La madrugada del pasado 3 de enero Estados Unidos volvió a cruzar la línea contra un país latinoamericano: bombardeó la ciudad de Caracas, Venezuela, lo que provocó más de 100 muertes y cientos de heridos; además, secuestró al presidente en funciones, Nicolás Maduro, con el uso de nueva tecnología militar.
Ahora sabemos que durante esa madruga sobrevolaron alrededor de 150 aeronaves, se destruyó el Fuerte Tiuna en Caracas y se atacaron instalaciones en dos estados más. Una incursión veloz, con superioridad tecnológica y certera en varios sentidos, y con probable apoyo de la inteligencia israelí.
Esta acción se analiza a partir de tres claves: a qué capitales se beneficia, cómo se hace y con qué apoyos contó para realizar uno de los mayores despojos del siglo XXI en contra del proceso democrático venezolano.
La acción bélica contra Venezuela representa una violación más al derecho internacional. Sin embargo, ¿qué implica dicha violación? El ataque en contra de Venezuela es un hecho histórico y punto de inflexión en cuanto al establecimiento de las relaciones internacionales.
Queda claro lo que algunos académicos han mencionado: la geopolitización de las relaciones internacionales, el acompañamiento militar al establecimiento de relaciones comerciales, algo que personajes como el periodista Nicholas Spykman ya trazó como directriz del gobierno estadunidense desde inicios del siglo XX.
Junto con el allanamiento a la embajada mexicana en Ecuador, el ataque a la embajada iraní en Siria en 2025, el ataque israelí a Irán y la respuesta de Estados Unidos, incluso la sustracción de un narcotraficante en territorio mexicano sin autorización del gobierno, así como el establecimiento de medidas coercitivas unilaterales en el mundo y el genocidio palestino, son solo muestra de la crisis actual del sistema multilateral emanado de la segunda guerra mundial.
Estamos frente a la crisis del sistema internacional y su principal arquitecto no sólo lo violenta, sino que se retira de 66 instituciones multilaterales; 31 de ellas forman parte del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero no es igual con las 35 restantes.
La regresión es histórica y está cambiando los cimientos de las relaciones internacionales establecidas desde los tratados Paz de Westfalia, en el siglo XVII. Por lo tanto, si se entiende el derecho internacional como un proceso civilizatorio, las acciones del 3 de enero 2026 son la muestra del regreso a la barbarie por parte de un gobierno autoritario como el de Estados Unidos.
Como se analizó, la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 publicada por Estados Unidos deja claro que van por energía, infraestructura y minerales estratégicos; además del incremento de la influencia del complejo militar-industrial. Es pertinente recordar las palabras del expresidente estadunidense Dwight D. Eisenhower (1953-1961) en su célebre discurso de despedida:
“Esta conjunción de un inmenso sistema militar y una gran industria armamentística, es algo nuevo para la experiencia norteamericana. Su influencia total (económica, política, incluso espiritual) es palpable en cada ciudad, cada parlamento estatal, cada departamento del gobierno federal. Reconocemos la necesidad imperativa de esta nueva evolución de las cosas. Pero debemos estar bien seguros de que comprendemos sus graves consecuencias (…) En los consejos de gobierno debemos estar alertas contra el desarrollo de influencias indebidas, sean buscadas o no, del complejo militar-industrial“.
El sustento de poder de Estados Unidos se ve reducido desde la década de los setenta del siglo pasado, puesto que, tras una crisis sistémica, política, energética y climática, el declive hegemónico estadunidense avanzó y después de 50 años, dicho declive se ve acelerado por la emergencia de otras potencias como China, India y Rusia.
Pese a ello, ante la caída de indicadores económicos, como el de crecimiento medido por el PIB, el de productividad e incluso el de la hegemonía del dólar -en discusión por algunos académicos y expertos- el sustento de poder hegemónico se reduce cada vez más al militar. Y es ahí donde hace hincapié la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN).
Pero el complejo militar-industrial implica incentivar otras áreas económicas: manufactura, innovación científico-tecnológica, industria minera -particularmente la de estratégicos y críticos- e industria petrolera. Por lo tanto, cuando el gobierno de Trump en la ESN menciona que van a incentivar el poderío militar, debe quedar claro que van a articular la economía de guerra a los designios de empresas armamentistas como Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Northrop Grumman, General Dynamics, KBR e incluso Dyncorp. Varias de estas han pasado una serie de crisis, fusiones y adquisiciones bastante complejas que dan cuenta del proceso de conformación de monopolios.
Para dimensionar, en 1980 el entonces Departamento de Defensa de Estados Unidos identificó en el sector de defensa la existencia de poco más de 80 empresas. Al término de la guerra fría, y con la crisis de 2001, el complejo militar industrial tuvo una fuerte reestructura con tendencia al monopolio, al grado que para 2015 únicamente sobrevivieron cinco empresas: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon y General Dynamics. Varias de estas son las que están detrás del conflicto en Ucrania y del genocidio en Gaza, principalmente.
Asimismo, estas empresas financian varios de los principales think tanks (institutos de investigación) en el mundo, que contribuyen a delinear la política pública de gobiernos para incentivar presupuestos militares y, por lo tanto, guerras. Esos think tanks cumplen una doble función al establecerse como “opiniones expertas” para los principales medios de comunicación hegemónicos y corporativos, a los cuales también financian.
La triada perfecta que cubre las acciones militares de países hegemónicos: supuestas capturas de narcotraficantes, la caracterización de estados fallidos, la creación de organizaciones terroristas internacionales para atacar, robar, saquear y agrandar las arcas de las empresas. Igualmente, el complejo militar-industrial requiere de grandes cantidades de hidrocarburos y minerales, lo que conecta con las principales empresas de hidrocarburos a nivel internacional y al capital financiero.
La presencia del ejército estadunidense en el Caribe, el asesinato de personas en dicho mar, que sobrepasa las cien personas -violado de nuevo el derecho internacional- y la agresión de la misma militancia en Venezuela, son apenas una expresión de la piratería anglosajona de nuestro siglo; lo que recuerda a la piratería con la cual el imperio inglés se hizo de islas, archipiélagos y callos durante dos siglos, XVII y XVIII.
Estados Unidos practica como razón de Estado la piratería, con la apropiación de recursos monetarios, minerales y vastas extensiones de tierra bajo distintos mecanismos. La caracterización de Estado pirata parte del hecho de que este gobierno -más allá de administraciones demócratas o republicanas- aplica extraterritorialmente su ley.
Por ello, se permite la incautación de barcos petroleros, sanciones económicas al mundo (también conocidas como Medidas Coercitivas Unilaterales), bombardeo de instalaciones en cualquier parte del mundo -cubierto con el derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU-, la incautación de activos financieros en cualquier banco que use el sistema SWIFT, e incluso, ordena a otros estados a realizarlo; como fue el caso de Inglaterra, que incautó 31 toneladas de oro desde 2020, equivalente a poco más de 900 millones de euros.
Ahora, tras las acciones militares del 3 de enero, habría que señalar que Estados Unidos agregó a ese largo historial de piratería el secuestro de un presidente en funciones y el establecimiento de medidas militares para obligar a otro estado soberano cambiar su política económica, política, militar y diplomática.
Otra acción de piratería es la que realizó con Petroleum Corporation (Citgo), la empresa filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Es un caso digno de analizar a razón de las acciones del 3 de enero, porque conecta precisamente analizado en este texto.
Citgo fue robada al gobierno de Venezuela en la primera administración Trump para otorgar sus recursos al imaginario gobierno del venezolano Juan Guaidó, quien fue elegido por la primera administración Donald Trump para gobernar al país latinoamericano. Más allá de dicha falacia, está el robo de infraestructura venezolana y ahora, en la segunda administración Trump, se pretende otorgar dicha empresa al capital financiero; pero no a cualquiera, sino a aquél que con donaciones apoyó la candidatura de Trump en el último ciclo electoral: ¿conflicto de interés? Para otros países, no para el del presidente convicto y ahora presuntamente vinculado a actos de pederastia como Donald Trump.
Y no hay que olvidar que durante las presiones presupuestarias, hubo un donador desconocido que aportó 130 millones de dólares al Departamento de Guerra para mantener la presencia militar en el Caribe. Ahora se sabe que probablemente ese donante fue el empresario republicano Timothy Mellon, quien además de esa donación, está a favor de políticas antinmigrantes, incluso financió al incremento del muro fronterizo con México.
Figura 1. Principales donantes de campaña de Donald Trump
Elaboración propia
En 2024 el multimillonario estadunidense Paul Singer, dueño de la cadena gestora Elliot Investment, fue uno de los grandes donantes a la campaña de Donald Trump. Mediante el esquema de donación conocido en Estados Unidos como PAC (Comité de Acción Política en español), Singer donó cinco millones de dólares a dicho comité en apoyo a Trump, denominado: “Make America Great Again Inc”. También donó millones a aliados republicanos del magnate, incluidos los 37 millones otorgados a congresistas.
El pináculo del despojo fue ni más ni menos que Citgo, la filial venezolana de PDVSA, empresa pública del estado venezolano. El juez Robert Pincus forzó la venta de Citgo a la empresa de Singer: Elliot Investment Managment. Dicho juez forma parte de la junta directiva del Comité Estadounidense-Israelí de Asuntos Públicos (AIPAC).
¿De qué tamaño es CITGO en Estados Unidos? Tiene tres grandes refinerías, 43 terminales petroleras y más de cuatro mil gasolineras. De ese tamaño es el acto de despojo, de piratería; sobre todo, deja explicito el vínculo de la política externa e interna de Trump, así como el beneficio a sus grandes donantes.
Además, Paul Singer es uno de los grandes donantes de otras fundaciones, por ejemplo, la Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD), a la cual le donó 3.6 millones de dólares, entre 2008 y 2011. Desde ese año ha donado más de 10 millones de dólares al Manhattan Institute; una de las instituciones que publicó artículos en su página en los que promovían la salida de Nicolás Maduro de la presidencia venezolana. Por ejemplo, en octubre pasado publicaron un artículo en el que elogiaron a Trump por sus “políticas consistentes contra Maduro en Venezuela”[1].
Igualmente, financia a otras organizaciones vinculadas a Israel: Birthrigut Israel Foundation, Israel America Academic Eexchange, Boundless Israel, entre otras. El secretario de Estado, Marco Rubio, también es uno de los preferidos de Singer, según reportes de la prensa estadunidense.
En las últimas elecciones Paul Singer hizo donaciones por más de 43 millones de dólares a Comités de Acción Política (PAC en inglés) como se detalla en el cuadro siguiente:
CUADRO 1. Donaciones de Paul Singer en elecciones de EU en 2024
| Contribuyente | Cantidad (USD) | Fecha | Receptor |
| SINGER, PAUL | $2,500,000 | 21-Oct-24 | Preserve America PAC |
| SINGER, PAUL ELLIOTT | $5,000,000 | 8-Oct-24 | Senate Leadership Fund |
| SINGER, PAUL ELLIOTT | $10,000,000 | 26-Sep-24 | Senate Leadership Fund |
| SINGER, PAUL | $5,000,000 | 15-Aug-24 | Make America Great Again Inc |
| SINGER, PAUL | $500,000 | 24-Jul-24 | Great Lakes Conservatives Fund |
| SINGER, PAUL ELLIOTT | $10,000,000 | 27-Jun-24 | Senate Leadership Fund |
| SINGER, PAUL | $1,000,000 | 17-Jun-24 | United Democracy Project |
| SINGER, PAUL | $750,000 | 27-Mar-24 | Sentinel Action Fund |
| SINGER, PAUL | $1,000,000 | 7-Mar-24 | American Patriots PAC |
| SINGER, PAUL | $1,500,000 | 6-Feb-24 | Conservatives for American Excellence |
| SINGER, PAUL ELLIOTT | $1,000,000 | 27-Dec-23 | Senate Leadership Fund |
| SINGER, PAUL ELLIOTT | $1,000,000 | 15-Nov-23 | More Jobs, Less Government |
| SINGER, PAUL | $2,000,000 | 2-Nov-23 | Keystone Renewal PAC |
| SINGER, PAUL | $1,000,000 | 29-Sep-23 | United Democracy Project |
| SINGER, PAUL ELLIOTT | $1,000,000 | 20-Jun-23 | Senate Leadership Fund |
Fuente: Open Secrets con datos de la FEC.
En entrevista para Contralínea, Cira Pascual, educadora popular e investigadora en Caracas, Venezuela, mencionó: “hay evidencia de que el Mossad, que es en realidad muy superior a Estados Unidos en cuanto a este tipo de acciones, porque, históricamente no todas las acciones de este tipo les han salido bien, pero ciertamente el Mossad es muy efectivo en este tipo de acciones”.
Por ello que, la conexión israelí queda explicita con el financiamiento de la campaña de Marco Rubio. Según los datos de la Federal Elections Comission de Estados Unidos, el secretario recibió financiamiento destinados a su campaña, entre 2019 y 2024, de Pro-Israel America PAC (Comité de Acción Política del Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel) por el monto de 109 mil 800 dólares; del comité Republican Jewish Coalition, recibió 77 mil 736 dólares; y American Israel Public Affairs Comitte, le otorgó 29 mil 375 dólares. Asimismo, el grupo Pro Israel recibió 366 mil 828 dólares, en el mismo periodo.
El 7 de enero, el gobierno estadunidense publicó la hoja informativa en la que abordó la supuesta restauración, protección y prosperidad para Estados Unidos y Venezuela, eufemismo para no decir que van por los recursos energéticos y minerales venezolanos. En dicho documento, el gobierno de Trump señala que el despojo se hará de la siguiente manera:
El viernes 9 de enero quedó plasmada la división de actividades entre el capital fósil, o sea, las principales empresas petroleras que intentan despojar a Venezuela. Destacan, desde luego, Chevron, que a pesar de las sanciones siguió operando en la nación sudamericana; Exxon Mobil, de la cual salió el primer secretario de Estado en la primera administración Trump, Rex Tillerson; ConocoPhillips, Valero, Halliburton, y Marathon Petroleum. Dichas empresas pretenden dividirse el pastel, algunas el sector de refinación, otras la extracción, otras la renovación de la infraestructura venezolana de energía, incluso la eléctrica.
Por último, el sistema de refinación estadunidense en la Costa del Golfo está preparada para crudos pesados -como el venezolano- hay más de 80 refinerías que pueden procesar el crudo. Destacan en Texas la refinería de Marathon, dos de Exxon, Valero, Phillips 66, la propia refinería de Citgo en Corpus Chirsti, incluso Deer Park, ahora de Pemex. En Louissiana destacan las refinerías de Marathon petroleum, Exxon, Citgo, Shell y Valero. Y en Mississippi la de Chevron.
Paul Singer también financió un Comité de Acción Política en contra del congresista Thomas Massie (republicano de Kentucky), uno de los principales críticos de Trump por los archivos Epstein, en los que presuntamente está vinculado. Esto apenas es la punta del iceberg de una operación militar ilegal que secuestró al presidente Nicolás Maduro, que resultó en el asesinato de más de cien personas, en el que probablemente estuvo vinculada la inteligencia israelí y, en la que el capital financiero y fósil pretenden despojar al pueblo venezolano de las mayores reservas de petróleo en el mundo.
[1] https://www.realclearworld.com/articles/2025/10/02/trumps_consistent_policies_against_venezuelas_maduro_1138409.html
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