieron guarros, nos metieron chavos fiesta, nos hicieron la vida imposible para ir provocando nuestro desplazamiento forzado”, recuerda.

Reurbano afirma en su página que considera la ciudad como un espacio para ejercer un “impacto positivo y sostenible”, a través del diseño y la arquitectura, y de esta manera, fomentar un mayor valor patrimonial que permita aprovechar de manera única las oportunidades que la Ciudad de México ofrece. No obstante, para los vecinos, sus edificios –de colores neutros, con estética genérica– representan lo contrario: una pérdida de identidad.

En la colonia Juárez, Sergio González calcula que han sido desplazadas al menos 4 mil personas. En un recorrido de tres manzanas en la colonia muestra predios y comercios en resistencia que convergen con establecimientos blanqueados. En Turín 46 explica que viven comunidades indígenas que luchan por su derecho a la vivienda adecuada y están a la espera de que el predio sea expropiado.

Turín 41 es otro caso, donde Sergio González vivió un segundo desplazamiento junto con sus vecinos, la mayoría personas adultas mayores. En este segundo despojo, explica que, para conseguir que todos los vecinos se fueran el grupo inmobiliario que compró el inmueble desalojó a las y los habitantes con ayuda de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana (FIDAMPU), a la que “[nosotros le llamamos] fiscalía del despojo porque los usaron a ellos para desalojar a los que vivían aquí, que en realidad no fue un desalojo, fue despojo”, enfatiza.

En este sentido, insiste: “cuando el cártel inmobiliario se agandalla tu colonia, te desalojan, aunque estés al corriente con tu renta; eso pasa en cada uno de esos edificios donde Reurbano invierte, y son casos reales”.

Turín 42 es otro ejemplo. “Aquí vivían personas. Quienes compran los echan fuera, remodelan y construyen este edificio nuevo […] para la llegada de un proyecto elitista, clasista, con departamentos de alta gama”. El patrón de despojo se repite pasos adelante en lo que era una casa unifamiliar. Fue demolida para construir “departamentos horrendos que no tienen identidad, que podrían estar en cualquier lugar del mundo y esto se oferta en Airbnb con costos de 40 mil o 50 mil pesos al mes”.

Al igual que en la Hipódromo, en la Juárez desaparecieron los comercios locales: talleres mecánicos, tiendas de autopartes, fondas de comida corrida, peluquerías tradicionales, reemplazadas en su mayoría por cafés “blanqueados”, estudios de tatuajes, boutiques o tiendas de bicicletas. “Hubo desplazamiento forzado de comercio local y de habitantes con arraigo. [Las accesorias] se convierten en esto –comercios no diseñados para quienes han residido toda su vida ahí, blanqueados– como si tu barrio se convirtiera en un parque temático”, advierte Sergio González.

La aparición de tiendas de bicicletas y de mascotas “es gentrificación by the book”, señala. Y no sólo es el comercio: llega el vecino que “es más blanco, más de derecha. Los chats de la colonia que antes eran de gente que comprendía las problemáticas se convirtieron en chats de personas verdaderamente fachistas y empiezan a hablar de limpieza social”.

Además, señala que, con la pérdida del comercio local, los negocios dejaron de ser atendidos por los dueños. Cuando esto ocurre, explica, se rompen las redes solidarias y de confianza. “[Los nuevos dueños] aprovechan que el barrio está de moda, montan su cafetería, pero no aparecen […] Cuando a ti te atiende el propietario de la tienda, creas un vínculo y una red de confianza”.

El doctor Adrián Hernández Cordero explica que las afectaciones socioemocionales que atraviesan los vecinos ante un proceso de gentrificación también se trasladan a la dimensión del civismo. Ello ocurre porque las personas que realizan turismo y están de vacaciones priorizan el ocio, generalmente vinculado a la ruptura de rutinas.

Agrega que, “cuando las personas de algún sector turístico deciden ir de vacaciones a una ciudad, a veces se encuentran con problemas de alcohol, que la gente que alquila puede tener fiesta, volumen alto de música, ruido, etcétera, y esto genera cuestiones no adecuadas para la gente que vive en ese edificio o en ese barrio”.

Nuevo perfil comercial y expulsión económica

Actualmente en los nuevos restaurantes y cafés, una sentada te sale en mil o dos mil pesos. Esos negocios son la punta de lanza para sacar a los negocios tradicionales porque los dueños de locales prefieren rentar en 70 mil pesos a un restaurante de moda que, en 20 mil a un comercio de barrio, explica Sergio González.  Añade: “empieza la conquista con proyectos de exclusión social, un proyecto donde ya no entra quien sea, donde hay un perfil de personas que es la que se va a sentar en una mesa blanqueada”.

Aunque en algunas colonias todavía quedan comercios tradicionales, el crecimiento desmedido de la gentrificación podría terminar por borrarlos del mapa. “Aquí todavía resiste el comercio local, pero no sabemos cuánto tiempo va a resistir”, enfatiza el vecino de la colonia Juárez.

La especialista Clara Ortega García resalta que en los lugares gentrificados es común dejar de ver los servicios de proximidad –carnicería, tiendita, verdulería, etcétera– o comenzar a observar un cambio en el perfil de este tipo de servicios. “Se empiezan a ver comercios tipo gourmet”, como consecuencia de la transformación del perfil poblacional.

La arquitecta señala que se sigue encontrando “la frutería y la verdulería, pero ya con un estilo más elegante. Vemos una panadería, pero con pan de masa madre; una estética con otro perfil donde ya no te van a cobrar 50 pesos por un corte, ahora te van a cobrar 500. Son los mismos servicios con otro perfil, con otro efecto y al final recaen en un incremento en los costos porque no hay un tope. No existen mecanismos efectivos de control de rentas ni de captura de plusvalías”.

Cuando el barrio, de alguna manera, es elitizado o sufre un proceso de “lavado de cara”, y se logra la transformación, comienza a hacer atractivo para la población transitoria, turistas o nómadas digitales, quienes desean vivir ahí por algunos días o experimentar estos barrios rehabilitados. Se observa entonces una transformación de la dinámica residencial: la vivienda comienza a ingresar al mercado de alquiler turístico en plataformas como Booking o Airbnb, agrega el doctor Hernández Cordero.

Ello genera que los lazos comunitarios, vecinales y residenciales que existían en la zona empiezan a fragmentarse, ya que las personas visitantes permanecen por periodos cortos. En el caso de los turistas solo unos días; en el caso de los nómadas digitales, temporadas un poco más largas entre uno y tres meses. Sin embargo, no se trata de personas que buscan establecerse o integrarse a la comunidad barrial, por lo que no se generan vínculos en el territorio.

“Las dinámicas urbanas y sociales que hay en un sector de la ciudad se terminan fragmentando; por lo tanto, se entiende que ciertos sectores o barrios de la ciudad se vuelvan parques temáticos donde la gente solamente está de paso”, advierte el especialista en el estudio de la gentrificación.

Pérdida del tejido social

Lo más doloroso de la gentrificación, señala Raquel Nava, es que la constante entrada y salida de turistas y nómadas digitales ha provocado una ruptura del tejido social. Con el aumento de las rentas, muchos de los habitantes de años se vieron obligados a mudarse según sus posibilidades económicas, y hoy –cuando los vecinos intentan organizarse– siempre son los mismos 20 de siempre, porque quienes sostenían la vida comunitaria ya no están.

La vecina de la colonia Hipódromo explica que la especulación inmobiliaria responde a la lógica de la oferta y la demanda: no existe control de precios y cada propietario establece la renta que quiere. “Si hay quien lo pague, se queda; si no hubiera quien lo pagará, en automático tenían que bajar las rentas. Pero cómo si hay quienes lo pagan, el precio se dispara y arrastra al alza a todo lo demás”.

Por su parte, Sergio González añade que, para comprender la gentrificación deben considerarse las cuatro D: desplazamiento forzado de habitantes, desalojo –legal o ilegal–, despojo y desarraigo. Las personas afectadas, explica, viven estas etapas una por una. Cuando reciben un aviso de que deben dejar su hogar comienza la angustia: “¿A dónde me voy a ir?, ¿Qué voy a hacer?, ¿Dónde voy a conseguir una renta con la misma calidad del espacio que tengo, al mismo precio, a qué periferia me van a expulsar?”.

Esa angustia tiene efectos directos en la salud. El vecino González detalla que afecta la salud física, porque el estrés enferma; la salud mental, al provocar crisis y trastornos del sueño; la salud emocional, al detonar ansiedad; y la salud económica, porque los gastos se disparan –desde mudanzas hasta la posibilidad de entrar en un juicio y pagar abogados–. “Es una cascada de afectaciones”.

Además, el desarraigo –ya sea por tener que mudarse a otra zona o por dejar de reconocer el propio barrio debido al turismo masificado– genera una tristeza profunda, una sensación de no pertenencia y la necesidad de adaptarse a un espacio donde la persona ya no se siente en casa.

Ciudad densa y vertical

Sergio González expone que los nuevos proyectos inmobiliarios privados, diseñados en sus colonias para “resolver la gentrificación”, no son la solución, sino parte del problema. Estos desarrollos apuestan por torres muy altas que concentran el mayor número posible de departamentos en espacios cada vez más reducidos: un modelo de ciudad densa vertical.

En la teoría, este tipo de planificación urbana busca “eficiencia en el uso del suelo y los recursos” al concentrar población en altura en lugar de expandirse de manera horizontal. Sin embargo, Sergio González cuestiona esta definición. Para él, en la práctica significa llevar al máximo la altura permitida para alojar a la mayor cantidad de personas en los menores metros cuadrados, generalmente habitantes sin arraigo que llegan, se instalan y terminan usurpando espacios que antes eran parte de la representación y vida comunitaria.

Un ejemplo de este modelo es el desarrollo de University Tower, al que Sergio González se refiere como “Mordor”: un rascacielos de 203 metros de altura con 58 pisos. El proyecto promete ofrecer todas las “amenidades” para que sus habitantes tengan todo sin salir de casa: áreas de convivencia, espacios libres, un parque, cafeterías, áreas para coworking, gimnasio, alberca, salones de yoga, spa y zonas para mascotas.

Según su página web, los departamentos van de 31 a 200 metros cuadrados y se ofrecen 14 tipos de inmuebles, desde lofts hasta unidades de tres recámaras, con precios que oscilan entre 6.2 millones y 43 millones de pesos.

Sergio González critica que, además, el edificio se apropió del espacio público, al colocar jardineras sobre la banqueta utilizada por las y los vecinos de la colonia Juárez. “Nosotros le llamamos Mordor. Esas torres oscuras empiezan a surgir y empieza la llegada de los nuevos, empieza el blanqueamiento. Estamos hablando de una mega torre que es como un hotel, un departamento tras otro, todo pegadito, donde tu cuarto está pegado a donde comes, a donde te entretienes. Ese es el modelo de ciudad densa, compacta y vertical”, afirma.

Anfitriones vs terratenientes

Raquel Nava aclara que la molestia por el fenómeno de la gentrificación no es con los turistas ni con los anfitriones que rentan un departamento para obtener un ingreso extra, sino con quienes poseen edificios completos o varias propiedades destinadas exclusivamente al alquiler turístico.

En este sentido, el especialista Adrián Hernández advierte que, dentro de la problemática de la gentrificación, es fundamental diferenciar entre los terratenientes, las empresas de propiedades y el pequeño propietario que, tras un esfuerzo considerable, ha logrado adquirir un departamento o casa y la alquila para complementar sus ingresos. Por ello, señala que la regulación del Estado se vuelve indispensable para establecer límites a los alquileres. Desde una perspectiva redistributiva, regular es pertinente, pues permitiría fijar topes a los precios y al número de propiedades destinadas a renta que cada dueño puede concentrar.

Por su parte, la urbanista Clara Ortega añade que, desde políticas públicas regulatorias se podría avanzar en obtener rentas justas que rompan con el modelo de oferta y demanda. “Desde la política pública se debería regular, controlar y equilibrar”.

Agrega que el Estado es quien autoriza los cambios de uso de suelo que ha generado la transformación de comercios y servicios, así como la aparición de otro tipo de negocios y por ello son ellos los que deberían poner los límites.

“Los cárteles inmobiliarios pelean el territorio, la plaza, cuando hablamos de cártel inmobiliario vemos Versalles 84, Reurbano, Liverpool 9 Reurbano, Milán 44 Reurbano y así 20 edificios más. Es así como ellos van ocupando el territorio, como van tomando el territorio, como se apropian de él”, precisa Sergio González.

Además, Raquel Nava resalta que la concentración de Airbnb en la alcaldía Cuauhtémoc es excesiva. El 46 por ciento de la oferta está concentrada en este tipo de rentas; en Hipódromo, el 33 por ciento. “Eso es lo que nos brinca, lo que nos hace desesperar”, dice.

Para ella su mayor preocupación ante el descontrol de Airbnb son las y los jóvenes, quienes con un salario mínimo difícilmente podrán rentar en una zona céntrica y digna. “¿Dónde pueden encontrar un lugar adecuado, digno, asequible para vivir? Les ofrecen una caja de zapatos de 35 metros cuadrados ¿Son ratoneras o qué? No es posible”, señala. En este sentido, Raquel Nava destaca la urgencia de que el gobierno atienda a esa población y contribuya a frenar la problemática.

Sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México da todas las facilidades para el desarrollo económico de la ciudad sin considerar a los vecinos, ni juventudes, destaca Raquel Nava.

A ello, la urbanista por la UAM Clara Ortega añade que la demanda de vivienda no deja de crecer y aunque se construye una gran cantidad de unidades, estas no llegan a quienes realmente las requieren. “Sigue habiendo mucha demanda de vivienda y sigue habiendo muchas personas que solo trabajan para pagar su renta, porque no da para más, que tienen que compartir una vivienda porque no alcanza, o que se tiene que ir a vivir a la periferia porque no puedes vivir en una zona central porque no te alcanza”.

Defender el derecho a habitar

Sergio González y Raquel Nava se muestran escépticos frente a las propuestas del gobierno capitalino y, en particular, ante la creación del Bando 1, una iniciativa impulsada por la jefa del gobierno Clara Brugada, que busca combatir la gentrificación, proteger el derecho a la vivienda y frenar la especulación inmobiliaria mediante la regulación de alquileres y la promoción de vivienda social. Aunque reconocen que algunas ideas resultan positivas, señalan que las autoridades no han explicado cómo se implementarán estas estrategias, lo que mantiene la desconfianza entre las y los vecinos.

Por ello, la vecina de Hipódromo advierte que “el desarrollo económico de la ciudad no puede estar por encima de la calidad de vida y la tranquilidad de los habitantes”. Nava recuerda que la legislación establece el principio de “primero en tiempo, primero en derecho”: antes de otorgar permisos a comercios, insiste, deben considerarse los derechos de los vecinos que viven históricamente en la zona.

Raquel Nava explica que, en los foros sobre gentrificación a los que ha asistido, algunos anfitriones han solicitado al gobierno mayor flexibilidad para operar viviendas temporales y eliminar la restricción del 50 por ciento de noches disponibles, sobre todo ante la Copa Mundial de Futbol 2026. Sin embargo, la postura vecinal es clara: “ni un Airbnb más en nuestras colonias, ni uno más”, pues incluso en las zonas alejadas continúan construyéndose espacios destinados al turismo, mientras los habitantes de la ciudad son empujados cada vez más lejos.

También cuestiona la propuesta del Bando 1 sobre las “rentas justas”: “¿cómo vas a poner renta justa? ¿A qué llamas tú justa? ¿Cómo estás calificando que sea justo?” Para ella, la renta justa debe basarse en el salario del trabajador, no en las expectativas del diseño.

Sostiene que quienes desean vivir en colonias como la Hipódromo no deberían destinar más del 30 por ciento de su sueldo a vivienda; con rentas de 20 mil pesos –como la de algunos de sus vecinos– muchas personas se ven obligadas a vivir con roomies, porque “de otra manera, ¿cuánto necesitas ganar?”.

Raquel Nava insiste en la necesidad de construir vivienda de interés social digna, no “cajas de zapatos”. Si la intención es realmente ofrecer vivienda asequible –subraya– debe definirse a partir de los ingresos reales de la población trabajadora. “No se puede hacer de otra manera”, resalta.

Otra medida indispensable, resalta, es incluir a las y los vecinos desalojados en cualquier plan de solución. Muchas de estas personas –de 40, o 50 años con arraigo en la zona– también tienen derecho a regresar a sus barrios. Sergio González coincide en que la primera acción para mitigar la gentrificación debe ser un proceso de reparación del daño y de reintegración de las personas desplazadas forzosamente de sus hogares.

Además, señala que el Estado ha evitado asumir su papel como regulador en tres frentes clave: el aumento de las rentas, el valor del metro cuadrado y el costo del metro cuadrado construido. Regular estos tres factores es esencial para frenar el proceso que hoy se vive.

“Tenemos leyes. Aplíquenlas”, reclama Raquel Nava. Recuerda que existen reglamentos de construcción como el Programa Parcial de Desarrollo y la Ley de Establecimientos Mercantiles, pero que rara vez se respetan. “Si cada instancia cumpliera con lo que les toca de la legislación no tendríamos los problemas que tenemos ahora”.

Frente a este escenario el vecino de la Juárez destaca que entre las propuestas del Bando 1 hace falta una medida para arraigar. “Y arraigar implicaría, primero, rebarriar: que regresen quienes fueron expulsados. Y segundo, que exista una alerta, porque cuando un inquilino dice: ‘Ya van a vender mi edificio, ya me están echando’, el Estado tendría que responder: ‘No’. Control de rentas, respeten la renta asequible a estos vecinos y no los expulsen”, enfatiza.

Sergio González subraya también la importancia de nombrar tanto a quienes provocan los daños como a quienes los padecen. Aunque el gobierno de la Ciudad de México asume la responsabilidad al anunciar el Bando 1, no es el único implicado: “no es exclusiva del Estado, también es de los inmobiliarios”.

Por su parte, el doctor en arquitectura Adrián Hernández apunta que también deben implementarse campañas de sensibilización en las zonas tensionadas, que promuevan dinámicas de convivencia entre habitantes y visitantes. Aunque su estancia sea temporal, dice, las personas que llegan a la ciudad conviven con quienes habitan, por lo que la responsabilidad individual también es fundamental.

Además, destaca la importancia de mantener la vida comunitaria en las colonias: que los vecinos puedan salir a sus calles, que los niños jueguen en parques y áreas libres, mientras que las y los visitantes puedan también disfrutar de la ciudad sin desplazar a quienes la habitan.

El precio de la expulsión

La urbanista Clara Ortega resalta que, en el peor escenario, la gentrificación podría provocar un despoblamiento de las zonas céntricas: ciudades vacías, sin vida comunitaria, donde los centros históricos se transforman en meros mercados turísticos e inmobiliarios.

Aunque subraya que no se puede eliminar el turismo –por su importante derrama económica–, insiste en que es indispensable buscar formas de atraer visitantes sin continuar desplazando a quienes habitan estos territorios desde hace generaciones. “Si desde la política pública se establecen límites claros que permitan la convivencia de todos estos grupos poblacionales, puede evitarse la ruptura del tejido social y el desarraigo de las comunidades”.

El especialista de la UAM Iztapalapa coincide en que la principal consecuencia de la gentrificación es que cada vez menos personas podrán vivir en las zonas centrales de la ciudad. “Tendrán que irse a las periferias metropolitanas, cada vez más lejos. Además, las personas con menores ingresos son las que pasan más tiempo trasladándose a sus centros de trabajo y las que más gastan en transporte público, lo que genera un círculo vicioso de desigualdad y pobreza”.

Mientras unos llegan con maletas de paso, otros se ven obligados a empacar una vida entera. La gentrificación no sólo redefine el valor del suelo; también determina quién puede permanecer en la ciudad y quién queda fuera. Sus efectos visibles en la experiencia cotidiana de Sergio González y Raquel Nava, vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc, se traducen en desplazamiento forzado de habitantes, desalojo, despojo y desarraigo.