Impedir que llueva: las multinacionales que juegan a ser Dios

Las regiones de la Mixteca y la Sierra Negra, un corredor biológico y cultural de Puebla a Oaxaca, padecen una sequía que cumple 20 años. Las comunidades indígenas y campesinas viven en la incertidumbre. Cada ciclo agrícola se preguntan si nacerá y crecerá el maíz sembrado, y si contarán con el agua suficiente para vivir.

Desde hace 2 décadas, los mantos freáticos no se recargan lo suficiente. Los arroyos se han convertido en canales secos. Esporádicos hilos de agua les escurren unas cuantas semanas en todo el año. Simplemente la temporada de lluvias no llega. Si tienen suerte, las familias verán unas cuantas lloviznas que se espacian entre junio y agosto, meses que en otras épocas descargaban chubascos y aguaceros constantes.

Organizadas en el Frente en Defensa de la Tierra Puebla-Oaxaca, las comunidades hoy demandan una investigación. Saben que no sólo se trata del cambio climático que padece el planeta entero. A los intereses de las grandes empresas que se han instalado en el territorio no les conviene que ahí llueva.

Desde hace hace 20 años, los pobladores comenzaron a percatarse del vuelo constante de avionetas sin que establecieran relación alguna entre ellas y la ausencia de lluvias. En los últimos 3 años, la presencia de las aeronaves se intensificó. Hoy, luego de investigaciones apoyadas por organizaciones solidarias y registros de los avistamientos de las avionetas por cada comunidad, ya tienen la certeza de que hay quienes impiden que se concrenten las precipitaciones de agua.

Por ello, el pasado martes 21 lanzaron un comunicado para exigir “a los gobiernos del estado de Puebla y Oaxaca, así como al gobierno federal, la apertura de una carpeta de investigación, el castigo inmediato a los responsables, así como la indemnización a los campesinos y ganaderos por daño a la agricultura, la ganadería y daño al medio ambiente”.

Han podido establecer que las rutas de estas avionetas van de Tehuacán, Puebla, a Tamazulapam, Oaxaca; de Tehuacán a Acatlán, y de Tehuacán a Teotitlán. Utilizan sustancias como el yoduro de plata y el yoduro de plomo, así como ondas ionizantes. Dichas sustancias y tecnología disuelven las nubes a punto de la precipitación en cuestión de 10 minutos. Las comunidades han captado imágenes de las avionetas y su actividad.

Para los pueblos, los daños al medio ambiente causados por estas actividades ha terminado por poner en peligro la vida de todos los habitantes de la región. Anuncian próximas movilizaciones para que sean escuchados.

Sospechan del Grupo SRS (Grupo Socorro Romero Sánchez o simplemente Grupo Romero), una de las productoras de huevo y carne de cerdo más importantes en el país, que ha instalado granjas en toda la región.

Sin embargo, consultada por Contralínea, esta trasnacional de origen mexicano rechaza que tenga algo que ver con las avionetas. En entrevista con Zoila Buenabad, directora de Mercadotecnia, el Grupo SRS incluso demanda una investigación y solicita que se hagan públicos los datos y las bitácoras de tales avionetas.

Es decir, la empresa se ha enterado de la existencia de esas aeronaves y los vuelos, y rechaza tener alguna relación con ellos. Niega que utilicen tal tecnología y asegura que ni siquiera es de su interés. Por el contrario, sí demandan saber cuál es el origen de las avionetas y qué actividad realizan. “Nosotros no somos la única empresa con granjas en la región”, advierte.

Que las autoridades estatales y federales escuchen a las comunidades y le tomen la palabra al Grupo SRS. Será importante saber quiénes juegan con los ecosistemas y la vida de personas, animales y plantas sólo por favorecer intereses particulares. Y también será muy importante saber quiénes protegieron estas actividades por tantos años.

Fragmentos

Contralínea publica en esta edición (impresa y electrónica) una entrevista con Hugo Aguilar Ortiz, coordinador de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). El diálogo resulta una continuación del iniciado con la institución en voz de su director, Adelfo Regino Montes (https://bit.ly/30MtS8i). En esta ocasión, Aguiar Ortiz anuncia una reforma que dará a los pueblos indígenas un rango de sujetos de derecho público en el sistema jurídico mexicano. Con ello las tribus, pueblos y naciones podrán ejercer de manera directa presupuesto público. Reconoce que el INPI está rebasado ante la cantidad de conflictos (más de 7 mil) de las comunidades originarias con viejos y nuevos terratenientes. Lo cierto es que la “4T” busca apaciguar los ánimos entre los pueblos indígenas, luego de las “consultas” para el Tren Maya, el Corredor Transístmico y la termoeléctrica del Plan Integral Morelos; además de la decisión de no cancelar concesiones mineras y otros megaproyectos en marcha. Veremos los alcances de tal reforma, que desde ahora se ve insuficiente… Por cierto, el Congreso Nacional Indígena, el Concejo Indígena de Gobierno y los pueblos de Morelos conmemorarán el natalico del nahua Samir Flores Soberanes este 2 de agosto. Realizarán actividades políticas y culturales para recordar a quien consideran el primer asesinado por motivos políticos en la “cuarta transformación”.