Iglesia no considera a organizaciones criminales como entidades perversas

La Iglesia Católica no considera a las organizaciones criminales como entidades perversas. Esta afirmación es cierta, hay infinidad de pruebas de ello, y lo es también en México. Por tanto, la pregunta obligada es si, en virtud de ello, ¿la Iglesia tendría un rol de cierta magnitud en la pacificación de México, incluyendo en ello el tema del narcotráfico globalizado? ¿Qué opinará una científica como la doctora Claudia Sheinbaum –presidenta electa–, de una provocación temática como ésta? Ello, de frente a la necesidad de los ajustes e innovaciones con relación a esta magna tarea nacional de combate al delito trasnacional que ella debe proseguir.

Las insuficiencias en los avances actuales, y a partir de las ganancias logradas hasta hoy en la lucha contra la macro criminalidad trasnacional, presentes ambas cuestiones, a no dudarlo, conduce a otra pregunta central: ¿tendrá que ver esta ambivalencia con una discusión y praxis casi siempre centrada por tiempo prolongado usando las mismas variables, sólo interrelacionadas de distinta manera y jerarquizadas de manera diferenciada? Allí lo dejo. Estamos en la búsqueda para un nuevo sexenio. Seguramente es necesario poner sobre la mesa y en las políticas públicas nuevos factores sociales de impulso hacia mejores resultados, coadyuvantes con los parámetros que ya están actuando.

En primer lugar, este trabajo de investigación constituye una primera aproximación de carácter exploratoria, sin otra finalidad que invitar a la reflexión colectiva, sin prejuicio, pero con pleno respeto a la libertad de creencias, y a las instituciones que materializan esta libertad constitucionalmente consagrada. El Estado laico es una de las grandes conquistas históricas del siglo XIX mexicano, de la fuerza, visión de futuro y convicciones políticas e ideológicas de los liberales de aquella época. Es un precepto muy superior al de las organizaciones estatales que contienen una “doctrina del Estado”, lo cual respetamos, pero nos quedamos con la categorización mexicana –más avanzada, consideramos–, porque crea un equilibrio social mayor.

En segundo lugar, esta discusión fue amplia e intensa en la Italia de finales de siglo XX y principios del siglo XXI, al calor de los maxiprocesos, de los asesinatos de los fiscales anti mafia, Giovanni Falcone y Paolo Borselino, como explicamos infra, aunque realmente, es una discusión histórica, tan histórica como el trayecto de las organizaciones criminales o mafiosas mismas. Pero a finales de la década de 1970 (mayo de 1978), luego del asesinato del primer ministro Aldo Moro, y de la oferta de entendimiento con el gobierno de dos organizaciones poderosas de las mafias históricas, en la Italia se ventiló esta fecunda discusión de las relaciones de las organizaciones mafiosas (“los mafiusi”) con la Iglesia Católica, sobre todo, en la región de la Italia meridional, asiento territorial de las  mismas.

Un testimonio analítico de gran brillantez, es el libro de Isaia Sales: Los curas y la mafia (Barcelona, 2011). Son variados y conocidos los países en los cuales la mediación eclesiástica ha sido certera: secuestros, confrontaciones armadas, etcétera. Regularmente todos esos “infractores de las leyes” –como suelen ser llamados– son profesantes católicos. La Iglesia no los excomulga por sus actividades. Y, regularmente, también los criminales son generosos para sentirse bien con Dios y con la Iglesia, y así se sienten mejor. Lo afirmo no como reclamo, sino como hecho. Un hecho con el que se pueden identificar vetas de búsqueda para algunas convergencias sustantivas con el Estado, matizando hacia ellos el tema judicial, y cada vez más, enfatizando el de lo social, en Italia, en especial, pero también en México, señaladamente.

“Las mafias son un problema global de las grandes instituciones formativas (Estado, Iglesia, familia, periódicos, televisores) y de los grandes agentes sociales (políticos, empresarios, profesionales, y gente corriente), antes que de los jueces y los policías […] además de enfermedades del cuerpo social, son también enfermedades del espíritu […] y las enfermedades del ánimo deben curarse con la descontaminación moral y de costumbres, con el renacimiento de una nueva mentalidad y de una nueva manera de ver las cosas”, (Sales: 16-17).

A tales conclusiones han llegado los más diversos y brillantes pensadores que no son abogados penalistas. Y aunque muchos criminólogos han repetido que la mejor política criminal es una excelente política social, diríamos ahora que también lo es una excelente política formativa, abarcadora en lo social y en lo disciplinario.

No podemos decir que en esta gran ventana interpretativa no se ha posicionado la Iglesia Católica. También, y tal vez, otras lo han hecho, aunque quizá no en el mismo grado y magnitud.

A ello se suman las múltiples las historias reales en diversos países donde se ha incorporado al frente anti-comunista a las organizaciones del crimen organizado, por muy diversas razones, particularmente, por su profesión católica, en muchos casos, extrema. Con ello se ha agitado con efectividad el fantasma ateísta, el “anticristo”, que presumiblemente profesan los comunistas; esto impulsa a una parte de la criminalidad transnacional, la anima adversa también contra ellos. Se los ha utilizado para atacar, incluso violentamente, a la izquierda socialista. Gravísimo error.

En Italia tenemos los más grandes ejemplos de altos capos de la mafia italiana, asesinos despiadados, que se declaraban en extremo religiosos: “Cuando en 1992 fue interrumpida la larga clandestinidad de Carmine Alfieri, en la guarida en donde se había refugiado, en Nola (Campania), se halló una Biblia junto a los CD de Beethoven. Alfieri representaba para la Camorra lo que Povenzano y Piromalli han supuesto para la Cosa Nostra y la ’Ndrangheta […] tres capos de distintas organizaciones mafiosas conservan en sus guaridas los signos comunes de su religiosidad”. Pero los líderes criminales van más allá:

“Alfieri […] es el más culto de los capos y el más atormentado en su relación con la religión. Parece un docto teólogo, cita a menudo a san Pablo y la Primera Carta a los corintos. Pide que se prepare ‘una línea pastoral’ adecuada a los problemas en liza: cómo dar espacio a la disociación tanto en el campo religioso como en el penal sin acusar a otros mafiosos”. Ahora explico la referencia temática.

El gobierno y algunos sacerdotes católicos se movilizaron para promover acuerdos de pacificación con las mafias italianas, pero fueron procesos fallidos. La idea del gobierno era –desde una perspectiva jurídico-penal– la “entrega ante la autoridad judicial” –que equivalía políticamente a la “rendición” o “claudicación”– a lo cual debía seguir “la delación” de sus compañeros de la propia organización criminal. Para los miembros de las mafias, ello implicaba faltar a un doble juramento, tan importante como cualquier otro: el de “la Omertá” (“ley del silencio”) y al “juramento de iniciación” en que se jura lealtad eterna a los jefes y a la organización delictiva, so pena de la vida.

Los líderes mafiosos no aceptaban estos términos del fin de sus actividades. Se encontraba negociando con el gobierno una fracción importante de la Camorra Napolitana. Desde éstos, y otros líderes de la Cosa Nostra, que aceptaban esa posibilidad, surgió la consigna del jefe de esta última organización “Toto Riina” (finalmente capturado después de 46 años de persecución) de “hacer la guerra para lograr la paz”, pero también una propuesta distinta como principio de acuerdo: “la disociación sin delación”, separarse de la organización criminal, entregarse a la autoridad  pero sin ser obligado el delatar a sus correligionarios.

Por ello, Alfieri reclamaba la necesidad de una “línea pastoral” que apoyara este planteamiento. Hubo sacerdotes católicos conocidos que apoyaron la propuesta sin llegar a la formulación de una “Carta Pastoral” o algo así. El proceso finalmente se frustró y en el macro proceso se enjuició también a autoridades públicas que habían participado en los diálogos y encuentros previos a la eventual firma del acuerdo. La línea de los fiscales anti mafia era inflexible. Predominaba “a raja tabla” la concepción jurídico-penal del tema. Hoy 30 años después ha cambiado todo.

Michele Greco, llamado el Papa, de la cúpula de los corleoneses de la Cosa Nostra, fue capturado en su refugio campestre con la Biblia y el breviario sobre la mesilla. Durante el macroproceso instruido por el juez Giovani Falcone (noviembre de 1987) en la ciudad de Palermo, afirmó frente a los jueces: “desde que me casé tengo un solo ideal: Dios y la familia. Estoy en compañía del crucifijo y me encuentro bien. La verdadera justicia está en la Biblia”. Luego sostuvo: “Me llaman el Papa, pero no puedo compararme a los Papas por inteligencia, cultura y doctrina. Pero por mi conciencia serena y por la profundidad de mi fe puedo sentirme igual a ellos, si no superior a ellos” (Sales: pp. 36-38). Obviamente ésta muy sincera profesión de fe no puede ser simplemente ignorada por la Iglesia, sino que ello hace necesario ir con ellos a una reconstrucción humana y social. Es mi hipótesis.

No obstante, también hay experiencias muy positivas en sentido contrario, de una fuerte cooperación entre comunistas o socialistas y cristianos. Dos ejemplos: la coalición de la Unidad Popular en el Chile de 1970 para llevar al poder al doctor Salvador Allende; en dicha coalición se encontraba una fracción amplia de militantes que se habían escindido del partido dominante que era la Democracia Cristiana, unidos al Partido Comunista y al Partido Socialista de Chile. Y además, el “Compromiso Histórico” entre el Partido Comunista Italiano y el Partido de la Democracia Cristiana de Italia, uno liderado por Enrico Berlinguer y el otro por Aldo Moro, este último fue secuestrado el día en que se dirigía al parlamento italiano a anunciar la formación de un gobierno de coalición parlamentaria entre ambos, que representaban poco más del 80 por ciento del electorado italiano. Luego Moro fue asesinado por sus secuestradores. Ello, para evitar concretar el pacto político. En ambas coaliciones políticas la perspectiva era la justicia social para los más desfavorecidos.

La Iglesia no considera a las organizaciones criminales tampoco como enemigos ideológicos, lo que no significa que acepten su actividad como tal. Los comunistas sí han sido considerados enemigos irreconciliables de las iglesias por su ateísmo filosófico, pero es hora de brincar este obstáculo a una cooperación más amplia, para con los pocos que quedan de dicha doctrina, hoy confundida o distorsionada con el progresismo social y hasta con el humanismo, e ir por la pacificación del país. ¿Utopía? Tal vez, pero es mil veces peor el inmovilismo intelectual.

En México, con sus características muy particulares y en el contexto de la lucha anti crimen, que ha pasado por diferentes etapas con contenidos muy peculiares en cada sexenio desde 30 años a la fecha, por lo menos, ha visto la intervención de la Iglesia Católica mexicana en los niveles locales o regionales, no institucionalmente, sino informalmente a través de distintos clérigos, por lo cual no podemos decir, que ha estado ausente del todo en los acercamientos con líderes criminales buscando mejorar el contexto social. Quizá la intervención más pronunciada y pública, aunque sin detalles, es la de monseñor Girolamo Prignone a raíz de las entrevistas tenidas con los hermanos Arellano Félix, líderes del Cártel de Tijuana, culpados del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo (1993) en el aeropuerto de Guadalajara. Ellos tomaron la iniciativa de entrevistarse con el nuncio apostólico negando la imputación.

Hay un pasaje histórico extraordinariamente revelador en este contexto del crimen del cardenal Posadas Ocampo, presentado por Froylán Enciso en Drogas, narcotráfico y política en México: protocolo de hipocresía (1969-2000):

“El suceso no sólo dio elementos para entender la organización de los narcotraficantes y constatar la crudeza de sus procedimientos, sino que propició la discusión del papel de la Iglesia Católica como receptora de recursos provenientes del narcotráfico. Con relación a esto, Jorge Carpizo, entonces titular de la PGR, cuenta que un día, alrededor de las 23:00 h., a mediados de diciembre de 1993, lo llamaron para que se reuniera con el presidente Salinas y el nuncio apostólico Girolamo Prigione. Monseñor intercedía para que Salinas recibiera a uno de los Arellano Félix, pues quería dar su versión sobre el asesinato de Posadas y asegurarle que los hermanos “eran inocentes”. Salinas pidió consejo a Carpizo.

“‘No, señor presidente, usted no puede hacerlo, usted no puede recibirlo’, dijo Carpizo. Entonces el nuncio atajó la respuesta de Salinas, preguntando qué debía decirle a ese Arellano Félix que lo esperaba para recibir una respuesta en la nunciatura. ‘Que se entregue’, contestó Carpizo. Luego de intercambiar un par de comentarios más, monseñor Prigione hizo una solicitud al despedirse. ‘Señor presidente, con todo respeto le pido que se preserve la integridad de la sede diplomática’. (…) La anécdota despertó muchas suspicacias, pero también sacó a la luz el proceder de los jerarcas del catolicismo frente al narcotráfico.” (p.47)

El nuncio apostólico gestionando una entrevista de un alto líder criminal con el presidente de la República. Cualquiera que sea la hipótesis explicativa, éste es el hecho cierto y absolutamente inimaginable. Este tipo de actividades clandestinas y secretas dentro de la política nacional, como tales, son peores que ventilar la discusión pluralmente. Hacerlo, pero buscando que sea convergente, que lleve a algo importante de beneficio social.

Hoy estamos en otra época. Y la inquietud eclesiástica para tener una respuesta ante semejante descomunal desafío, es verdadera, por ejemplo: en julio de 2023 tuvo lugar en Berlín, Alemania, una “Conferencia internacional sobre la acción de la Iglesia frente al crimen organizado”, convocada por la Comisión Alemana “Justicia et pax” de la Iglesia Católica alemana, junto a otras organizaciones alemanas de igual perfil.

En la reunión se hicieron afirmaciones como la siguiente:

“El crimen organizado es parte de la acción y reflexión de la Iglesia porque rompe las bases de la convivencia social y descompone un sistema para la vida y desarrollo de las personas ya sea en la ciudad o en los pequeños pueblos”. Se refiere a los pueblos indígenas. https://jesuitasmexico.org/blog/2023/08/29/)

Luego se habló claramente de que la “lucha contra la delincuencia organizada sea considerada y organizada como una tarea transversal. Las iglesias pueden también contribuir a esta tarea combatiendo como parte integrante de la sociedad (…) adoptando medidas preventivas en la medida de sus posibilidades y cooperando con las autoridades en forma adecuada” (documento de debate en la reunión). Nadie creo que pueda afirmarse que aquí no hay una base de convergencia con los esfuerzos oficiales, y que nada tiene que ver este planteo con una guerra armada, tal cual fue el paradigma dominante en 30 años importado de Estados Unidos y que relegó la política social, la lucha contra la pobreza, incluso en Estados Unidos, desde Richard Nixon.

Aquí está claramente expresado el entorno sumamente adverso que crea la actividad del crimen organizado, y las rutas generales de acción enfocadas de una congregación organizada como la eclesiástica, especialmente la violencia letal, para desarrollar la labor pastoral. Pero también la disposición a una convocatoria más amplia para encontrar fórmulas pacíficas de disminuir gradualmente la violencia y actividad criminal.

El desarrollo y profundización de este enfoque puede llevar a un ajuste de matices sobre el tradicional silencio -no unánimemente- de la Iglesia Católica en todo lo relacionado con el crimen transnacional. Porque para muchos analistas, dicho silencio ha sido realmente un “silencio legitimador” (Sales: 19) Probablemente hay condiciones mínimas para empezar a discutir estos temas a la luz de las nuevas realidades nacionales e internacionales, y de la nueva corriente de ideas al seno de la Iglesia y desde las alocuciones públicas de su santidad el Papa Francisco.

Los jesuitas en México han sido agraviados por el asesinato de dos sacerdotes –Joaquín Mora y Javier Campos– que se conmemora luctuosamente en estos días, miembros de tal congregación, que por la información periodística dada a conocer, parece haberse tratado de un crimen un tanto circunstancial, porque no iban por ellos, sino que los sacerdotes trataron de dar la extrema unción a una persona -guía de turistas- que había sido baleada por otro y que había entrado a la iglesia tratando de refugiarse. Se mencionó que quien baleó a los sacerdotes fue alguien de apodo el Chueco, quien después apareció asesinado.

Los sacerdotes fueron ultimados en una iglesia de la sierra tarahumara, de Chihuahua (junio de 2023), en donde los compañeros de los sacerdotes asesinados mencionaron que había “nula presencia de autoridades armadas” y, por lo tanto, se trata de un espacio territorial usado para el tráfico de drogas y de personas por organizaciones criminales locales y regionales, situado en el noroeste de México, cerca de la frontera con Estados Unidos y del poblado de Cerocahui, una zona serrana que colinda con otros dos Estados, cercana a la zona de población rarámuri, de cultura totalmente indígena (Martins, BBC Mundo, julio de 2023).

Poco antes del impacto de este crimen atroz, el 9 de mayo de 2023, se desarrollaron los “Foros Justicia y Seguridad” como parte de los esfuerzos de la Iglesia Católica por la paz en México, anunciados como “espacios de reflexión por la paz” en los 32 estados de la República, entre mayo-septiembre, para concluir con un llamado a un “Diálogo Nacional por la Paz”. Las organizaciones convocantes son de mucho peso: Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México (CIRM) y la Compañía de Jesús (CJ).

Allí se afirmó que el objetivo de estos foros era profundizar en los diagnósticos multidisciplinarios y recuperar las buenas prácticas, desde lo local, para construir paz, justicia y seguridad. “Como Iglesia, decidimos emprender este camino para favorecer el encuentro, el diálogo y la reflexión, y para hacer posible la construcción de políticas de seguridad y reconstrucción del tejido social” (Miroslava López, 10 de mayo de 2023). Participaron también investigadores universitarios del CIDE, ITESO y de Seguridad Ciudadana.

En septiembre del mismo año, en la ciudad de Puebla, se celebró el llamado “Diálogo Nacional por la Paz” con el objetivo principal de construir una “agenda nacional de paz” con recomendaciones para los tres niveles de gobierno y para la sociedad civil. La convocatoria fue muy amplia, prácticamente a cualquier actor institucional a nivel federal, estatal, académicos, etcétera, para que prevalezca la pluralidad, generando propuesta con sustento en la práctica, la investigación académica, enriqueciendo así el debate público.

Como resultado de dicha reunión en la Universidad Iberoamericana de Puebla, se integró la agenda nacional por la paz con 14 acciones básicas orientadas a la reconstrucción del tejido social para impulsar la armonía y la paz social. A esta agenda se llegó después de “10 meses de trabajo, la realización de 50 foros y más de 1 mil conversatorios en los que participaron más de 18 mil mexicanos” (Hernández, Proceso, 23 de septiembre de 2023)

Las 14 acciones propuestas:

1. Impulsar la empatía y solidaridad con las víctimas de la violencia.
2. Generar espacios de diálogo interinstitucional y la mediación para la resolución positiva de la conflictividad.
3. Promover procesos de sanción familiar y comunitaria para atender las secuelas de violencia.
4. Promover en las escuelas una educación para la paz que ayude a una mejor convivencia social.
5. Recuperar el espacio público como lugar de encuentro y la organización comunitaria para resolver las necesidades colectivas.
6. Promover acuerdos laborales que mejoren las condiciones de trabajo y de vida.
7. Impulsar comunidades comprometidas con el cuidado y la corresponsabilidad.
8. Fortalecer la cultura de la hospitalidad con los migrantes, refugiados y desplazados.
9. Impulsar programas de atención y prevención a adicciones.
10. Realizar acciones de cuidado al medio ambiente.
11. Promover la participación ciudadana en el diseño y la implementación de las políticas de seguridad.
12. Fortalecer los procedimientos de justicia restaurativa y mecanismos alternativos de solución de conflictos.
13. Reconocer, dignificar y recuperar el liderazgo de las policías municipales y comunitarias.
14. Convocar a expertos al rediseño del sistema de seguridad, justicia y de cárceles en México.

Se integraría una red para mantener la coordinación entre instancias y colectivos y se promovería dicha agenda en la coyuntura de los procesos electorales, entre todos los actores, especialmente entre los candidatos a la presidencia de la república. La siguiente reflexión corona las acciones enunciadas:

“Partimos de reconocer que la violencia que vivimos desde hace tiempo se ha vuelto intolerable, del dolor de las víctimas que nos convocan a sumarnos a detener la escalada de violencia y comprometernos con la construcción de paz”. (ídem)

Es susceptible de hacerse más preciso el enfoque sobre el tema, y de robustecer la agenda. El énfasis está en lo cultural-doctrinario y formativo, desde la familia y la escuela, y la incidencia en ella de los colectivos por la paz. Pero es necesario asimilar toda la experiencia latinoamericana al respecto de distintos países. Es evidente que un enfoque pastoral no considera el tema de la pacificación como tema de la seguridad nacional, en su variante de seguridad interior, es decir, la pacificación como un tema de Estado, y de la intervención por tanto, de las distintas instituciones públicas al efecto, convergentemente con una plataforma eclesial como la propuesta, que considero muy importante como factor de amplia coadyuvancia, que desemboque en un gran flujo movilizado por la pacificación.

No son ajenos a esta narrativa, los ejemplos de sacerdotes mexicanos que en distintas localidades, ciudades y regiones se han esforzado por llevar un poco dd tranquilidad a los habitantes de ellas, dialogando con líderes y miembros de grupos criminales, lo cual, a una próxima presidenta mexicana y científica, Claudia Sheimbaum, no le puede pasar inadvertidos. El caso más reciente:

“En medio de la violencia que azota al estado mexicano de Guerrero, un sacerdote logró que diversos grupos del crimen organizado se sentaran a la mesa para dialogar por la paz con la Iglesia Católica: se trata del P. José Filiberto Velázquez Florencio, de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa”.

En tal evento dialoguista participaron los cuatro obispos de la Provincia Eclesiástica de Acapulco: monseñor Leopoldo González, arzobispo de Acapulco; monseñor José de Jesús González, obispo de Chilpancingo-Chilapa; monseñor Dagoberto Sosa, obispo de Tlapa; y el obispo de Ciudad Altamirano, monseñor Joel Ocampo. El padre Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, comentó que su labor de acercamiento con las familias víctimas de desapariciones y desplazados favoreció la aceptación por parte de integrante del crimen organizado de un diálogo por la pacificación de la región, que coincidió con la cuaresma de este año, a lo cual se atravesó la masacre en San Miguel Totolapan (febrero de 2024) en la región de Tierra Caliente, en donde murieron 12 personas. No obstante, se han contactado otros grupos criminales dispuestos a dialogar al respecto (López Colín, Aciprensa, 14 de marzo de 2024). Podemos estar ante la eclosión de un proceso extraordinariamente fecundo que sería insensato ignorar.

Por ello, quienes desde la iglesia y el sacerdocio han pasado a tomar los riesgos de la praxis pacificadora, hacen imperativo que este enfoque pastoral –dicho con mucho respeto– se acerque mucho más a precisar la naturaleza del proceso que enfrentamos los mexicanos, integrar el conjunto de medios y factores que se suelen integrar en estos procesos, vista la experiencia en otros países, desde una perspectiva más amplia, Estado-sociedad civil.

Esto es que desde una metodología de análisis puntual sobre la problemática –hablar sobre una violencia de “origen genérico” o “no identificado”, no hace la claridad necesaria para esta intrincada pero magna tarea–, dotarla de un conjunto de instrumentos institucionales confluyentes y consensuados, de manera muy destacada, iniciativas de ley ad hoc, procesos institucionalizados de justicia transicional, reformas a la justicia, a los cuerpos de seguridad, a la inteligencia de Estado, indicadores de medición, medios civiles de difusión convergentes con los medios oficiales, y como resultado de todo esto, las acciones de pacificación medibles, cuantificables y tangibles.

Visto desde el Estado, no puede haber un proceso de pacificación exitoso si no hay una política de combate al crimen trasnacional organizado y una política efectiva de combate también a la corrupción de Estado, ya entonces como procesos exitosos con resultados en ambos frentes de la acción institucional. Y para lograr ambos estatus, requerimos cambios importantes en las dos políticas estrechamente imbricadas, partiendo de los avances obtenidos recientemente, impulsando todo ello hacia nuevos resultados positivos en el próximo gobierno nacional que comenzará muy pronto. Los planteamientos de la doctora Sheinbaum abren una vía.

Hoy lo escrito y publicado por la Iglesia Católica pero, sobre todo, lo actuado por sacerdotes valerosos, es más que una Carta Pastoral sobre la urgente pacificación en México. Del diagnóstico se derivan las acciones a seguir en una perspectiva multidimensional. Lo que debe saludarse, aprovecharse, y ser proactivo con ello, es la clara y precisa voluntad de comprometerse con la problemática en cuestión. Alguien dirá, ojalá que sea desde Palacio Nacional, “manos a la obra”.