IFT paga a funcionarios desde la despensa hasta colegiaturas y anteojos

El Instituto Federal de Telecomunicaciones paga a sus funcionarios, con dinero público, un apoyo anual para colegiaturas de guarderías hasta anteojos. La cúpula implica un gasto mensual de más de 50 millones de pesos mensuales, pues 26 servidores públicos ganan más que el presidente López Obrador. Anualmente, cada uno de los funcionarios privilegiados del IFT recibe vales de despensa por 108 mil pesos

La plana mayor del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), compuesta por 26 funcionarios significa un gasto al erario de 53 millones 247 mil 437 pesos mensuales. Cada uno de ellos tiene percepciones y prestaciones mayores que las del presidente Andrés Manuel López Obrador, en contra de lo que mandata la Constitución.

De acuerdo con su Manual de Percepciones –publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de febrero pasado–, el comisionado presidente del IFT, Javier Juárez Mujica, percibe un sueldo bruto de 2 millones 484 mil 456 pesos al año (207 mil 38 pesos al mes).

En este organismo autónomo hasta un director general –con una percepción ordinaria total de 198 mil 383 pesos– tiene más beneficios económicos que el encargado de dirigir el país: el presidente gana un sueldo bruto de 167 mil 617 pesos mensuales.

Los funcionarios del IFT cuentan con otras prebendas con cargo al erario de la nación, que se alejan de la llamada austeridad republicana y rayan en el dispendio: desde seguros de vida, retiro y riesgo hasta el pago de las colegiaturas de sus hijos y la compra de anteojos.

Juárez Mujica, quien se destacó como uno de los impulsores del amparo para evitar aplicar la Constitución, es el integrante con mayor antigüedad en el pleno del IFT, al haber ingresado desde octubre de 2016.

La cúpula del IFT se compone por otros seis comisionados, de los cuales sólo hay tres en funciones por la falta de nombramientos. Estos tienen asignado un sueldo bruto de 205 mil 100 pesos mensuales, es decir 2 millones 461 mil 200 pesos al año. En este nivel jerárquico se encuentran: Arturo Robles Rovalo, Sóstenes Díaz González y Ramiro Camacho Castillo.

Anualmente, el máximo nivel jerárquico del IFT tiene entre sus prestaciones dos montos importantes: aguinaldo, por 197 mil 276 pesos, y vales de despensa por 108 mil pesos.

Gastos en seguros

Una de las primeras acciones de la austeridad republicana fue cancelar el gasto en seguros, pero esos cambios no ocurrieron en el IFT gracias a su autonomía. Al respecto, el Manual de Percepciones indica que los servidores públicos tienen el beneficio del seguro de vida institucional. Éste “tiene por objeto cubrir únicamente los siniestros de fallecimiento o de incapacidad total, invalidez o incapacidad permanente total, sin beneficios adicionales, de  conformidad con las disposiciones aplicables. La suma asegurada básica será el equivalente a 40 meses de percepción ordinaria bruta mensual y la prima correspondiente será cubierta por el Instituto”.

Acerca del seguro de gastos médicos mayores, además de beneficiar al servidor público, cubre a “su cónyuge, concubino o concubinario o cualquier figura reconocida por la legislación aplicable para parejas del mismo sexo e hijos, en términos de las disposiciones aplicables, ante la eventualidad de un accidente o enfermedad que requiera tratamiento médico, cirugía u hospitalización. La suma asegurada básica conforme al Anexo 2 de este Manual tiene un rango de 111 a 333 UMA, dependiendo del puesto que ocupe el personal”.

Del seguro de riesgo se indica que el IFT “podrá otorgar un pago extraordinario mensual por riesgo al personal que por el desempeño de su función ponga en riesgo su seguridad, integridad y/o salud. Su importe podrá ser de hasta un 30 por ciento sobre la percepción ordinaria mensual, por concepto de sueldos y salarios”.

También se expone que los funcionarios cuentan con un apoyo anual por inscripción y colegiaturas para el pago de guardería, “por cada hijo en edad de lactancia o preescolar”, por 2 mil pesos; y la “ayuda de anteojos”, hasta por un importe bienal de 2 mil 500 pesos.

Los otros mejor pagados

Debajo del pleno del IFT hay cinco niveles jerárquicos que ganan más que el presidente de la República, en los que se desempeñan 19 servidores públicos.

Bajo el cargo de coordinador ejecutivo se encuentra Víctor Manuel Rodríguez Hilario, quien tiene entre sus funciones “auxiliar” al presidente y que gana 2 millones 438 mil 100 pesos al año (203 mil 175 pesos mensuales brutos).

Le siguen el titular de la Unidad de Administración, Óscar Everardo Ibarra Martínez,  y el secretario técnico del Pleno, David Gorra Flota, con 201 mil 842 pesos por mes.

En tanto, hay seis coordinadores generales con sueldos de 200 mil 414 pesos mensuales. Además, una decena de directores generales, con salario mensual de 200 mil 414 pesos.

Amparados desde 2019

En 2019, una vez que el presidente López Obrador había asumido el cargo y decretado la llamada “austeridad republicana”, el IFT logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgara un amparo para no acatar lo que dispone la Constitución.

Entre los promoventes estaban el entonces comisionado presidente, Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, y los comisionados Mario Germán Fromow Rangel, Adolfo Cuevas Teja y quienes se encuentran actualmente en el ejercicio de funciones.

En el documento se lee que mediante la resolución emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), correspondiente a su sesión del 12 de junio de 2019 y notificada al IFT mediante oficio 5667/2019 recibido el 2 de agosto de 2019, “en lo relativo al recurso de reclamación 14/2019-CA derivado del incidente de suspensión en la controversia constitucional número 7/2019 interpuesta por ese Instituto, la referida Primera Sala resolvió procedente y fundado el recurso de reclamación, revocando el referido acuerdo de 11 de enero de 2019”.

Para Isaac de Paz González, profesor-investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, el IFT “es un órgano muy pasivo, poniéndolo en el orden de las telecomunicaciones. Además, un órgano muy caro, pues la administración pública federal es quien mayormente regula el tema de las concesiones en materia de telecomunicaciones”.

Integrante del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo de Ciencia y Tecnología de México, el académico comenta que este Instituto “no tiene una gran razón de ser, pues no ha mejorado la capacidad comunicativa de México. Hablando en temas de competencias, hay empresas pero los servicios son muy caros, inaccesibles; hay pueblos que no cuentan con internet porque a las grandes compañías no les conviene ir 200 metros más adelante, tienen que invertir mucho. Entonces, es el Estado el que tiene que verificar que un servicio tan importante como ya es el internet llegue a todos”.

De Paz González critica que ésta es una de las instituciones que surgieron de manera muy dispar. Acerca de su probable extinción, refiere que no es clara cuál es la ruta para que los órganos autónomos se creen o desaparezcan.

Asimismo, critica que estos órganos autónomos tienen reglas muy distintas cada uno, periodos distintos, sueldos y estructuras muy poco sujetas a escrutinio y, en realidad, surgieron por compadrazgos políticos como trajes a la medida para la época neoliberal.

La alta burocracia

El presidente López Obrador también ha criticado al IFT por su oneroso gasto y porque ha significado un “andamiaje paralelo al Estado nacional”.

En su conferencia de prensa del pasado 5 de agosto, el titular del Ejecutivo federal criticó la creación del IFT cuando era la Secretaría de Comunicaciones la encargada de regular el sector, además de señalar que el organismo autónomo está capturado por los intereses de grupo.

“Todo esto bajo el supuesto de que así no iba a haber monopolios, empezaron a utilizar un término, un eufemismo, se llama ‘agente preponderante’. Entonces crearon un mecanismo para que el Ejecutivo no pudiera intervenir o su intervención fuese meramente formal”. Ahora, dijo López Obrador, “son los preponderantes los que dominan ese organismo supuestamente autónomo. Y ese organismo supuestamente autónomo tiene más fuerza que el presidente de la República. Nosotros, para conseguir una concesión y poder llevar el internet a los pueblos, tuvimos que batallar. Nos dieron la concesión para los pueblos más apartados, la empresa Internet para Todos no puede dar servicio de internet en la Ciudad de México ni en ninguna ciudad, sólo donde no están las empresas, y así está en la ley”.

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